Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75794
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 269, 68 y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 15 de abril de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Pettigiani, Torres, Soria , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.794, "Martínez, Joaquín Omar c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia y Seguridad). s/ Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, desestimó los recursos de apelación articulados por ambas partes, y confirmó la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda interpuesta por Joaquín Omar Martínez contra el Ministerio de Seguridad (v. fs. 293/298).
Disconforme con ese pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante mediante resolución de fs. 342/343.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 345), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, desestimó los recursos de apelación articulados por ambas partes, y confirmó la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda interpuesta por Joaquín Omar Martínez contra el Ministerio de Seguridad, anuló la resolución 295/11 y reconoció el derecho del actor a ser reincorporado en la Policía de la Provincia de Buenos Aires en un destino laboral adecuado a su estado psicofísico, o en su caso que se le otorgue la baja a los fines de su jubilación por invalidez, todo ello previo dictamen de rigor (v. fs. 293/298).
II. Contra el aludido decisorio la demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando los siguientes agravios:
a) Absurdo en la valoración del recurso de apelación interpuesto y violación del art. 56 del Código Contencioso Administrativo.
b) Violación de la ley 13.928 en sus arts. 61 y 64, con apartamiento de la solución legal aplicable, y "fuga principista", sin tacha constitucional.
c) Indebida descalificación de la solución normativa por errónea interpretación del art. 14 bis de la Constitución nacional, y el principio de estabilidad del empleo público. Arbitraria aplicación al caso del fallo "Karanicolas".
III. El recurso extraordinario no prospera atento a su insuficiencia.
Al respecto me permito adelantar que esta insuficiencia radica en la omisión por parte del recurrente de impugnar concretamente y de manera fundada, los argumentos centrales de la sentencia de Alzada mediante los cuales resolviera -por interpretación de la totalidad de las normas aplicables: esto es la ley 13.982 y su decreto reglamentario 1.050/09, como así también de doctrina emanada de este Tribunal- que en el caso no es posible dar de baja al agente Martínez, por exceder el tiempo máximo de licencias por enfermedad, cuando no resulta viable el retiro por incapacidad, si previo a ello no se practica una Junta Médica -en el caso la última realizada tenía una antigüedad de dos años al momento de disponer el cese- y sin haber contemplado la posibilidad de asignarle tareas acordes a su nueva realidad.
En efecto, el Tribunal de Alzada comenzó por realizar un raconto de la normativa aplicable, con cita textual de los preceptos involucrados, en particular de los arts. 147 y 25 del decreto 1.050/09 y así recordó en primer lugar lo dispuesto por el primero de los enunciados el cual establece: "La baja por incapacidad física será dispuesta previo dictamen de una junta médica, que determine si el personal ha perdido las condiciones indispensables para permanecer en el empleo en las proporciones que determina la Ley de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía y la correspondiente al Subescalafón Personal Civil. Igual procedimiento se adoptará cuando se trate de baja por haber agotado el personal policial el máximo de licencia que por razones de enfermedad establece esta reglamentación".
Por su parte también transcribió lo establecido por el art. 25 de ese mismo decreto en cuanto prescribe: "En el supuesto en que las secuelas de las lesiones o enfermedades sufridas no imputables al servicio revistan carácter de permanentes de acuerdo a dictamen médico, pero que al mismo tiempo no tornaren procedente el pase a retiro o baja del personal policial según las previsiones de la normativa vigente en la materia, se dispondrá el pase al subescalafón que corresponda en tareas acordes a su capacidad psicofísica, manteniendo la jerarquía de revista, ocupando el último lugar entre los de su misma antigüedad en el grado. Si con motivo del pase de subescalafon el personal policial viere disminuido su nivel salarial, se le abonará la diferencia hasta que, con motivo de posteriores aumentos de remuneración, que correspondan al personal policial por promoción o por cualquier otra causa, resulten absorbidos".
Ahora bien de conformidad a las particularidades de la causa y por aplicación de estos preceptos, el Tribunal de Alzada resolvió, con cita expresa de precedentes de este Tribunal en el punto, que la resolución de la autoridad policial que ordenó la baja del agente, luego de casi dos décadas de prestar servicios en los cuadros de la policía bonaerense, sin que se haya contemplado la posibilidad de asignarle tareas acordes a su disminuida capacidad laboral y no pudiendo tampoco acogerse a los beneficios jubilatorios, vulnera la garantía de estabilidad en el empleo público que ampara al actor (arts. 14 bis, Const. nac. y 103 inc. 12, Const. prov.) y al propio tiempo, niega el acceso a prestaciones de la seguridad social reconocidas en el art. 39 de la Constitución provincial colocándolo en situación de desamparo.
Como anticipé, esta estructura argumental no ha sido abordada y criticada con la suficiencia requerida por esta Corte para la procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. El Tribunal ha sostenido que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no cuestiona los fundamentos esenciales del fallo que impugna y que en cambio ha elegido elaborar su crítica sobre la base de una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo (conf. causas A. 70.823, sent. de 4-V-2016 y A. 73.761, sent. de 19-IX-2018) a punto tal -agrego- que en el caso particular de autos el recurrente se ha limitado, prácticamente a reiterar los planteos realizados oportunamente a la Cámara.
Así la recurrente insiste con la aplicación aislada de los arts. 61 y 64 de la ley 13.982 en cuanto regulan la baja del agente cuando se han excedido los tiempos de licencia por enfermedad, pero sin hacerse cargo de los fundamentos por los cuales el Tribunal de Alzada estimó -por aplicación e interpretación del conjunto de la normativa, esto es la ley 13.982 y su decreto reglamentario 1.050/09- que en el caso resultaba ilegítima esta decisión básicamente por no haber contemplado -previo dictamen médico de rigor- la posibilidad de que el agente realizara tareas acordes a su nueva realidad, dejándolo en una situación de desamparo. Y ello no por una "fuga principista" como sostiene la recurrente sino por una interpretación armónica del conjunto de normas aplicables al caso.
Tal como tiene dicho este Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario que se limita a reiterar los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Ello pues, tal actitud importa prescindir de formular una crítica concreta y directa a las motivaciones sobre la que asienta el pronunciamiento, déficit técnico que impide a este Tribunal expedirse sobre el acierto o error de lo decidido en la instancia (conf. causa A. 70.823, cit.).
Para más, el recurrente no evidencia violación jurídica o errónea aplicación de las normas específicamente actuadas por la Cámara -en particular el art. 25 del decreto 1.050/09- y que constituyó el núcleo central de la argumentación fáctica y jurídica en que se sustentó la sentencia.
En efecto, se ha desentendido del iter lógico seguido por el Tribunal, discurriendo sobre puntos y normas que no han sido los determinantes para resolver la causa, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura el fallo. Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo pues como tiene dicho esta Corte, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquéllos que dotan de contenido al fallo, a punto tal que en la pieza recursiva ni siquiera se denuncian violadas las normas actuadas por el órgano jurisdiccional de grado (conf. causas L. 104.897, sent. de 13-VII-2011 y A. 71.328, sent. de 26-V-2016).
Ello constituye una de las causales de insuficiencia señaladas por esta Corte desde antiguo en atención a la clara y estricta manda del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Por las razones expuestas, debe rechazarse el recurso interpuesto. Costas de la instancia extraordinaria a la recurrente vencida (conf. arts. 279, 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani , Torres y Soria por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 269, 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia