Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75630
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto atento a la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68, primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.630, "Montoto, Obdulia Ilda c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan, Pettigiani, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y por ello, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimara la pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos deducida por la señora Obdulia Ilda Montoto (v. fs. 255/260).
Disconforme con dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 19 de junio de 2018, 4:21:50 p.m.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 266/267.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 266/267) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora y, por ello, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimara la pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos deducida por la señora Obdulia Ilda Montoto, por la cual persiguiera la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. "e", 22 segundo párrafo, 25, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 67 de la ley 11.761, la liquidación de su beneficio de pensión conforme la ley vigente a la fecha de cesación de servicios de quien en vida fuera su cónyuge y el pago de las diferencias que correspondieren en tal concepto, con más los aumentos paritarios y todo otro rubro salarial reconocido a los activos. Finalmente, impuso las costas en el orden causado (v. fs. 255/260).
I.1. Para así decidir, reprodujo los fundamentos consignados en casos análogos resueltos por el Tribunal de Alzada (causas 14.131, "Actis Goretta" y 15.301 "Conde"; e.o.) y puntualizó, conforme a lo allí decidido, que correspondía confirmar la sentencia de primera instancia que dispuso la aplicación del principio general que rige la materia previsional atinente a que el marco jurídico aplicable en el caso corresponde al vigente a la fecha de su otorgamiento, aunque con la movilidad que le es inherente desde su reconocimiento (conf. art. 39 inc. 3, Const. prov.).
Expresó que las prestaciones se encuentran sujetas a exigencias determinadas al momento de concederse y que carecen de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así alcanzados siempre guarda relación directa con los requisitos de acceso a ellos, entre los que destaca la determinación de la base de cálculo del haber (conf. art. 75 y concs., ley 11.761).
Consideró que la ley 11.761 resulta de aplicación a un bloque que incluye la base de cálculo del haber y así el porcentual respectivo, sin perjuicio de la movilidad que le correspondiere.
Bajo tal contexto fáctico y jurídico sostuvo que acierta el juez de primera instancia al considerar que los principios generales que rigen la materia previsional impedían que las situaciones consumadas al amparo de dicho marco pudieran sufrir impacto futuro por disposiciones que modificaren la concepción integral, para un mecanismo que debe comprenderse como totalidad.
I.2. En otro orden, entendió que, atento al modo en que se resolvía la pretensión, era inoficioso tratar el agravio atinente a los aumentos salariales no remunerativos y que no surgía claramente que dicho planteo revistiera el carácter de autónomo.
A todo evento señaló que, al no haberse aportado elementos decisivos que respaldaren su reclamo -a excepción de la prueba informativa producida que da cuenta de los acuerdos salariales suscriptos con los representantes de la Cámara Empresaria-, correspondía rechazar esa petición con base en el déficit probatorio aludido.
II. Contra el mentado pronunciamiento la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 19 de junio de 2018, 4:21:50 p.m.).
II.1. Se agravia en cuanto la Cámara entiende aplicable a la obtención de su beneficio de pensión, la ley vigente al tiempo de fallecimiento del causante (ley 11.761).
Aduce en sentido contrario a lo afirmado por el Tribunal de Alzada que su prestación previsional es derivada de la que poseía su esposo fallecido, quién obtuvo su jubilación bajo el régimen de la ley 5.678, por lo que señala que el cálculo y determinación de su haber previsional debe efectuarse conforme a dicho marco legal.
Alega que la sanción de la ley 11.761 vulneró el derecho de propiedad de su cónyuge al haber afectado la movilidad jubilatoria, que luego más tarde se extendiera a su beneficio pensionario.
Alude que, ante tal situación, planteó la inconstitucionalidad de los arts. 22 segundo párrafo, 25, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 67 de la ley 11.761 y, de modo especial, precisa que es evidente la invalidez del citado art. 25 en cuanto dispusiera que el derecho a las prestaciones se regía por la citada ley, cualquiera haya sido la vigente a la fecha de cese de la actividad o muerte del causante o del día presuntivo de su fallecimiento declarado judicialmente, según correspondiera.
Invoca en sustento de lo expresado la doctrina de este Tribunal emergente de la causa I. 1.914, "Saporiti", sentencia de 3-VIII-2006 en torno a la invalidez de aquel precepto legal.
Entiende que al haber su esposo adquirido su jubilación bajo el amparo de la ley 5.678, su pensión debe ser equivalente al 75% del 82% móvil de la remuneración con aportes correspondiente a la mayor categoría alcanzada por el escalafón conforme el art. 40, segundo párrafo, de la ley 5.678 y ajustándose según los arts. 39 y 40 de dicho cuerpo legal.
