Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75609
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.609, "Vera, Mónica Beatriz c/ Municipalidad de La Matanza s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Pettigiani, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar, parcialmente, a la demanda interpuesta por la señora Mónica Beatriz Vera contra la Municipalidad de La Matanza, excepto en lo relativo a la tasa de interés aplicable (v. fs. 352/369).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad (v. presentación electrónica de fecha 26 de septiembre de 2018, 10:01:27 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 382/383).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 386) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La señora Mónica Beatriz Vera promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de La Matanza pretendiendo la adecuación de su jornada laboral de conformidad con lo establecido por la resolución 11.572 de la Subsecretaría de Trabajo de fecha 14 de diciembre de 2006 y, en consecuencia, solicitó que se le abonen las horas trabajadas en exceso, más intereses.
II. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza reconoció el derecho de la actora a obtener la reducción de su jornada laboral en un cuarto (1/4) de la correspondiente a su clase y función desde el día 14 de diciembre de 2006, fecha en que, mediante la resolución 11.572 de la Subsecretaría de Trabajo, se produjo la declaración de insalubridad de las tareas desarrolladas en distintos servicios del Policlínico Central de San Justo y del Hospital Municipal del Niño, entre otros, sin afectar su situación de revista o retribución ni el monto de los aportes que efectúe al sistema previsional (v. fs. 341/357).
De ese modo, ordenó al municipio demandado reducir a 27 horas semanales la jornada de la accionante, sin perjuicio de admitir -por razones de interés público- la posibilidad de reencuadrar su situación en una jornada de 36 horas semanales efectivas, cuya remuneración y aportes previsionales deberían en tal caso ser liquidados con arreglo a un régimen horario de 48 horas semanales (v. cons. VII, fs. 305/306).
Por otra parte, admitió parcialmente el reclamo con relación al pago de las horas suplementarias laboradas en exceso, condenando a la demandada a abonarle a la actora 9 horas semanales desde el día 13 de febrero de 2009 hasta el día en que se produjera el efectivo reencuadramiento, conforme las pautas establecidas por el art. 21 de la ley 11.757 entonces vigente y las que surgen de la prueba pericial contable, con más la tasa de interés que pagase el Banco de la Provincia de Buenos Aires por depósitos a treinta días.
Impuso las costas a la demandada vencida (conf. art. 51, CCA, texto según ley 14.437).
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín desestimó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, acogió parcialmente el de la actora y -en consecuencia- modificó la sentencia de primera instancia únicamente en lo atinente a la tasa de interés aplicable, dejando establecido que debía utilizarse la pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento (v. fs. 352/369).
Para así decidir, en lo que al recurso extraordinario interesa, el Tribunal de Alzada centró la cuestión a dilucidar en determinar el régimen normativo aplicable a la doctora Vera, en virtud de la declaración de insalubridad efectuada por la resolución 11.572/06 de la Subsecretaría de Trabajo.
III.1. Indicó que la sentencia del juez de grado no transgrede el principio de congruencia (arts. 163 inc. 6 y 272, CPCC), toda vez que el magistrado resolvió la cuestión conforme lo planteado en la demanda, pudiendo, por imperio del principio iuria novit curia , enmendar el derecho invocado o suplir el omitido sin que ello importe infracción del principio antes aludido ni afectación del derecho de defensa de la contraparte.
Señaló que a los jueces les corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas en tanto y en cuanto no se alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la acción deducida, supuestos que -dijo- no se verifican en el caso bajo análisis.
III.2. Por otra parte, precisó las normas que conforman el marco jurídico del sub lite , a fin de analizar el agravio relativo a la afectación de la autonomía municipal.
En tal sentido recordó que los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 de la Constitución provincial reconocen, respectivamente, los derechos de los trabajadores y los arts. 41 de la Constitución nacional y 28 de la Constitución provincial garantizan a todos los habitantes a gozar de un ambiente sano.
Mencionó que la ley 11.759 establece el régimen que regula la relación de empleo de las personas que prestan servicios en establecimientos de salud de la Provincia de Buenos Aires y en los municipios que se encuentren adheridos a dicha ley (conf. art. 1, ley cit.).
