Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74789
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.789, "Constructora Dimare S.A. c/Municipalidad de La Matanza s/Pretensión Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Soria, Genoud, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín revocó la sentencia de primera instancia que había acogido favorablemente la pretensión de reconocimiento de derechos articulada (v. fs. 431/449).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 464/476) y de inaplicabilidad (v. fs. 477/497), de los cuales sólo este último fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 508/509).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 525), glosado el memorial de la demandada (v. fs. 526/533) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad y doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara interviniente hizo lugar al recurso de apelación deducido por la Municipalidad de La Matanza y -en consecuencia- revocó la sentencia de primera instancia que había acogido favorablemente la pretensión de reconocimiento de derechos articulada por la firma actora.
Para así decidir, recordó que la Constructora Dimare S.A. inició obras para la construcción de un edificio con destino a oficinas comerciales y profesionales, en cuya realización se constataron distintas irregularidades. Advirtió que el 30 de agosto de 2000 el municipio demandado aprobó el plano correspondiente, con la siguiente observación: "condicional al cumplimiento de la demolición de la superficie indicada". Relató que, sin embargo, tiempo más tarde la empresa presentó un nuevo plano de la obra sin la demolición prevista y con indicación de otro destino (vivienda multifamiliar), solicitando su regularización en los términos de la ordenanza 12.051.
Puesto a definir si la situación descripta encuadraba en lo previsto por la normativa citada, el tribunal a quo consideró determinante lo expresado por el perito arquitecto actuante. Declaró que se apartaba en tal sentido de lo manifestado por el juez de grado, quien había sostenido que las conclusiones del informe pericial ingresaban en el análisis de cuestiones jurídicas ajenas a su especialidad.
Entendió que, en lugar de realizar una "interpretación armónica" y respetuosa del principio de igualdad, el fallo apelado desconoció el claro texto de los arts. 1 y 4 de la ordenanza 12.051, que -en su lectura- excluyen a las obras previamente declaradas que superen los trescientos metros cuadrados de superficie, como el caso de autos. Abonó su posición con expresiones del perito interviniente, para quien la obra en cuestión no encuadra en la normativa invocada por haber sido declarada antes del 31 de diciembre de 2001, por no encontrarse en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la ordenanza 12.051 y por exceder los límites previstos para vivienda multifamiliar.
Sostuvo que los requisitos establecidos en los preceptos discutidos deben interpretarse de manera estricta, por tratarse de excepciones a reglas generales sobre la inscripción de construcciones civiles.
Concluyó que la actora pretendió regularizar una obra de carácter antirreglamentario, modificando su destino -en contradicción con el plano aprobado- y que, de acuerdo con lo analizado, ésta no reúne las exigencias prescriptas por la ordenanza 12.051 y su decreto reglamentario.
II.1. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley y doctrina legal, la actora denuncia errónea interpretación de los supuestos incluidos en los arts. 1 y 4 de la ordenanza 12.051 y del decreto reglamentario 964/02.
Afirma que la Cámara no consideró que lo establecido en la segunda parte del art. 1 de la ordenanza 12.051, la incorporación al padrón de contribuyentes y la regularización de aquellas obras "...que cuenten o no con antecedentes de planos aprobados, visados o registrados y que a la fecha de promulgación de la presente se ajusten o no a las ordenanzas vigentes (en lo referente a factor de ocupación y/o zonificación)".
Plantea asimismo que el art. 4 de la citada normativa contempla dos supuestos: a) las obras declaradas que se encuentren en trámite; y b) aquellas pendientes de conclusión, encuadradas en el marco del art. 211 inc. "b" de la ordenanza 11.650. Manifiesta que el caso de autos se ubica con claridad entre las primeras, ya que los planos que se pretende regularizar fueron visados o registrados con anterioridad a la vigencia de la ordenanza, tanto así que el 30 de agosto de 2000 resultaron aprobados por ajustarse a las ordenanzas 2.564 y 7.420, con la condición de demoler algunos metros que habían sido construidos en demasía. Contrariamente a lo expresado en la sentencia recurrida, aduce que dicho exceso se encontraba dentro de lo contemplado por la ordenanza 12.051 (puntualmente, cita el art. 5) y su decreto reglamentario.
Más adelante asegura que aun de considerarse que su caso encuadra en el art. 211 inc. "b" de la ordenanza 11.650, el pedido de regularización en los términos de la ordenanza 12.051 debería igualmente prosperar. También arguye: "...tal como se encuentra probado, precisamente la construcción en exceso del FOT y FOS permitidos, que no fuera declarada y luego sujeta a demolición, RESULTA SER -justamente- LO NO DECLARADO, por tanto el artículo 1 y 2 de la Ordenanza 12.051 resultan totalmente aplicables..." (fs. 485 vta., el destacado figura en el original).
Alega haberse presentado en tiempo y forma con el fin de acogerse al régimen de regularización sancionado y cumplir con todos los recaudos establecidos por la legislación citada, los que detalla. Considera que le asiste un derecho adquirido a regularizar la obra detallada e invoca doctrina de esta Corte (causas B. 50.816, "Santos", sent. de 14-XI-1989 y B. 57.845, "Asua de Irigaray", sent. de 29-XII-1999). Agrega que la normativa en cuestión reviste carácter general y que establece facultades regladas para las autoridades municipales, motivos por los cuales la demandada debería haber accedido a su petición.
Relata asimismo las vicisitudes por las que atravesó el trámite administrativo, durante el cual no se accedió a la regularización pretendida, no se la denegó en forma expresa ni se le permitió a los interesados tomar vista del expediente, lo que -según indica- motivó la iniciación de un amparo en el cual la Municipalidad de La Matanza resultó condenada.
II.2. Por otra parte, la impugnante denuncia absurda valoración de la prueba producida.
Advierte que la Cámara fundó su decisión en una única conclusión del perito arquitecto interviniente, dejando de lado las restantes y otros elementos aportados, lo que -en su criterio- condujo a una errónea interpretación de los hechos de la causa y de la normativa aplicable.
Niega que el especialista haya convalidado la posición de la municipalidad demandada, destacando que, si bien afirmó que el plano de la obra en cuestión revestía la condición de "aprobado en forma condicional", también reconoció que la construcción se encontraba "...en trámite de aprobación...". Señala que -a su entender- la aprobación referida por el experto no revestía entidad jurídica, ya que la demolición establecida como condición nunca se materializó y además faltaba presentar el plano de "final de obra" o "conforme a obra", cuyo objeto hubiera sido justamente concluir el trámite.
Repasa otras manifestaciones del perito que avalarían ciertos aspectos de su pretensión y postula que su opinión contraria a ella se basa en una interpretación personal y errada del alcance de la ordenanza 12.051, que excede el ámbito de su incumbencia profesional, tal como lo adujo el juez de primera instancia.
II.3. Asimismo, la recurrente acusa desconocimiento de la doctrina de los actos propios, apartamiento de precedentes administrativos y violación de los principios de confianza legítima e igualdad ante la ley.
Reproduce lo sostenido por el magistrado de grado, en cuanto a que la conducta desplegada por la municipalidad frustró la legítima expectativa de obtener la venia administrativa para regularizar la obra bajo debate.
Añade que el compromiso de demolición fue asumido por la empresa antes de la entrada en vigencia de la ordenanza 12.051 y que la solicitud de que interviniese el Concejo Deliberante respondió a la opinión de la propia asesoría letrada de la comuna, sin que -en su visión- medie contradicción con lo reclamado en el marco del presente.
Expone que el municipio dio curso favorable a solicitudes de acogimiento al régimen de la ordenanza 12.051 que -a su juicio- guardaban estricta similitud con la discutida en el presente, por su destino y por tratarse de obras que no sólo incumplían las normas de edificación vigentes, sino que también "...habían sido declaradas y contaban con planos registrados...". Menciona en tal sentido los expedientes administrativos C-5.612-02 y R/6.007/02/OP, como asimismo la situación de otros dos inmuebles (uno ubicado en la calle Carabobo n° 3.290 y otro con nomenclatura catastral 41.080-III-E-50-14-9-8). Destaca que en todos esos casos las obras se encontraban terminadas y con superficies sujetas a demolición según los planos registrados. En su apoyo, invoca la doctrina sentada por esta Corte en la causa B. 58.244, "Nazar Anchorena", sentencia de 27-II-2008.
Concluye que, con su actitud omisiva y reticente, la municipalidad demandada le otorgó un trato discriminatorio y arbitrario, que conculca la garantía de igualdad ante la ley consagrada en los arts. 11 de la Constitución provincial, 16 de la Constitución nacional, 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 24 del Pacto de San José de Costa Rica.
III. Anticipo que el recurso no prospera.
III.1. La actora ha promovido en autos una pretensión de reconocimiento de derechos tendiente a obtener una declaración judicial en el sentido de que su obra sita en Avenida de Mayo n° 1.825/27, localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, puede ser regularizada en los términos de la ordenanza 12.051 de dicho municipio y del decreto reglamentario 964/02 (v. fs. 79). Puntualmente, en esta instancia denuncia errónea aplicación de los arts. 1 y 4 de la ordenanza citada.
III.1.a. El primero de tales preceptos dispone: "Autorízase, dentro de las condiciones y términos que seguidamente se establecen, a la incorporación al padrón de contribuyentes y la regularización a las construcciones civiles no declaradas, que cuenten o no, con antecedentes de planos, aprobados, visados o registrados y que a la fecha de promulgación de la presente se ajusten o no a las ordenanzas vigentes (en lo referente a factor de ocupación y/o zonificación)" (fs. 149, el destacado me pertenece).
La Cámara sostiene que la situación de la firma de tratas no encuadra en esta disposición, básicamente, porque la obra involucrada había sido declarada con anterioridad al 31 de diciembre de 2001 (término conf. art. 2, ord. 12.051). En contra de dicha conclusión, la recurrente afirma que en la sentencia atacada sólo se analizó la primera parte de la norma transcripta, soslayando sus referencias a "...antecedentes de planos aprobados, visados o registrados..." y a la falta de cumplimiento de "...las ordenanzas vigentes (en lo referente a factor de ocupación y/o zonificación)...", en las que afirma encontrarse inmersa.
Ahora bien, una lectura del texto bajo examen revela con claridad que, en todo caso, las obras que podían contar o no con planos antecedentes y cumplir o no con ciertos aspectos de la normativa urbanística aplicable eran aquellas "construcciones civiles no declaradas". Tal expresión -cuya interpretación no ofrece matices- delimita el ámbito de aplicación del precepto en cuestión, excluyendo de su alcance a todas las que no reúnan la condición indicada, es decir que se encuentren declaradas (tal como en el caso de la firma actora) con independencia de que verifiquen o no las restantes características mencionadas.
Al respecto, cabe recordar que, en la interpretación de las normas, es prudente estar a la que más naturalmente surge de su letra, de la que no cabe prescindir cuando es clara y precisa (conf. causas B. 64.454, "Visciglia", sent. de 27-VI-2012; A. 71.498, "González", sent. de 11-V-2016; A. 74.221, "Mastroianni", sent. de 28-XI-2018; e.o.). Por otro lado, la recurrente ha omitido brindar fundamentos que conduzcan a poner en duda el criterio hermenéutico aquí adoptado.
No altera lo expuesto la aislada manifestación formulada a fs. 485 vuelta, en el sentido de que "...la construcción en exceso del FOT y FOS permitidos, que no fuera declarada y luego sujeta a demolición, RESULTA SER -justamente- LO NO DECLARADO, por tanto el artículo 1 y 2 de la Ordenanza 12.051 resultan totalmente aplicables..." (el destacado figura en el original).
Al margen de constituir una defensa contradictoria con los argumentos de la impugnante que se analizarán en el acápite siguiente, determinar en el caso si la obra cuya regularización se pretende había sido o no declarada antes del 31 de diciembre de 2001 (la Cámara destacó que sí a fs. 446 vta. in fine ) es una cuestión de hecho que no altera la interpretación jurídica practicada.
Cuadra añadir que la fijación de los hechos litigiosos -y su valoración en función de las pruebas rendidas- constituye una labor privativa de los jueces de la causa, cuyo examen, por regla, no integra el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo cuando viole las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas (conf. causa A. 70.978, "Magadan", sent. de 8-V-2019; e.o.), lo que con relación al punto indicado no se aprecia configurado en la especie.
III.1.b. Por otra parte, el art. 4 de la ordenanza 12.051 establece: "Durante la vigencia de la presente podrán acogerse a lo establecido en esta Ordenanza las obras declaradas que se encuentren en trámite, incluso aquellas que estén pendientes de conclusión encuadradas en el marco de la Ordenanza General Impositiva N° 11.650, Art. 211, Inc. B, manteniendo validez los derechos de construcción abonados como debiendo, de existir alguna diferencia en más, pagar las liquidaciones que correspondan según lo especificado en la presente" (fs. 150, el destacado me pertenece).
En línea con lo allí dispuesto, el art. 7 del decreto reglamentario 964/02 prevé: "En los casos de expedientes que se encuentren en trámite al momento de entrada en vigencia de la ordenanza 12.051, los responsables indicados en el artículo 2° precedente, deberán presentar nota de solicitud de acogimiento y las planillas de Declaración Jurada de Empadronamiento Edilicio, debiendo continuar el trámite como se indica en el presente" (fs. 43, el destacado me pertenece).
En la inteligencia de la impugnante, la obra cuya regularización pretende encuadra dentro de las disposiciones citadas, ya que habría estado en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la ordenanza 12.051. Interpreta en tal sentido que el procedimiento relativo al plano previamente presentado nunca concluyó, debido a que su aprobación fue supeditada a la condición de que se demoliese la superficie indicada, la que nunca se hizo efectiva. Ello habilitaría a regularizar la construcción en exceso, en los términos de la preceptiva invocada.
Al fundar su posición sobre estos asuntos, el tribunal a quo ponderó especialmente el análisis del perito arquitecto interviniente, cuyas conclusiones principales reprodujo (v. cons. 8° in fine , fs. 447 vta.) y cuya opinión calificó como contundente para determinar que la actora no cumplía con los requisitos exigidos por la ordenanza 12.051 (v. cons. 9°, fs. 448).
Entre esas manifestaciones del experto que la Cámara tuvo expresamente en cuenta, corresponde destacar la incorporada en el punto IX.f del escrito de respuesta al pedido de aclaraciones de la parte actora (v. fs. 310/313). De acuerdo con lo allí señalado, la obra en cuestión "[n]o se encuadra en los términos del artículo 7° del Decreto 964/02, por no encontrarse en trámite el expediente de la obra al momento de entrada en vigencia de la Ordenanza 12.051/02".
La tesitura expuesta resulta concordante con lo que el mismo especialista explicó a fs. 311, en el punto III de su respuesta, a saber: "...el artículo 4° de la Ord. 12.051, refiere a que durante la vigencia de la norma, podrán acogerse a ella '...obras declaradas que se encuentran en trámite...' ; mientras que la obra de marras, más allá de que sea 'condicionalmente' y sujeto a obras de demolición, se halla 'aprobada' por lo que técnicamente, no se trata de 'obra en trámite' ". En un sentido similar, a continuación, el perito concluyó que los planos en cuestión "...NO REVISTEN la condición de 'Registrados' ni de 'Visados' [categorías empleadas por el art. 8 del decreto 964/02], sino de 'Aprobados' " (los destacados figuran en el original).
Cierto es que, mediante el recurso en tratamiento, la actora cuestiona la valoración del informe pericial, que como acaba de verse conduce a la conclusión de que la obra de marras no se hallaba técnicamente en trámite a la época de la sanción de la ordenanza 12.051. Sin embargo, sus críticas sobre el punto no pueden ser favorablemente acogidas.
Ello por dos razones a saber:
La actora aduce que el plano de la obra cuya regularización solicita en relación al régimen 12.051, se encuentra en estado de "trámite", toda vez que fue aprobado en estado "condicional" alegando que dicha circunstancia sería entonces equiparable al supuesto previsto en la norma (art. 4 cit.).
Ahora bien, a poco que se avanza en la valoración de dicho argumento y del cotejo de la documentación obrante a fs. 7 del expediente administrativo 5391-30-VIII-2000, advierto que el estatus de aprobación de la construcción que oportunamente la comuna le otorgara, lo fue en el marco de que la habilitación refería a que el destino era la de "construcción de oficinas comerciales", y el cual fue modificado por el de "construcción de vivienda multifamiliar" en el transcurso del procedimiento.
Concluyo así que asiste razón al municipio en cuanto considera que no es procedente hacer lugar al reclamo de la constructora, por este motivo.
En un segundo orden, también observo que este punto fue destacado por la pericia obrante a fs. 301 en el punto III -sin que esto hubiese sido eficazmente desvirtuado por la actora a lo largo del proceso-. Cabe advertir que el art. 8 del decreto reglamentario 964 (22-IV-2002) establece que "...Para los planos de obra que hubieran sido Visados y/o Registrados con anterioridad a la vigencia de la Ordenanza n° 12.051, los responsables [...] -en este caso la Constructora Di Mare S.A.- [...] deberán presentar nota de solicitud de acogimiento, las planillas de Declaración Jurada de Empadronamiento Edilicio, y el Original del plano conformado de acuerdo a la normativa de la Ordenanza n° 12.051 sin modificación alguna respecto del planto Visado y/o Registrado...". De las constancias obrantes en las actuaciones administrativas y la prueba producida en autos no surge que dichos extremos se hubiesen cumplimentado por lo que entiendo el agravio invocado deviene insuficiente a los fines pretendidos por la impugnante.
En tal sentido, tiene dicho esta Corte que la evaluación de la prueba pericial no escapa a las reglas generales sobre la procedencia del recurso extraordinario cuando se cuestiona la tarea axiológica de los tribunales. De ahí que el pronunciamiento sobre el mérito y fundamento de la experticia, así como la determinación de las circunstancias fác
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