Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75802
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley interpuestos (arts. 278, 279, 299, 300 y conc., CPCC y 31 bis ley 5827, texto según ley 13.8121). Las costas se impone al recurrente vencido (arts. 60 inc.1, CCA; 68, 289 in fine , 303 in fine , CPCC).
A.75.802 "GUGLIELMINO EDITH MABEL Y OTROS C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 29 de mayo de 2019.
Los señores jueces doctores de Lázzari, Soria, la señora jueza doctora Kogan y el señor juez doctor Pettigiani dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derecho promovida promovida por los señores Alberto Fidel Pigozzi, Norma Beatriz Fenochio y María Joaquina Iglesias (v. fs. 605/ 613 vta.).
Señaló que correspondía remitir al criterio sentado en casos análogos resueltos por ese Tribunal de Alzada -causas 14.131 y 15.301-.
Luego de precisar que a la fecha de cese de los accionantes se encontraba vigente la ley 11.761 reprodujo las consideraciones allí expuestas. Así puntualizó que el pronunciamiento de primera instancia dispuso el principio general referido a que el régimen legal aplicable al beneficio correspondía al vigente a la fecha de cese de servicios, ello conforme los arts. 53 del decreto ley 9650/80 y 25 de la ley 13.364.
Entendió que bajo tal marco y desde que su status jubilatorio es alcanzado a la luz de la ley 11.761 no se advirtió una vulneración de los derechos adquiridos. Asimismo entendió que atendiendo a áquella regla tanto en lo que respecta al derecho a las prestaciones como así también el sistema contributivo en su totalidad, consumada la situación previsional del accionante bajo el régimen legal de otorgamiento -aunque con la movilidad que le es inherente desde su reconocimiento conforme el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial- sostuvo que el pronunciamiento de primera instancia no incurría en error de juzgamiento.
Consideró que la diferencia de texto, en relación con los conceptos comprendidos en la determinación de la base de cálculo (arts. 34 y 35 ley 11.761 y 54 de la ley 13.364) no supone un trato diferente para una exigencia contributiva que siempre se reporta a componentes remunerativos y cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar.
Con relación al art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, descartó el carácter confiscatorio del porcentaje de descuento allí previsto, el cual, al no superar el límite del 33 % sobre las remuneraciones de los activos en la determinación del haber de los pasivos, resulta constitucional a la luz de la doctrina sentada por este Tribunal en la causa I.2024 "Verlutas", sent. de 10-VI-2009.
Por último, en cuanto a las diferencias salariales reclamadas sostuvo que la pretensión esgrimida en ese sentido se asienta únicamente en la generalidad con la que habrían sido abonados los suplementos referidos a los empleados del Banco de la Provincia y que áquellas no han sido demostradas, habiéndose en el caso sufragados todos los componentes retributivos reconocidos por la citada institución para su personal, en los términos determinados para sus agentes activos.
II. Contra tal decisorio el accionante interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-II-2019, 11:46:12am), los que fueron concedidos (v. fs. 620/621).
III. Con relación al primer remedio el recurrente se agravia porque el a quo , al resolver, omitió la aplicación de los casos "Badaro" y "Sanchez" fallados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por ende, no interpretó la ley 11.761 conforme a la doctrina federal constitucional de índole previsional.
Alega que impugna el cuerpo legal mencionado en orden a la forma de liquidar sus haberes jubilatorios y tal planteo debió ser analizado por la Cámara a tenor de lo previsto en los códigos de fondos, Constitución nacional, leyes del mismo orden y la normativa local.
III.1. Cabe destacar que el objeto del recurso extraordinario de inconstitucionalidad es el de corregir errores in iudicando cometidos al apreciarse el apego de una norma local a la Constitución provincial (arts. 161 inc.1, Const. prov.; 299 y 300, CPCC).
De allí que la impugnación efectuada por este carril debe ser en su desarrollo expositivo debe ser autosuficiente y referirse a las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado que dan sustento a la declaración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, según el caso, demostrando su desacierto (conf. doctr. causas A. 68.436, "Giannino", sent. de 25-VIII-2010; A. 69.574, "Saavedra Zapata", sent. de 30-V-2012; A. 72.897, "Fredes", resol. de 12-III-2014; Q. 70.953, "Morón", sent. de 14-X-2015; A. 74.817, "Aguas Bonaerenses S.A.", resol. de 29-VIII-2018). Dicha impugnación además debe ser concreta, directa y eficaz (conf. doctr. causas Ac. 83.866, "Village", sent. de 16-IV-2003; A. 68.446, "Russo", sent. de 12-VIII-2009 y A. 70.688, "Teixido", sent. de 29-X-2014).
El recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido en autos incumple con tal carga, resultando de ese modo insuficiente a los fines pretendidos, con motivo de que la crítica efectuada por el recurrente no logra rebatir lo considerado por el Tribunal de Alzada para confirmar -tal como lo postulara el a quo - el rechazo de la demanda, en tanto que el recurrente sólo menciona en el acápite XIII de su escrito recursivo, bajo el título "Derecho" los arts. 10, 11,12 incs. 1 y 3, 15, 20, 31, 36 inc.8, 39 inc.3, 40 y 57 de la Constitución provincial, sin desarrollar como la norma provincial afecta a los citados preceptos.
La exigencia de fundar adecuadamente un recurso extraordinario no queda cubierta con la sola invocación de la supuesta infracción a un derecho o garantía constitucional, si en esa operación se omite efectuar la réplica adecuada y precisa de las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene, que en el caso se refiere a la confirmación de los fundamentos expuestos por la sentencia de primera instancia acerca de la validez de los preceptos aplicados.
III.2. Por otra parte, no resultan audibles por este remedio los cuestionamientos vinculados con la invalidez de la sentencia misma en cuanto a criterio del recurrente la interpretación de la ley 11.761 debió efectuarse conforme a la Constitución nacional, códigos de fondo, normativa provincial, cuestión por cierto ajena a este canal.
Esta Corte ha señalado reiteradamente, tanto frente a recursos de nulidad como en el caso de recursos de inconstitucionalidad, que los agravios vinculados con supuestos errores de juzgamiento resultan ajenos a la vía intentada y propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas Ac. 88.091, "G.,P.G. resol. de 2-VII-2003; Ac. 88.282, "C.G.G. y C.V.H.", resol. de 4-II-2004; Q. 70.953, "Morón", sent. de 14-X-2015; A. 71.403, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Leroux", sent. de 29-III-2017; e.o.).
III.3. Por lo expuesto y ante el incumplimiento de las cargas técnicas exigidas por el ordenamiento procesal aplicable, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad debe ser rechazado (arts. 299 y concs., CPCC; 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).
IV. Pasando a analizar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, corresponde señalar que el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder a su rechazo cuando en ellos se plantean agravios que hubieran sido desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
Los reproches esgrimidos en autos resultan sustancialmente análogos a los ya resueltos y desestimados por este Tribunal en las causas A. 72.826, "Actis Goretta", sent. de 16-VIII-2017; A. 74.236, "Rugolo" y A. 73.519, "Conde", ambas sent. de 11-IV-2018; A. 74.413, "Rougier", sent. de 29-VIII-2018; A. 73.666, "Parma", sent. de 21-XI-2018; A.74.624, "Ariza", resol. de 20-II-2019 y los antecedentes en ellas citados.
Por tal razón, y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes aludidos, corresponde rechazar el recurso en tratamiento (arts. 279, CPCC; 31 bis, citado).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley interpuestos (arts. 278, 279, 299, 300 y conc., CPCC y 31 bis ley 5827, texto según ley 13.8121). Las costas se impone al recurrente vencido (arts. 60 inc.1, CCA; 68, 289 in fine , 303 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ko-Pe
Reg. Nº 247
Fin de la sentencia