Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74714
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.74.714 "VEGA VICENTE MARCIAL C/ MINISTERIO DE ECONOMIA (I.P.S.) Y OT. S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 19 de junio de 2019.
Los Señores Jueces doctores Soria, Genoud, Pettigiani y la señora jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la sentencia de Primera Instancia que rechazó la demanda deducida por el señor Vicente Marcial Vega contra el Instituto de Previsión Social, mediante la cual pretendía la transformación de su beneficio de jubilación por invalidez en una jubilación ordinaria y el reajuste de dicho haber, tanto por la recategorización de las tareas de riesgo que desempeñó como radiólogo, como en función de la movilidad jubilatoria (v. fs. 195/209 vta.).
I.1. Delimitando la cuestión a decidir, principió por resaltar que del legajo personal del actor surgía que aquel se desempeñó como técnico radiólogo en el Hospital Municipal de Vicente López, habiendo cesado en el empleo público mediante decreto n° 4777 de fecha 27 de octubre de 1992.
Destacó que la baja se produjo en el marco de la emergencia económica decretada por Ley 11.184 en los términos de su art. 12, percibiendo el actor la correspondiente indemnización. Circunstancia ésta que el propio reclamante nunca negó ni puso en tela de juicio.
I.2. Observó que los argumentos contenidos en la demanda se dirigían ante todo a patentizar la ilegitimidad de aquella decisión del Jefe Comunal, sosteniendo el accionante que mal pudo disponerse su prescindibilidad en los términos del art. 12 antes citado cuando su parte contaba -al momento de la baja- con los requisitos necesarios para acceder a la jubilación ordinaria (a través del mecanismo previsto en los arts. 14,15 y ss. de la ley 11.184) o cuanto menos, para acogerse al régimen de pasividad anticipada (delineado en los arts. 18 y ss. de la misma ley).
En ese marco, consideró que el tratamiento de tal planteo importaría abrir un juicio sobre la juridicidad de un acto administrativo firme y consentido, irrevisable en sede judicial y que fuera dictado por un sujeto de derecho público no demandado en estos autos.
Reparó -en ese sentido- que no existían evidencias de que la decisión del Ejecutivo Municipal -que lo declaró prescindible- haya sido cuestionada judicialmente por alguno de los cauces procesales con que contaba a la fecha de la baja (arg. arts. 1°, 4° y ccds. De la ley 2961 Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo), por lo que mal podía entonces adentrarse en el debate propuesto por el señor Vega relacionado al decreto n° 4777/92.
I.3. Por otra parte, resaltó que el accionante percibió la indemnización prevista en el art. 12 de la ley 11.184 como consecuencia de su prescindibilidad, prestación económica a la que no hubiera tenido derecho de haber sido incluido -como pretende- en el régimen jubilatorio del capítulo III, o bien en el de pasividad anticipada reglado en el capítulo IV, ambos del mencionado marco legislativo. Recordó que ante una situación excepcional de emergencia -formalmente declarada- el derecho a estabilidad del empleado público puede ser reemplazado por una indemnización, o por el otorgamiento de un beneficio previsional.
Por lo tanto, concluyó que la percepción de aquella indemnización prevista en el art. 12 de la ley 11.184 resultaba inconciliable con el anhelo del actor de cobrar sus haberes jubilatorios con carácter retroactivo al 31 de Octubre de 1992.
I.4. Agregó, por otra parte, que no conmovía la solución impugnada la nota que habría presentado el actor ante el Intendente de Vicente López en la que habría manifestado su intención de acogerse al régimen de pasividad anticipada previsto en la Ley 11.184. Ello así, por cuanto la importancia extraordinaria que el actor le asignaba a dicha presentación como "eje central de la controversia" no se condice con la actitud que asumió al delimitar el marco normativo de la litis en su escrito de demanda, donde no hizo siquiera una referencia expresa de la misma. De allí que todo lo que pudo esgrimir en esa instancia fue fruto de una reflexión tardía.
Finalmente, desestimó el agravio referido a la equivalencia de cargos aprobada por la autoridad provincial que a su modo de ver sería inferior a la que le correspondería por considerar insuficiente la crítica del apelante quien -aseguró- apenas intentó una elemental defensa de su posición.
II. Contra tal pronunciamiento, el actor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 238/244) en el que, reiterando agravios vertidos en instancias anteriores, cuestiona la apreciación de los hechos y las pruebas efectuada por la Cámara.
En sustancia, se agravia del rechazo de la demanda insistiendo en que fue víctima de un despido arbitario, que con anterioridad a su cese se acogió al retiro voluntario establecido por la ley 11.174 y que, el decreto n°3559 es nulo de nulidad absoluta en los términos del art. 387 del Código Civil por lo que puede declararse por el juez aun sin mediar petición de parte.
III. El remedio no debe prosperar, atento a su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, deviene insuficiente aquel remedio cuyos argumentos más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (conf. doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
IV. 2. Para más, se observa que los agravios planteados en esta instancia extraordinaria fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (conf. doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquella que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015).
Particularmente ha dicho también esta Corte, que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador, cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas, siendo ello lo acontecido en el caso y que conlleva al rechazo del agravio desplegado (conf. doctr. causa A. 73.816, "Moyano Walker", sent. de 21-II-2018).
Además, cabe considerar que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando el recurrente manifiesta su disconformidad con respecto a la interpretación de los términos de los escritos constitutivos del proceso, sin lograr acreditar la existencia de absurdo (conf. causas C. 105.970, "Ortiz Viuda de Polo", sent. de 9-VI-2010; C. 117.015, "Loaiza", sent. de 30-X-2013; A. 74.375, "Adonajlo", sent. de 29-VIII-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Pe-Ko
Reg. Nº 301
A.74.714 "VEGA VICENTE MARCIAL C/ MINISTERIO DE ECONOMIA (I.P.S.) Y OT. S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 28 de agosto de 2019.
Advirtiendo un error material en la resolución de esta Suprema Corte del 19 de junio de 2019, registrada bajo el n° 301, corresponde rectificarla y donde dice "La Cámara de Apelación Contencioso Administrativo de San Martín", debe leerse "La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata".
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rectificar la resolución obrante a fs. 252/255 en el sentido indicado (art. 36 inc. 3, CPCC).
Regístrese en relación al n°301. Notifíquese y devuélvase como está ordenado a fs. 255.
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ko-Ge-Pe
Reg. Nº 411
Fin de la sentencia