Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76081
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.081, "Abel, Silvia Ethel y otros c/ Dirección General de Cultura y Educación s/Pretensión Restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani, Genoud, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda (v. fs. 746/753).
Disconformes con ese pronunciamiento los accionantes interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 9-V-2019 a las 10:24 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 756/757).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 759), agregados los memoriales de las partes actora (v. fs. 760/762) y demandada (v. presentación electrónica de fecha 12-IX-2019 11:00:04 a.m.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrinal legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Mar del Plata rechazó la demanda mediante la cual los actores, quienes son docentes, persiguen el reconocimiento de derecho a que los rubros identificados como "bonificación por presentismo" y "compensación por material didáctico" como remunerativos y bonificables. A tal fin los accionantes plantean la inconstitucionalidad de los decretos 2.202/92, 691/93, 3.717/93 y 4.495/94; requieren la incorporación de tales bonificaciones al haber de manera mensual, habitual y permanente y, por último, solicitan el pago de las diferencias salariales (v. fs. 735/742 vta.)
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
II.1. Circunscribió la cuestión a resolver a determinar si los adicionales establecidos en los decretos 2.202/02 -bonificación por presentismo- y 4.495/94 -bonificación por material didáctico- en cuanto "...ostentan calidad remuneratoria y por tanto, deben formar parte integrante de su remuneración mensual, habitual, regular y permanente...".
Entendió que el asunto ya había sido definido por la Suprema Corte en las causas B. 65.789, "Carrera", sentencia de 5-V-2010; B. 64.645, "Bellisario", sentencia de 6-V-2009; B. 65.401, "Longas", sentencia de 27-IX-2017 y A. 73.099, "Ambrosini", sentencia de 7-III-2018, precedentes en los que el juez de grado se apuntaló para propiciar la suerte adversa de las pretensiones deducidas por la parte actora.
Consideró que al no mediar en la especie -a diferencia de lo que se postuló en la apelación- circunstancias diversas que justifiquen un razonado y motivado apartamiento del criterio sentado en los citados antecedentes, cabía confirmar el rechazo de la demanda por los argumentos vertidos por la Suprema Corte en aquellos, en tanto su acatamiento -lejos de traducir un irrazonable apego a la doctrina legal -como afirmó la recurrente- encuentra su quicio en la necesidad de procurar y mantener la unidad de la jurisprudencia, propósito que evidentemente se frustraría si los jueces de las instancias inferiores, insistieran en propugnar soluciones que irremediablemente habrán de ser revocadas.
II.2. El Tribunal de Alzada, al responder a las puntuales críticas vertidas por la apelante, recordó que en las referidas causas B. 64.645, "Bellisario"; B. 65.789 "Carrera" y B. 65.401, "Longas", la Suprema Corte, al abordar la constitucionalidad de los decretos 2.202/92 y 4.495/94 y luego de transcribir textualmente los arts. 31 a 33 de la ley 10.579, sostuvo que el legislador ha contemplado, con precisión cómo se integra la asignación mensual por el cargo u horas cátedra; sobre qué corresponde calcular la bonificación por antigüedad (sólo sobre la asignación por cargo u horas cátedra) y ha habilitado al docente a percibir cualquier otra que eventualmente el Estado fije, para todos sus agentes, de acuerdo con las normas que rigen la materia. Entendió que tales elementos sellaban la suerte adversa de la pretensión, pues no sólo no existe ninguna previsión normativa que obligue al Poder Ejecutivo a disponer incrementos salariales exclusivamente mediante el aumento de la asignación mensual prevista en el art. 31 inc. "a" de la ley 10.579, sino que -por el contrario- la propia ley habilita la fijación de cualquier otra bonificación (art. 31 in fine , ley cit.). El tribunal sostuvo que ante tal estado de cosas lucía huérfana de sustento la pretendida inconstitucionalidad de los decretos 2.202/92 y 4.495/94, así como el reclamo tendiente a que se incorporen a la base de cálculo de la bonificación por antigüedad los importes correspondientes a los adicionales antedichos.
II.3. Luego de destacar lo decidido por esta Suprema Corte en los mencionados precedentes, la Cámara señaló que si bien en la causa "Bellisario", el universo de requirentes lo conformaba personal en situación de pasividad, en la causa "Longas" la reclamante era -al igual que los aquí actores- una docente en actividad por lo que, sin entrar en mayores ahondamientos, la crítica de los apelantes sobre el punto -por su descalce- debía desestimarse.
Ponderó que la constitucionalidad de la decisión de la Administración de conferir carácter no remunerativo y no bonificable al premio por presentismo y a la compensación por material didáctico fue validada por esta Suprema Corte tanto desde el mirador de los docentes en actividad (causa "Longas") como de los docentes en pasividad (causas "Bellisario" y "Ambrosini", cits.).
II.4. Concluyó que lo hasta aquí expuesto clausuró la posibilidad de tratar los restantes agravios vertidos por los impugnantes para torcer la suerte adversa que en la instancia de grado llevaron sus pretensiones.
Reparó que los apelantes sostuvieron que la prueba de peritos producida en autos permitía verificar efectivamente que tanto el adicional por presentismo como la bonificación por material didáctico fueron percibidos automáticamente por los actores y que no tuvieron que acreditar o hacer constar la efectiva asistencia a clases, o la puntualidad, o los gastos por material didáctico a fin de cobrar dichos beneficios, extremo que -según explican los recurrentes- daría cuenta del carácter remuneratorio de los mentados conceptos.
La Cámara reiteró que, el carácter no remuneratorio de los beneficios discutidos en autos fue definido por la Suprema Corte, aún en casos en los que la liquidación del presentismo y material didáctico fue similar a las condiciones verificadas en esta causa, e hizo notar que, el dictamen pericial obrante a fs. 354/357 (y ampliaciones de fs. 496/510 y 577/594), por fuera de reconocer la generalidad de los conceptos, da cuenta de la existencia de docentes que -por razones que no fueron explicitadas por el experto- no percibieron el adicional por presentismo (v. fs. 591) y otros que tampoco recibieron el beneficio de material didáctico.
II.5. Por último, sostuvo que en nada cambia lo expuesto la circunstancia de que el Poder Ejecutivo hubiera dictado -tal como lo resalta la parte actora- el decreto 940/05 mediante el cual dispuso una modificación de los sueldos básicos, disponiendo la incorporación de los mencionados adicionales. Consideró que ese cambio normativo, además de producir efectos sólo hacia el futuro -ello así, ante la ausencia de previsión expresa que disponga lo contrario- no reconoce la denunciada ilegitimidad de los decretos 2.202/92 y 4.495/94 sino más bien, la materialización de una nueva política salarial acorde a las circunstancias y a los acuerdos que, en ese momento histórico, ameritaron el cambio reglamentario propuesto.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto la parte actora denuncia la violación de los arts. 49, 50 y 59 del Código Contencioso Administrativo; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; decretos 2.202/92, 691/93 y 4.495/94; arts. 14, 17, 18, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y tratados internacionales; 10, 14, 15, 31, 161 inc. 3, 168 y 171 de la Constitución provincial. También acusa la vulneración de la doctrina legal que cita (v. puntos II.7. y V de la presentación electrónica de fecha 9-V-2019, a las 10:24 hs.).
III.1. Arguye que el fallo de la Cámara presenta insalvables errores in iudicando al omitir aplicar el plexo normativo correspondiente al caso, pese a haber detallado las normas que resolvían adecuadamente la contienda.
Señala que resulta aplicable al caso, en primer lugar, el decreto ley 9.650/80 que reglamenta el régimen previsional de la Provincia de Buenos Aires y su título III establece los rubros que determinan el haber base para la liquidación de las prestaciones que otorgue el Instituto de Previsión Social. Entiende que del art. 40 de dicho ordenamiento se deduce cuáles conceptos deben calificarse como remuneratorios y éstos coinciden con el reclamo formulado en autos.
Aduce que el fallo recurrido resulta descalificable en su argumento nuclear que sostiene que los adicionales reclamados no revisten naturaleza remunerativa, al no tener la calidad de habituales, regulares y permanentes. Sostiene que el concepto de remuneración de los agentes públicos está expresamente regulado en las normas jubilatorias (art. 2, dec. ley 9.650/80).
En tal sentido, invoca la posición minoritaria de la Suprema Corte en el referido caso "Ambrosini", en cuanto sostuvo "...cabe reputar remuneración a todo monto de dinero que perciba el activo, cualquiera fuere su denominación, siempre que se pague como retribución por servicios ordinarios o extraordinarios, prestados en relación de dependencia y que, además, se abonen en forma habitual y regular".