En ese marco sostuvo que la carrera hospitalaria, en el ámbito de la comuna accionada, se encuentra regulada por la ordenanza 7.785/84, de la cual no surge referencia alguna al régimen de insalubridad.
Afirmó que la norma mencionada no determina en forma expresa las condiciones laborales de los profesionales de la salud ante las eventuales modulaciones que los regímenes horarios pudieran sufrir en los casos en los que -como el de autos- exista una declaración de insalubridad por parte de la autoridad administrativa con competencia para ello.
Señaló que la Subsecretaría de Trabajo tiene la facultad de declarar insalubres los lugares de trabajo (arts. 2 y 37, ley 10.149), por lo cual es resorte de dicho organismo atribuir -a través del procedimiento pertinente y previa intervención de las áreas competentes- esa condición a lugares, tareas o ambientes de trabajo.
Recordó que la interpretación de las normas debe ser sistemática, razón por la cual no puede contrariar las bases y principios en los que se funda el sistema jurídico.
Asimismo, señaló que la jerarquía normativa impone una disciplina de pensamiento en el intérprete al indicarle un orden de prelación que no puede desconocerse en la tarea de interpretación.
Añadió, con cita de doctrina de este Tribunal (causas Ac. 47.812, "Fernández", sent. de 31-VIII-1992 y Ac. 46.992, "Mograbi", sent. de 15-III-1994), que no debe olvidarse la presunción de coherencia que reina en el sistema de normas y que la interpretación que de ellas se efectúe debe hacerse de tal manera que las mismas armonicen entre sí y no de modo que se produzcan choques, exclusiones o pugnas.
Bajo esas premisas, sostuvo que el legislador puso en cabeza de la Provincia la competencia de declarar insalubres los lugares de trabajo.
Por otra parte, destacó que fue la Municipalidad demandada quien requirió a la autoridad provincial el reconocimiento de insalubre de las tareas que se desarrollan en ciertas áreas de salud de la comuna, no pudiendo desconocer los efectos que de ella se derivan, como ser la aplicación del decreto 1.351/71.
Entendió que de tal modo se desprende el reconocimiento del propio municipio en orden a que la ordenanza 7.785/84 no regula la cuestión en materia de insalubridad, la aceptación de que dicha competencia la tiene el organismo provincial y que el municipio -en esta materia y por ese acto propio- fue quien renunció o limitó su autonomía en lo que es objeto de controversia.
Refirió a la doctrina de este Tribunal que tiene dicho que por aplicación de la denominada "teoría de los actos propios" resulta inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (doctr. causa L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011; e.o.).
III.3. Con relación al pago de las sumas reclamadas por la actora en vista de las horas que trabajó en exceso, el Tribunal de Alzada señaló que en tanto la accionante fue designada con un régimen horario de 36 horas semanales y teniendo en cuenta la forma en que se resolvió la pretensión de la reducción horaria, corresponde hacer lugar a su pedido.
Afirmó que, en todo caso, por aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba o prueba compartida, el municipio se hallaba en mejores condiciones de aportar los elementos tendientes a demostrar que la actora no trabajó las horas asignadas.
III.4. No advirtió razones atendibles para hacer lugar al cuestionamiento respecto a la imposición de las costas y apartarse así del principio objetivo de la derrota que a partir de la modificación del art. 51 del Código Contencioso Administrativo (texto según ley 14.437) rige en la materia.
III.5. En lo relativo a la tasa de interés, sostuvo que correspondía aplicar la doctrina sentada por esta Suprema Corte a partir de la causa B. 62.488, "Ubertalli", sentencia de 18-V-2016.
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Municipalidad demandada denunció la errónea aplicación de la ordenanza 7.785/84 y del art. 2 de la ley 11.757, entonces vigente.
Específicamente advirtió que el tribunal a quo efectuó una interpretación errada en cuanto señaló que la ordenanza 7.785/84, que regula la carrera hospitalaria en el ámbito municipal, fue dictada en el marco de la ley 11.759 y no como derivación del principio de autonomía municipal consagrado en los arts. 5 y 123 de la Constitución nacional.
Reiterando argumentos expuestos en el recurso de apelación, planteó que la sentencia impugnada vulnera el principio de congruencia (arts. 163 inc. 6 y 272, CPCC).
Afirmó que la relación laboral de la accionante con el municipio no se rige por la ley 11.759 ya que dicha norma no se aplica a los trabajadores profesionales que desarrollan sus tareas en el ámbito de la Secretaría de Salud Pública municipal.
Expresó que no es válido el argumento de que la ordenanza 7.785/84 fue dictada en el marco de la ley 11.759 -que regula la relación de empleo de las personas que prestan servicios en establecimientos de salud de la Provincia de Buenos Aires y en los municipios que hubiesen adherido-, pues más allá de la inconsistencia temporal, la vigencia de la ordenanza municipal citada deriva del art. 2 inc. "b" de la ley 11.757 (actualmente derogada por la ley 14.656).
Adujo que la decisión de las instancias ordinarias vulnera el principio de autonomía municipal toda vez que la resolución 11.572/06 se fundó en el decreto 1.351/71, cuyo ámbito de aplicación está reservado para los establecimientos asistenciales que se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Sostuvo que el expediente iniciado por el municipio ante la cartera laboral no constituye un acto administrativo en los términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, motivo por el cual no puede interpretarse que el municipio adhirió a la ley 11.759, ni que se encuentre derogado el decreto municipal 282/98. Menos aún que se extienda el decreto 1.351/71 a establecimientos asistenciales no previstos en dicha norma.
En ese entendimiento, consideró que la sentencia en crisis realizó una indebida aplicación de la "teoría de los actos propios" a la luz de la doctrina legal de este Tribunal.
En forma subsidiaria se agravió del reconocimiento efectuado por la Cámara de las horas suplementarias laboradas en exceso, en cuanto entendió que ello vulnera la doctrina legal que rige en materia de carga probatoria.
Finalmente, reiteró el agravio expuesto en la apelación respecto a la imposición de las costas.
V. Adelanto que, en mi opinión, el recurso interpuesto no prospera.
V.1. Conforme surge de los antecedentes de la causa, la parte actora se desempeñaba como médica neonatóloga en el Policlínico Central de San Justo y luego en el Hospital Municipal del Niño, cuyos servicios -entre otros- han sido declarados insalubres mediante la resolución 11.572 del día 14 de diciembre de 2006.
La Cámara interviniente entendió, de acuerdo a las normas implicadas y a los principios constitucionales rectores, que la competencia en materia de insalubridad es de resorte provincial.
La sentencia atacada destacó que la norma municipal que regula la carrera hospitalaria no contiene previsión alguna respecto al régimen de insalubridad y que, conforme las disposiciones de la ley 10.149, la competencia de declarar insalubres los lugares de trabajo la posee la Subsecretaría de Trabajo (arts. 37 y 40, ley cit.).
La controversia en este aspecto se muestra sustancialmente análoga a la suscitada en las causas A. 73.780, "Dávila", sentencia de 26-XII-2018 y A. 74.099, "Couselo", sentencia de 24-IV-2019, entre otras. De allí que, tal como se decidiera en los citados precedentes, cuyos fundamentos seguiré a continuación, el agravio en torno a la errónea aplicación de la ordenanza 7.785/84 y del art. 2 de la ley 11.757 no es de recibo.
En ese orden, cabe señalar que con relación a la interpretación que efectúa el Tribunal de Alzada para reconocerle a la parte actora el derecho a la reducción de su jornada laboral, en virtud de la declaración de insalubridad de las tareas desarrolladas y a la circunstancia de que fuera el propio municipio quien solicitó a la autoridad provincial la calificación como insalubres de determinados lugares de trabajo en diversas áreas de salud, la recurrente solo refiere que el art. 2 del Estatuto para el Personal de las Municipalidades entonces vigente (ley 11.757) menciona los sujetos excluidos de su aplicación, entre los que se encuentra el personal municipal incluido en otros regímenes, salvo en los aspectos que ellos no hubieren previsto.
En tal sentido, afirma que la ley provincial 11.759 no es aplicable a la relación estatutaria que la accionante mantiene con la comuna.
V.2. De una atenta lectura de la pieza recursiva advierto que la recurrente no cumple adecuadamente con la fundamentación de sus agravios, sino que reitera -ante esta instancia extraordinaria- las afirmaciones expuestas en el recurso de apelación y que fueron adecuadamente consideradas -y rechazadas- por el tribunal a quo , circunstancia que obsta a la procedencia de aquellos.
Es doctrina de esta Suprema Corte que resulta insuficiente -para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 72.375, "Mazza", sent. de 12-VII-2017; e.o.).
Sobre ese modo de proceder esta Corte tiene dicho que luce insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron desechadas por el Tribunal de Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (doctr. causas A. 72.157, "Ulman", sent. de 6-XI-2013 y A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014).
V.3. A su vez, la recurrente señala que la ordenanza 7.785/84 de manera alguna podría derivar de la ley 11.759, sino de lo dispuesto por la ley 11.757 (actualmente derogada por la ley 14.656), que regulaba el régimen para el personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, del cual quedaba excluido el personal municipal incluido en otros regímenes, salvo en los aspectos que ellos no hubieren previsto (art. 2 inc. "b").
Tal argumento tampoco puede prosperar, en tanto la prestación de los servicios de los profesionales de la salud cuyos lugares han sido declarados insalubres debe diferenciarse de alguna manera con los restantes servicios, contando con un régimen especial.
Adiciono a ello que fue el propio municipio demandado quien solicitó a la autoridad provincial la calificación como insalubres de determinados lugares de trabajo de diversas áreas de salud de la comuna.
V.4. El agravio relativo a la indebida aplicación de la doctrina de los actos propios también resulta improcedente, pues determinar si corresponde la aplicación de dicha doctrina, en tanto supone el análisis de la conducta observada por las partes, constituye una cuestión de hecho ajena, en principio, a la revisión de la instancia extraordinaria (doctr. causas A. 72.157, cit.; A. 73.613, "Roldán", sent. de 22-III-2016; A. 71.157, "Spinelli", sent. de 30-III-2016; C. 120.235, "Fabbian y Ravena", sent. de 21-XII-2016; e.o.), salvo la existencia del vicio del absurdo, que en el caso no ha sido alegado, menos aún acreditado.
V.5. Tampoco acierta la recurrente al denunciar la vulneración de la doctrina legal en relación con el principio de la carga de la prueba que rige para la procedencia del pago de las horas suplementarias por el cual la accionante debió probar la efectiva prestación de tales servicios (art. 375, CPCC).
Esta Corte tiene dicho que resulta inapropiada la invocación de doctrina legal cuando difieren las condiciones fácticas y jurídicas de la causa con las del precedente alegado (doctr. causas A. 68.808, "M., A. y o.", sent. de 20-VI-2007 y A. 68.817, "Bersani", sent. de 20-VI-2007), tal como ocurre en el caso.
Si bien la impugnante individualiza los precedentes cuya doctrina se encontraría vulnerada (doctr. causas L. 37.003, "López Pereyra", sent. de 24-II-1987; L. 72.119, "Dure", sent. de 19-II-2002; e.o.), omite manifestar cómo ellos se relacionan con la cuestión debatida en autos.
Para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (doctr. causas A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015; A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; e.o.).
V.6. Por último, no es atendible el cuestionamiento relativo al modo en que fueron fijadas las costas.
La imposición y distribución de las costas es una típica cuestión de hecho, facultad privativa de los jueces de grado y como tal irrevisable en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (doctr. causas L. 51.571, "Russo", sent. de 26-X-1993; Ac. 88.502, "Latessa", sent. de 31-VIII-2005; Ac. 77.574, "Iglesias Missiati", sent. de 6-VIII-2003; Ac. 92.476, "Miniot de Dono", sent. de 6-IX-2006; e.o.), vicio que no ha sido alegado y menos aún acreditado en autos.
VI. Por los argumentos expuestos, y en virtud que el recurso no cumple con los requisitos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, corresponde su rechazo.
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párr. y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (conf. art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la
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