Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74950
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según la ley 13.812- y 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.950, "Morel Olegario contra Ministerio de Seguridad s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Genoud, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor, y confirmó la sentencia de primera instancia que denegó la procedencia de la pretensión deducida, con costas por su orden (arts. 51 inc. 2 y concs., CCA.; v. fs. 212/217)
Disconforme con dicho pronunciamiento, el accionante dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad (v. fs. 221/227). El primero fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 229/230, que denegó el segundo.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 236), agregado el memorial de la demandada a fs. 241/246 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor, y confirmó la sentencia de primera instancia que denegó la procedencia de la pretensión deducida.
I.1. Para así decidir, puntualizó que la ley 13.236 (B. O. de 15-X-2004) estableció un nuevo régimen previsional para el personal en actividad y pasividad tanto de las Policías de la Provincia de Buenos Aires como de la planta permanente de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y de sus respectivos pensionados, derogando el régimen del decreto ley 9.538/80.
Luego de repasar la normativa, advirtió que, como acertadamente lo entendiera la jueza de la causa, la situación invocada por el actor generó a su favor solamente una expectativa en relación al mantenimiento de la estructura jerárquica vigente con anterioridad al dictado de la ley 13.982, y que por ello no le asistía razón al quejoso, quien sustentaba su pretensión erróneamente sobre la base de un régimen legal derogado o sobre la retroactividad de uno nuevo, desconociendo el principio que niega la existencia de un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o su irretroactividad por regla.
Sostuvo que el caso no ofrecía una circunstancia consumada para el actor que le reconociera el derecho invocado, condición necesaria para invocar la garantía constitucional del art. 17 de la Constitución nacional, conforme los fundamentos que expusiera la jueza de grado, a los cuales remitió en honor a la brevedad.
En esa inteligencia, señaló que la pretensión del reconocimiento de un mayor cargo estando el agente en pasividad no podía prosperar y, en ese marco, también compartió lo decidido por la jueza de la causa en cuanto descartó la alegada afectación de la garantía al nivel salarial del actor.
Para ello afirmó también que el reencasillamiento ocasionado a partir de las disposiciones generales de la ley 13.982 (anexos I y II), en su aplicación a los pasivos (dec. 3.000/10; conf. art. 27, ley 13.236) no sólo expresó el ejercicio de una potestad del Poder Ejecutivo ejercida sin observaciones en cuanto a su razonabilidad, sino a la vez, un propósito por mantener la regla de proporcionalidad para lo previsto en la ley 13.201, como en el decreto ley 9.550/80, respecto de los nuevos escalafones y en su aplicación al personal de retiro bajo alguno de esos regímenes, criterio normativo de equiparación con los activos que -consideró- mostraba armonía con el principio de movilidad.
Indicó que tampoco la mecánica de equiparación que sucediera a la ley 13.982 generó detrimento en la situación de pasividad del actor, ni retrogradación en relación con el nivel alcanzado por dicha ley, no revelando trato desigual, en la medida en que comprende a todos quienes se encuentran en su misma situación sin discriminación alguna y sin que configure a su respecto inobservancia del principio constitucional invocado, ni desmedro a un derecho adquirido.
Sin perjuicio de ello, advirtió que la decisión recurrida se encontraba debidamente fundada en las normas aplicables al sub iudice , sin que surgieran en la especie elementos que otorguen sustento al planteo de la quejosa, lo cual implicaría otorgar a la norma efectos retroactivos, contrariamente a lo previsto por el legislador, en cuanto precisó que los efectos salariales de la ley 14.382 serían aplicados a partir de los treinta días de su publicación (conf. art. 3 y concs.).
En ese sentido, consideró asimismo insuficientes las circunstancias alegadas por las que tachara de injusto el reescalafonamiento dispuesto por la ley 13.982.
Del mismo modo, estimó insuficientes los argumentos tendientes a obtener un reconocimiento de la jerarquía de Mayor con un alcance más amplio que el otorgado por el legislador conforme la ley 14.382, pues el recurso intentado lucía desprovisto de elementos de convicción que le otorguen anclaje suficiente.
De esta manera, concluyó que la queja del actor contenía enunciaciones generales relativas al sistema normativo en su conjunto, pero sin la precisión que requiere la tacha constitucional en su enunciación, motivo que, al quedar descartados los óbices considerados, tornaba ineficaz el agravio para sostener el planteo constitucional.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el accionante denuncia violación del principio de movilidad del haber de retiro, del derecho a la propiedad, de igualdad ante la ley (con cita del art. 16 de la Const. nac.) y de igual remuneración por igual tarea (con mención del art. 14 bis de la Const. nac.).
II.1. En primer lugar, aduce errónea aplicación del principio de irretroactividad de las leyes.
Para ello sostiene que el cambio normativo no puede afectar derechos indubitablemente adquiridos e incorporados al patrimonio del individuo, por la garantía de movilidad del haber de retiro que surge de la ley de jubilaciones y pensiones del personal policial, que a su vez se nutre de las escalas de la carrera policial del peticionante, que son reflejo de las funciones desempeñadas.
Aduce que lo peticionado es la recomposición salarial dado que el reencasillamiento dispuesto por la ley 13.982 le produjo un claro perjuicio económico patrimonial en su haber de pasividad, vulnerando el principio de igual remuneración por igual tarea.
Señala que la ley 14.382 vino a corregir la notoria desigualdad creada respecto de los activos y que, en ese orden, debió otorgarse igual trato a los retirados -también mal equiparados-.
Advierte que al efectuarse un erróneo reescalafonamiento se produjo una afectación a la movilidad del haber de retiro, por cuanto se crearon nuevos grados (en realidad restaurando los anteriores del dec. ley 9.550/80) y se lo ubicó en una jerarquía intermedia.
II.2. Denuncia errónea aplicación de la norma constitucional que garantiza la igualdad de trato e igualdad de prestación salarial por igual tarea, con agravio constitucional.
Señala que, si bien es cierto que el estatuto policial no surge de una negociación, sino que es un acto unilateral del estado, sostiene que esos actos no pueden por sí causar perjuicio patrimonial y afectar derechos constitucionales adquiridos sin afectación a la garantía de movilidad ya referida, que tiene su correlato en el principio de igual remuneración por igual tarea.
Indica que el Poder Legislativo tuvo que dictar una ley posterior (la ley 14.382) para corregir el reencasillamiento dispuesto por el decreto 3.000/10 y que es por ello que persigue una recomposición en el haber de retiro por el tiempo en que estuvo vigente ese decreto.
Recuerda que el haber de retiro no se equipara a una jubilación dado que el personal retirado todavía está sometido al régimen disciplinario y eventualmente puede ser convocado a la actividad.
Advierte que la incorporación del art. 21 bis al decreto 3.000/10 -por el decreto 2.382/05- por el que se establecieron los primeros criterios de reconvención, debieron ser rápidamente derogados con el dictado de la ley 14.382, la que reconoció y corrigió el grave error legislativo y reglamentario que originó una merma en el haber del personal policial retirado.
Por último, cita doctrina de esta Suprema Corte y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sólo individualiza.
III. El recurso no prospera.
Conforme el relato de antecedentes efectuado, cabe advertir que el tema en debate ha sido objeto de tratamiento por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos al sub lite , circunstancia que resulta suficiente para dar respuesta al recurso bajo análisis (art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
En las causas A. 73.211, "Balbastro", sentencia de 25-1V-2018; A. 73.862, "Migliori", sentencia de 3-V-2018; A. 73.959, "Belloti", sentencia de 06-VI-2018 y A. 74.275, "Chiquini", sentencia de 29-VII-2018, este Tribunal indicó que el Poder Ejecutivo estableció por vía reglamentaria las equivalencias por correlación de cargos entre el anterior régimen del decreto ley 9.550/80 y el de la ley 13.201, luego sustituida por la ley 13.982, en cumplimiento de lo exigido por el art. 27 de la ley 13.236, respetando la identidad con el reescalafonamiento efectuado legislativamente para quienes se encontraban en actividad, circunstancia que disipa los reproches a la legitimidad de las normas analizadas, en las que no se advierte exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria.
Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según la ley 13.812- y 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 16/10/2020 13:15:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2020 17:04:09 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 15:03:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 12:59:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 17:01:06 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia