Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74693
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto y, en consecuencia, se anula la sentencia del Tribunal de Alzada, en cuanto omitió expedirse sobre los planteos atinentes al reajuste del haber jubilatorio del accionante por la pérdida de proporción razonable con el haber del agente en actividad y el consecuente quebrantamiento de la movilidad y la supresión del prorrateo establecido en el art. 62 de la ley 11.761, disponiéndose la remisión de la causa a la Cámara de origen para que -debidamente integrada- se pronuncie sobre los agravios omitidos (art. 298, CPCC). Costas por su orden, en atención a la forma en que se dirime la cuestión planteada (art. 68 segunda parte, CPCC).
El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora, se rechaza (arts. 279, CPCC; 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.693, "Triaca, Julio Abel c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Pettigiani, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por el señor Julio Abel Triaca contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de obtener el reajuste de su haber previsional, la equiparación del importe de la prestación con la de los beneficiarios de la ley 13.364 y modificatorias y la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 54 y 57 de las leyes 11.761 y 13.364. Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 356/369 vta.), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente a fs. 371/372.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 379/381), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 382) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley deducido también por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de grado que desestimó la demanda promovida por el señor Julio Abel Triaca contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de obtener el reajuste de su haber previsional, la equiparación del importe de la prestación con los beneficiarios de la ley 13.364 y modificatorias y la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 54 y 57 de las leyes 11.761 y 13.364 (v. fs. 347/353).
I.1. A fin de abordar la cuestión sustancial planteada sostuvo que correspondía adoptar el criterio que había seguido en precedentes análogos (causas n° 14.131, "Actis Goretta"; n° 15.301, "Conde"; e.o.), con sustento en el principio general en materia previsional que dispone que el régimen legal aplicable al beneficio debe ser el vigente a la fecha de cese en los servicios.
I.2. Reprodujo los fundamentos expuestos en las causas citadas y expresó que la petición de la parte actora se desentendía del carácter contributivo del sistema, en función del cual debían entenderse los alcances de las prestaciones reconocidas siempre acotadas a un conjunto de exigencias que, determinadas al momento del otorgamiento, carecían de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así alcanzados guardaba relación directa con los requisitos de acceso.
Indicó que en los mentados precedentes se destacaron las diferencias del sistema en cuanto a requerimientos en materia de antigüedad y de edad y, por lo tanto, de contribuciones. Así, se dijo que no podía el actor beneficiarse de sucesivas modificaciones cuando estas tengan por destino alterar un componente que se consumaba y consolidaba conforme al régimen vigente al momento del cese en la actividad. Tal lo que correspondía -dijo- para la base de cálculo del haber, al tratarse de uno que arraigaba al amparo del sistema legal por entonces en vigor y guardaba proporción con el resto de las exigencias de acceso (cfr. art. 75 y concs., ley 11.761).
I.3. Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un "bloque" que incluía la base de cálculo del haber y el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad; ésta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras.
I.4. Finalmente, concluyó que consumada la situación previsional de la accionante bajo el régimen legal vigente a la fecha del otorgamiento, aunque con la movilidad que le es inherente, se respetaba el principio contenido en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
II. El recurrente denuncia la nulidad del fallo, por haberse omitido decidir dos cuestiones esenciales, tales como el reajuste del haber jubilatorio en función de los importes que recibe un activo y el consecuente quebrantamiento de la movilidad consagrada en el art. 14 bis de la Constitución nacional y la supresión del prorrateo establecido en el art. 62 de la ley 11.761 para la determinación del monto de la prestación (v. fs. 362/363).
II.1. Aduce que el primer punto fue omitido en las instancias anteriores, con motivo de que sólo abordaron si correspondía al accionante -beneficiario de la ley 11.761- que la cuantía de su haber se determinara conforme los arts. 54 y 57 de la ley 13.364, modificada por la ley 13.873 sin introducirse en la cuestión constitucional que subyacía acerca de la pérdida de proporcionalidad entre el haber de pasividad y las remuneraciones pertenecientes a los agentes en actividad que desempeñaren el mismo cargo al momento del cese.
Expresa que no existe ninguna relación entre la equiparación del haber previsional con el que perciben los beneficiarios de la ley 13.364 y la cuestión atinente al reajuste del importe de la jubilación por la ausencia de la proporcionalidad aludida.
II.2. Respecto al sistema establecido en el art. 62 de la ley 11.761 señala que, si bien fue precisado como un tópico por la sentencia de primera instancia y por el pronunciamiento impugnado, no ha sido abordado.
III. A fs. 379/381 el señor Procurador General propicio en su dictamen que el recurso extraordinario de nulidad no puede prosperar.
IV. En mi criterio, el recurso deducido debe prosperar.
IV.1. El magistrado de primera instancia, en lo que al caso interesa, desestimó en primer lugar la solicitud de equiparación del haber previsional del accionante con la de los beneficiarios de la ley 13.364 y modificatorias con sustento en la consumación de su situación previsional bajo un determinado régimen legal en cuanto a la determinación de su haber inicial y así también en el porcentual correspondiente (cfr. arts. 54 y 62, ley 11.761), circunstancias que guardaran proporción con el resto de exigencias previstas en la normativa aplicable a la fecha de cese (cfr. art. 75, cit.), sin perjuicio -consideró- de su movilidad, que se establecía conforme lo dispuesto por el art. 57 de la ley 13.364 (v. fs. 311/378).
Por último, sostuvo insuficiente el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 54 y 57 de las leyes 11.761 y 13.364 esgrimido por la parte actora, al no haberse demostrado de qué forma los preceptos controvertidos afectaban derechos y garantías constitucionales.
IV.2. Luego de ello, el recurrente al fundar su apelación, en lo que aquí interesa, denunció que el magistrado de la instancia de origen no se había pronunciado sobre algunas cuestiones reclamadas en su escrito inicial.
A tales fines señala que su planteo de reajuste de su haber previsional por la pérdida de proporción razonable con el haber en actividad y el consecuente quebrantamiento de la movilidad consagrada en el art. 14 bis de la Constitución nacional, había sido soslayado por el pronunciamiento de primera instancia con motivo de que había subsumido ese punto con la cuestión atingente a la equiparación del haber de la prestación con la de los beneficiarios de la ley 13.364 (v. fs. 322 y vta.).
Finalmente critica que la sentencia de grado tampoco se expidió sobre la determinación del haber inicial sin la aplicación del prorrateo previsto en el art. 62 de la ley 11.761.
IV.3. A su turno, la Cámara interviniente -si bien expresó que abordaba la cuestión sustancial planteada- rechazó la apelación deducida y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia. Ello, siguiendo la misma línea argumental sostenida por el decisorio de grado y con sustento en el criterio que esgrimiera en precedentes que reproduce ("Actis Goretta"; "Conde"; Fernández; e.o.), concernientes al régimen legal aplicable para la concesión del beneficio previsional -el vigente a la fecha del cese- aunque con la movilidad que les es inherente desde su reconocimiento (cfr. art. 39 inc.3, Const. prov.).
Sin embargo, tal como acertadamente señala el impugnante advierto que los planteos que se denuncian preteridos fueron sometidos a conocimiento del tribunal interviniente en la etapa procesal oportuna y que, efectivamente, el a quo ha omitido pronunciarse a su respecto en la decisión impugnada.
Si bien en su dictamen de fs. 379/381 el señor representante del Ministerio Público sostuvo que el tratamiento del reajuste pretendido debería considerarse subsumido implícitamente en el criterio en que se fundan los sentenciantes, en verdad se observa que lo allí decidido estuvo más bien dirigido a dar respuesta a los argumentos de la apelación vinculados a la equiparación del haber del accionante con la de los beneficiarios de la ley 13.364 (v. rec., punto "b", fs. 362).
Por lo tanto, del desarrollo de fallo de la Cámara interviniente no surge referencia alguna respecto a los planteos atinentes al reajuste del haber jubilatorio del accionante por la pérdida de proporción razonable con el haber del agente en actividad y el consecuente quebrantamiento de la movilidad y la supresión del prorrateo establecido en el art. 62 de la ley 11.761, ni expresa ni implícitamente. Tampoco puede entenderse que han sido desplazados dichos tópicos en virtud de no haber formado parte de la decisión y debió serlo en atención a que los fundamentos desplegados por el decisorio atacado son insuficientes para resolver lo allí pretendido.
En concreto, aun cuando los planteos fueron introducidos de un modo confuso desde el inicio de la litis, surge con nitidez que el actor pretende de un lado que su beneficio sea regido por la ley 13.364; y del otro, claro está, en caso de no prosperar lo primero, que en el marco de su jubilación a tenor de la ley 11.761 se respete el principio de movilidad previsional.
El primer tramo de su pedido ha sido rechazado por el tribunal, quien ha fundado su decisión en el principio general que rige en la materia respecto del cual el régimen legal aplicable al beneficio corresponde al vigente a la fecha del cese (v. fs. 350) y es materia del recurso de inaplicabilidad de ley articulado. La otra cuestión, no mereció respuesta alguna y es la que da lugar al acogimiento parcial del recurso extraordinario de nulidad.
En relación a este tópico, repárese que entre otras pruebas, obra el informe pericial de fs. 282/284 que muestra una divergencia porcentual entre el haber efectivamente percibido por el señor Triaca y el que según el experto debería percibir un jubilado en su situación.
El actor se toma de ello para denunciar la violación al principio de movilidad jubilatoria; y más allá del acierto o error, no puede perderse de vista que este argumento no tuvo abordaje alguno por parte del a quo , tornando procedente la presente impugnación.
IV.4. Teniendo en consideración las circunstancias antes mencionadas, se ha infringido, entonces, el art. 168 de la Constitución provincial.
Al respecto ha declarado esta Corte que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad si en el fallo se ha omitido el tratamiento de una cuestión que pudo tener gravitación en la suerte final del pleito, sin que se hubiere expresado motivo alguno por el cual esa temática no fue abordada (art. 168, Const. prov.). En tal supuesto, al haber quedado los tópicos esenciales fuera del contenido de la sentencia, se configura un supuesto de incongruencia por omisión (decisión citra petita ), que conlleva la nulidad del pronunciamiento (doctr. mis votos en causas L. 99.606, "Rodríguez", sent. de 31-VIII-2011; L. 116.954, "Di Piero", sent. de 6-VIII-2014; e.o.).
IV.5. Ahora bien, atento a la naturaleza de las cuestiones esenciales preteridas, que no guardan relación de dependencia con la restante cuestión abordada por el Tribunal de Alzada, la nulidad parcial propuesta no ha de alcanzar a la totalidad del fallo de grado sino solamente a las omisiones en que ha incurrido (doctr. mis votos en causas L. 81.389, "Vanetti", sent. de 30-IV-2008; L. 107.433, "Ríos", sent. de 11-IX-2013; e.o.).
En virtud de lo expuesto, oído el señor Procurador General, considero que debe hacerse lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto, disponiéndose la nulidad de la sentencia del Tribunal de Alzada y, en consecuencia, disponer la remisión de la causa a la Cámara de origen para que -debidamente integrada- se pronuncie sobre los agravios omitidos (art. 298, CPCC).
Costas por su orden, en atención a la forma en que se dirime la cuestión planteada (art. 68 segunda parte, CPCC).
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Corresponde seguidamente ingresar a la consideración del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, en la medida que corresponda de acuerdo a lo decidido en la cuestión anterior .
II. Se agravia el recurrente denunciando la violación de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional; 266 del Código Procesal Civil y Comercial y doctrina legal de esta Suprema Corte (v. fs. 363/369 vta.). Asimismo, alega absurdo.
II.1. En primer término, sostiene que la Cámara se habría apartado de lo normado en el art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial con motivo de que se encontraba obligada a resolver todas las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios.
