Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75191
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.191 "BAIS JOSE RODOLFO C/ FISCALIA DE ESTADO (PROV. BS.AS. S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY--"
La Plata, 7 de agosto de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I.1. El señor José Rodolfo Bais promovió demanda contencioso administrativa contra la provincia de Buenos Aires -Ministerio de Seguridad- solicitando el pago de los subsidios contemplado en las leyes 13.982 y 13.985 -decreto 149/10-.
I.2. La Jueza a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar parcialmente a la pretensión deducida y condenó al Ministerio de Seguridad de la Provincia a reconocer al actor el otorgamiento del beneficio plasmado en el art. 6° de la ley 13.985 decreto reglamentario 149/10- a partir del día 05-IX-2011, hallándose prescriptos los períodos anteriores a la vigencia de la ley. Resolvió asimismo rechazar la solicitud del subsidio receptado en el art. 47 de la ley 13.982 (v. fs. 76/80).
Para ello destacó que el actor obtuvo la baja de la fuerza policial con fecha 21-XI-1995, con la jerarquía de cabo 1° en el marco del decreto ley 9550/80 art. 107 inc. c)-. Posteriormente, a su requerimiento, el Ministro de Justicia y Seguridad resolvió rectificar la resolución de baja anterior y disponer su retiro obligatorio por incapacidad física -art. 103 inc. f) decreto ley 9550/80, res. de fecha 25-IV-2011-.
Sentado ello, sostuvo que el art. 6 de la ley 13.985 expresaba que el subsidio allí previsto comprendía al personal que con anterioridad a su vigencia hubiese sido alcanzado por alguno de los supuestos de incapacidad, concluyendo entonces que al peticionante le asistía el derecho a su cobro.
Por otra parte aclaró que no surgía de ningún precepto de la ley 13.982 ni de su decreto reglamentario 1050/09, que la norma pudiera ser aplicada a situaciones fácticas sucedidas con anterioridad a su dictado, por lo que correspondía su rechazo.
I.3. Contra esa sentencia la demandada interpuso recurso de apelación (v. fs. 85/88).
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso interpuesto por la demandada y revocó el pronunciamiento atacado (v. fs. 104/109).
Para así resolver sostuvo que del examen de las constancias de la causa se desprendía que como consecuencia del acto que dispuso el retiro del agente por incapacidad física originada en las lesiones imputables al servicio, la Administración le reconoció al interesado el subsidio previsto en el art. 116 inc. e) apdo. 3) del decreto ley 9550/80.
Destacó que el aludido resarcimiento se otorgó a pedido del propio accionante, quien solicitó se reencausara su petición inicial, en la cual requería el pago del subsidio por accidente previsto en el art. 47 de la ley 13.982, y se otorgara la indemnización contemplada en la normativa vigente a la fecha en que fue dado de baja, el día 21-XI-95, esto es, el decreto ley 9550/80 y su decreto reglamentario 1675/80 (v. fs. 110).
En estas condiciones analizó si el subsidio contemplado en la ley 13.985 era incompatible con aquel previsto en el decreto ley 9550/80, ya reconocido al actor.
Señaló así que tanto el subsidio previsto en la ley 13.985 como el contemplado en el decreto ley 9550/80, procuraban otorgar un resarcimiento económico al personal policial incapacitado durante el ejercicio de la función de policía de seguridad y, conforme se observaba de la simple lectura de la normativa aplicable, no eran acumulables con ningún otro beneficio que se otorgara por la misma causa.
Concluyó entonces en el error de juzgamiento en el pronunciamiento atacado, en tanto se había ordenado el reconocimiento del pago de la indemnización consagrada en la ley 13.985 derivada de la incapacidad ocasionada en acto de servicio- a quien ya lo percibiera por idéntica causa, generándose, de esa manera, un enriquecimiento indebido a favor del beneficiario.
Por otra parte se destacó la misma naturaleza de las prestaciones cuyo intento de acumulación revelaba el proceso, expuesta a partir de dos beneficios derivados del mismo régimen de seguridad social (art. 116 inc. "e" apdo. 3 decreto ley 9550/80 y art. 47 ley 13.982), regulados bajo la misma plataforma estatutaria aplicable al personal de seguridad provincial y distinta a la hipótesis de acumulación con variables de restitución integral derivadas del derecho de daños, situación que revelaba la incompatibilidad expuesta (v. voto del doctor De Santis).
I.5. Contra dicho pronunciamiento el actor interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 112/116).
Solicitó el pago de los subsidios previstos en las leyes 13.982 y 13.985 y planteó la nulidad de la sentencia recurrida.
I.6. La Cámara interviniente resolvió denegar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto y conceder el de inaplicabilidad de ley (v. fs. 118/119).
II. El recurso no puede prosperar atento su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5.827).
Sabido es que una de las notas características de esta instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (conf. Ac. 88.916, "Caja de Prev. Soc. para Prof. de la Ingeniería", sent. de 14-IX-2005). El acabado cumplimiento de las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, exige que el recurrente indique con claridad las normas legales infringidas por la decisión cuestionada y precise en qué consiste su violación o por qué se las considera erróneamente aplicadas (conf. Ac. 70.655, "Acevedo", sent. de 10-XI-1998; A. 71.645, "Colangelo", sent. de 26-III-2014).
El examen de la pieza recursiva evidencia que la misma no expresa en términos claros y concretos cuáles son las violaciones legales que se atribuyen al decisorio impugnado y tampoco denuncia expresamente como violado dispositivo legal alguno (doctr. causa Ac. 68.209, "Dobronich de Seoane", sent. de 23-II-1999 y sus citas; A. 71.866, "Cid", sent. de 3-XII-2014).
El remedio así intentado debe ser autosuficiente para que de su lectura pueda advertirse el error o la transgresión en la aplicación de la ley, carga procesal que solo se cumple si se concreta una impugnación eficaz de las motivaciones del fallo y se demuestra la violación de los preceptos que lo sustentan.
De otra parte, en cuanto a la apuntada nulidad de la sentencia atacada, cabe señalar que es reiterada la doctrina de este Tribunal por la cual se descarta la posibilidad de fundar recursos extraordinarios diferentes (el de inaplicabilidad de ley y el de nulidad en el caso) en los mismos fundamentos o con agravios entremezclados, tal como aquí se presenta (doctr. causas C. 104.549, "Bitar", sent. de 2-VII-2010; A. 68.539, "Ramírez", sent. de 31-VIII-2011; entre otras).
Ello por cuanto tales remedios tienen exigencias técnico formales propias, de insoslayable cumplimiento, que la Suprema Corte no puede dejar de lado, pues de lo contrario se infringen normas de carácter constitucional y legal que lo sustentan (arts. 161, Const. prov.; 279 y 296, CPCC; Ac. 57.323, "Sánchez", sent. de 13-II-1996, Ac. 88.638, "Iezzi", sent. de 5-III-2008; C. 120.323, "Primo di Piotrkowski", sent. de 8-XI-2017).
A su vez, corresponde al apelante la carga de delimitar con precisión cuáles son los argumentos que pertenecen a cada recurso, función que no puede ser ejercida oficiosamente por esta Corte (doctr. causa Ac. 104.641 "Di Matteo", sent. de 10-IX-2008, e. o.).
En efecto, la lectura del escrito de interposición de los remedios extraordinarios intentados uno de los cuales fuera desestimado por el a quo- permite advertir, en este caso, que los argumentos que sustentan el recurso que aquí se trata, amén de no estar desarrollados con la claridad que exige una pieza de esa naturaleza, incurren en una superposición indebida.
Esa forma de presentar el recurso claramente importa un supuesto de fundamentación promiscua que, como quedó visto, obsta a la suficiencia del remedio extraordinario en estudio e impone su desestimación (doctr. causas L. 76.484, "Carbajo", sent. de 20-VIII-2003; L. 83.131, "Marchessino", sent. de 12-V-2004; entre otras).
III. Por las razones expuestas, suficientes a tenor de los agravios traídos a esta instancia, el recurso extraordinario deducido en autos debe rechazarse.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ko-Pe
Reg. Nº 347
Fin de la sentencia