Alega que tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal, han receptado el principio de la proporcionalidad que debe existir entre el haber de la pasividad y el de la actividad, y cuando se produce un desequilibrio irrazonable, que afecta el nivel de vida que le correspondería al trabajador de haber seguido en actividad, se configura una violación de las garantías previstas en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional.
Reitera los fundamentos expuestos en las instancias anteriores respecto al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 22 segundo párrafo, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 67 de la ley 11.761 y sostiene que ellos transgreden su derecho de propiedad por cuanto importan una reducción de su haber pensionario.
De modo especial aduce que los arts. 54 y 57 de la ley 11.761 implican una vulneración a los principios de progresividad y prohibición de regresividad receptados por los arts. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de su par provincial y en el caso "Aquino" fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A su vez sostiene que, la sanción de la ley 11.761 desconoce el principio de proporcionalidad y el carácter sustitutivo de las prestaciones, emergentes de la causa "Sanchez" y el principio de movilidad reconocido en el caso "Badaro", ambos resueltos por el citado superior tribunal nacional. Señala que la forma de calcular la pensión implicó una reducción en más del 50% del sueldo del activo correspondiente al cargo que ocupara su esposo. Agrega que la ley 13.364 reconoció que los derechos de los jubilados y pensionados estaban alterados en forma sustancial por el dictado de la ley 11.761, asumiendo la Provincia de Buenos Aires el carácter de garante del financiamiento de la Caja previsional. Asimismo, aclara que estableció que el régimen legal aplicable a los beneficios es el vigente al cese en los servicios y los cuales se calcularán según el 82% móvil del haber de los activos.
Finalmente alega que la Caja mantiene la aplicación de la ley 11.761 generando una discriminación entre los beneficiarios que se desempeñaron laboralmente en un mismo cargo y función.
II.2. En otro orden, entiende que los aumentos reconocidos en las paritarias de los años 2009, 2010, 2011 hasta la actualidad deben considerarse remunerativos conforme el convenio 95 de la Organización Internación del Trabajo (OIT) que define lo que se entiende por salario y que la calificación de aquellos como no remunerativos es inconstitucional.
Por último, aduce que en forma convencional no puede determinarse la naturaleza remunerativa o no de un rubro salarial, por lo que toda cláusula que establezca esa condición es nula. Invoca a tal fin los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaídos en las causas "Perez" (Fallos 332:2043) y "González" (Fallos 333:699), que señalaron que la naturaleza de una institución debe ser definida por los elementos que la constituyen con independencia del nombre que el legislador o los particulares le atribuyan.
III. El recurso intentado no puede prosperar en razón de la manifiesta insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
III.1. Observo que el escrito en el que se interpone y funda el remedio procesal en estudio no constituye una réplica idónea a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial posee, más allá del acierto o error de la decisión que adopta.
Sobre el punto, esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz a las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurso se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas A. 71.152, "Formoso", sent. de 12-IX-2012; A. 70.139, "Falasconi", sent. de 28-IX-2016; A. 74.706, "Gallina", sent. de 12-VII-2017; e.o.).
III.1.a. La Cámara, al confirmar el pronunciamiento de primera instancia en cuanto rechazara el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. "e", 22 segundo párrafo, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 67 de la ley 11.761, consideró que la sentencia de grado se correspondía con una regla general que es de rigurosa aplicación en materia previsional y que remitiera al régimen legal con vigor a la fecha de otorgamiento para establecer el aplicable al beneficio de pensión.
Resaltó que el régimen de la ley 11.761 resultaba de aplicación y que la prestación carecía de modificación en lo que se refiere a la determinación de la base de cálculo del haber previsional (conf. art. 75 y concs., ley 11.761).
Frente a ello, y desentendiéndose de tales argumentos, la recurrente insiste en propugnar su propio criterio interpretativo y se limita a reiterar consideraciones anteriormente formuladas en su escrito de apelación sobre la insistente aplicación de la ley 5.678 a su situación previsional.
En lo que respecta, la actora sin mayores argumentos insiste en que la norma que debe regir su beneficio pensionario es aquella bajo la cual el causante accedió a la jubilación. Tal decisión, que no guarda vinculación con la normativa, se muestra como una afirmación dogmática, sin el debido desarrollo argumental.
A la inconstitucionalidad de los arts. 22 segundo párrafo, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 67 de la ley 11.761, con sustento en la vulneración del derecho de propiedad y de los principios de progresividad y prohibición de regresividad, la recurrente no aborda adecuadamente las razones argumentales expresadas por el Tribunal de Alzada para confirmar la sentencia de primera instancia. La impugnante argumenta en paralelo, no constituyendo tal proceder un embate idóneo a los fines recursivos.
Tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador y cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas -como ocurre en el caso-, lo que conlleva el rechazo de los reproches desplegados (doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; e.o.).
Por lo tanto, los razonamientos traídos a esta instancia se apartan de la línea reflexiva que llevó a los juzgadores a arribar a las conclusiones adversas a sus intereses, luciendo como meras afirmaciones dogmáticas, pues no constituyen una crítica concreta a los fundamentos dados por el pronunciamiento impugnado.
III.1.b. Tampoco deviene un argumento idóneo para revertir lo decidido la alegada infracción a la doctrina legal emergente de la causa I. 1.914, "Saporiti", sentencia 8-III-2006, invocada por la recurrente, habida cuenta que la cita de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley si no se relacionan aquellos con el supuesto concreto de autos, ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio.
Así pues, en dicho precedente los accionantes accedieron a su beneficio previsional bajo el amparo de las leyes 5.678 y 11.322; situación que difiere a la de la recurrente que obtuvo su prestación pensionaria conforme las previsiones de la ley 11.761.
Del mismo modo es ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas A. 73.288, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 73.528, "Dáttolo", sent. de 21-VI-2017; A. 74.458, "Scaglia", sent. de 19-XII-2018; e.o.).
III.2. En otro orden, tampoco la recurrente controvierte por absurdidad la denegatoria del reconocimiento de reajuste de sus haberes previsionales en base a los adicionales "no remunerativos" establecidos por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires para los agentes en actividad.
En efecto, el Tribunal de Alzada desestimó el reclamo impetrado por dos razones: a) era inoficioso atento al modo en que se resolvía la pretensión deducida y el planteo no era autónomo; y b) por no haberse aportado elementos decisivos que respaldaren su petición, sólo la prueba informativa producida, que consiste en los acuerdos salariales suscriptos con los representantes de la Cámara Empresaria.
Respecto a esa última consideración corresponde señalar que indagar en cada hipótesis la naturaleza jurídica de los importes reconocidos a los activos se presenta frente a esta Suprema Corte y su competencia recursiva como una cuestión de hecho y prueba que, por regla general, resulta ajeno, irrevisable salvo absurdo (doctr. causas A. 74.407, "Andrade", sent. de 11-VII-2018; A. 74.831, "Fontana", sent. de 8-V-2019; e.o.). Y tal vicio se configura, según ha expresado esta Corte, sólo ante la presencia de un error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo con tergiversación de las reglas de la sana crítica, en violación de las normas procesales aplicables, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal e insostenible en la discriminación axiológica (conf. doctr. causa A. 72.375, "Mazza", sent. de 12-VII-2017).
La impugnante no denuncia y lógicamente tampoco logra demostrar un vicio de esas características que justifique revertir lo decidido por los jueces de grado.
En dicho contexto, la crítica es ineficaz, toda vez que no denuncia ni aporta una explicación que compruebe la existencia de una desinterpretación palmaria o grosera de las constancias objetivas de la causa, con entidad suficiente para configurar el absurdo.
III.3. Los argumentos traídos por la recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente con base en la normativa que debía aplicarse en el caso (convenio 95, OIT) y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Respecto a ese último planteo cabe señalar que este Tribunal tiene dicho que la invocación de precedentes de otros tribunales -como los mencionados en forma dispersa a lo largo de sus exposiciones- no resulta eficaz para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley porque no constituyen la "doctrina legal" a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, aunque se trate de los fallos del Máximo Tribunal nacional (doctr. causas A. 71.689, "Fontana", sent. de 30-III-2016; A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016; A. 74.262 "Capomaggi", sent. de 13-III-2019; A. 74.831, "Fontana, Rosa", sent. de 8-V-2019; e.o.).
III.4. Por último, la recurrente invoca la violación de diversos preceptos constitucionales (v. capítulo II de la pieza recursiva).
Tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a la mera denuncia de infracción de normas constitucionales y tratados internacionales, sin demostrar de qué manera el pronunciamiento colisiona con las presuntas garantías y derechos que se dicen lesionados, tarea específica a cargo del recurrente que no puede ser suplida por la Corte (doctr. causa C. 106.410, "Baigorria", sent. de 9-IX-2009 y C. 117.138, "Banco de la Pampa", sent. de 26-III-2014).
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto atento la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto atento a la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68, primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:14:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2020 17:36:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:27:40 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 09:35:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 10:36:06 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia