Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75796
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.796, "Reynoso, Héctor Darío contra Ministerio de Salud. Pretensión Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, de Lázzari, Torres, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazó la pretensión deducida por el señor Héctor Darío Reynoso contra el Ministerio de Salud, tendiente a que se le reconozca su derecho a obtener el pase al agrupamiento personal de servicio y las diferencias salariales pertinentes (cfr. ley 10.430).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor Héctor Darío Reynoso, promovió demanda contencioso administrativa a fin de que se le reconozcan los derechos que le corresponden en función de desempeñarse como chofer de vehículos oficiales desde su ingreso al Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA), esto es, su inclusión en el agrupamiento servicio y el pago de las diferencias salariales pertinentes.
Sostuvo que, en razón de las tareas que desarrolla, debería estar designado como chofer en el agrupamiento servicio y, sin embargo, revista en el cargo de ayudante de mantenimiento del agrupamiento obrero. Señaló encontrarse autorizado para la conducción de vehículos oficiales, mediante resolución 1.278/09 emitida por el Director Provincial de Automotores y Embarcaciones Oficiales de la Provincia.
Finalmente, puntualizó que con fecha 18 de enero de 2010 solicitó su pase al agrupamiento servicio y que en virtud de configurarse el silencio de la Administración, inició la presente litis.
II. La señora jueza de primera instancia a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión deducida y, en consecuencia, ordenó al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a reconocer el derecho del actor a obtener el pase al agrupamiento personal de servicio, con más los salarios correspondientes, y el pago de las diferencias salariales en forma retroactiva al día 18 de enero de 2000.
III. A su turno, la Cámara del fuero con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la pretensión administrativa promovida.
Para así decidir, consideró que el actor no logró acreditar las condiciones legales exigidas para el pase de agrupamiento que reclamaba (cfr. art. 162, ley 10.430).
III.1. Liminarmente, efectúo una reseña de las constancias administrativas agregadas a la causa, de las cuales extrajo: i) que el actor revistaba en la planta permanente de CUCAIBA en un cargo de ayudante de mantenimiento, categoría 02, clase 4, grado XV, agrupamiento 2, con un régimen horario de 48 horas semanales, habiéndose desempeñado como chofer en dicha dependencia desde el 1 de enero de 1991 hasta el 3 de junio de 2008; ii) que posteriormente prestó servicios en comisión -también ejerciendo funciones de chofer- en distintos organismos provinciales (LS 11 Radio Provincia; Coordinación General de la Unidad Gobernador; Departamento Automotor de la Jefatura de Gabinete de Ministros y en la Dirección de Inspecciones del Ministerio de Trabajo); iii) que con fecha 15 de mayo de 2009, el Director Provincial de Automotores y Embarcaciones Oficiales dictó la resolución 1.278, autorizando al actor a la conducción de vehículos oficiales pertenecientes al Poder Ejecutivo provincial; iv) que con fecha 18 de enero de 2010 el agente solicitó su pase al agrupamiento servicio y peticionó -a tal fin- el cese de los servicios en comisión y el pase a cumplir funciones en la dependencia de origen y v) que en virtud de configurarse el silencio de la Administración ante el reclamo efectuado, se suscitó el inicio de la presente litis.
III.2. Luego, señaló que la cuestión a dilucidar radicaba en determinar si asistía derecho al accionante de obtener el pase al agrupamiento servicio, en virtud de las funciones de mayor jerarquía que desempeñaba, para lo cual refirió que la normativa aplicable resultaba ser el art. 162 de la ley 10.430, cuya constitucionalidad -según advirtió- no fue cuestionada.
En ese cometido, indicó que la citada norma establecía que, para la procedencia del cambio de agrupamiento, debía producirse la vacante pertinente; circunstancia que ponderó no se encontraba demostrada por el accionante, como así tampoco el cumplimiento de los demás requisitos exigidos, citando en sustento de esta conclusión el informe producido por el Departamento de Estructuras y Planteles Básicos del Ministerio de Salud.
Bajo estos parámetros, sostuvo que el desempeño del actor de funciones propias de un agrupamiento distinto al que pertenecía, no permitía tener por demostrado el cumplimiento de las exigencias normativas para que proceda la reubicación pretendida, pues el acto administrativo pertinente únicamente se podía dictar en caso de que el agente efectivamente reuniera los requisitos necesarios y sólo ante la existencia de una vacante.
En virtud de lo expuesto, concluyó que no era posible reconocer en esa instancia el derecho pretendido, pues el mismo requería del cumplimiento de recaudos que no pudieron ser comprobados.
III.3. Posteriormente, indicó que la solución adoptada se ajustaba a la doctrina delineada por esta Suprema Corte en materia de empleo público, referida a la carrera administrativa (causas B. 53.443, "Blanchetti", sent. de 25-X-1994; B. 53.996, "Acosta", sent. de 11-VII-1995; B. 52.092, "Rapisarda", sent. de 17-X-1990; B. 52.299, "Sette", sent. de 30-VI-1992; e.o.) y al reconocimiento de diferencias salariales por desempeño de funciones de mayor jerarquía (causas B. 53.525, "Abbatista", sent. de 26-IX-1995; B. 53.522, "Angelini", sent. de 14-III-1995; B. 55.493, "Rodríguez", sent. de 11-III-1997; B. 58.586, "Llopis", sent. de 6-X-2004; e.o.).
IV. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia: a) errónea aplicación de los arts. 162 de la ley 10.430 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; b) violación de los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional y 10, 11, 31 y 39 incs. 1 y 3 de la Constitución provincial y c) errónea aplicación de la doctrina legal de este Tribunal.
IV.1. En primer lugar, manifiesta que la sentencia impugnada aplica erróneamente el art. 162 de la ley 10.430.
Señala que el citado artículo establece las pautas legales que debe seguir la Administración Pública para los ascensos y cambios de agrupamiento de los agentes, a fin de cubrir una vacante cuando la misma se haya producido.
Alega que dicha situación no es la que acontece en la especie, pues en el caso no se trata de determinar si se ha producido una vacante o si corresponde su designación para cubrirla, ya que la función de chofer que ejercía no se encontraba en estado de vacancia, en tanto venía ocupando dicho puesto y desempeñando tal función desde su ingreso al CUCAIBA, contando para ello con autorización formal de la autoridad competente (cfr. resol. 1.278).
En consecuencia, sostiene que en el presente proceso no se trata de indagar si se cumplieron los recaudos de la citada norma para cubrir una vacante, sino de regularizar una situación ilegítima e irregular que le genera perjuicio y que es originada por la propia Administración Pública, al ubicarlo en un cuadro escalafonario que no se corresponde con su función.
IV.2. En segundo lugar, indica que el Tribunal de Alzada realiza una errónea aplicación de la doctrina legal de esta Suprema Corte.
En este sentido, sostiene que la doctrina citada en la sentencia para fundar el rechazo de su pretensión, posibilita revisar la facultad de la Administración Pública de nombrar empleados, otorgar ascensos y ubicarlos en las respectivas categorías del escalafón, en caso de irrazonabilidad, arbitrariedad o lesión de derechos consagrados en la Constitución provincial.
Manifiesta que, en su caso, mediante el accionar arbitrario de la Administración, se han vulnerado diversas garantías constitucionales. A saber:
Violación de la igualdad ante la ley (arts. 16, Const. nac. y 11, Const. prov.). Al respecto, refiere que por decreto 1.810/09 se establecieron una serie de bonificaciones en favor de los agentes que revistaban como choferes del Ministerio de Salud, agraviándose de no percibir dichas bonificaciones pese a cumplir con los requisitos que establece su artículo primero, esto es, desempeñarse como chofer en el citado Ministerio y bajo el régimen de la planta permanente de la ley 10.430.
Entiende que dicha circunstancia, también importa una violación del principio constitucional de igual remuneración por igual tarea (arts. 14 bis, Const. nac. y 39 inc. 1, Const. prov.) ya que, pese a revistar como agente de planta permanente del Ministerio de Salud y desempeñarse como chofer, no se le otorgan los mismos beneficios que a otros agentes en las mismas circunstancias y con iguales funciones.
En la misma línea argumental, alega vulnerada la garantía constitucional de primacía de la realidad (art. 39 inc. 3, Const. prov.) por la flagrante discordancia entre las tareas que desempeña y para la cual -destaca- se encuentra autorizado (cfr. resol. 1.278) y el cargo y agrupamiento al que formalmente pertenece.
Aduce que ello, le genera un perjuicio económico, ya que el sueldo que percibe como ayudante de mantenimiento del agrupamiento obrero en el que revista, es sustancialmente menor al que debería percibir si formal y efectivamente estuviera designado con el cargo de chofer en el agrupamiento servicio, lo cual violenta su derecho constitucional de propiedad (arts. 17, Const. nac.; 10 y 31, Const. prov.).
Como corolario, postula que al existir lesión de derechos constitucionales es posible -con base en la doctrina legal de esta Suprema Corte- revisar la facultad de la Administración Pública de nombrar empleados, otorgarles ascensos y ubicarlos en las respectivas categorías del escalafón.
Por su parte, achaca de errónea la doctrina legal invocada por la Cámara para fundar el rechazo de las diferencias salariales reclamadas, en virtud de que -según sostiene- resulta procedente su designación, con carácter retroactivo, toda vez que se han visto afectadas garantías de índole constitucional.
IV.3. Finalmente, aduce que la sentencia en crisis vulnera el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, al hacer cargar sobre su parte las consecuencias negativas de la falta de prueba de los presupuestos fácticos de la norma legal que invocó la demandada en su defensa, entre ellos, la falta de acreditación de la vacante respectiva para proceder al cambio de agrupamiento (cfr. art. 162, ley 10.430).
V. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
V.1. La facultad revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (doctr. causa A. 74.738, "Guidotti", sent. de 28-VIII-2019).
En efecto, ni la mera disconformidad con la norma actuada por la Cámara, ni la alegación genérica de la violación de la doctrina de este Tribunal o de preceptos constitucionales, alcanzan para abastecer la suficiencia técnica del embate que -así formulado- deja incólume el pronunciamiento de alzada por falta de cuestionamiento idóneo (causa A. 75.455, "Colturi", sent. de 26-XII-2019).
V.2. En primer lugar, advierto que el reproche que propone la parte interesada hacia la labor jurisdiccional se limita a disentir con el marco normativo que la Cámara actuante consideró aplicable -art. 162 de la ley 10.430- y a partir del cual, juzgó que el actor no sufragaba las condiciones legales para el pase de agrupamiento que reclamaba.
En este sentido, el Tribunal de Alzada señaló que la citada norma establecía que -para la procedencia del cambio de agrupamiento pretendido- debía producirse la vacante pertinente; circunstancia que ponderó no se encontraba demostrada por el accionante, como así tampoco el cumplimiento de los demás requisitos exigidos, citando en sustento de esta conclusión el informe producido por el Departamento de Estructuras y Planteles Básicos del Ministerio de Salud.
Bajo estas condiciones, sostuvo que el desempeño de funciones propias de un agrupamiento distinto, que el actor invocara como fundamento de su pretensión, no permitía tener por demostrado el cumplimiento de las exigencias normativas para que proceda la reubicación estatutaria, pues el acto administrativo pertinente únicamente se podía dictar en caso de que el agente efectivamente satisficiera los requisitos necesarios y sólo ante la existencia de una vacante. Adunó que la solución adoptada se ajustaba a la doctrina delineada por esta Suprema Corte en materia de empleo público.
Ahora bien, el impugnante plantea en esta instancia extraordinaria que la norma actuada no resulta aplicable al supuesto de autos, puesto que -a su entender- en el presente proceso no se trata de indagar si se cumplieron los recaudos previstos por el art. 162 de la ley 10.430 para cubrir una vacante, sino de regularizar una situación ilegítima e irregular que le genera perjuicio y que es originada por la propia Administración Pública, al ubicarlo en un cuadro escalafonario que no se corresponde con su función.
Al respecto puede observarse que el discurrir del recurrente sólo evidencia su discrepancia subjetiva con el fallo, pero en modo alguno demuestra la errónea aplicación de la norma actuada (art. 279, CPCC).
En efecto, las conclusiones efectuadas por el Tribunal de Alzada respecto de la improcedencia de la pretensión sobre la base de la falta de cumplimiento de los requisitos allí exigidos, constituye un fundamento que llega indemne a esta instancia extraordinaria por falta de cuestionamiento efectivo (causa A. 74.698, "Zago", sent. de 8-V-2019).
Como se advierte, sus argumentos no van más allá de meros disentimientos personales que no consiguen demostrar una errónea aplicación de la ley y, menos aún, logran válidamente acreditar que la sentencia no constituye una derivación razonada del derecho vigente; sino que se limitan a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causa A. 72.243, "Fittipaldi", sent. de 29-VI-2016).
En tal sentido, tiene dicho esta Suprema Corte que, es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley si el recurrente expone su propio criterio, distinto al del sentenciante, en orden a la interpretación de las disposiciones a las que se han subsumido los hechos, sin lograr demostrar que haya existido una errónea aplicación o interpretación del plexo normativo en cuyos términos se funda la sentencia, tal como lo exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causa A. 74.738, cit.).
Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo pues, como ha afirmado este Tribunal, deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada, y se dedica a criticarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (doctr. causa A. 74.723, "Nosei", sent. de 6-XI-2019).
V.3. Las razones que anteceden, ponen de relieve que tampoco puede tener favorable acogida el agravio referido a la errónea aplicación de la doctrina legal de este Tribunal, pues al desentenderse del fundamento central del fallo, esto es, que el actor no sufragó las condiciones legales para el pase de agrupamiento pretendido, el recurrente no logra demostrar que la sentencia en crisis transgreda la interpretación efectuada por esta Suprema Corte sobre los tópicos en cuestión.
En efecto, con base en la aludida deficiencia, la Cámara consideró improcedente el reconocimiento de los derechos pretendidos -cambio de agrupamiento y diferencias salariares- no advirtiendo la errónea aplicación de la doctrina de esta Corte sentada en los precedentes aplicados en la sentencia impugnada.
V.4. Por lo demás, el impugnante denuncia que la sentencia vulnera las reglas que rigen la carga de la prueba (art. 375, CPCC), al exigirle demostrar los presupuestos fácticos de la norma legal que fuera invocada por la demandada para su defensa.
Sobre el tópico, esta Suprema Corte tiene dicho que los aspectos ligados a la eventual alteración de las reglas que gobiernan el onus probandi , no pueden ser abordados en la instancia extraordinaria salvo que se invoque y demuestre que el tribunal de grado incurrió en absurdo (doctr. causa A. 71.957, "Botazzi", sent. de 11-VII-2018), circunstancia que -en la especie- no ha sido alegada y menos aún demostrada.
V.5. Asimismo, resta señalar que la invocación de quebrantos de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la transgresión de otras normas legales, no acreditada en el caso (doctr. causa A. 75.641, "Ibarguren", sent. de 28-VIII-2019).
VI. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la parte actora (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/08/2020 10:18:51 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 03/08/2020 11:45:50 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 03/08/2020 15:11:38 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 04/08/2020 18:27:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2020 09:41:38 - MARTIARENA Juan Jose
Fin de la sentencia