Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75286
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5827 -texto según la ley 13.812- y 279, CPCC). Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101, 68 y 289 in fine , CPCC).
A.75.286 “HARO OSCAR HECTOR C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA PROV. DE BS. AS. Y OT. S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INCONST.—“
La Plata, 29 de abril de 2020.
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, desestimó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda. Impuso las costas en el orden causado (conf. arts. 12 inc. 1, 51 inc 2, 55, 56, 58, 59, 77 y ccs., ley 12.008 -texto según leyes 13.101 y 14.437- y 274 y ccs., CPCC; v. fs. 198/203vta.).
I.1 Para así decidir, indicó que el accionante había consolidado su situación de pasividad bajo el régimen del decreto ley 9550/80, y que la correlación generada por ley 13.982 (BO 27-IV-2009), no permite inferir que haya habido un detrimento en su situación de pasividad, ni retrogradación alguna en relación con el nivel allí alcanzado.
Señaló que, en efecto, el reencasillamiento ocasionado a partir de las disposiciones generales de la ley 13.982 (anexos I y II), en su aplicación a los pasivos (conf. art. 21 bis, decreto nº 3000/10) no sólo importó el ejercicio de una potestad del Poder Ejecutivo ejercida razonablemente, sino que, a la vez, demostró un propósito por mantener la regla de proporcionalidad para lo previsto tanto en la ley 13.201 como en el decreto ley 9.550/80 respecto de los nuevos escalafones y, específicamente, en su aplicación al personal retirado bajo alguno de esos regímenes.
Agregó que el actor no contaba con un derecho adquirido al mantenimiento de un determinado régimen normativo, ni a la conservación de una estructura escalafonaria policial, condición necesaria para invocar la garantía constitucional del art. 17 de la Constitución nacional. De ese modo, advirtió que el recurrente desconoció tales postulados, sin que ello sea óbice para que una nueva legislación modifique el esquema.
En esa línea, señaló que esta Suprema Corte ha denegado la posibilidad de invocar un derecho adquirido a la carrera y/o ascensos para oponerse a cambios normativos en la estructura policial, en la inteligencia de que el interesado solo cuenta con una expectativa de invocar a su favor la aplicación del régimen creado, pero que ello no puede concretarse si el régimen ha sido reformado, concluyéndose que "la modificación de leyes por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, ya que nadie tiene un derecho adquirido a su mantenimiento ni a su inalterabilidad" (conf. doctr. causa B. 59.399, "Navarro", sent. de 20-VI-2007)
Asimismo, a diferencia de cuanto pregona el accionante, manifestó que tampoco se observaba vulneración al derecho constitucional de igualdad, ni se advertía irrazonabilidad de las disposiciones en el análisis que realizó la magistrada, dado que la normativa garantiza idéntico trato a quienes se encuentran en una misma posición jerárquica (arts. 16, Const. Nac; 11, Const. Prov; 1.1 y 24, CADH)
Advirtió, en tal sentido, que la discriminación alegada no se aviene a un criterio de equivalencia en el que los años de servicio puedan considerarse fuente suficiente para condicionar el ejercicio de una potestad que sólo ha procurado nivelar la situación de los activos y pasivos, siendo que estos últimos han clausurado su situación en la carrera en el preciso momento de obtener el beneficio consecuente (conf. art. 21 bis decr. 3000/10, cit.).
I.2. A mayor abundamiento, agregó que el régimen normativo contempla una disposición tendiente a preservar todo impacto salarial negativo producido por el reescalafonamiento prescripto que despeja cualquier variable de disminución que pudiere violentar el derecho del pasivo (cfr. art. 86, ley 13.982), dejando a salvo de ese modo las garantías constitucionales que pudieran tener implicancia en la especie.
I.3. Por otra parte, apuntó que los embates del actor vinculados a que el dictado de las posteriores leyes 14.382 y 14.383 permitirían demostrar la injusticia del reencasillamiento previamente efectuado, tampoco podían tener anclaje.
Al respecto, dijo que la petición carecía de sustento pues la propia ley dispone en su art. 3 que sus efectos salariales tendrán efecto a partir de los treinta días de su publicación (esto es, desde el 19 de octubre de 2012), resultando desacertado pretender otorgarle validez retroactiva que derive en un desenlace distinto y respecto a diferencias relativas a lapsos anteriores a su vigencia.
Así, calificó de insatisfactorios los argumentos traídos a esa Alzada, a fin de obtener un reconocimiento en la jerarquía de Mayor con un alcance más amplio que el otorgado por el legislador con la ley 14.382, pues el derrotero recursivo delineado aparecía desprovisto de elementos de convicción que le otorguen andamiaje.
En suma, afirmó que los argumentos ensayados por el actor a fin de alzarse contra el pronunciamiento desestimatorio de su reclamo tendiente a obtener una mejora del estatus de empleo -una vez alcanzada la pasividad y que a ésta se traslade-, carecía de sustento en la medida en que no había logrado demostrar que el ordenamiento jurídico aplicable la establezca con el carácter de derecho adquirido.
De este modo concluyó que la motivación del fallo recaído en la anterior instancia se mantenía incólume frente a la impugnación del quejoso, tanto en su basamento fáctico como en sus fundamentos jurídicos, que no exhibían el error de juzgamiento que predicaba el demandante en su libelo recursivo.
II. Contra dicho pronunciamiento el actor interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad en subsidio (v.fs. 206/212), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente a fs. 216/217. Esta Suprema Corte, mediante resolución obrante a fs. 221/222, declaró mal concedido el último de los recursos mencionados y llamo autos para resolver el primero.
III. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, la parte actora denuncia violación al derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.), a la garantía de igual ante la ley (art. 16, Const. nac.) y a la de igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis, Const. nac.).
En primer lugar aduce que se incurrió en una errónea aplicación del principio de irretroactividad de las leyes, afirmando que -en rigor- ningún cambio legislativo puede afectar derechos indubitablemente adquiridos e incorporados al patrimonio del individuo, máxime frente al principio de movilidad del haber de retiro, plasmado en la ley de jubilaciones y pensiones del personal policial, que a su vez se nutre en las escalas de la carrera policial que son reflejo de las funciones desempeñadas.
Acusa que está en juego el principio de igual remuneración por igual tarea, que es la base de la movilidad previsional de la ley 13.236, advirtiendo que el objeto de la demanda no es el otorgamiento de una jerarquía distinta al momento de producirse el reencasillamiento del decreto 3000/10, sino la recomposición salarial dado que esa operación le produjo un claro perjuicio económico en su haber de retiro.
Advierte que si bien es cierto que el estatuto policial no surge de una negociación sino que es un acto unilateral del estado, esos actos no pueden por sí causar perjuicio patrimonial y afectar sin más derechos irrevocablemente adquiridos que se fundan en la movilidad del haber de retiro, el que insiste, tiene su correlato en el principio de igual remuneración por igual tarea, máxime cuando a su entender el haber de retiro no resulta equiparable a una jubilación dado que el personal retirado todavía está sometido al régimen disciplinario y eventualmente puede ser convocado nuevamente a la actividad.
Alega que tan criticable fue el reencasillamiento dispuesto por el decreto 3000/10 que el legislador tuvo que dictar una ley posterior para corregirlo. Se refiere a la ley 14.382. Por tal razón, aduce que lo que persigue es una recomposición en el haber de retiro, que debió aplicarse en lo inmediato cuando entró en vigencia la ley 13.982 y no varios años después.
Agrega que el art. 21 bis del decreto 2.382/05 (que estableció los primeros criterios de reconvención) debió ser rápidamente derogado con el dictado de la ley 14.382, en tanto esa modificación no resultó una concesión del legislador, sino el reconocimiento y la corrección de un gravísimo error legislativo y reglamentario que conllevó a una merma del haber de retiro del personal policial en dicha situación de revista.
Por último, manifiesta que no solicita la aplicación de una ley inexistente o que se ignore la legislación vigente, sino que peticiona la recomposición de un perjuicio económico y patrimonial causado por el erróneo reencasillamiento (lo cual habría sido reconocido por una ley posterior), que vulneró garantías constitucionales como el derecho de propiedad.
III. El tema en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , circunstancia que resulta suficiente para dar respuesta al recurso bajo análisis (art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
En las causas A. 73.211, "Balbastro", sent. de 25-1V-2018; A. 73.862, "Migliori", sent. de 3-V-2018; A. 73.959, "Belloti", sent. de 6-VI-2018; A. 74.275, "Chiquini", sent. de 29-VII-2018, esta Suprema Corte indicó que el Poder Ejecutivo estableció por vía reglamentaria las equivalencias por correlación de cargos entre el anterior régimen del decreto ley 9550/80 y el de la ley 13.201, luego sustituida por ley 13.982, en cumplimiento de lo exigido por el art. 27 de la ley 13.236, respetando la identidad con el reescalafonamiento efectuado legislativamente para quienes se encontraban en actividad, circunstancia que disipa los reproches a la legitimidad de las normas analizadas, en las que no se advierte exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5827 -texto según la ley 13.812- y 279, CPCC). Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101, 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese.
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo. So-Pe-Ge-To
Reg. Nº 114
Fin de la sentencia