Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75318
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis de la ley 5.827 -texto según la ley 13.812- y 279, CPCC), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.75.318 “PEREZ OMAR OSVALDO C/ CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA DE LA PROV. DE BS. AS. Y OT. S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
La Plata, 29 de abril de 2020.
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, desestimó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda. Impuso las costas en el orden causado (conf. art. 51 inc. 2, CCA; v. fs. 277/287).
I.1. Para así decidir, indicó que las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda resultaban elocuentes en cuanto a que el actor endilgaba al Estado provincial un obrar antijurídico con motivo del dictado de las leyes 13.201 y 13.982, en tanto -a su entender- las reformas que éstas proyectaron sobre la estructura de la carrera de los agentes pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, habrían consagrado desde su entrada en vigencia una detracción arbitraria del haber jubilatorio que venía percibiendo desde el año 2001 como consecuencia de su retiro de la fuerza con la jerarquía de Suboficial Mayor -conforme el régimen escalafonario del decreto ley 9.550/80-.
En igual sentido, remarcó que -tal como lo patentizara el juez de grado en el fallo recurrido- el señor Pérez no efectuó ninguna mención, observación, ni mucho menos impugnación en punto a los reencasillamientos jerárquicos -y por tanto salariales- de los que fue objeto como agente pasivo de la fuerza policial (conf. art. 27 de la ley 13.236), merced a las normas reglamentarias que acompañaron la transición del escalafón estatuido por el decreto ley 9.550/80 al instaurado por la ley 13.201, como la operada desde éste último al diseño normativizado por la ley 13.982.
Coincidió con el a quo en cuanto a que, de ser congruente con lo postulado en la demanda, debía concluirse que el accionante imputaba la erosión o detrimento salarial que lo agraviaba, exclusivamente, "…al rediseño del escalafón…" policial operado consecutivamente por las leyes 13.201 y 13.982, sin endilgarle tal consecuencia de manera alguna a "…los reencasillamientos…" jerárquicos y salariales de los que fue destinatario "…producto de la transición de un régimen a otro…" dispuestos y estructurados, en cada ocasión, mediante el dictado de concretas normas reglamentarias (cfr. decretos n° 3.326/04 -art. 226 y Anexo "I"-, n° 3.436/04; n° 2.382/05 -art. 21 y 21 bis-; n° 3.000/10), esto es la equiparación de los retirados a esas nuevas escalas para activos.
Así las cosas, al no haber alegado el accionante en la etapa constitutiva de la litis arbitrariedad alguna de la Administración en oportunidad de proceder a su reencasillamiento jerárquico -como agente pasivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires- ante las reformas escalafonarias instituidas por las leyes impugnadas para los agentes en actividad, reputó que mal podía el apelante denunciar un quebrantamiento del principio de congruencia por no haberse pronunciado el a quo acerca de "…l a determinación de la jerarquía correspondiente… en las consecuentes leyes 13.201 y 13.982 …", y -desde allí- sobre la viabilidad de su derecho a la percepción de diferencias de haberes a causa de su "…irregular jerarquización…"; lo que por el contrario consideró hubiera -justamente- importado una afrenta deliberada a aquel principio procesal si el pronunciamiento impugnado se hubiera expedido al respecto y resuelto apoyándose en tal argumentación. Estimó que, lo expuesto precedentemente, descartaba asimismo la aplicación del principio iura novit curia por el judicante de grado.
I.2. La Cámara advirtió que lo puesto de relieve en los párrafos precedentes sellaba la suerte adversa de los agravios individualizados respecto de la merma arbitraria del haber jubilatorio del accionante y la consecuente inconstitucionalidad de los sistemas escalafonarios mentados por las leyes 13.201 y 13.982.
Consideró que el debate recién planteado en esa sede recursiva no constituía más que el fruto de una reflexión tardía, inhábil para sustentar la apelación. En efecto, manifestó que los fundamentos de una pretensión deben ser introducidos en el momento pertinente -por imperio de la preclusión y a fin de evitar el desmadre del buen curso procesal-, demarcado por los hitos procesales que estatuyen los arts. 27, 32 y ccdtes. del CCA (texto según ley 13.101; cfr. arts. 15 Const. prov. y 18, Const. nac.).
No habiendo entonces satisfecho tales recaudos de oportunidad, la Alzada estimó que la extemporánea reflexión de la parte actora en su escrito recursivo no podía ser evaluada primigeniamente por ese órgano y, en consecuencia, rechazó el recurso y confirmó el fallo atacado.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad, la parte actora denuncia errónea aplicación de la ley y absurdo en la apreciación de la prueba.
II.1. Comienza su relató reproduciendo los planteos que efectuara en las instancias de grado. Así, aduce que cesó con el grado mayor del escalafón de Suboficiales y Tropa, obteniendo su retiro activo con la jerarquía de Suboficial mayor en el año 2001 y que con los sucesivos dictados de las leyes 13.201 y 13.982 -que produjeron una readecuación jerárquica de los escalafones para el personal en actividad- quedó relegado de su real jerarquía en dos niveles menos, alterando su haber en pasividad y su derecho adquirido al mismo, por lo que denuncia lo inconstitucional de dichas normas en la consideración de que vulneran la movilidad jubilatoria (conf. art. 27, ley 13.236; dec. 3436/04; arts. 21 y 21 bis, dec. 2382/08 y dec. 3000/10).
Acusa asimismo la errónea interpretación de la ley 14.382 -del año 2012-, la que sostiene que -en rigor- reencasilla jerárquica y salarialmente a quienes revestían las jerarquías de Suboficial Mayor y Principal bajo el régimen del decreto ley 9550/80, retomando para ello la estructura anterior a la ley 13.982, lo que conlleva la readecuación del salario, pasando del tercer escalafón (Teniente primero) al de Mayor (jerarquía de retiro).
Advierte que dicha ley trae la solución al conflicto planteado en autos, dejando al descubierto cual fue el perjuicio ocasionado, que tanto el juez de grado como la Cámara desconocieron.
Con ello alega que las distintas normativas sancionadas y promulgadas en relación a las jerarquías de referencia muestran notoriamente la falta de adecuación de la jerarquía de Suboficial Mayor -según dec. ley 9550/80-. Cita precedentes de la Corte Federal.
II.2. Invoca violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte emergente de la causa "Pippo", sent. de 14-VII-1998, por la que se establece: " El reclamo de las remuneraciones devengadas constituye un pedido implícito de resarcimiento de perjuicio. Al otorgar alcance indemnizatorio a esa pretensión, el daño se presume por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad ".
II.3. Denuncia absurdo en la valoración de los hechos y errónea aplicación de los arts. 27 y 32 del Código Contencioso Administrativo.
Para ello indica que el Tribunal de Alzada fundó su decisorio en la falta de impugnación oportuna de los reencasillamientos, como así también en la omisión de acreditar el perjuicio, cuya introducción al proceso calificó como el fruto de una reflexión tardía. Para justificar lo expuesto, el recurrente señala que al momento de expresar agravios se atacaron los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos por el magistrado de primera instancia, sobrepasando la argumentación del postulado inicial y pidiendo la inconstitucionalidad de la normativa que lo agraviaba.
Asimismo califica de absurda la apreciación de la prueba, en tanto del cotejo de los recibos de haberes se vislumbra que en el año 2011 revestía la jerarquía prevista por la ley 13.928 de Teniente Primero y que de los recibos del años 2013 surge que revestía la jerarquía de Mayor por el reencasillamiento de la ley 14.382 con el correspondiente cambio en el monto jubilatorio; con lo que evidenciaría el perjuicio denunciado.
III. El recurso no prospera.
III.1. La impugnación aquí deducida no puede prosperar atento que no se logró acreditar en autos la errónea aplicación de las normas, ni la violación de derechos denunciada, ni el absurdo en la apreciación de las pruebas, insuficiencia que habilita a esta Corte la aplicación del art. 31 bis de la ley 5827 -texto según la ley 13.812- disponiendo su rechazo atento su carente fundamentación.
III.2. Cabe advertir, a mayor abundamiento, que el tema en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , circunstancia que -no obstante lo expuesto supra - resulta suficiente para dar respuesta al recurso bajo análisis (art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
En las causas A. 73.211, "Balbastro", sent. de 25-1V-2018; A. 73.862, "Migliori", sent. de 3-V-2018; A. 73.959, "Belloti", sent. de 6-VI-2018; A. 74.275, "Chiquini", sent. de 29-VII-2018, esta Suprema Corte indicó que el Poder Ejecutivo estableció por vía reglamentaria las equivalencias por correlación de cargos entre el anterior régimen del decreto ley 9550/80 y el de la ley 13.201, luego sustituida por ley 13.982, en cumplimiento de lo exigido por el art. 27 de la ley 13.236, respetando la identidad con el reescalafonamiento efectuado legislativamente para quienes se encontraban en actividad, circunstancia que disipa los reproches a la legitimidad de las normas analizadas, en las que no se advierte exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis de la ley 5.827 -texto según la ley 13.812- y 279, CPCC), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese.
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo. So-Pe-Ge-To
Reg. Nº 113
Fin de la sentencia