Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74606
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.606, "Rodríguez, José Luis contra Ministerio de Justicia y ot. Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la pretensión deducida (v. fs. 188/194).
Disconforme con ese pronunciamiento, el actor interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 198/220). La Cámara interviniente resolvió denegar el primero y conceder el segundo (v. fs. 222/223).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 231), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El actor promovió demanda contencioso administrativa contra el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), con el objeto de obtener la nulidad de las resoluciones 59/08 y 970/09 del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por las que le fue denegado el ascenso al grado de Inspector General con retroactividad al 1 de enero de 2007 -fecha en la que aduce tomó posesión del cargo de Jefe de Complejos Penitenciarios Conurbano Bonaerense Norte conforme resolución 3.561/06-.
Requirió el pago de las diferencias salariales y la readecuación del monto de su haber previsional desde el momento en que obtuvo su jubilación.
Explicó que se desempeñó como oficial del "escalafón general" del Servicio Penitenciario Bonaerense hasta el día 11 de junio de 2008, fecha en la que se retiró para acogerse al beneficio jubilatorio, con el grado de Inspector Mayor.
Relató que, en el año 2006, mediante resolución 3.166/06, el Jefe del Servicio Penitenciario creó los Complejos Penitenciarios, que agrupaban a más de una Unidad Carcelaria, y reglamentó los requisitos que debían cumplir los funcionarios a cargo de dichos complejos. Subrayó que el "Jefe de Complejo" debía ser naturalmente un superior jerárquico a los Directores de Unidad, y que él cumplía con todos los requisitos legales para desempeñar el cargo, el que efectivamente ejerció hasta su retiro.
A raíz de ello, manifestó que el Jefe del Servicio Penitenciario solicitó mediante nota a la superioridad su nombramiento como Inspector General, a los efectos de ser efectivizado como Jefe del Complejo Penitenciario Conurbano Norte, tareas que -a su criterio- ya venía desempeñando.
Destacó que el día 1 de noviembre de 2006 se publicó en el "Orden del Día" la resolución 3.561/06 del Jefe de Servicio Penitenciario, mediante la que fue designado expresamente como Jefe del Complejo Norte del Conurbano Bonaerense, cuya toma de posesión concretó a principios de diciembre de 2006.
En virtud de ello, agregó, el Jefe del Servicio Penitenciario solicitó al señor Subsecretario de Política Penitenciaria su promoción al grado de "Inspector General", pero el cargo pretendido le fue denegado mediante resolución 59/08, la que -en cambio- determinó su pase a retiro efectivo voluntario.
Sostuvo que dicho acto resulta nulo por encontrarse viciados sus elementos esenciales (causa y motivación), toda vez que ascendió a los oficiales Lione y Dicharri que se encontraban en su misma situación, generándose una desigualdad de trato en su perjuicio.
Concluyó diciendo que, además de hacerse lugar al reconocimiento solicitado, y toda vez que se encontraba en situación de pasividad, debía readecuarse su haber previsional.
I.2. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata resolvió: a) Hacer lugar a la demanda interpuesta y declarar la nulidad de las resoluciones 59/08 y 970/09 del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; b) Ordenar a la Provincia de Buenos Aires a que dentro del plazo de sesenta días practique la liquidación respectiva y abone al actor las diferencias salariales existentes entre la jerarquía de Inspector Mayor y la de Inspector General, desde el 26 de marzo de 2008 hasta el 11 de junio de 2008, con más los intereses desde el vencimiento de cada obligación y hasta su efectivo pago; y c) Ordenar al Instituto de Previsión Social a que, en igual plazo, practique la liquidación respectiva y abone al actor las diferencias salariales existentes entre la jerarquía de Inspector Mayor y la de Inspector General, en base a la proporción que le otorga la legislación provincial de la remuneración del cargo regulatorio de su prestación previsional (Inspector General), con retroactividad a la fecha de origen de la prestación, con intereses (v. fs. 146/152).
Para así resolver explicó que la cuestión central traída a debate consistía en determinar si al actor le correspondía el ascenso al cargo de Inspector General que solicitaba, y cuyas funciones adujo haber cumplido.
Señaló que, de las pruebas testimoniales, así como de la documentación aportada por las partes, surgía que el señor Rodríguez se había desempeñado como Jefe del Complejo Penitenciario Conurbano Norte, por el período que abarcaba desde el 30 de octubre de 2006 hasta el 15 de noviembre de 2007, conforme surgía de la nómina de jefes de Complejos Penitenciarios del año 2007, aportado por la demandada (v. fs. 5/6 del expediente 21.211-448734/12).
Precisó asimismo que a otros oficiales del Servicio Penitenciario que se encontraban en idéntica situación a la del actor, se les había reconocido el grado de Inspector General, por lo que resultaba absolutamente arbitrario el acto impugnado.
Resaltó que la resolución 970/09 del Ministro de Justicia resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto con fundamento en que el actor se encontraba en uso de la licencia que contempla el art. 35 inc. "i" del decreto ley 9.578/80, en virtud de lo cual consideró cerrada su carrera en el Servicio Penitenciario, sin considerar que en la misma situación se encontraban los agentes Lione y Dicharri, los que sin embargo fueron promovidos, criterio que además colisiona expresamente con el citado artículo, en tanto el uso de esa licencia se considera como servicio activo, sin que exista impedimento legal para otorgar el ascenso.
Concluyó diciendo que la decisión del Ministerio de Justicia por la cual omitió pronunciarse acerca del pedido de ascenso al grado de Inspector General del peticionario, sin efectuar ninguna referencia al trato diferencial que se le efectuó al actor, devenía ilegítima al encontrase viciados los elementos causa y motivación, esenciales del acto administrativo (arts. 103 y 108, dec. ley 7.647/70).
Juzgó entonces que correspondía declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas y reconocer el derecho del actor a ascender a la categoría de Inspector General a partir del día 26 de marzo de 2008, fecha en la cual debió haber sido promovido a dicho cargo mediante la resolución 59/08, reconociendo su derecho a percibir las diferencias salariales correspondientes hasta el día 11 de junio de 2008 (fecha de pase en situación de retiro efectivo voluntario) y, a partir de esa fecha, a las diferencias de haberes previsionales pertinentes (conf. art. 5, ley 13.237).
I.3. Contra esa sentencia la demandada dedujo recurso de apelación (v. fs. 155/159).
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó el pronunciamiento de primera instancia y rechazó la pretensión deducida (v. fs. 188/194).
Para decidir de ese modo consideró que, para tener derecho al ascenso y el consiguiente cobro de las diferencias salariales, resultaba insuficiente su asignación por el superior y su reconocimiento a través de los elementos aportados, sino que debía existir un acto administrativo que así lo dispusiera con carácter retroactivo a la fecha en que se venían ejerciendo tales labores o se hubieran acreditado las condiciones necesarias a tal fin.
En ese sentido destacó que, aun bajo el supuesto del ascenso o reescalafonamiento de oficio, debían cumplimentarse las condiciones reglamentarias vigentes, debiendo dictarse el pertinente acto administrativo a través de la autoridad competente.
Consideró errado presuponer que la "propuesta" del Jefe de Servicio o el "nombramiento a través de la Resolución N° 3.561/06" (publicada en el Orden del Día), conlleven la promoción automática.
De allí que, asumiéndose como una propuesta lisa y llana o ad referendum , en ambos casos, será el Poder Ejecutivo (Ministro vía delegación) quien en definitiva evalúe la existencia de vacantes, de razones fundadas, las necesidades del servicio, su mérito entre los demás agentes potencialmente elegibles, la dotación necesaria de personal en razón de las misiones propias de las distintas áreas de la repartición, entre otros pormenores (arts. 28, 117, 119 y concs., dec. 342/81).
Agregó que en los considerandos de la resolución 59/08 -por la cual se dispuso el ascenso de los agentes Lione y Dicharri- se precisó que "por otra parte, a foja 15 del expediente N° 21.211-507850/07 agregado al presente, sin acumular y a fojas 1.391, 1.393, 1.394 y 1.395 el Jefe de Servicio Penitenciario Bonaerense dispuso el cese en el cargo por Retiro Efectivo Voluntario de los Agentes [...] y José Luis Rodríguez" (v. fs. 7 vta. del expediente administrativo -683.920/08). Es decir que el propio Jefe del Servicio Penitenciario había dispuesto la baja. Destaco también que en la resolución 970/09 que rechazase el recurso de revocatoria contra el acto mencionado, se precisó "... que el reclamo no puede prosperar, dado que al grado de Inspector General se llega exclusivamente por selección, fundándose la medida en la necesidad de la Institución Penitenciaria de cubrir las vacantes que se produzcan y, en el caso de autos, el Ministro no ha encontrado motivos para acceder al ascenso pretendido" (v. fs. 1.429/1.431 del expediente administrativo n° 21.211-345.172/06).
Concluyó entonces que tampoco podía constatarse la existencia de discriminación cuando no se había demostrado ni acreditado un propósito de tal índole, ni anularse un acto invocando la garantía de igualdad, extremo que en las condiciones reglamentarias precisadas con anterioridad no lucía suficiente ni razonable (arts. 16 y concs., Const. nac.; 11 y concs., Const. prov.).
En mérito de tales argumentos se acogió el recurso de apelación deducido por la parte demandada y se revocó la sentencia impugnada, rechazando la pretensión interpuesta por el actor.
I.5. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, el actor interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 198/220). La Cámara interviniente resolvió denegar el primero y conceder el segundo (v. fs. 222/223).
En cuanto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, alegó en primer lugar errónea aplicación de los arts. 103 y 108 del decreto ley 7.647/80 por no encontrarse suficientemente motivadas las resoluciones 58/08 y 970/09 del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Señaló que no se explican allí las razones por las cuales la demandada se apartó de los dictámenes favorables al actor existentes en el expediente administrativo; de la nota enviada por el Jefe del Servicio Penitenciario aconsejando el ascenso; del texto de la resolución 3.166/06; de la existencia de vacantes, en tanto habían sido creado diez cargos de los que sólo se reconocieron siete ascensos; y de precedentes administrativos que revelan casos análogos en los que sí fueron reconocidos los ascensos.
Planteó también errónea aplicación del art. 29 del decreto 342/81 del Poder Ejecutivo provincial, ya que si bien es éste (y por delegación los ministros) el que reconoce los ascensos que realiza el Jefe del Servicio ad referendum del Poder Ejecutivo, la decisión no puede ser arbitraria.
Alegó apartamiento de lo dispuesto en la resolución 3.166/06 de la Jefatura del Servicio Penitenciario por considerar que se cumplían los requisitos allí exigidos para el ascenso requerido. Sostuvo que no existe una discrecionalidad ilimitada por parte de la autoridad administrativa, y que su principal límite es la razonabilidad.
Denunció violación de la doctrina que emana de la causa B. 58.244, "Nazar Anchorena", donde se sostuvo que, por resguardo a los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica y buena fe, la Administración, en actos de alcance particular, debe respetar sus propios criterios fijados en casos análogos.
Planteó por último violación de los arts. 14 bis, 16 y 28 de la Constitución nacional.
II. El recurso no prospera.
Para decidir el rechazo de la pretensión, la Cámara sostuvo que para obtener derecho al ascenso y el consiguiente cobro de diferencias salariales, es necesaria la existencia de un acto administrativo que así lo disponga con carácter retroactivo a la fecha en que se venían ejerciendo tales labores, siendo insuficiente su asignación por el superior o su reconocimiento a través de los elementos que fueran aportados en la causa.
Concluyó entonces que, del complejo normativo imperante, y aun bajo el supuesto de ascenso o reescalonamiento de oficio, deben cumplirse las condiciones reglamentarias vigentes, debiendo dictarse el pertinente acto administrativo a través de la autoridad competente.
Por su parte, el recurrente ataca dicho razonamiento reiterando la nulidad de las resoluciones 59/08 y 970/09 del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por insuficiente motivación, centrando su crítica en el apartamiento de lo dispuesto en la resolución 3.166/06 de la Jefatura del Servicio Penitenciario. Sostuvo que no existe una discrecionalidad ilimitada por parte de la autoridad administrativa y que su principal límite es la razonabilidad.
Al respecto puede observarse que el discurrir del recurrente sólo evidencia su discrepancia subjetiva con el fallo, pero en modo alguno demuestra la errónea aplicación de las normas que cita (art. 279, CPCC). Es que ninguno de los argumentos expuestos conlleva una réplica eficaz a los fundamentos que estructuran la sentencia de la Cámara, referidos básicamente al cumplimiento de las condiciones reglamentarias para que el ascenso pretendido se concrete, correspondiendo su evaluación por parte del Poder Ejecutivo (Ministro vía delegación), de acuerdo a la existencia de vacantes, a las razones fundadas, las necesidades de servicio, el mérito entre los demás agentes potencialmente elegibles, la dotación necesaria de personal en razón de las misiones propias de las distintas áreas de la repartición, entre otros pormenores (arts. 28, 117, 119 y concs., dec. 342/81).
