Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75653
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
A.75.653 "ALVAREZ RODOLFO ALFREDO C/ MUNICIPALIDAD DE ENSENADA S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 18 de septiembre de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la excepción de inadmisibilidad de la acción al declarar vencido el plazo de caducidad del art. 18, en sus incs. a y d, de la ley 12.008 (según ley 13.101) y, en consecuencia, desestimó la pretensión deducida con fecha 29 de noviembre de 2013 (conf. cargo de receptoría de fs. 69), por el señor Rodolfo Álvarez.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada reseñó que el recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio interpuesto contra el acto que resolvió la cesantía del accionante, fue desestimado por el decreto 248/08 del 14 de mayo de 2008, que agotó la vía administrativa y fue notificado al mismo por cédula diligenciada el día 15 de mayo de 2008, siendo recepcionada y firmada por él. Con ello queda evidenciada la expiración en exceso del término de 90 días establecido por el código de rito.
Sostuvo que, en la especie, no se advertía pugna con los principios constitucionales en la aplicación de un presupuesto establecido por la reglamentación legal para esta clase de pretensión, ni se demostraba que el plazo de 90 días pueda resultar irrazonable o lesivo del acceso a la jurisdicción, según los arts. 15, 166 y concs., de la Constitución provincial.
Señaló que, por el contrario, se visualizaba que el extemporáneo sometimiento de la cuestión concerniente a la decisión administrativa que decretó la cesantía del actor, derivaba de no haberse conducido con la diligencia necesaria para la adecuada defensa de los derechos que invocaba, pues no ha esgrimido una justificación satisfactoria y objetiva de la demora en urgir la apertura del proceso; lo que permitía concluir que no se advierte, en el sub-lite , un obrar acorde y oportuno de la parte interesada tendiente a efectuar el cuestionamiento.
Refirió por último, que no se advertía conculcación a los principios de tutela judicial efectiva e in dubio pro actione en tanto no se había logrado demostrar cómo se verían afectados en el caso con la aplicación del plazo de caducidad que emerge de la norma de rito.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. fs. 153/156vta.).
II. Frente a ello, la parte actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, siendo concedido por la Cámara sólo este último (v. fs. 162/163vta.) a través del cual, esencialmente, reitera argumentos ya vertidos ante el Tribunal de Alzada (v. escrito electrónico de fecha 03-07-18).
Sostuvo que, el fallo de la Cámara contraría y viola los arts. 5, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 33, 42, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; arts. 24, 26, 29 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH); arts. 2.1, 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); art. 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; art. 5 del Convenio Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación; viola el Convenio OIT 111; arts. 11, 12 inc. 3, 36 inc. 8 y 38 de la Constitución provincial.
Señaló que, la sentencia carece de una adecuada fundamentación y viola la doctrina legal de este Tribunal, e incurre en una valoración absurda respecto del lapso de tiempo desarrollado conforme lo normado por el art. 18 inc. a del CCA, a los fines de interponer la demanda y, dado ello, extrae conclusiones irrazonables, violatorias de la lógica constitucional, provocando una injusticia mayúscula que impide el pleno acceso a la justicia con el objeto de que pueda probarse que fue objeto de un acto discriminatorio por razones políticas en su contra, con violación de la ley antidiscriminación 23.592, por lo que también la decisión atacada viola los precedentes jurisprudenciales en el orden nacional.
Afirmó que, "la decisión atacada impidió obtener una decisión fundada sobre el reclamo del actor sobre la pretensión de fondo, aun cuando existan obstáculos formales como lo es la extemporaneidad de la presentación de la acción".
Analizó la decisión de la Cámara, denunciando un uso estratégico o manipulativo de la interpretación legal, por el cual impuso su criterio con falta de tratamiento de lo pedido en la demanda, por lo que consideró un ejercicio ilegítimo y arbitrario de la interpretación de la ley, ocultando las verdaderas razones o motivos políticos del fallo, mediante la realización de un uso estratégico y manipulativo de la interpretación normativa. Los jueces comprometidos con asegurar la Constitución nacional y los Tratados Internacionales no pueden dejar de aplicar, al decidir, los derechos fundamentales de las personas. Por consiguiente, los magistrados en lo contencioso administrativo no tienen como función la de proteger al Estado en sus diversos estamentos, sino que deben velar por el orden vigente y, en especial, garantizar su vigencia y cumplimiento.
Citó abundante doctrina y jurisprudencia federal e internacional que entendió aplicables al caso.
III. El remedio no debe prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. Las profusas argumentaciones mediante las que el señor Alvarez pretende tildar de irrazonable, injusta, inconvencional y absurda a la resolución impugnada, aseverando que la pretensión promovida en el presente proceso, no debe encontrarse comprendida en la normativa del art. 18 del Código Procesal Contencioso Administrativo, no son más que la reiteración de similares argumentos a los expuestos al formular la apelación, que ya fueron analizados y resueltos por la Cámara actuante. Ello pues tal actitud importa prescindir de formular una crítica concreta y directa de las motivaciones sobre las que se asienta el pronunciamiento, déficit técnico que impide a este Tribunal expedirse sobre el acierto o error de lo decidido en la instancia.
Ante ello, deviene aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (cfr. doctr. de causas A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquélla que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (cfr. doctr. de causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; Ac. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015).
Así, el cuestionamiento del accionante al fallo en crisis no logra conmover el razonamiento elaborado por la Cámara en cuanto al alcance de la normativa en que se hallan subsumidos los hechos.
IV.2. Tampoco es de recibo la alegada vulneración de doctrina legal.
Al respecto, es del caso recordar que la mera mención de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si no se relacionan aquéllos con el supuesto concreto de autos ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio.
Del mismo modo se ha expresado que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.370, "Sapino", resol. de 11-VII-2018, entre muchas otras).
IV.3. Resta señalar además que, como ha sostenido este Tribunal, la denuncia de arbitrariedad resulta inadecuada en esta instancia, por ser una posibilidad que sólo se abre ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sortear el valladar de la "cuestión federal" y obtener así un pronunciamiento de dicho Tribunal respecto de una sentencia que se denuncia como viciada por no ser derivación razonada del derecho positivo vigente de acuerdo a las circunstancias comprobadas de la causa.
La mera denuncia de arbitrariedad no es suficiente para habilitar la instancia extraordinaria, si no se demuestra que la decisión en crisis está afectada por un error grave y manifiesto que deriva en conclusiones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa. En la jurisdicción local corresponde, para que esta Corte pueda revisar cuestiones de hecho y prueba, invocar y demostrar el absurdo (doctr. causas Ac. 94.618, "Zarria", sent. de 11-IV-2007; A. 71.275, "Cañete", sent. de 20-VIII-2014, e.o.).
Sentado ello cabe reiterar que, tal como quedó expuesto en los considerandos que anteceden, este vicio del razonamiento no ha sido acreditado en la especie.
IV.4. A mayor abundamiento, en el entendimiento de que el requisito de admisibilidad del art. 18 inc. "a" del Código Contencioso Administrativo deba ser evaluado a la luz del principio in dubio pro actione de raíz constitucional -tal como pretende la parte recurrente-, a fin de evitar la adopción de decisiones que incurran en acentuado formalismo en claro desmedro de garantías (arts. 15 y 166, Const. prov. y 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; doctr. causas B. 57.700, "Montes de Oca", sent. de 10-IX-2003; B. 62.799, "Albornoz", sent. de 16-IX-2009; e.o.) se señala que, en el caso particular, no se advierte mérito alguno que permita reputarlo inaplicable (cfr. doctr. de causas A. 73.212, "Berison", sent. de 23-VIII-2017 y A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018).
IV.5. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 441
Fin de la sentencia