Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74419
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.419, "Gómez, Marta de las Mercedes c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Torres, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora y, por ello, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimara el planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761. Asimismo, hizo lugar al remedio interpuesto por la parte demandada y revocó la sentencia de grado en cuanto condenó a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires a reajustar el haber previsional de los accionantes por considerar como "remunerativos" los códigos n° 1.123, 1.124, 1.132, 1.133, 1.225 y 1.289 y a abonar las diferencias salariales que correspondieren en tal concepto. Por consecuencia de lo expuesto, rechazó la pretensión actora deducida en todos sus términos, con costas en ambas instancias ordinarias del proceso, en el orden causado (v. fs. 277/282).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 287/305 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante la resolución de fs. 307/308.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 312) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora y, por ello, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimara el planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761. Asimismo, hizo lugar al remedio interpuesto por la parte demandada y revocó la sentencia de grado en cuanto condenó a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires a reajustar el haber previsional de los accionantes por considerar como "remunerativos" los códigos n° 1.123, 1.124, 1.132, 1.133, 1.225 y 1.289 y a abonar las diferencias salariales que correspondieren en tal concepto. Por consecuencia de lo expuesto, rechazó la pretensión actora deducida en todos sus términos, con costas en ambas instancias ordinarias del proceso, en el orden causado (v. fs. 277/282).
I.1. Para así decidir, en primer lugar, trató la impugnación de la parte actora limitada al rechazo de su planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761.
Consideró que la derogación de la mentada norma -según ley 13.364, entonces vigente- no impedía al Tribunal de Alzada resolver, en tanto que la lesión invocada fue consumada bajo la vigencia de aquel régimen jurídico y se proyectó en el futuro en los derechos de la parte actora.
Sentado ello, sostuvo que la ley vigente a la fecha de cese de servicios constituye el marco legal para obtener los beneficios previsionales (conf. arts. 53, decreto ley 9.650/70 y 25, ley 13.364) y que, en este caso, los accionantes accedieron a ellos conforme la ley 11.761.
Recordó que el magistrado de grado advirtió que los actores obtuvieron su prestación previsional durante la vigencia de dicha ley y no encontró una modificación o alteración del derecho a la jubilación que vulnere sus derechos constitucionales.
Consideró que la sentencia recurrida no padecía error de juzgamiento, en la medida en que se corresponde con los principios generales sobre los cuales se vertebran el derecho a las prestaciones y el sistema contributivo en su totalidad, impidiendo que las situaciones consumadas al amparo de un régimen puedan sufrir impacto futuro por disposiciones que modifiquen la concepción integral, para un mecanismo que debe comprenderse como totalidad.
Ponderó que la sentencia de grado impugnada recoge con acierto las reglas jurídicas consignadas y deja en claro que, como los beneficios obtenidos por los actores se rigen por la ley 11.761, "...no promedian los deméritos sobrevinientes a sus respectivos otorgamientos que motivaran un entendimiento distinto en hipótesis en las que las prestaciones ya hubiesen sido reconocidas al amparo de un régimen anterior (véase causa CCALP n° 11.437), y por lo tanto con un escenario de derechos adquiridos que no se corresponde con el de este proceso".
Evaluó que ello incide, de manera determinante, en el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del aporte a cargo del beneficiario que desarrolla la impugnación (art. 21 inc. "e" y concs., ley 11.761) bajo el argumento de una confiscación que -por otra parte- en el caso no se acredita y que el recurso deducido tampoco demuestra.
Destacó que el amplio desarrollo que contiene la impugnación de la parte actora se muestra extraño a la plataforma bajo la cual se decide el conflicto por el juez de grado.
I.2. La Cámara luego consideró la queja de la parte demandada y entendió que prosperaba.
Respecto a la incorporación al haber previsional de determinados suplementos abonados a los empleados del Banco Provincia, señaló que el reclamo deducido por la parte actora es inconsistente en atención a que su fundamento se asienta únicamente en la generalidad con la que fueron sufragados y en que, la gradualidad de la inclusión de los mismos al sueldo básico, después de establecidos, habría sido perjudicial para los accionantes.
Recordó que la cuestión relativa a la naturaleza de los adicionales denominados "no remunerativos" establecidos por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires han motivado numerosos pronunciamientos de esta Suprema Corte (causas B. 56.548, sent. de 26-V-1999 y B. 55.328, "Bustos", sent. de 26-IX-2012) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ( in re "Donnarumma, Enrique c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 29-X-1996) y que el concepto de remuneración en el ámbito previsional es limitado -conforme la doctrina de este Tribunal- debiendo extraerse de la ley de previsión que regula el caso, la que constituye su fuente directa y principal de solución.
Señaló que la eventualidad de una mejora de la situación previsional, expresada en términos generales, no constituye un dato o pauta que satisfaga de convicción los agravios tendientes a demostrar que los pagos realizados fueron indebidos, cuando se ha admitido que las liquidaciones fueron practicadas, en todos los rubros, de conformidad a la reglamentación normativa que las rigen.
Ponderó que las diferencias salariales que son objeto de reclamo no han sido demostradas y que, al contrario, se hallan acreditados todos los componentes retributivos reconocidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para su personal, en los términos determinados para sus agentes activos.
Por otro lado, sostuvo que el traslado progresivo de los conceptos liquidados, primero como no remunerativos y luego como tales, no abastece el perjuicio patrimonial retroactivo reclamado en autos. Ello, en tanto el punto de partida es el reconocimiento de aquellos.
Finalmente, con cita del referido precedente "Bustos", reconoció las atribuciones que la Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires le otorga a su directorio (art. 24) para fijar atribuciones especiales liberadas de aportes, norma que -señaló- no ha sido objeto de invalidez ni fue materia de debate en el caso.
Por último, resaltó que, como el reclamo de los accionantes se centró en el reconocimiento del período retroactivo en situación de actividad, excluyendo su petición a la inclusión en el haber previsional, no podía ser la entidad bancaria demandada la legitimada pasiva en este proceso.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 287/305 vta., el apoderado de los accionantes denuncia: a) violación de la doctrina legal sentada por esta Corte en las causas I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009; B. 54.929, "Bardi", sentencia de 30-V-1995; B. 56.123, "Sarandria", sentencia de 12-V-1998; A. 69.930, "Cremaschi", sentencia de 1-IV-2015; A. 70.427, "Abramo", sentencia de 9-III-2016; A. 70.488, "Aballay", sentencia de 30-III-2016; entre otras; b) vulneración del instituto de la seguridad jurídica, los derechos de defensa en juicio y propiedad, la garantía del debido proceso y el principio de igualdad ante la ley consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; c) transgresión de la resolución 74/07 dictada por la Caja previsional demandada y de los arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que receptan la obligación de no regresividad de los Estados y d) apartamiento del principio de progresividad previsional y de las leyes 20.744 -por lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75- y 11.761 -modificada por las leyes 13.364 y 13.873-.
La parte actora, luego de reseñar los antecedentes de la causa, funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. pto. IV, fs. 290 vta./305 vta.).
II.1.a. En primer lugar aduce que la Cámara se aparta de la doctrina legal establecida por la Suprema Corte en materia de confiscatoriedad.
Esgrime -en forma contraria a lo resuelto por la Cámara- que se encuentra acreditado que la aplicación al caso de lo normado en el art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 es confiscatoria, en tanto la prueba producida demostró que se supera el 67% del sueldo que percibiera un activo en igual categoría que la que hubieren tenido los accionantes a la fecha de su cese. Ello, conforme lo resuelto por este Tribunal en la causa "Verlutas", de fecha 10-VI-2009.
Destaca que en los supuestos de los accionantes se superó el límite del 67% establecido en el aludido precedente y, en consecuencia, de ello nace el derecho de estos de plantear la inconstitucionalidad de la referida norma, por violación del derecho de propiedad que garantizan los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial.
II.1.b. En otro orden, alega que el Tribunal de Alzada no consideró que la Caja previsional demandada incumplió con lo establecido en el Acta de fecha 19 de mayo de 2008 -mediante la cual aprobara la reducción del aporte al 2% a cargo de los beneficiarios de la ley 11.761- y que tal rebaja ya se había dispuesto en la resolución 74/07 para todos los jubilados y/o pensionados -hubiesen iniciado o no- juicio, a partir del día 1 de agosto de 2007.
II.2. Por otro lado, respecto al reajuste del haber previsional con relación a los aumentos que hubiere obtenido el agente en actividad bajo los rubros "no remunerativos", se agravia porque la Cámara rechazó dicha petición con sustento en que no se demostró que se aplicaron indebidamente. Ello, a pesar de que la pericia contable estableció que fueron abonados al personal activo en forma mensual, normal y habitual durante el período de diciembre de 2003 a mayo de 2009 y que, por ello, los accionantes han sufrido un perjuicio que ronda en el 33,05% desde la fecha de otorgamiento de su beneficio previsional hasta la fecha de realización del informe del perito contador.
Esgrime que su haber jubilatorio se liquida conforme a un sistema arbitrario establecido en el art. 57 de la ley 11.761 que prevé para su cálculo el promedio de los 10 últimos años de salarios percibidos tomando solo en consideración los rubros con aportes, excluyéndose los códigos no remunerativos acreditados en esta causa.
Por último, denuncia que la Cámara omite el tratamiento de cuestiones que considera esenciales como la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo 18/75, el reconocimiento del Acta de Acuerdo Salarial de fecha 29 de mayo de 2009 y del decreto 392/03 e incurre en un exceso formal en la interpretación de las resoluciones dictadas por la Caja demandada. A ello agrega que el tribunal tampoco analizó si estas fueron aplicadas en contradicción con la doctrina legal de esta Suprema Corte.
III. El recurso intentado no puede prosperar en razón de la manifiesta insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
III.1. Observo en primer lugar que el escrito en el que se interpone y funda el remedio procesal en estudio no constituye una réplica idónea a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial posee.
Sobre el punto esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz a las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurso se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas A. 71.152, "Formoso", sent. de 12-IX-2012; A. 70.139, "Falasconi", sent. de 28-IX-2016; A. 74.706, "Gallina", sent. de 12-VII-2017; e.o.).
