Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75196
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A 75.196, "Castro, Nestor c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos. Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Genoud, Pettigiani.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor, y confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la demanda promovida (v. fs. 388/394).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el demandante dedujo recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 395/412), que fue concedido a fs. 413 y vta.
Oído el Procurador General (v. fs. 419/423 vta.), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 424) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor, y confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de autos de obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 79 de la ley 13.982 y la consecuente obtención del ascenso al cargo superior.
Para resolver como lo hizo, primeramente recordó que si bien el derecho a la carrera administrativa se vincula con el derecho al ascenso y la posibilidad de todo agente público de mejorar su situación de revista, ello no otorga derecho a exigir un nombramiento, sino sólo cuando la ley expresamente así lo determine, supeditándolo al cumplimiento de los diversos requisitos como ser la producción de una vacante, la idoneidad para el cumplimiento de la función a la que se aspira, el respeto al procedimiento de selección legalmente fijado, entre otros.
Expuso que el recurrente fue excluido de los ascensos dispuestos por la resolución n° 846/11 por no reunir la condición exigida por el art. 79 de la ley 13.982, que establece que el personal policial que durante la vigencia de la ley 13.201 y su decreto reglamentario haya ascendido al grado inmediato superior en más de una oportunidad en un año o dos años consecutivos, para obtener un nuevo ascenso deberá cumplir el doble del tiempo mínimo previsto para la jerarquía en la que fuere reubicado.
Advirtió, entonces, que la decisión de la Administración de dejar fuera de los ascensos al señor Castro obedeció a que el nombrado no permaneció el tiempo mínimo establecido en el art. 79, que cuestiona, para la promoción a un cargo superior.
Agregó que de los antecedentes administrativos surge que el interesado ascendió el 1 de enero de 2007 al grado de Subteniente y el 1 de enero 2008 al grado de Teniente, ambos bajo el imperio de la anterior ley -13.201-.
Preciso que la nueva ley 13.982, atento su situación escalafonaria, le impedía ascender al grado de Capitán, pues a la fecha del dictado de la resolución 846/11 no había alcanzado el tiempo de permanencia exigido por la norma en el art. 40, que en su caso ascendía a diez años a contar desde el último ascenso (v. fs. 390 vta.).
En esa inteligencia consideró que, si bien a la luz del anterior régimen el agente habría alcanzado las condiciones exigidas por el entonces art. 36 para promover a un grado superior, lo cierto es que el recurrente no contaba con un derecho adquirido al ascenso por haber cumplido los requisitos exigidos a la luz de una norma ya derogada y concluyó que avalar tal postura importaría consagrar la ultractividad en un asunto que el legislador decidió regular de manera distinta.
En relación a la nueva normativa aplicable y los requisitos previstos para la promoción a una categoría superior, señaló que el actor no pudo acreditar la irrazonabilidad pregonada, pues, por fuera de la frustración de alcanzar las máximas jerarquías del escalafón, no brindó argumentos que demuestren que la exigencia de permanecer un mayor tiempo en el grado inferior –atento a ya haber ascendido en dos oportunidades- resultara arbitraria, irrazonable o absurda, a lo que agrega que, aun cuando pudiera haber sido calificado "apto para el ascenso", tampoco esa circunstancia le otorgaba el derecho pretendido, en tanto la categoría de "Capitán" no se alcanza de forma automática por antigüedad sino también por el procedimiento de selección (cfr. art. 41 y 43, ley 13.982; v. fs. 391).
Con respecto al agravio relativo a la violación a la garantía de igualdad consagrada en el art. 11 de la Constitución local, expresó que ésta, por principio, importa que todas las personas sujetas a una legislación deben ser tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones, al tiempo que prohíbe establecer excepciones que excluyan a unos lo que se concede a otros que se hallan en la misma situación. Dicho ello, analizó los antecedentes de los agentes policiales que invocó el actor con el fin de patentizar la afectación a la igualdad que, a su entender, se configuró con la denegación de su ascenso.
En tal faena, señaló que de la foja de servicio del agente Martínez, se desprendía que, bajo el imperio de la ley 13.201, éste sólo había ascendido en una única oportunidad al cargo de Teniente, por cuanto los demás movimientos obedecieron a reencasillamientos generados a partir de la sanción de la ley 13.982, por lo tanto, el nombrado no se encontraba impedido por la condición establecida en el art. 79 de esta última norma.
De tal modo, concluyó que el agente recién mencionado con el que se comparó el actor, en igual lapso temporal ascendió la misma cantidad de veces que éste, sólo que aquel lo hizo por vez primera dentro del marco de la ley 13.201 y en la segunda oportunidad bajo el amparo de la ley 13.982, a diferencia del señor Castro, que lo hizo las dos veces bajo la vigencia de la derogada ley 13.201 (v. fs. 392 y vta.).
En relación al otro agente, Giangrande, cuyos antecedentes también invocó el demandante, la Cámara precisó que de su foja de servicio surge que ascendió al grado de Subteniente bajo el imperio de la ley 13.201 y al grado de Teniente Primero luego de sancionada la ley 13.982. Con lo cual, este ejemplo presentaba las mismas aristas que el anterior examinado, en que no aplicaba la restricción del art. 79 de la ley 13.982 (v. fs. 392 vta. y 393).
En ese marco, descartó la denuncia por discriminación arbitraria en los ascensos dispuestos por la resolución 846/11 e indicó que, contrariamente a lo sostenido por el actor, el régimen legal atacado, expresaba el ejercicio de una potestad del Poder Ejecutivo sin observaciones en cuanto a su razonabilidad y sí un propósito de paulatina equiparación entre aquellos que progresaron en la carrera más rápidamente con la ley 13.201 -como el actor- con otros que, habiendo ascendido menos veces con el antiguo régimen, se les facilito temporalmente la promoción en el escalafón, criterio normativo que muestra armonía con el principio de movilidad.
En base a ello concluyó que, al momento del dictado de la norma antes mencionada, el actor no estaba en condiciones de ser considerado apto para el ascenso, por haber ascendido en dos oportunidades anteriores en un lapso menor a dos años durante la vigencia de la ley 13.201, atento la restricción razonable contenida en el art. 79 de la ley 13.982.
Agregó que no obstante la expectativa del agente público a progresar en la carrera administrativa, el demandante no acreditó haberse encontrado en ninguna de las situaciones normativamente previstas para acceder a la categoría pretendida, ni logró demostrar la inconstitucionalidad del art. 79 de la ley, por ser violatorio de los derechos a la carrera administrativa, igualdad, propiedad y razonabilidad.
Sostuvo que el cambio normativo tampoco reveló un trato desigual, en la medida en que comprendió a todos quienes se encontraban en la misma situación sin discriminación alguna y sin que se configure a su respecto menoscabo sobre un derecho adquirido, con lo cual, concluyó que el art. 79 de la ley 13.982 no lucía contrario a las garantías constitucionales invocadas (arts. 16 y 17, Const. nac.).
II. Mediante recurso extraordinario de inconstitucionalidad, la parte actora denuncia violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional y sus similares de la Constitución provincial. Acusa asimismo la vulneración del derecho a la carrera administrativa, la estabilidad del empleado público y los derechos adquiridos al nivel escalafonario violado por aplicación del art. 79 de la ley 13.982.
Señala que al momento de entrar en vigencia la ley 13.201, en el año 2004, contaba con diecisiete años de antigüedad dentro de la fuerza policial, que bajo tal régimen fue ascendido a Subteniente el 1 de enero de 2007 y luego a Teniente primero, el 1 de enero de 2008. Destaca que la ley 13.201, en su art. 11 inc. "c" establecía el derecho a la carrera administrativa en igualdad de oportunidades para todo el personal, mientras que el art. 36 regulaba las condiciones o requisitos para el ascenso, entre los cuales no se encontraba el tiempo mínimo o permanencia en el grado inferior.
Refiere que esta situación fue modificada por el art. 79 de la ley 13.982 que, a su entender, estableció un trato discriminatorio respecto de quienes se capacitaron y perfeccionaron. Insiste en señalar que, en el caso, se vulneró el derecho adquirido al ascenso que, afirma, se incorporó a su patrimonio y también el principio de irretroactividad de las leyes.
Argumenta esto último en que el art. 79 en cuestión sanciona un hecho pasado y firme que creó derechos, impidiéndole el derecho a continuar la carrera administrativa. Afirma que la norma carece de razonabilidad al no distinguir situaciones relacionadas con el tiempo de antigüedad en la fuerza o la existencia de actos meritorios.
Sostiene que, en las sentencias dictadas anteriormente, no se analizó debidamente la cuestión relativa a los efectos dañosos que, en su caso, generó la disposición en crisis a su carrera dentro de la fuerza, a la luz de sus antecedentes y antigüedad, efectos que entiende serían contradictorios con la motivación y fundamentos que inspiraron a la ley 13.982.
En razón de ello, afirma que la Cámara omitió analizar la razonabilidad de la norma aplicada a su situación que, al no establecer distingos de ningún tipo, se tradujo de hecho en una sanción, pues hizo posible que personal con menor antigüedad y puntaje acceda a la jerarquía que a él se le negó, vulnerando así la garantía de igualdad (v. fs. 402 vta. y 403).
Insiste que el caso citado del agente Martínez confirma el trato arbitrariamente discriminatorio dispensado a su respecto, pues aquel logró ascender a la jerarquía de Mayor con sólo un año de ejercicio en la anterior de Capitán.
Encuentra vulnerada la igualdad de trato en el hecho de que la norma atacada provocó que efectivos con una antigüedad inferior a los veinte años lograran ascender a Capitán y que otros con menos de veintidós llegaran al grado de Mayor.
Explica que, en definitiva, se produjeron ascensos de efectivos en dos años consecutivos, bajo el imperio de la nueva ley 13.982, mientras que, al actor, por haber ascendido de idéntico modo al amparo del régimen estatutario anterior -ley 13.201-, se le vedó esta posibilidad (v. fs. 403 y vta.).
Concluye que el art. 79 establece una excepción incongruente respecto del contenido general de la ley, que atribuye a motivaciones de orden político y por ello resulta inconstitucional e irrazonable, pues en su caso funcionó como una sanción que impidió el ascenso, cuando en rigor, se trataba de un derecho adquirido con la norma anterior, posteriormente derogada.
En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia de Cámara, se declare la inconstitucionalidad del art. 79 de la ley 13.982 y se le reconozca el ascenso al grado de Capitán del subescalafón general, retroactivamente al 1 de enero de 2011 y que se le abonen las diferencias salariales conforme la liquidación a practicarse.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, corresponde señalar que este Tribunal tiene dicho que el remedio extraordinario previsto en el art. 161 inc. 1 de la Constitución local se abre únicamente en el supuesto de que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local (cfr. causas A. 72.897, "Fredes", sent. de 12-III-2014; Q. 73.428, "Club de Campo Los Pingüinos S.A.", resol. de 10-XII-2014; Q. 74.040, "Fitipaldi", sent. de 11-V-2016; A. 71.403, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 29-III-2017; A. 71.776, "Cementos Avellaneda S.A", sent. de 16-VIII-2017; A. 73.357, "Córdoba Sosa", sent. de 24-IV-2019; e.o.), tal como sucede en la especie, en que se cuestiona la constitucionalidad del art. 79 de la ley 13.982 y el punto ha sido objeto de decisión en la instancia anterior.
No obstante ello, también ha sostenido esta Corte que, en su desarrollo expositivo, el recurso de inconstitucionalidad debe demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas Ac. 32.929, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 30-XI-1984; Ac. 83.866, "Village Cinemas S.A", sent. de 16-IV-2003; Ac. 88.944, "Cirilo", sent. de 11-V-2005; A. 69.574, "Saavedra Zapata", sent. de 30-V-2012; e.o.). Extremo que, adelanto, no se halla debidamente cumplido en autos, lo que sella la suerte adversa del remedio intentado.
Para que la impugnación por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad sea suficiente, es preciso que los argumentos que el recurrente desarrolle se refieran directa y concretamente a los conceptos sobre los que el tribunal sentó su decisión, lo que impone la réplica concreta a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento impugnado contiene (cfr. causa A. 71.801, "D' Angelo", sent. de 30-III-2016 y A. 73.357, cit.).
Esta Suprema Corte tiene dicho que resulta indispensable para una adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inconstitucionalidad la impugnación de las motivaciones esenciales que contiene la sentencia atacada. Tarea que no se cumple cuando el impugnante se limita a anteponer una línea argumental distinta a la del juzgador, omitiendo realizar el reproche oportuno a un basamento primordial del pronunciamiento atacado (causa A. 69.574, cit.).
III.2. Entiendo que el recurso en análisis no rebate los motivos por los cuales la Cámara, confirmó el rechazo de la pretensión.
Veamos.
El recurrente sólo reedita los argumentos esgrimidos en la presentación de fs. 356/367, dejando incólumes los fundamentos expresados por el sentenciante en relación a la constitucionalidad de la disposición cuestionada, vinculados con la inexistencia de un derecho adquirido al ascenso y con la falta de violación a los principios de igualdad y razonabilidad.
III.3. Frente a la conclusión del tribunal de alzada acerca de que en el caso no existe un derecho adquirido al ascenso sobre la base de un régimen derogado, el recurrente se limita a insistir en la violación de los mencionados principios de igualdad y razonabilidad de la norma en cuestión. Al realizar el planteo vinculado al trato discriminatorio hacia su situación jurídica, la Cámara analizó íntegramente los antecedentes de los agentes citados por el actor, evidenciando que no se trató de supuestos similares, sino que, en ambos casos, al haber ascendido en una sola ocasión bajo el régimen 13.201 -a diferencia del recurrente-, no les resultó aplicable la limitación del art. 79 de la ley 13.982.
En este contexto, es preciso advertir que la promoción en la escala jerárquica no es un derecho subjetivo del agente público que pueda generarse por consecuencia necesaria de la producción de una vacante, ni tampoco en virtud del criterio administrativo para su cobertura. Ello, en tanto los cargos no han sido creados por la ley para el empleado o funcionario sino en razón del servicio, siendo insuficiente la sola existencia de vacantes para generar la obligación de cubrirlas por parte de la Administración pública (cfr. doctr. causa B. 67.200, "Elizondo", sent. de 11-II-2009; B. 62.764, "Fontana", sent. de 21-IV-2010; e.o.). Por tal razón, el derecho del recurrente es un derecho en expectativa.
Por otra parte, el goce de un derecho adquirido requiere el cumplimiento de todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en la norma para ser titular del derecho consagrado. De manera que la situación jurídica general de la ley se transforme en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto, que entonces sí se hace inalterable y no puede ser suprimida por una norma posterior sin agravio al derecho de propiedad consagrado en el art. 31 de la Constitución provincial (cfr. causas I. 1.954, "Asociación de Trabajadores del Estado", sent. de 1-IX-2004; B. 62.764, "Fontana", sent. de 21-IV-2010; e.o.).
En el caso, vale la pena reiterarlo, el actor no cumplía con la exigencia establecida en el art. 79 de la ley 13.982, debiendo destacar que la protección que la Constitución acuerda al derecho de propiedad tiene como límite, frente a un cambio del ordenamiento jurídico, que no se afecten los derechos adquiridos al amparo del régimen derogado.
La modificación de una ley por otra no constituye, en el caso, una cuestión constitucional, dado que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones ni a su inalterabilidad (conf. causas B. 60.347, "Cavalieri", sent. de 11-IV-2007 y B. 59.400, "Ameruso", sent. de 8-X-2008 y sus citas).
En consecuencia, no encuentro en la especie reproche alguno a la conducta de la demandada, pues al no vislumbrarse la existencia de derechos adquiridos por parte del reclamante, juzgo que no se verificó la vulneración alegada y, por tanto, que la modificación al régimen de ascenso en el escalafón, dispuesta por la ley 13.982, no devino inconstitucional por afectación del mentado derecho de propiedad del actor.
III.4. Por otra parte, la Cámara, también señaló que el demandante no demostró qué otras situaciones, en igualdad de condiciones a las suyas, habían sido tratadas de un modo diferente y en su perjuicio; argumentoséstos que llegan incólumes a esta instancia extraordinaria por cuanto no fueron debidamente refutados por el recurrente.
La garantía de igualdad ante la ley consagrada por el art. 11 de la Constitución local, no supone, al menos necesariamente, una igualdad aritmética o absoluta (aquella que supondría una imposición matemáticamente igual en su quantum para cada uno de los habitantes) sino la igualdad de tratamiento frente a la igualdad de situaciones o circunstancias (doctr. causas B. 66.779, "Pérez", sent. de 19-II-2015; I. 68.970, "Asociación de Peritos de Asesorías Judiciales del PJPBA Inconstitucionalidad ley 10.724", sent. de 20-V-2015; A. 73.959, "Belloti", sent. de 6-VI-2018; A. 73.211, "Balbastro", sent. de 25-IV-2018; e.o.).
Por ello, para que exista denegación de tal garantía, no solo debe existir discriminación, sino que, además, ésta deberá ser arbitraria. No ocurre así cuando el distingo se basa en la consideración de una diversidad de circunstancias que funda el distinto tratamiento normativo (cfr. causa I. 2.105, "Valentini", sent. de 23-V-2012). Así, las distinciones establecidas en las normas resultan valederas en tanto no obedezcan a propósitos de injusta persecución o un indebido privilegio (cfr. causa A. 68.835, "Bonanno", sent. de 15-IV
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