Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73040
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se confirma la sentencia impugnada en cuanto fue materia de debate (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.040, "Amato, Miguel c/ Municipalidad de Mercedes s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani , Genoud, de Lázzari, Kogan
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó el fallo de primera instancia que receptó favorablemente la pretensión interpuesta por el actor (v. fs. 236/257).
Disconforme con ese pronunciamiento, la accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 260/263), el que fue concedido a fs. 268 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 274), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La presente acción contencioso administrativa fue iniciada con la finalidad de obtener la anulación del decreto municipal 419/10 -emitido por el Intendente de la Ciudad de Mercedes-, por cuyo intermedio se lo declaró cesante por considerar agotado el tiempo máximo de licencias previsto en el art. 33 de la ley 11.757.
El señor juez de primera instancia hizo lugar a la acción con fundamento, básicamente, en la ilegitimidad del cese, atento el incumplimiento de lo dispuesto por el art. 32 de la ley 11.757, que establecía la obligatoriedad de elevar los antecedentes a la junta médica provincial para su dictamen y que, hasta tanto ella se verifique, el agente tiene derecho a continuar gozando del cien (100) por ciento de los haberes.
En efecto, dicho magistrado consideró determinante la circunstancia de que, a la fecha del dictado de la cesantía (26 de julio de 2010), aún no se había expedido la junta médica provincial, lo que recién ocurrió el 4 de octubre de 2010.
II. Apelado ese pronunciamiento por la demandada, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso y confirmó la resolución de primera instancia que había receptado favorablemente la demanda.
Para así resolver, y en lo que al presente recurso interesa, el Tribunal de Alzada realizó las siguientes consideraciones:
Entiende acertada la interpretación de la normativa aplicable realizada por el a quo , en virtud de la cual no es posible disponer el cese sin que la junta médica provincial se expida previamente respecto del grado de incapacidad padecida por el agente.
Sostuvo que el art. 11 de la ley 11.757 -que prevé el cese del agente municipal una vez agotado el máximo de licencias por enfermedad- no opera automáticamente, exigiéndose el cumplimiento de los requisitos previstos por el ordenamiento para garantizar el derecho a la estabilidad. Entre ellos, la previa elevación a la junta médica, a fin de evaluar si se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio o si se debe proceder a la reubicación en tareas acordes a su estado de salud.
Consideró, en concordancia con el señor juez de primera instancia, que el decreto de cese 419/10 resulta ilegítimo pues, por un lado, el agente se encontraba gozando de una licencia médica y, por el otro, aún no se había expedido la junta médica respecto al grado de incapacidad, tal como requiere el art. 32 de la ley 11.757.
Agregó que el referido dictamen médico se produjo, incluso, con posterioridad a la cesantía.
Afirmó, en conclusión, que "de la simple lectura del Decreto 419/10 surge que los antecedentes determinantes del cese, explicitados en sus considerandos, no se condicen, al menos en su totalidad, con los recaudos exigidos por la ley 11.757 para disponer la baja del agente con fundamento en el artículo 11 inc. d) de la ley citada, circunstancia que configura el requisito de ilegalidad".
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la parte demandada denunció la errónea aplicación del art. 49 de la ley 11.758, modificatoria de la ley provincial de empleo público 10.430.
Sostuvo que la aplicación supletoria de la norma provincial realizada por la Cámara no corresponde en el presente caso por no configurarse las circunstancias exigidas para ello. Afirmó que el art. 33 de la ley 11.757 trata específicamente la misma cuestión que la norma provincial aplicada por la Cámara.
Agregó que la interpretación que hizo el a quo implica una resignación de las facultades que el ordenamiento le reconoce al Estado municipal y que, en el caso, no existe una adhesión expresa para la aplicación de la ley 10.430 y su modificatoria al personal dependiente del Municipio de Mercedes.
Manifestó su disconformidad con el fallo que tuvo por no cumplido con el requisito de dictamen previo de la junta médica, cuando -según lo afirmó- dicho organismo municipal aconsejó una licencia por 180 días con anterioridad al dictado del decreto 419.
Concluyó que: "conforme lo expuesto ha quedado manifiesto que el Decreto N° 419 se encontraba debidamente fundado; que la Junta Médica Provincial se había expedido; que en dicho dictamen se aconsejaba una licencia que superaba el ya agotado plazo de licencia que le correspondía al actor y que debía operarse el cese del vínculo laboral toda vez que los plazos del artículo 33 de la Ley 11.757 estaban cumplidos con exceso".
IV. El recurso no prospera, atento a su insuficiencia técnica (art. 279, CPCC), ya que no resulta una crítica concreta y razonada del fallo.
En efecto, el planteo impugnativo se sustenta, básicamente, en la inaplicabilidad del art. 49 de la ley 10.430 al caso por pertenecer el actor a la planta municipal y tener un régimen específico.
Ahora bien, tal como surge del relato realizado en el acápite III, el nudo argumental por el que el Tribunal de Alzada rechazó los planteos de la accionada se centró en el incumplimiento del recaudo expresamente previsto en el art. 32 de la ley 11.757, cuya satisfacción -según lo consideró- debía ser anterior a la medida de cese del art. 11, inc. "d" del mismo texto legal. El cual no opera de forma automática como pretende la recurrente.
La referencia que la Cámara efectuó al art. 49 de la ley 11.758 no resulta central en su razonamiento para resolver el caso, pues constituye un agregado colateral cuyo contenido normativo, además, no se aparta de los principios y regulaciones establecidos expresamente en la propia legislación del empleo público municipal.
Así, la Cámara puntualizó que al momento del dictado del acto de cesantía el agente se encontraba en uso de licencia aconsejada por la junta médica, como así también que, sin haber esperado el nuevo dictamen de ésta, conforme lo requiere el art. 32 de la ley 11.757, la Comuna igualmente dictó el cese en el marco del art. 11 de la ley citada.
El embate realizado por el recurrente al respecto, caracterizado por su superficialidad, se ha desentendido de los fundamentos de la sentencia, limitándose a manifestar su disconformidad con lo resuelto por el Tribunal de Alzada. De allí que, conforme lo ha señalado esta Corte, deviene ineficaz el recurso en tanto no se hace cargo de la línea argumental del fallo y se dedica a impugnarla con su propia interpretación del tema, dejando indemnes afirmaciones que le dan sustento bastante (causas A. 70.690, sent. de 22-VIII-2012; A. 73.339, sent. de 6-VII-2014; A. 71.113, sent. de 27-VIII-2014; A. 73.861, sent. de 19-IV-2017; A. 73.272, sent. de 9-VIII-2017; A. 73.635, sent. de 29-VIII-2017 y A. 71.653, sent. de 2-V-2018).
Es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. causas A. 71.261, sent. de 3-XII-2014; A. 73.304, sent. de 1-IV-2015; Q. 70.376, sent. de 17-VIII-2016; A. 73.169, sent. de 17-V-2017; A. 72.799, sent. de 7-VI-2017; A.73.860, sent. de 15-VIII-2018; entre muchas).
V. Por las razones expuestas corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada y confirmar lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín.
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
Los señores Jueces doctores Genoud y de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se confirma la sentencia impugnada en cuanto fue materia de debate (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2020 09:31:09 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 10:14:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2020 17:47:55 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 10:22:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 11:25:50 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia