Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76247
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
A.76.247 "COLAVITA LEONARDO DANIEL C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 19 de febrero de 2020.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, rechazó la demanda promovida por el empleado de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), señor Leonardo Daniel Colavita, por la que procuraba que se computen para el rubro antigüedad los años desempeñados como personal contratado bajo el régimen de la ley nacional 23.283.
Para así decidir, la Cámara señaló que no se hallaba controvertido en el caso que, con anterioridad a su desempeño como agente de la ARBA, el actor prestó servicios para la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), ente cooperador ley 23.283, bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, desde el 1-V-00 al 31-VIII-07, habiendo efectuado aportes durante dicho período al Fondo Nacional de Empleo y a los Organismos de Seguridad Social (v. fs. 23, certificación correspondiente y fs. 29/32, respecto de la certificación de servicios de ANSeS).
En ese contexto, el Tribunal de Alzada sostuvo que la apelación incoada por el agente, tendiente a que se le reconocieran los años de servicios desempeñados para la ACARA, sin siquiera cuestionar el régimen normativo en el que estaba encuadrada su situación, ni desconocer que durante dicho período se efectuaron aportes a otra Caja previsional, no podía prosperar, por lo que decidió confirmar el fallo apelado (v. fs. 340/345).
II. Frente a lo así decidido, el accionante articula recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-8-2019 a las 10:40:26 a.m.), el que fue concedido a fs. 365/366.
Afirma que la sentencia del Tribunal de Alzada incurre en la violación de los siguientes artículos y su doctrinal legal: 14, 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional; 39 incs. 1 y 3, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8 y 25 de la ley de empleo provincial 10.430; y principios generales del derecho, especialmente el principio de primacía de la realidad.
Mediante citas del recurso de apelación oportunamente interpuesto, sostiene que hubo una errónea interpretación de la base fáctica de la que parte la Cámara para resolver el rechazo, en cuanto ella hace hincapié tanto en lo referente a la falta de cuestionamiento de la prestación de servicios para la ACARA, como también respecto al régimen normativo aplicable a la relación de empleo.
En relación a ello, asume que el absurdo aparece patente porque allí "donde esta parte dijo blanco, el Tribunal de Alzada interpretó negro", ya que durante todo el proceso ha manifestado que no prestó servicios para la ACARA y el régimen normativo al que se encontró subordinado desde su ingreso a la Dirección de Rentas (actual ARBA) siempre fue el de la ley de empleo público provincial.
Señala que, esta forma de valorar los hechos, pruebas y argumentos desarrollados, hacen a una apreciación estrictamente literal y rigurosa del artículo 25 de la ley 10.430, sin observar todo el bloque normativo.
Destaca, con cita de fallos que considera doctrina legal aplicable al caso, que más allá de la letra de la ley, debe hacerse una interpretación amplia y correrse el velo de lo que los hechos y las pruebas colectadas demuestran.
Finalmente, afirma que se ha violado el artículo 168 de la Constitución provincial debido a la falta de análisis, y consecuente desconocimiento, del principio de primacía de la realidad. Y denuncia la prohibición de encubrir vínculos laborales de carácter permanente, ya que "no puede prosperar la negativa estatal a reconocerme la antigüedad por los años en los que trabajé para la ex Dirección Provincial de Rentas actual ARBA, pero contratado por la ACARA", entendiendo que la jurisprudencia avanza hacia reconocer que estas formas de contratación pública son engañosas e irregulares.
III. El remedio no debe prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto a que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "Gonzalez", resol. de 21-II-2018, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos SA", sent. de 28-XII-2016; A. 73.960, cit., e.o.).
En tal sentido, resulta claro que los argumentos traídos por el recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto de las motivaciones que tuvo la Administración al disponer no reconocer, para el cómputo del rubro antigüedad, al servicio cumplido por el accionante durante los años en que se desempeñó bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744.
IV.2. El razonamiento elaborado por la Cámara interviniente no logra ser desvirtuado por las alegaciones del recurrente en cuanto a la prescindencia de ciertos elementos probatorios aportados. El accionante sostiene que la sentencia ha incurrido en absurdo, pues no se han ponderado determinadas constancias que considera fundamentales, como que en realidad no prestó servicios para la ACARA y el régimen normativo al que se encontró subordinado desde su ingreso a la actual ARBA fue el la ley 10.430.
El concepto de absurdo, tal como ha ido elaborándose por esta Suprema Corte, hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Inversamente, no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo, requiriéndose la demostración de un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, de manera que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado (doctr. causas A. 71.980, "Lanusse", sent. de 28-XII-2016; A. 72.490, "Cocconi", sent. de 14-VI-2017; A. 75.720, "Franchetti", resol. de 18-IX-2019, e.o.).
En tal marco, la crítica del impugnante no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (conf. causa A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016).
Debe tenerse presente que es facultad exclusiva de los tribunales de las instancias de mérito seleccionar el material probatorio, dando preeminencia a unas pruebas respecto de otras, sin que constituya dicho ejercicio, por sí solo, un supuesto de absurdo. Ello así por cuanto el error que ha de configurarse para que medie el citado extremo que habilita el control casatorio no se evidencia por la mera exposición de un criterio discordante del recurrente (arts. 384, 456 y concs., CPCC; doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 73.250, "Olego", sent. de 26-X-2016; A. 73.467, "Larsen", resol. de 21-II-2018; A. 75.720, "Franchetti", cit.).
Para más, resulta aplicable la doctrina de este Tribunal que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; Ac. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 75.754, "Ríos", resol. de 11-XII-2019).
IV.3. Tampoco es de recibo el agravio referido a la violación de la doctrina legal que el recurrente intenta fundar con la cita de fallos de esta Corte, pues para demostrar su existencia no basta identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (conf. causas A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015 y A. 75.729, "Fuentes", resol. de 25-IX-2019). Por lo demás, la invocación de precedentes de otros órganos judiciales (v. punto 3 del recurso) no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley porque no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas A. 73.332, "Tevéz", sent. de 15-VIII-2018 y A. 75.105, "Berra", resol. de 21-VIII-2019).
IV.4. Finalmente, respecto de la denunciada falta de tratamiento de cuestiones esenciales –ver punto 4 del recurso- se debe señalar que los planteos referidos a la omisión de cuestiones sometidas a conocimiento del juzgador y no resueltas, constituyen temas propios del recurso extraordinario de nulidad y consecuentemente, ajenos al de inaplicabilidad de ley (conf. causas C. 118.279, "Garcilazo", sent. de 15-VII-2015 y A. 75.754, "Ríos", cit.).
V. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 27
Fin de la sentencia