En efecto, el análisis de los presupuestos legales y reglamentarios a los que se hallaba supeditado el ascenso; la necesaria intervención de la autoridad competente y el consiguiente dictado del pertinente acto administrativo que así lo dispusiera, constituyen tópicos que llegan indemnes a esta instancia extraordinaria por falta de cuestionamiento efectivo.
En tal sentido, este Tribunal tiene dicho que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley debe cumplir con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, y los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia (causas Ac. 79.513, "Di Benedetto", sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, "Melo", sent. de 2-IV-2003; e.o.).
En el caso la crítica recursiva no trasunta más que un juicio de disconformidad personal respecto del resultado de las pautas interpretativas propuestas por la Cámara, omitiendo señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos: las razones tendientes a demostrar en qué medida tal interpretación importa una violación de la norma aplicada o de la doctrina legal elaborada por este Tribunal en torno a la misma.
De tal modo el recurso extraordinario interpuesto deviene, pues, insuficiente a los fines pretendidos y lo expresado por el recurrente evidencia tan solo una mera disconformidad y un criterio distinto que no logra rebatir las conclusiones efectuadas por la Cámara.
Tampoco es de recibo la denuncia de violación de la doctrina legal de este Tribunal emergente de la causa B. 58.244, "Nazar Anchorena", sentencia de 27-II-2008, por haber sido elaborada sobre la base de presupuestos de hecho y de derecho sustancialmente distintos a los propios del caso en juzgamiento (conf. causas A. 70.227, "Tejo", sent. de 13-VII-2011; A. 70.238, "Sociedad Rural Lobos", sent. de 2-XI-2011; e.o.).
Es esta particularidad, también, la que descarta la posible aplicación del precedente administrativo invocado por el actor.
Es cierto que cuando la Administración ha adoptado, ponderando debidamente el interés público y conforme a derecho, un criterio sobre determinada cuestión, al presentarse un nuevo supuesto cuyas circunstancias resultan similares no puede dejarlo de lado sin exponer razones fundadas que abonen tal cambio (conf. doctr. causa B. 58.244, antes citada).
No obstante ello, en el caso el Tribunal de Alzada sostuvo que en la resolución 970/09 que rechazase el recurso de revocatoria contra la resolución 59/08, se precisó que "... el reclamo no puede prosperar, dado que al grado de Inspector General se llega exclusivamente por selección, fundándose la medida en la necesidad de la Institución Penitenciaria de cubrir las vacantes que se produzcan y, en el caso de autos, el Ministro no ha encontrado motivos para acceder al ascenso pretendido" (fs. 1.429/1.431, expediente administrativo n° 21.211-345.172/06).
De allí se concluyó que no podía constatarse la existencia de discriminación cuando no se había demostrado ni acreditado un propósito de tal índole, ni anularse un acto invocando la garantía de la igualdad, extremo que en las condiciones reglamentarias precisadas no lucía suficiente ni razonable (art. 16 y concs., Const. nac.; art. 11 y concs., Const. prov.).
Advierto que la impugnación no logra desacreditar el razonamiento brindado en el pronunciamiento impugnado, siendo las razones antes expuestas suficientes para desestimar el agravio.
III. Por los fundamentos desarrollados considero que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine , CPCC).
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. A diferencia de lo expuesto en los votos que anteceden, entiendo que el recurso debe prosperar.
II. La parte actora -aquí recurrente- viene sosteniendo en este proceso que las resoluciones 59/08 y 970/09 emanadas del Ministro de Justicia son ilegítimas porque sin fundamento han incumplido el deber de ascender al Inspector Mayor José Luis Rodríguez (r) -en los hechos, Jefe del complejo carcelario "Conurbano Bonaerense Norte"- a la jerarquía de Inspector General del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
En su pretensión cuestiona, entre otros aspectos del obrar enjuiciado, la motivación de las referidas decisiones administrativas, en la inteligencia de
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