Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75730
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.730, "Blanco, Osvaldo Jesús y otros c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Torres, de Lázzari.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia, en cuanto desestimara: a) respecto de quienes adquirieron su beneficio previsional bajo la vigencia de la ley 11.761, la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 y el reajuste de sus haberes previsionales con base en adicionales que pretendían sean considerados "remunerativos" y b) en relación a los accionantes que cesaron bajo la vigencia de las leyes 5.678 y 11.322, la invalidez del citado art. 21 inc. "e" de la ley 11.761.
Disconformes con dicho pronunciamiento los accionantes (v. escritos electrónicos de fechas 20 de agosto de 2018, 21:19:47 y 21:10:48) interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, los que fueron concedidos por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 733/734.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 741), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto mediante presentación electrónica de fecha 20 de agosto de 2018, 21:10:48?
2ª) ¿Lo es el interpuesto en soporte electrónico en la misma fecha, 21:19:47?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, desestimó el recurso de apelación deducido por los señores Osvaldo Jesús Blanco, Rubén Osvaldo Ruiz, Néstor Fernando De La Plaza, José Luis Francisco Serrano, Nélida Luisa Di Nisio, María Angela Palmeiro, Juan Carlos Martinez de Castilla, Graciela Juana Della Chiesa -en su carácter de jubilada-, quienes adquirieron su beneficio previsional al amparo de la ley 5.678, y Aníbal Agustín Giancarli, jubilado bajo el régimen de la ley 11.322, confirmando el pronunciamiento de primera instancia en cuanto rechazara el planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 y el reintegro de las sumas descontadas en concepto de "aporte a cargo de beneficiario" (v. fs. 714/721).
Para así decidir sostuvo que los argumentos de los apelantes eran infructuosos a fin de demostrar que el caso no se encuentra alcanzado por la doctrina legal de este Tribunal sentada en la causa I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009 que modificara su anterior posición expuesta en el precedente I. 1.904 denunciado por los actores.
Consideró que la situación controvertida ostentaba un perfil análogo al que se ventilara en ese precedente que persiguiera idéntico destino respecto a la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de que la vía procesal era diferente.
En tal sentido, precisó que el punto central de debate radicaba en el derecho adquirido de los actores a repeler los aportes sobre sus haberes luego de la obtención del beneficio y, por lo tanto, en la confiscatoriedad.
De tal modo, ponderó que no se había demostrado haber superado el umbral jurisprudencial del 33%, calculado sobre las remuneraciones de los activos en la determinación del haber de los pasivos para configurar la inconstitucionalidad del aporte a la luz de la doctrina legal y que la aplicación del máximo porcentual autorizado (12%) no superaba ese límite.
Finalmente, sostuvo que el carácter contributivo del sistema previsional, basado en el equilibrio de los recursos y en la solidaridad del aludido sistema previsional, contribuye a adoptar un criterio favorable a los aportes a cargo de los afiliados pasivos, siempre que no rebasaren los límites expuestos.
Concluyó que lo que determina la validez del precepto cuestionado es el alcance no confiscatorio del mayor aporte establecido, más allá de la aplicación de la ley vigente al tiempo de ocurrido el hecho generador del beneficio.
II. Contra el mentado pronunciamiento los accionantes alcanzados por dicho decisorio interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 20-VIII-2018, 21:10:48).
Denuncian violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, las leyes 5.678 y 13.364 y resolución 74 dictada por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y la doctrina legal sentada por esta Corte en las causas "Martín" (I. 1.904 y sus acumuladas, sent. del 8-III-2006) y "Velurtas" (I. 2.024, sent. del 10-VI-2009).
Luego de relatar los antecedentes de la causa, aducen que la Cámara violó la seguridad jurídica al aplicar la doctrina legal vigente de esta Corte sin tener en cuenta el régimen legal por el cual adquirieron su beneficio previsional, que en el caso es la ley 5.678.
Manifiestan que han cumplido con la totalidad de los requisitos derivados de la causa "Martín" y que la exigencia de no superación del 33% de la remuneración del activo evidencia una falta total de valoración lógica de los antecedentes del caso, pues tal requerimiento derivó, a su entender, del criterio sostenido a partir del 10 de junio de 2009.
Afirman que la aplicación de una nueva doctrina legal, tomando en consideración la materia que se ventila y la edad de los actores, debe ser presidida por una especial prudencia a fin de impedir situaciones frustratorias de derechos constitucionales. Plantean la vulneración del instituto de la seguridad jurídica.
Por último, denuncian la omisión en el tratamiento de diversas cuestiones que consideran esenciales para la resolución del caso y sostienen que el Tribunal de Alzada incurrió en arbitrariedad.
III. Los agravios esgrimidos en el recurso en tratamiento han sido analizados por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (causas A. 70.935, "Caminiti" y A. 70.936, "Silberman", sents. de 22-V-2013), en los que se desestimó el planteo de inconstitucionalidad efectuado respecto del art. 21 inc. "e", ley 11.761.
El art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según la ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios con la sola invocación de esa norma, cuando en ellos se plantean agravios desestimados por el Tribunal en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación.
Por tal razón, y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes citados, propongo rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, cit.).
Voto por la negativa.
Las costas se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La Cámara de Apelación con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que al caso interesa y en relación a los accionantes que cesaron bajo la vigencia de la ley 11.761, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimara la pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos promovida contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la cual solicitaran el reajuste de sus haberes en relación a los aumentos que hubiere obtenido el personal activo bajo los rubros no remunerativos y el planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761.
I.1. En primer lugar, respecto al agravio referido a la omisión de tratar la cuestión relacionada con la actualización de los beneficios respecto a los incrementos otorgados a los agentes en actividad como rubros no remunerativos, la Cámara expresó que el argumento del pronunciamiento de primera instancia atinente a la ausencia de aportes previsionales sobre las sumas correspondientes a los adicionales que los accionantes pretendían sean considerados "remuneración", impedía que se los tuviera en cuenta para el cálculo de la jubilación con apoyo en la doctrina sentada en el caso "Donnarumma", lo cual resultaba extensivo para la totalidad de los demandantes, sea cual fuere el régimen bajo el cual obtuvieron sus beneficios.
I.2. Luego, aclaró que los señores Germán Ernesto Bonazi, Edelmiro Alfonso Palmeiro, Ángel Mario García, Ana María García, Nilda Delia Real, Aníbal Alberto Rodríguez, Eduardo Monteagudo Folgar, Carlos Alberto Garín y Graciela Juana Dalla Chiesa -en su calidad de pensionada- habían adquirido su prestación previsional bajo la ley 11.761.
Señaló que correspondía remitir al criterio sentado en casos análogos resueltos por ese Tribunal de Alzada -causas 14.131 y 15.301-.
Reprodujo los fundamentos consignados en tales precedentes y puntualizó que la sentencia impugnada se asienta en un principio general en materia previsional de rigurosa aplicación conforme al cual el régimen legal aplicable al beneficio corresponde al vigente a la fecha de cese (cfr. arts. 53, dec. 9.650/80 y 25, ley 13.364, entonces vigente).
A partir de esa regla destacó que cabía colegir que las prestaciones siempre acotadas a un conjunto de exigencias determinadas al momento del otorgamiento y que carecían de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así alcanzados siempre guardaba relación directa con los requisitos de acceso a ellos.
Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un bloque que incluía la base de cálculo del haber y el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad, ésta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras.
Estimó que la diferencia de texto -en relación con los conceptos comprendidos en la determinación de la base de cálculo (cfr. arts. 34 y 35, ley 11.761 y 54, ley 13.364, entonces vigente)- no suponía un trato diferente para una exigencia contributiva que siempre se reporta a componentes remunerativos y cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar.
Concluyó que el pronunciamiento de primera instancia no padecía error de juzgamiento, en la medida que receptaba la aplicación de principios generales sobre los cuales se vertebran, no sólo el derecho a las prestaciones sino también el sistema contributivo en su totalidad, impidiendo que las situaciones consumadas al amparo de un régimen puedan sufrir impacto futuro por disposiciones que modificaren la concepción integral, para un mecanismo que debía comprenderse en su totalidad.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto los accionantes denuncian violación de la doctrina legal sentada por esta Corte en las causas I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009; B. 54.929, "Bardi", sentencia de 30-V-1995; B. 56.123, "Sarandria", sentencia de 12-V-1998; "Cremaschi", sentencia de 3-IV-2008; Abramo, sentencia de 3-IV-2008; "Vila", sentencia de 9-IX-2010, entre otras. También acusan vulneración del instituto de la seguridad jurídica, los derechos de defensa en juicio y propiedad, la garantía del debido proceso y el principio de igualdad ante la ley, consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. escrito electrónico de fecha 20-VIII-2018, 21:19:47).
A su vez aducen que la Cámara transgrede la resolución 74/07 dictada por la Caja previsional demandada y los arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que receptan la obligación de no regresividad de los Estados.
También alegan que se apartó del principio de progresividad previsional y de las leyes 20.744 -por lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75- y 11.761 -modificada por las leyes 13.364 y 13.873-.
II.1. Esgrimen que con las constancias agregadas a la causa se ha acreditado que el art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 es confiscatorio para los recurrentes, en tanto la reducción supera el 33% del sueldo que percibe un activo en igual categoría que la que ocupabanlos accionantes a la fecha de su cese, conforme lo resuelto por este Tribunal en la causa "Velurtas", de fecha 10-VI-2009 y, por tal situación el derecho de propiedad garantizado por los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial y el principio de progresividad previsional consagrado en los Tratados Internacionales que poseen jerarquía constitucional.
II.2. En otro orden, aducen que la Caja previsional demandada por Acta de fecha 19 de mayo de 2008 aprobó la reducción del aporte al 2% a cargo de los beneficiarios de la ley 11.761 y que tal rebaja ya se había dispuesto en la resolución 74/07 para todos los jubilados y/o pensionados -hubiesen iniciado o no juicio-, a partir del 1 de agosto de 2007.
II.3. Por otro lado, respecto al reajuste del haber previsional en relación a los aumentos que hubiere obtenido el agente en actividad bajo los rubros "no remunerativos", se agravian porque la Cámara rechazó dicha petición con sustento en que no se demostró que se aplicaron indebidamente, a pesar de que la pericia contable estableció que fueron abonados al personal activo en forma mensual, normal y habitual durante el período diciembre de 2003 a mayo de 2009.
Esgrimen que su haber jubilatorio se liquida conforme a un sistema arbitrario establecido en el art. 57 de la ley 11.761 que prevé para su cálculo el promedio de los 10 últimos años de salarios percibidos tomando sólo en consideración los rubros con aportes, excluyéndose los códigos no remunerativos acreditados en esta causa. Destacan además que se ha demostrado que se abonaron al sector activo suplementos no remunerativos -códigos 1.123, 1.124, 1.132, 1.133, 1.225 y 1.289- en forma habitual y regular desde el mes de mayo de 2004 hasta el mes de mayo de 2009, que no se han trasladado en sus haberes previsionales, llegando el perjuicio al 33,05% en dicho período.
II.4. Además, expresan que la Cámara omite el tratamiento de cuestiones que considera esenciales como la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo 18/75, el reconocimiento del Acta de Acuerdo Salarial de fecha 29 de mayo de 2009 y del decreto 392/03 e incurre en un exceso formal en la interpretación de las resoluciones dictadas por la Caja demandada. A ello agregan que el tribunal tampoco analizó si éstas fueron aplicadas en contradicción con la doctrina legal de esta Suprema Corte.
II.5. Por último, denuncian la existencia de fallos contradictorios.
Alegan que el Tribunal de Alzada en el caso "Anca, José Luis y otros c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos" confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto reconoció el reajuste de los haberes previsionales a quienes se jubilaron bajo la ley 11.761 por considerar que los aumentos salariales otorgados durante el período diciembre de 2003 a febrero de 2009, como códigos no remunerativos, revestían incrementos en los sueldos de los activos.
III. El recurso intentado no puede prosperar en razón de su insuficiencia (art. 279, CPCC).
III.1. Observo, en primer lugar, que el escrito en el que se interpone y funda el remedio procesal en estudio no constituye una réplica idónea a las motivaciones esenciales del pronunciamiento judicial que resolviera el recurso de apelación deducido por los accionantes que cesaron bajo la vigencia de la ley 11.761.
Sobre el punto esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz a las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurso se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas Ac. 69.344, "Brisa", sent. de 4-VI-2008; Ac. 70.613, "Fortuna", sent. de 17-VIII-2011; Ac. 71.500, "Minho", sent. de 27-VI-2012; A. 72.136, "Delmo", sent. de 3-IV-2015; A. 72.624, "Gutierrez", sent. de 10-VI-201; A. 70.950, "Puntieri", sent. de 6-IV-2016; e.o.), dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (doctr. causas A. 70.136, "Trillo", sent. de 21-IV-2010; C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 73.294, "Bettoli", resol. del 11-III-2015; e.o.), como ocurre en la especie.
En efecto, como quedara expuesto en el relato de antecedentes, para confirmar el pronunciamiento de primera instancia la Cámara consideró que ese decisorio se correspondía con una regla general que es de rigurosa aplicación en materia previsional y que remite al régimen legal en vigor a la fecha de cese de servicios para establecer el aplicable al beneficio que tramitara y obtuviera el afiliado (cfr. art. 25, ley 13.364). A esos fines, resaltó que no se encontraba controvertido que los actores se jubilaron bajo el régimen de la ley 11.761.
Sostuvo además que las prestaciones carecían de modificación en lo que se refiere a la determinación de la base de cálculo del haber previsional (cfr. arts. 75 y concs., ley 11.761). Y de allí en más, concluyó que esa norma legal resultaba de aplicación a las prestaciones que incluía esa base y el porcentual correspondiente, sin perjuicio de su movilidad, ésta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras.
A su vez, en relación con los conceptos comprendidos en la determinación de la base de cálculo (cfr. arts. 34 y 35, ley 11.761 y 54, ley 13.364) consideró que no suponía un trato diferente para una exigencia contributiva que se reporta a componentes remunerativos y cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar.
Esta parcela del pronunciamiento no ha sido objeto de impugnación por los recurrentes, quienes se limitan a reiterar consideraciones anteriormente formuladas y que tuvieron respuesta en el pronunciamiento de grado, insistiendo sobre la aplicación de convenios colectivos que invocan, de resoluciones administrativas que establecieron la reducción del aporte a cargo del beneficiario y la ponderación de la prueba documental, informativa y pericial producida en la causa, sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por el Tribunal de Alzada respecto a las reglas que gobiernan el sistema previsional del personal bancario para confirmar la sentencia de primera instancia.
Tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador y cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas -como ocurre en el caso-, lo que conlleva el rechazo de los reproches desplegados (doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; e.o.).
Asimismo, este Tribunal ha señalado que debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie
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