Sostiene que, si bien dichas bonificaciones fueron retribuidas de conformidad con las previsiones de los decretos 2.202/02 y 4.495/94, con posterioridad las sumas fijas allí establecidas fueron pagadas íntegramente a la generalidad del personal, aún cuando los docentes incurrieran en inasistencias o en uso de licencia y también durante los meses de inactividad.
Por ello, la recurrente entiende que resulta inaplicable al caso la posición mayoritaria de esta Suprema Corte en el precedente "Ambrosini", en cuanto sostuvo que la bonificación prevista en el decreto 2.202/92 no constituyó un aumento que se adquiera automáticamente para hacerse acreedor a su percepción (v. cons. 1º, voto del doctor Soria), toda vez que la Administración por decisión unilateral resolvió que los mismos fueran abonados a la generalidad de los docentes y con carácter habitual, regular y permanente. Ello, independientemente de los requisitos que exigían las normas de su creación, tal cual -aduce la recurrente- lo ha probado a través de la pericia contable que se sustanció en autos.
Concluye que los decretos del Poder Ejecutivo impugnados atentan contra el plexo normativo integrado tanto por el decreto ley 9.650/80 -Régimen previsional de la Provincia de Buenos Aires- que norma cual es la noción y los alcances del concepto de "remuneración", como por la ley 10.579 -Estatuto del Docente-, que a partir del art. 31 regula sobre la integración del sueldo básico o asignación mensual.
III.2. Reitera el argumento de que denunció en calidad de hecho nuevo la sanción del decreto provincial 940/05, de fecha 18 de marzo de 2005 y el Acuerdo Salarial del 3 de agosto de 2005 firmado por el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires con las asociaciones gremiales representantes de los docentes bonaerenses, entre los que se encuentran los actores. Por ello, la demandada ha dispuesto una modificación de los sueldos básicos (cons. 1º, dec. Cit.) que trae aparejada la incorporación a éstos de los adicionales por compensación por material didáctico y presentismo.
III.3. En otro orden, aduce que el fallo recurrido, así como el pronunciamiento de la Suprema Corte provincial que le sirve de basamento, han omitido aplicar los principios humanísticos que surgen del apego de la Corte federal a la corriente del "constitucionalismo social" y que han ido nutriendo su jurisprudencia constitucional, desde el año 2004 hasta la fecha. En consonancia con ello, agrega que también los tratados internacionales han reafirmado la vigencia de los derechos y garantías constitucionales para cumplir con la finalidad de dignificar a la persona humana y de proteger los derechos esenciales del hombre que le permitan progresar espiritual y materialmente (punto VI.4. y VII., presentación electrónica cit.).
III.4. Por último, aduce que a la luz de las exigencias del art. 171 de la Constitución provincial, respecto al dictado de las sentencias fundadas en el texto expreso de la ley, carece de razonamiento el fallo recurrido, configurando un supuesto de arbitrariedad. Ello, toda vez que el único fundamento que esgrime la Cámara es condicionarse y someterse a la jurisprudencia de la Suprema Corte provincial con absoluta prescindencia de las constancias obrantes en autos y que acreditan que la casi totalidad de los actores han percibido con habitualidad y regularidad los adicionales en cuestión, con independencia de las características originarias de su creación (v. punto VII., presentación electrónica citada).
Señala como única mención formulada por la Cámara la circunstancia de que alguno de los actores no percibió los adicionales y con ella -aduce la recurrente- el tribunal desestimó arbitrariamente la contundencia de la prueba pericial que demostró que alrededor de 1.110 agentes los han cobrado (generalidad) y de manera regular, habitual y permanente.
Aduce que tal omisión resulta grave, toda vez que la sentencia bien podría haber disentido con la doctrina legal de la Suprema Corte provincial, dado que las probanzas de autos acreditan una realidad de cobro de dichos adicionales muy diferente a lo que afirman sus decretos de creación.
IV. El recurso no prospera (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.1. He de señalar que tanto la sentencia de primera instancia como la de Cámara fueron dictadas conforme la doctrina legal de esta Suprema Corte emergente de las causas B. 65.789, "Carrera", sentencia de 5-V-2010; B. 64.645, "Bellisario", sentencia de 6-V-2009; B. 65.401, "Longas", sentencia de 27-IX-2017 y A. 73.099, "Ambrosini", sentencia de 7-III-2018.
Esta circunstancia ha sido reconocida por la recurrente, como se desprende de lo expuesto en su presentación impugnatoria.
Sentado ello, es menester recordar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido que el acatamiento que los órganos judiciales hacen a la doctrina legal de esta Corte responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia. Por lo cual, si los tribunales de grado se apartaran de este criterio e insistieran en propugnar soluciones propias, irremediablemente habrían de ser revocadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el caso- dejar a salvo sus opiniones personales (conf. doctr. causas 70.613, "Fortuna", sent. de 17-VIII-2011; A. 72.157, "Ulman", sent. de A. 71.973; "Dairo", sent. de 13-IV-2016; e.o.). Bajo esta idea rectora, lo resuelto por este Tribunal en los precedentes arriba mencionados, constituye un óbice ineludible para el progreso de la protesta articulada por la parte actora.
IV.1. Por otra parte, la denuncia formulada en relación a la violación de los arts. 49, 50 y 59 del Código Contencioso Administrativo y 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial, evidencia insuficiencia.
Quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (conf. doctr. causas A. 71.534 "L., O. M", sent. de 22-V-2013; A. 69.592, "B., P. B.", sent. de 6-V-2009; e.o.).
La misma solución desfavorable se impone para la invocada violación a las normas constitucionales y pactos internacionales (v. acápite VI.4., presentación electrónica), por cuanto no se acredita de qué manera el resolutorio colisiona con los derechos y garantías emergentes de esos preceptos que se dicen infringidos, tarea a cargo del agraviado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 116.851, "Rotonda S.A.", sent. de 6-XI-2013; C. 117.139, "Correa", sent. de 8-IV-2015 y A. 73.169, "Lisserre", sent. de 17-V-2017).
IV.2. En orden a la denunciada errónea aplicación de los decretos 2.202/92, 691/93 y 4.495/94 la recurrente reitera argumentos vertidos tanto en su demanda como al interponer el recurso de apelación y que han sido tratados y resueltos por la Cámara. Sobre este modo de proceder esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente (art. 279 inc. 2, CPCC) el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios y correctamente desechadas por el Tribunal de Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. doctr. causas A. 68.826, "Manuel Aguirre S.A.", sent. de 5-XI-2008; A. 72.157, "Ulman", sent. de 6-XI-2013; e.o.).
En adicción, la argumentación de la recurrente no contiene una idónea impugnación de los fundamentos que estructuran la sentencia del Tribunal de Alzada, desentendiéndose de su verdadera línea argumental a través de un criterio personal distinto en orden a la interpretación de las disposiciones invocadas, sin conseguir demostrar que haya existido errónea aplicación de la ley (conf. doctr. causas A. 70.135, "Bernardo", sent. de 6-IV-2011; A. 70.286,"G., D. M.", sent. de 17-VIII-2011; e.o.).
IV.3. Lo propio cabe decir respecto a la postura minoritaria que surge del voto emitido por los doctores Negri y de Lázzari en la causa A. 73.099, "Ambrosini", sentencia de 7-III-2018 de este Tribunal, porque no constituye doctrina legal desde que no concita la adhesión de los otros miembros del Tribunal (conf. doctr. causa B. 72.157, "Ulman", sent. de 6-XI-2013; e.o.).
IV.4. Por último, resta señalar que la denunciada conculcación a la manda contenida en el art. 171 de la Constitución local resulta extraña al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, siendo propia de la vía nulitiva (conf. doctr. causas "Ortega", sent. de 19-V-2010; A. 71.967, "Nestle Argentina S.A.", sent. de 9-III-2016), circunstancia que impide a esta Suprema Corte expedirse sobre dicho cuestionamiento.
V. Por las razones expuestas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa . Las costas de esta instancia se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC)
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Comparto el relato de antecedentes, desarrollo argumental y solución propuesta por el señor Juez doctor Torres.
Al respecto, recuerdo que en mi voto en la causa B. 65.401, "Longas" (sent. de 27-IX-2007) -a cuya lectura remito por motivos de brevedad- expuse las razones por las cuales correspondía desestimar una pretensión idéntica a la aquí planteada, las cuales fueron compartidas por la mayoría del Tribunal.
Dado que el a quo se ha apoyado esencialmente en
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.