Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75094
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.094, "Cataldo, Juan Carlos c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Pettigiani, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimara la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por el señor Juan Carlos Cataldo contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 225/228).
Disconforme con dicha decisión, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 233/242), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 244/245.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 247) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial La Plata desestimó la demanda promovida por el señor Juan Carlos Cataldo contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendiera: a) el reajuste de su haber jubilatorio por considerar que su cálculo inicial debía ser determinado sobre la base de las categorías 101 -Jefe Principal de Departamento de Segunda- y 104 -Jefe de Departamento de Segunda-, en forma proporcional, con más los adicionales variables abonados en los últimos cinco años, aplicando el 82% móvil al resultado del cálculo; b) el pago de las diferencias salariales que correspondieren en tal concepto desde la fecha que se otorgara el beneficio; y c)la declaración de inconstitucionalidad del último párrafo del art. 54 de la ley 13.364 -texto según ley 13.873- (v. fs. 197/201).
I.1. En primer orden, conforme al alcance de la pretensión esgrimida por el accionante, los antecedentes fácticos de la causa y el postulado según el cual el derecho a la prestación previsional y su determinación se rige por la ley vigente a la fecha de producirse el hecho que determina la concesión del beneficio el juez de grado consideró que el demandante había obtenido su prestación previsional el día 21 de enero de 2009, bajo la vigencia de la ley 13.364, texto según ley 13.873, determinándose su haber conforme el art. 54, que establecía que para determinar el importe inicial se requería haber cumplido cinco años en el cargo y que si este período fuese menor, el cargo jerárquicamente superior se considerará complementario con el inferior, regulándose el haber por este último.
I.2. Con relación al planteo de inconstitucionalidad de esta última disposición, el magistrado expresó que la parte actora pretendía se le aplicara la redacción original del art. 54 sin la modificación de la ley 13.873, que había dispuesto que la prestación se acordaba conforme al 82% móvil de las remuneraciones sujetas a aportes durante el período de los últimos cinco años.
Precisó que no era posible afirmar la existencia de un derecho adquirido al mantenimiento del sistema de cómputo del haber, con motivo de que, al tiempo de cumplir los recaudos legales para la obtención del beneficio, la norma no se encontraba vigente.
Sostuvo que la ley 13.873 no violaba la garantía prevista en el art. 17 de la Constitución nacional, toda vez que el cambio de un determinado régimen jurídico no podía concebirse per se , como una afectación de derechos adquiridos, en tanto no se verificaba una concreta lesión a prerrogativas incorporadas al patrimonio.
I.3. A mayor abundamiento, destacó que el modo de determinar el haber inicial establecido en el art. 54 de la ley 13.364, texto según ley 13.873, era una solución legislativa similar a la contenida en otros regímenes previsionales (conf. arts. 41, dec. ley 9.650/80 y 16, ley 13.236), por lo que no se vulneraba el principio de igualdad.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia (v. fs. 225/228).
II.1. En primer lugar, sostuvo que el apelante no había demostrado el desacierto interpretativo o una errónea o insuficiente valoración de las circunstancias fácticas, probatorias y jurídicas efectuadas por el juez de primera instancia.
II.2. Luego, advirtió que el fallo impugnado no hacía sino reiterar el criterio que ella misma había seguido en otros precedentes que, en el punto determinante del litigio, resultaban análogos (causas n° 14.131 y 15.301; e.o.).
Sobre esa base, sostuvo que el accionante se desentendía de la regla de acuerdo a la cual la obtención y gobierno del haber jubilatorio se rige por el régimen legal vigente a la fecha del cese.
II.3. Señaló que es en función del carácter contributivo del sistema previsional que el alcance de las prestaciones determinadas al momento del otorgamiento, carezcan de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así otorgados guardaba relación directa con los requisitos de acceso.
De esa manera consideró que no existía una situación consolidada que permitiera determinar un derecho adquirido, toda vez que al momento de cumplirse con los recaudos legales para la obtención de la jubilación la norma cuya aplicación se reclamaba no se encontraba vigente.
II.4. Notó que la modificación introducida por el art. 6 de la ley 13.873 al art. 54 de la ley 13.364, comportaba una decisión legislativa compatible con el referido axioma.
Remarcó que ninguno de los argumentos esgrimidos por el accionante justificaba la declaración de inconstitucionalidad pretendida y que, ni los antecedentes citados como así tampoco la discrepancia formulada, eran suficientes a esos fines.
A partir de allí, consideró que el planteo de invalidez del último párrafo del art. 54 de la ley 13.364 -texto según ley 13.873- carecía de asidero y que lo expresado en el "Boletín Noticaja" del mes de marzo de 2010 no constituía un elemento conducente para acreditar la inconstitucionalidad alegada.
II.5. Para más, interpretó que la condición de tener que cumplir un mínimo de cinco años en el desempeño del cargo, no se erigía como una imposición irrazonable o desproporcionada, al sopesarla con el resto de los deberes y cargas de los afiliados y sujetos obligados, a la luz de los fines que persigue el sistema previsional en su conjunto.
II.6. Finalmente, consideró que la cita que efectuara el juez de primera instancia de otros regímenes que establecían similares reglas al que se cuestionaba en autos, constituía un elemento comparativo que traslucía la adopción de criterios uniformes en tanto comportaban pautas razonables e igualitarias.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 233/242, el actor denuncia: a) violación de la doctrina legal sentada por esta Corte en las causas B. 54.929, "Bardi", sentencia de 30 de mayo de 1995; B. 56.123, "Sarandria", sentencia de 12 de mayo de 1998; y en diversas acciones de inconstitucionalidad que cita; b) vulneración a los derechos de propiedad, igualdad ante la ley, defensa en juicio y a la movilidad previsional consagrados en los arts. 14, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional y a la protección a la vida, a la tutela judicial continua y a la salud, contemplados en los arts. 10, 12 incs. 1 y 3 y 15 de su par provincial; y c) transgresión a los arts. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 1, 8, 21, 25 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y a las leyes 20.744 -por lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75- y 11.761 -modificada por las leyes 13.364 y 13.873-.
Finalmente, alega que la sentencia impugnada es arbitraria.
III.1. La parte actora, luego de reseñar los antecedentes de la causa, funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. punto IV, a fs. 233/242).
III.1.a. Esgrime en primer orden que, tanto el juez de primera instancia como el tribunal de Alzada interpretaron de modo desacertado que la demanda promovida perseguía aplicar la ley 13.364 para la obtención de su beneficio jubilatorio y que esa cuestión no surgía del escrito de inicio, ni del alegato o la expresión de agravios.
Precisa que pretendía que se le reconociera su derecho a que se reliquidara su haber inicial a partir de las categorías 101 y 104 en forma complementaria, planteando la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 54 de la citada ley, modificado por la ley 13.873, que establecía que para su determinación, en todos los casos, se requerirá haber cumplido en el desempeño del cargo un período mínimo de cinco años y si este fuese menor, el puesto jerárquicamente superior se considerará complementario con el inferior "regulándose el haber por este último cargo".
Aduce que ese agregado legislativo entrecomillado es el que tachó de inconstitucional al lesionar su derecho de propiedad por cuanto desconoce los aportes efectivamente realizados a la Caja previsional demandada en situación de activo. A su vez, señala que, a consecuencia de ello, se redujo el monto inicial de su jubilación, como así también la movilidad futura que le hubiera correspondido.
De tal modo, especifica que se ha soslayado lo que aportara durante tres años, un mes, y veinte días como Jefe Principal de Departamento de Segunda, categoría 101 y entiende que se debió calcular su beneficio inicial complementándose las diferentes categorías hasta llegar a cubrir los cinco últimos años, en razón de resultar una solución más acorde con los aportes realizados.
III.1.b. Asimismo, sostiene que la Cámara vulneró el principio de igualdad con motivo de que la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires abona beneficios que se han concedido bajo distintos regímenes (leyes 5.678, 11.322, 11.761 y 13.364), cuyos haberes iniciales se determinaron de diversa forma.
Esgrime que la modificación efectuada al art. 54 de la ley 13.364 por el art. 6 de la ley 13.873 si bien se condice con los aportes efectuados al organismo previsional al establecer la complementariedad del cargo superior -para el caso de que no se cumpliera un período mínimo de cinco años-, se contradice al determinar el haber inicial por el cargo inferior.
III.1.c. En otro orden alega que el a quo omitió abordar el agravio referido a la supuesta antinomia en que incurrió la ley 13.873, pues por un lado receptó que para el cálculo del haber inicial se ha de considerar la continuidad de una categoría por cinco años y, por la otra, previó el promedio de los adicionales de los últimos cinco años respecto a los aportes de la categoría que hubiere obtenido en dicho período.
Aduce que esa situación fue demostrada por la planilla suplementaria agregada al expediente administrativo adjuntado a esta causa y constituye una prueba contundente de la incompatibilidad que fuera invocada.
III.2. También esgrime que la Alzada no observó los arts. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos que consagran el principio de no regresividad.
III.3. Por último, denuncia que la sentencia impugnada incurre en arbitrariedad.
IV. El recurso no puede prosperar en razón de la manifiesta insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
IV.1. En lo que atañe al agravio relacionado al alcance de la pretensión deducida, la cual se dice que habría sido mal interpretada, aquél no es procedente.
En efecto, respecto a esa cuestión, la Cámara interviniente consideró que el apelante no había demostrado un desacierto interpretativo o una valoración errónea de las circunstancias fácticas, probatorias o jurídicas efectuadas en el pronunciamiento de primera instancia y, por ello, confirmó lo allí decidido, que preliminarmente había delimitado el alcance de la pretensión esgrimida en el escrito de inicio.
Se impone recordar que la labor de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto solo puede revisarse en casación en la medida en que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo o la violación del principio de congruencia, extremos que no han sido denunciados, ni mucho menos acreditados en estos autos (doctr. causas C. 120.125, "Carugatti", sent. de 24-VIII-2016; C. 119.875, "Consorcio de propietarios Avenida Maipú", sent. de 23-XI-2016; A. 74.195, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Tribunal Fiscal de Apelación", sent. de 21-XI-2018; e.o.).
Esta Corte ha puntualizado que la interpretación del contenido y el alcance de las pretensiones de las partes formuladas en los escritos liminares del proceso representa una facultad de los jueces de las instancias ordinarias, solo revisable en casación en caso de absurdo, el que no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente ya que se requiere un error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (doctr. causas C. 116.213, "M., F.A.", sent. de 24-IV-2013; A. 72.282, "Murua", sent. de 21-VI-2017; A. 74.195 cit; e.o.), lo que reitero, no se denunció ni se demostró en el sub lite .
IV.2. De otro lado, respecto al planteo de inconstitucionalidad formulado acerca del último párrafo del art. 54 de la ley 13.364, texto según ley 13.873, observo que el escrito en el que se interpone y funda el remedio procesal en estudio no constituye una réplica idónea a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial posee y no se ha denunciado y acreditado el absurdo acerca de la ponderación de los elementos de prueba efectuada por el Tribunal de Alzada.
IV.2.a. En efecto, la Cámara para rechazar la referida cuestión, consideró que esta comportaba una decisión legislativa compatible con el principio rector en materia previsional que remitía al régimen legal vigente a la fecha de cese de servicios para conceder y determinar la prestación jubilatoria del demandante.
De allí en más, concluyó que la condición que estableciera el precepto legal tachado de invalido -tener que cumplir cinco años de desempeño en el cargo como mínimo- no se erigía como una imposición irrazonable o desproporcionada, al analizarlo de consuno con el resto de los deberes y cargas de los afiliados y sujetos obligados y los fines que busca alcanzar el sistema previsional en su conjunto.
Finalmente, consideró que la cita que efectuara el juez de primera instancia de otros regímenes que establecían reglas semejantes constituía un elemento comparativo que traslucía la adopción de criterios uniformes.
IV.2.b. El recurrente, lejos de controvertir la decisión del a quo , se limita a argumentar en paralelo, perdiendo de vista las razones que se expusieran por la sentencia impugnada.
Así, reitera consideraciones anteriormente formuladas y que tuvieron respuesta en el pronunciamiento atacado, insistiendo sobre la "evaporación" de los aportes previsionales sin abordar adecuadamente los argumentos del Tribunal de Alzada expresados para confirmar lo decidido por el juez de primera instancia.
Sobre el punto, esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible de una adecuada fundamentación la impugnación concreta, directa y eficaz a las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas A. 71.152, "Formoso", sent. de 12-IX-2013; A. 70.139, "Falasconi", sent. de 28-IX-2016; A. 74.706, "Gallina", sent. de 12-VII-2017; e.o.).
Asimismo, ha expresado que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer el propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron desechadas por el juzgador y cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas, lo que conlleva el rechazo de los reproches desplegados (doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; e.o.).
IV.2.c. En esta parcela tampoco el impugnante denunció ni demostró el desvío lógico en la decisión del Tribunal de Alzada referida a la ausencia de elementos conducentes a fin de que acreditar la invalidez parcial del precepto legal cuestionado.
Las meras discrepancias con la decisión de la Cámara -como se advierte de lo expuesto por el impugnante- no es base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica poner de relieve un error palmario y fundamental (doctr. causas A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-2009; A. 75.277, "Albanese", sent. de 29-V-2019; A. 73.808, "Alanis", sent. de 5-VI-2019; e.o.).
IV.2.d. A su vez, la denuncia de arbitrariedad del pronunciamiento expuesta en el punto VI de la pieza recursiva (v. fs. 239 y vta.) es inatendible atento a su manifiesta insuficiencia.
La parte actora se limita, en dos escuetos párrafos, a hacer una genérica referencia al modo en que se configura -a criterio de esta Corte- la sentencia arbitraria, mas no cumple con la carga de demostrar efectivamente de qué forma el vicio alegado se conforma en el pronunciamiento impugnado.
Tan escueta argumentación, impide su abordaje e impone también el rechazo de este agravio (CSJN Fallos: 331:477).
IV.3. Tampoco es de recibo el agravio vinculado a la omisión en el tratamiento de la cuestión relacionada al modo de reconocimiento legal de los adicionales de los últimos cinco años de aportes (v. fs. 237 vta.).
Sobre este punto, es pertinente señalar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal no es apropiado para canalizar reclamos por omisión de cuestiones esenciales o falta de fundamentación de la sentencia en el texto expreso de la ley, resultando la vía adecuada para tales impugnaciones el recurso extraordinario de nulidad (doctr. causas A. 70.280, "Couturier", sent. de 19-IX-2012; A. 70.359, "Retamar", sent. de 3-XII-2014; e.o.).
IV.4. Asimismo, no merece acogida el alegado apartamiento de la doctrina legal de este Tribunal.
Si bien el recurso enuncia la violación de precedentes de esta Corte, omite desarrollar de qué manera habrían sido erróneamente aplicados o transgredidos y cómo ellos se relacionan con la decisión coniderada ilegítima de la Cámara, incumpliendo de ese modo la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos, de la doctrina de este cuerpo que se aduce violada o erróneamente aplicada.
Es que la cita de pronunciamientos de esta Corte debe ser claramente explicitada en su relación material con los hechos debatidos y en el caso, por el contrario, se anuda en forma genérica y desvinculada de todo dato objetivo de la causa.
Para más, deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.