III.1.a. La Cámara, al rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 -que prevé el aporte a cargo del beneficiario- formulado por la parte actora, consideró que la sentencia de grado se correspondía con una regla general que es de rigurosa aplicación en materia previsional y que remite al régimen legal con vigor a la fecha de cese de servicios para establecer el aplicable al beneficio que tramite y obtenga el afiliado (conf. art. 25, ley 13.364). Resaltó que no se encontraba controvertido que los actores se jubilaron bajo el régimen de la ley 11.761.
Consideró además que las prestaciones carecían de modificación en lo que se refiere a la determinación de la base de cálculo del haber previsional (conf. arts. 75 y concs., ley 11.761).
De allí en más, concluyó que la confiscatoriedad alegada por el recurrente no había sido acreditada y que el embate formulado por el apelante contra el pronunciamiento de primera instancia desestimatorio de la inconstitucionalidad deducida constituía una enunciación ineficaz.
Esta parcela del pronunciamiento no ha sido objeto de impugnación por la recurrente, quien se limita a reiterar consideraciones anteriormente formuladas - que tuvieron respuesta en el pronunciamiento de grado- acerca de la inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. "e" de la ley 11.761 y 21 inc. "d" de la ley 13.364, con sustento en la vulneración del derecho de propiedad y del principio de progresividad e insiste sobre la aplicación de resoluciones administrativas que establecieron la reducción del aporte a cargo del beneficiario, sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por el Tribunal de Alzada para confirmar la sentencia de primera instancia.
Tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador y cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas -como ocurre en el caso-, lo que conlleva el rechazo de los reproches desplegados (doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; e.o.).
III.1.b. Tampoco la recurrente rebate adecuadamente los argumentos esbozados por la Cámara para fundar la denegatoria del reconocimiento de reajuste de sus haberes previsionales en base a los adicionales "no remunerativos" establecidos por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires para los agentes en actividad.
En tal sentido, omite refutar las consideraciones efectuadas por el Tribunal de Alzada en cuanto a que: a) el reclamo formulado es inconsistente en virtud de que se basó en la generalidad con la que fueron sufragados los incrementos no remunerativos y en la posterior inclusión gradual en el sueldo básico de los empleados activos; b) respecto a la aplicación al caso de la doctrina de esta Corte sentada en las causas B. 56.548, "Bastida", sentencia de 26-V-1999 y B. 55.328, "Bustos", sentencia de 26-IX-2012, en las cuales se rechazó el reajuste de haberes previsionales con sustento en la incorporación de determinados conceptos no remunerativos dispuestas por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires y c) acerca de la norma jurídica en que se fundamentó el rechazo de la pretensión esgrimida, ello es, el art. 24 de la Carta Orgánica de dicha institución, precepto que incluso no había sido cuestionado por la recurrente en su validez y alcances.
Los argumentos traídos por la recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto de la normativa que debía aplicarse en el caso. Tampoco logran desbaratar el criterio fundado en pronunciamientos de este Tribunal.
Por otra parte, la recurrente denuncia que la Cámara omitió la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo 18/75, el Acta de fecha 29 de mayo de 2009 y el decreto 392/03. Así, se desentiende del iter lógico seguido por el Tribunal de Alzada, discurriendo sobre puntos que no han sido los determinantes para resolver la causa, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura el fallo.
Esta circunstancia conduce irremediablemente a su rechazo pues como tiene dicho este Tribunal, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo, al punto tal que en la pieza recursiva ni siquiera se denuncian violadas las normas actuadas por el órgano jurisdiccional de grado (doctr. causas L. 104.897, "Serra", sent. de 13-VII-2011 y A. 72.647, "Berenstein", sent. de 13-IX-2017).
III.1.c. Igual suerte corre el agravio vinculado con la naturaleza jurídica de los importes reconocidos a los activos.
En esta parcela se advierte que los reproches reconducen a cuestiones de hecho y prueba que por regla general resultan ajenos a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvedad hecha del supuesto excepcional de absurdo (doctr. causas A. 74.407, "Andrade", sent. de 11-VII-2018; A. 74.831, "Fontana", sent. de 8-V-2019; e.o.). Y tal vicio se configura, según ha expresado esta Corte, solo ante la presencia de un error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo con tergiversación de las reglas de la sana crítica, en violación de las normas procesales aplicables, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal e insostenible en la discriminación axiológica (conf. doctr. causa A. 72.375, "Mazza", sent. de 12-VII-2017).
Entiendo que la impugnante no logra demostrar un vicio de esas características que justifique revertir lo decidido por los jueces de grado. En particular, en cuanto la Cámara decidió que las diferencias salariales reclamadas por los actores no habían sido demostradas y que los haberes previsionales de estos fueron liquidados conforme al marco jurídico aplicable a ellos.
Por el contrario, la recurrente se opone a la apreciación realizada por el Tribunal de Alzada con base en consideraciones que se sustentan en un criterio propio, sin demostrar el referido vicio, que se configura cuando el fallo incurre en un error palmario, grosero y manifiesto que conduce
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