Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76309
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley interpuestos (arts. 278, 279, 299, 300 y conc., CPCC y 31 bis ley 5827, texto según ley 13.8121). Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc.1, CCA; 68, 289 in fine , 303 in fine , CPCC).
A.76.309 “ALSINA ADOLFO C/ CAJA DE JUB. SUB. Y PENS. DEL BANCO DE LA PROV. DE BS. AS. Y OT. S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INCONST.—“
La Plata, 15 de abril de 2020.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por el señor Adolfo Alsina (v. fs. vta. 554/557).
Señaló que correspondía remitir al criterio sentado en casos análogos resueltos por ese Tribunal de Alzada -causas 14.131,"Actis Goretta" y 15.301, "Conde"-.
Puntualizó que la parte actora se desentendió del principio general referido a que el régimen legal aplicable al beneficio correspondía al vigente a la fecha de cese (conf. arts. 53, dec. 9.650/80 y 25, ley 13.364, entonces vigente) y del carácter contributivo del sistema, en función del cual deben entenderse los alcances de las prestaciones reconocidas, determinadas al momento de su otorgamiento y que carecían de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así alcanzados siempre guarda relación directa con los requisitos de acceso a ellos.
Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un bloque que incluye la base de cálculo del haber y así el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad, ésta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras.
Estimó que no se demostró que la diferencia de texto -en relación con los conceptos comprendidos en la determinación de la base de cálculo (cfr. arts. 34 y 35, ley 11.761 y 54, ley 13.364, entonces vigente)- suponía un trato diferente, para una exigencia contributiva que siempre se reportaba a componentes remunerativos y cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar.
Concluyó que el pronunciamiento de primera instancia no padecía error de juzgamiento, en la medida que receptaba la aplicación de principios generales sobre los cuales se vertebran, no sólo el derecho a las prestaciones sino también el sistema contributivo en su totalidad, impidiendo que las situaciones consumadas al amparo de un régimen puedan sufrir impacto futuro por disposiciones que modificaren la concepción integral, para un mecanismo que debe comprenderse como totalidad.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado.
II. Contra tal pronunciamiento el accionante interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 25-IX-2019 a las 9:50:52 am.,), los que fueron concedidos (v. fs. 564/565).
III. 1. El primero de los remedios mencionados no puede prosperar.
En él, el legitimado activo se agravia sosteniendo que el a quo , al resolver, omitió la aplicación de los casos "Badaro" y "Sánchez" fallados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por ende, no interpretó la ley 11.761 conforme a la doctrina federal constitucional de índole previsional.
Alega que impugna el cuerpo legal mencionado en orden a la forma de liquidar sus haberes jubilatorios y no respecto a la vigencia de la ley al tiempo del cese, y tal planteo debió ser analizado por la Cámara a tenor de lo previsto en los códigos de fondos, Constitución nacional, leyes del mismo orden y la normativa local.
III. 2. Esta Corte tiene dicho que por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad sólo cabe cuestionar la validez de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales frente a disposiciones de la Constitución de la Provincia (cfr. arts. 161 inc. 1 de la Constitución local y 299 del Código Procesal Civil y Comercial; doctr. causas Q. 71.952, "Lardelli", resol. de 1-VIII-2012; Q. 72.011, "Bernuzzi", resol. de 2-V-2013; A. 71.833, "Papi", sent. de 12-III-2014; A. 71.563, "Ferro", sent. de 28-XII-2016; A. 71.776, "Cementos Avellaneda S.A.", sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
Asimismo cabe destacar que el objeto de este remedio extraordinario es el de corregir errores in iudicando cometidos al apreciarse el apego de una norma local a la Constitución provincial (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 299 y 300, CPCC).
De allí que la impugnación efectuada por este carril debe ser en su desarrollo expositivo autosuficiente y referirse a las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado que dan sustento a la declaración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, según el caso, demostrando su desacierto (doctr. causas A. 68.436, "Giannino", sent. de 25-VIII-2010; A. 69.574, "Saavedra Zapata", sent. de 30-V-2012; A. 72.897, "Fredes", resol. de 12-III-2014; Q. 70.953, "Morón", sent. de 14-X-2015; e.o.). Dicha impugnación además debe ser concreta, directa y eficaz (doctr. causas Ac. 83.866, "Village", sent. de 16-IV-2003; A. 68.446, "Russo", sent. de 12-VIII-2009 y A. 70.688, "Teixido", sent. de 29-X-2014; A. 75.696, "Maroni", resol. de 20-III-2019).
Dicha impugnación además debe ser concreta, directa y eficaz (conf. doctr. causas Ac. 83.866, "Village", sent. de 16-IV-2003; A. 68.446, "Russo", sent. de 12-VIII-2009 y A. 70.688, "Teixido", sent. de 29-X-2014).
El recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido en autos incumple con tal carga, resultando de ese modo insuficiente a los fines pretendidos, con motivo de que la crítica efectuada por el recurrente no logra rebatir lo considerado por el Tribunal de Alzada para confirmar -tal como lo postulara el a quo - el rechazo de la demanda, en tanto que el recurrente sólo menciona en el acápite XIII de su escrito recursivo, bajo el título "Derecho" los arts. 10, 11,12 incs. 1 y 3, 15, 20, 31, 36 inc.8, 39 inc.3, 40 y 57 de la Constitución provincial, sin desarrollar cómo la norma local afecta a los citados preceptos.
La exigencia de fundar adecuadamente un recurso extraordinario no queda cubierta con la sola invocación de la supuesta infracción a un derecho o garantía constitucional, si en esa operación se omite efectuar la réplica adecuada y precisa de las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene, que en el caso se refiere a la confirmación de los fundamentos expuestos por la sentencia de primera instancia acerca de la validez de los preceptos aplicados.
En tales condiciones, falta un requisito indispensable para su admisibilidad, cual es que exista decisión del juzgador de última instancia relativa a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad en un confronte con las normas de la Constitución provincial (cfr. doctr. Ac. 81.951, "Cejas", sent. de 19-IX-2001; Ac. 96.164, "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 8-II-2006; Q. 72.011 y A. 71.563, cits.).
III. 3. Por otra parte, no resultan audibles por este remedio los cuestionamientos vinculados con la invalidez de la sentencia misma en cuanto a criterio del recurrente la interpretación de la ley 11.761 debió efectuarse conforme a la Constitución nacional, códigos de fondo, normativa provincial, cuestión por cierto ajena a este canal.
Esta Corte ha señalado reiteradamente, tanto frente a recursos de nulidad como en el caso de recursos de inconstitucionalidad, que los agravios vinculados con supuestos errores de juzgamiento resultan ajenos a la vía intentada y propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas Ac. 88.091, "G.,P.G. resol. de 2-VII-2003; Ac. 88.282, "C.G.G. y C.V.H.", resol. de 4-II-2004; Q. 70.953, "Morón", sent. de 14-X-2015; A. 71.403, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Leroux", sent. de 29-III-2017; e.o.).
III. 4. Por lo expuesto y ante el incumplimiento de las cargas técnicas exigidas por el ordenamiento procesal aplicable, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad debe ser rechazado (arts. 299 y concs., CPCC; 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).
IV. 1. Por otra parte, mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la parte actora denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 28 y 33 de la Constitución nacional y su preámbulo; 11 y 39 inc. 3 de su par provincial; 3 del Código Civil -entonces vigente, hoy art. 7- y doctrina legal de esta Corte emergente de las causas B. 68.331, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resolución de 12-XI-2008; B. 57.842, "Antonetti", sentencia de 23-V-2001 -punto V del voto del doctor Pettigiani, párrafos 4 y 5-; B. 52.061, "Marchesi", sentencia de 4-VIII-1992; B. 56.205, "García", sentencia de 22-IV-1997; Ac. 77.944, "Corredato", sentencia de 1-IV-2004; I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009 y el precedente de la Corte Suprema de la Nación "Arcuri Rojas, Elsa c/ Anses", sentencia de 3-XI-2009).
Indica que el a quo al resolver la cuestión declaró aplicable la ley 11.761 para la determinación de su haber jubilatorio y no las leyes que la derogaron 13.364 (cfr. art. 79) y su modificatoria 13.873, ello por imperio del art. 3 del Código Civil, entonces vigente.
Destaca que las dos últimas normas legales mencionadas deben ser aplicadas en virtud de la doctrina sentada por esta Suprema Corte en las citadas causas B. 68.331, -en la cual el Tribunal dirimió un conflicto de poderes y puso en vigencia el régimen jubilatorio allí previsto y en especial el modo de liquidación previsional de los haberes- y B. 57.842.
Aduce que la Cámara desconoce el principio de progresividad contemplado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial y de razonabilidad, ambos plasmados por este Tribunal en la causa B. 63.442, "Larroque", considerando VIII, relacionados con la regla de no lesividad de derechos previsionales. Cita la causa "Sanchez", sentencia de 17-V-2005, resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Considera que el fallo impugnado al aplicar la ley 11.761, produjo un perjuicio patrimonial al actor, violando el principio de igualdad consagrado en los arts. 16 de la Constitución nacional y 11 de su par provincial. Ello, en tanto los afiliados jubilados por la ley citada sufren una merma sustancial en relación a otros pasivos que alcanzaron la misma categoría pero con una fecha de cese distinta que lo eximen de la aplicación de la mencionada norma legal.
Alega que la mencionada ley lesiona el principio de razonabilidad establecido en el art. 28 de la Carta magna nacional en virtud de que sus disposiciones no pueden alterar los derechos y garantías constitucionales.
Señala que en materia previsional la ley vigente al cese sólo se refiere a los requisitos que deben cumplirse para que nazca el derecho, pero no para la determinación del régimen jurídico, por lo que entiende que las nuevas leyes deben aplicarse a las situaciones jurídicas existentes conforme al art. 3 del Código Civil, entonces vigente.
Sostiene que la Cámara, al mantener la aplicación de la ley 11.761, convalidó su ultraactividad y especialmente su art. 54 del que surge que el haber previsional solo representa un 65% de lo que percibe un activo. Añade que, por los principios de justicia social contemplado en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de su par provincial y progresividad establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos -art. 26-, no puede confirmarse el sistema de liquidación de haberes al que alude aquella normativa, ello conforme la doctrina de la causa "Arcuri Rojas", resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entiende que a la luz de los preceptos citados resultan ineficaces los argumentos dados por el Tribunal de Alzada respecto a la fecha de cese de la actividad y el carácter contributivo del sistema previsional, en tanto que no puede exigirse a un grupo de jubilados afectados por la ley 11.761 a realizar un mayor esfuerzo que el resto de los pasivos.
Se agravia porque la Cámara omite analizar el concepto de movilidad de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte nacional y yerra en la interpretación de la ley de cese según el criterio sentado por este Supremo Tribunal, limitando el marco cognoscitivo del recurso. Ante ello, entiende que el fallo carece de motivación.
Puntualiza que la sentencia impugnada no comprobó los hechos controvertidos y no ha efectuado una correcta interpretación de la ley 11.761.
Finalmente, alega que el fallo atacado incurrió en un exceso de rigor formal, desentendiéndose de derechos de carácter alimentario y efectuó la referencia de causas sin indicar los pasajes o fundamentos que toma del mismo, no permitiendo efectuar de manera concreta el ataque del pronunciamiento, afectando su defensa.
IV. 2. El recurso no prospera.
El art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando en ellos se plantean agravios que hubieran sido desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
En esas condiciones, se advierte que los agravios esgrimidos en el recurso extraordinario deducido en autos resultan sustancialmente análogos a los ya resueltos y desestimados por este Tribunal en las causas A. 72.826, "Actis Goretta", sent. de 16-VIII-2017; A. 74.236, "Rugolo" y A. 73.519, "Conde", ambas sent. de 11-IV-2018; A. 74.413, "Rougier, Alcides Mario", sent. de 29-VIII-2018; A. 73.666, "Parma", sent. de 21-XI-2018; A.74.624, "Ariza", resol. de 20-II-2019 y los antecedentes en ellas citados.
Por tal razón, y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes aludidos, corresponde rechazar el recurso en tratamiento (arts. 279, CPCC; 31 bis, citado).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley interpuestos (arts. 278, 279, 299, 300 y conc., CPCC y 31 bis ley 5827, texto según ley 13.8121). Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc.1, CCA; 68, 289 in fine , 303 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo. dLa-So-Pe-Ko
Reg. Nº 77
Fin de la sentencia