Insiste con que el Tribunal de Alzada no se ha pronunciado sobre dos puntos esenciales del proceso que fueran motivo del recurso de nulidad intentado.
II.2. Sostiene que la sentencia impugnada transgrede el art. 14 bis de la Constitución nacional y la doctrina legal de esta Corte en cuanto receptan la garantía de la movilidad, que a su decir importa la existencia de una razonable proporcionalidad remunerativa entre la situación de pasividad y la de actividad.
Afirma que tal circunstancia no ha sido asignada en el caso mediante la aplicación de los arts. 54 y 57 de la ley 11.761 y 57 de la ley 13.364 y su modificatoria.
Entiende que la Cámara no pudo supeditar la movilidad jubilatoria a un principio de menor jerarquía, como el que consolidó el estatus previsional del accionante.
A su vez, sostiene que la sentencia atacada incurre en absurdo al efectuar un erróneo tratamiento de la proporcionalidad entre el haber del actor y la remuneración de los activos, conforme al informe pericial producido en la causa y las planillas agregadas a fs. 280/282.
II.3. Aduce que la Cámara transgrede el principio de igualdad establecido en el art. 16 de la Constitución nacional con motivo de que la Caja demandada abona importes inferiores a los agentes beneficiarios de la ley 11.761 que los que paga a los jubilados por la ley 13.364, a pesar de haber realizado una carrera semejante y alcanzado la misma jerarquía en sus cargos.
Señala que esa situación se encuentra reconocida por el pronunciamiento impugnado al advertir la diferencia en la determinación del haber inicial establecida en los regímenes legales citados.
Concluye que la igualdad retributiva de que gozan los trabajadores activos debe deslizarse o tener correlato en el plano de las prestaciones previsionales.
II.4. Por último, se agravia respecto a que la Cámara no abordó la inaplicabilidad a su situación previsional del art. 62 de la ley 11.761, entendiendo que una ley local no puede discriminar a quienes computan servicios prestados con afiliación a otro sistema comprendido en el régimen de reciprocidad, recortando sus haberes.
III. En razón de que ha prosperado el recurso extraordinario de nulidad no corresponde abordar los embates efectuados en los puntos II.1., II.2. y II.4., que también se esgrimen en la vía en tratamiento (art. 279, CPCC).
Con relación al reproche formulado acerca de que la Caja previsional abona importes inferiores a los agentes beneficiarios de la ley 11.761 que a los que paga a los jubilados por la ley 13.364, a pesar de haber realizado una carrera semejante y alcanzado la misma jerarquía en sus cargos, transgrediendo -aduce- de ese modo el art. 16 de la Constitución nacional, tal cuestión ha sido resuelta y desestimada por este Tribunal en casos sustancialmente análogos en esa parcela al presente, causas A. 72.826, "Actis Goretta", sentencia de 16-VIII-2017; A. 74.236, "Rugolo" y A. 73.519, "Conde", sentencias de 11-IV-2018 y los antecedentes en ellas citados.
Siendo ello así, el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando se plantean agravios ya desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
IV. Por las razones expuestas, debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC; 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto y, en consecuencia, se anula la sentencia del Tribunal de Alzada, en cuanto omitió expedirse sobre los planteos atinentes al reajuste del haber jubilatorio del accionante por la pérdida de proporción razonable con el haber del agente en actividad y el consecuente quebrantamiento de la movilidad y la supresión del prorrateo establecido en el art. 62 de la ley 11.761, disponiéndose la remisión de la causa a la Cámara de origen para que -debidamente integrada- se pronuncie sobre los agravios omitidos (art. 298, CPCC). Costas por su orden, en atención a la forma en que se dirime la cuestión planteada (art. 68 segunda parte, CPCC).
El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora, se rechaza (arts. 279, CPCC; 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 19/10/2020 10:17:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2020 12:31:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/10/2020 17:03:16 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 12:58:52 - SORIA Daniel
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.