Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74774
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.774, "Bringas, Roberto c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, de Lázzari.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que al caso interesa, por un lado, rechazó el recurso de apelación deducido por María Lidia Di Lella de Mendoza, Carlos Emilio Díaz, Emilia Carmen González de Billourou, Alberto Jorge Cordero, Norberto Sarcona y Marta Edit Villanueva -todos jubilados según la ley 11.761- y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimara el planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761.
Por el otro, hizo lugar parcialmente al remedio interpuesto por la demandada y revocó la sentencia de grado en cuanto condenó a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires a abonar a los mencionados coactores las diferencias que surgirían por considerar "remunerativos" rubros liquidados como normales y habituales al personal activo (v. fs. 597/604).
No conformes con dicho pronunciamiento, los citados accionantes interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 627/645 vta.), que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 660/661.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 679) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por los actores antes individualizados, en su condición de jubilados de la ley 11.761 y condenó a la accionada a abonar todas las diferencias impagas que surjan por considerar como "remunerativos" -desde sus orígenes- los rubros reclamados por los demandantes, liquidados como normales y habituales, con más intereses.
Sin embargo, desestimó el planteo de inconstitucionalidad formulado en relación al art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 (v. fs. 522/524 vta.).
I.1. Respecto al primer punto, en sustento de su decisión el magistrado sostuvo que de los escritos postulatorios de las partes y la prueba agregada había quedado acreditado que el Banco de la Provincia de Buenos Aires abonó en forma mensual, normal y habitual los conceptos reclamados y destacó que, si bien fueron pagados con regularidad, no formaron parte de la base de cálculo de los haberes previsionales de los demandantes desde sus orígenes, aunque luego sí se incorporaron gradualmente.
Sobre esa base precisó el concepto amplio de remuneración de acuerdo a la doctrina legal que cita, señalando que aquí todos los ítems configuraron evidentes aumentos generalizados para los empleados sin condicionamiento alguno, y el demandado a su propio arbitrio les acordó el carácter de "no remunerativo", modificando paulatinamente dicha condición.
Aunque reconoció la facultad del Directorio del Banco prevista en el art. 24 de su Carta Orgánica, consideró que ello no habilitaba a encubrir verdaderos aumentos salariales otorgados a los activos, caracterizándolos como "no remunerativos", en virtud de vulnerar los principios de la primacía de la realidad y progresividad (art. 39 inc. 3, Const. prov.).
I.2. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, lo rechazó por cuanto los accionantes que obtuvieron su prestación previsional durante la vigencia de la ley 11.761 no acreditaron la confiscatoriedad invocada.
II.1. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por los accionantes y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 y su modificatoria, art. 21 inc. "d" de la ley 13.364.
Para así decidir, sostuvo que esa situación exhibía una configuración análoga a otros precedentes y, en particular, destacó el cambio de doctrina legal de este Tribunal sentada en la causa I. 2.024, "Velurtas" (sent. de 10-VI-2009), lo cual constituía suficiente fundamento a la decisión de primera instancia que rechazara la demanda en ese punto.
A su vez, señaló que esas normas legales se hallan implicadas en las vías de impugnación ante esta Corte -art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución provincial-, tal como sucediera en la causa A. 69.664, "González", en el que, si bien tramitaba bajo el carril del amparo, este Tribunal Superior provincial se pronunció sobre el asunto en el marco del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Remarcó que el voto mayoritario de esta Corte sostuvo en relación con el art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, que no traspasaba el límite que hacía a la validez constitucional del ejercicio de toda potestad pública y descartó el carácter confiscatorio del porcentaje de descuento, el cual no superaba el límite del 33% sobre las remuneraciones de los activos en la determinación del haber de los pasivos.
En consecuencia, rechazó la inconstitucionalidad del mentado precepto legal a la luz de los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial.
Finalmente, sostuvo que el carácter contributivo del sistema previsional, basado en el equilibrio de los recursos y en la solidaridad del aludido régimen contribuye a adoptar un criterio favorable a los aportes a cargo de los afiliados pasivos, siempre que no rebasaren los límites expuestos.
Concluyó que correspondía resolver conforme a la actual doctrina legal de esta Corte, sin que se apreciara razones que justificaren su apartamiento.
II.2. En otro orden de ideas, el a quo hizo lugar parcialmente a la apelación interpuesta por la demandada y revocó la sentencia de grado en cuanto la condenara a abonar a los actores las diferencias que surgirían por considerar "remunerativos" rubros liquidados como normales y habituales al personal activo (v. fs. 597/604).
Al respecto, consideró en primer lugar que correspondía dejar sin efecto el pronunciamiento de primera instancia en cuanto ordenó el reajuste en los haberes de los accionantes que adquirieron su beneficio previsional bajo la ley 11.761, con sustento en que esa decisión se había apoyado en fundamentos genéricos y, a la vez, omitió puntualizar los suplementos bajo los cuáles acogiera la pretensión deducida por los accionantes.
A mayor abundamiento señaló que lo resuelto por la sentencia de primera instancia no tenía asidero conforme lo expuesto por el Tribunal de Alzada en diversas causas.
III. Mediante el presente recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley los accionantes denuncian violación de la doctrina legal sentada por esta Corte en la causa I. 2.024, "Velurtas", citada.
También acusan vulneración del instituto de la seguridad jurídica, los derechos de defensa en juicio y propiedad, la garantía del debido proceso y el principio de igualdad ante la ley, consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 627/645 vta.).
A su vez, aducen que la Cámara transgrede la resolución 74/07 dictada por la Caja previsional demandada y los arts. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que receptan la obligación de no regresividad de los Estados.
También alegan que se apartó del principio de progresividad previsional y de las leyes 20.744 -por lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75- y 11.761 -modificada por las leyes 13.364 y 13.873-.
III.1. Esgrimen que con las constancias agregadas a la causa se ha acreditado que el art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 es confiscatorio para los recurrentes, en tanto se supera el 67% del sueldo que percibe un activo en igual categoría que la de los accionantes a la fecha de su cese, conforme lo resuelto por este Tribunal en la causa "Velurtas" ya citada y por lo tanto, tal situación vulnera el derecho de propiedad garantizado por los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial y el principio de progresividad previsional consagrado en los Tratados Internacionales que poseen jerarquía constitucional.
III.2. En otro orden, aducen que la entidad demandada por Acta de fecha 19 de mayo de 2008 aprobó la reducción del aporte a cargo de los beneficiarios al 2% a los titulares de prestaciones regidas por la ley 11.761 y que tal rebaja ya se había dispuesto en la mentada resolución 74/07 para todos los jubilados y/o pensionados -hubiesen iniciado o no juicio-, a partir del 1 de agosto de 2007.
III.3. Por otro lado, respecto al reajuste del haber previsional en relación a los aumentos que hubiere obtenido el agente en actividad bajo los rubros "no remunerativos", alegan que la sentencia es arbitraria.
Refieren que la Cámara en otras causas en que interviniera desestimó las demandas deducidas por jubilados de la Caja previsional demandada a pesar de haberse probado que las sumas de dinero pagadas en concepto de suplementos no remunerativos fueron abonadas en forma mensual, normal y habitual y resolvió además una cuestión que en esta causa no abordó, referida a la falta de legitimación pasiva de la Caja demandada.
Luego, se agravian porque en autos la Cámara rechazó el reajuste pretendido con sustento en que no se demostró que "los códigos no remunerativos" se aplicaron indebidamente, a pesar de que la prueba pericial contable estableció que fueron abonados al personal activo en forma mensual, normal y habitual desde diciembre de 2003 hasta mayo de 2009.
Señalan que el juez de primera instancia reconoció las diferencias pretendidas con sustento en el criterio amplio del concepto "remuneración" y la demandada modificó la caracterización de esos rubros como remunerativos, reconociendo el carácter que siempre tuvieron.
Esgrimen que sus beneficios se liquidan conforme a un sistema arbitrario establecido en el art. 57 de la ley 11.761 que prevé para su cálculo el promedio de los diez (10) últimos años de salarios percibidos tomando sólo en consideración los rubros con aportes, excluyendo los códigos no remunerativos, habiéndose acreditado que se abonaron en forma habitual y regular desde el año 2003 y que poseen las características que permiten subsumirlos en aquel concepto.
Finalmente destacan que conforme a los recibos de haberes acompañados y a la prueba informativa se ha demostrado que el perjuicio sufrido por los accionantes desde el mes de mayo de 2004 hasta el mes de mayo de 2009 -fecha del Acta de aumento salarial del 19% sobre los rubros remunerativos y no remunerativos percibidos por el personal activo- es del 33,05%.
III.4. Además, expresan que la Cámara omite el tratamiento de cuestiones a las que aludiera el pronunciamiento de primera instancia como es la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo 18/75; los arts. 1, 20 y siguientes del Estatuto del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires; y el reconocimiento del Acta de Acuerdo Salarial de fecha 29 de mayo de 2009.
Añaden que tampoco fue abordado por el a quo el escalafón del personal de la institución bancaria que regula las categorías y para cada una de ellas establece coeficientes que debe aplicarse sobre cada aumento.
Por último, aducen que el fallo en crisis incurre en un exceso formal en la interpretación de las resoluciones dictadas por la Caja demandada. A ello agregan que el tribunal tampoco analizó si éstas fueron aplicadas en contradicción con la doctrina legal de esta Suprema Corte.
III.5. Asimismo, denuncian la existencia de fallos contradictorios.
Alegan que la Cámara en el caso "Anca" confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto reconoció el reajuste de los haberes previsionales a quienes se jubilaron bajo la ley 11.761 por considerar que los aumentos salariales otorgados durante el período diciembre de 2003 a febrero de 2009, como códigos no remunerativos, revestían incrementos en los sueldos de los activos.
IV. El recurso intentado no puede prosperar en razón de su insuficiencia, tal como este Tribunal señaló en fecha reciente a propósito de una impugnación estructurada en forma muy similar a la aquí analizada y que involucraba similares agravios (art. 279, CPCC; conf. causa A. 75.730, "Blanco", sent. de 23-IX-2020).
IV.1. En primer lugar y en punto a la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 -y su modificatoria art. 21 inc. "d" de la ley 13.364- el escrito en el que se interpone y funda el remedio procesal en estudio no constituye una réplica idónea a las motivaciones esenciales de la sentencia atacada.
En efecto, como quedara expuesto en el relato de antecedentes, la Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia por cuanto se correspondía con la doctrina legal de esta Corte emergente de la causa I. 2.024, "Velurtas", citada.
Asimismo, descartó el carácter confiscatorio del porcentaje de descuento, el cual no superara el límite del 33% sobre las remuneraciones de los activos en la determinación del haber de los pasivos y, por lo tanto, desestimó la inconstitucionalidad a la luz de los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial que garantizan el derecho de propiedad.
Esta parcela del pronunciamiento no ha sido objeto de impugnación idónea por los recurrentes, quienes se limitan a reiterar consideraciones anteriormente formuladas -que tuvieron respuesta desfavorable ya en el pronunciamiento de primera instancia- acerca de la inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. "e" de la ley 11.761 y 21 inc. "d" de la ley 13.364, insistiendo sobre la aplicación de resoluciones administrativas que establecieron la reducción del aporte a cargo del beneficiario y en la vulneración del derecho de propiedad y del principio de progresividad previsional, mas sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por el Tribunal de Alzada para desestimar su pretensión.
Tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador y cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas -como ocurre en el caso-, lo que conlleva el rechazo de los reproches desplegados (doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; e.o.).
IV.2. Con respecto a la alegación de que "la sentencia resulta arbitraria" por no considerar la prueba producida en autos respecto de los aumentos dispuestos en favor del personal activo como rubros no remunerativos, es dable apuntar que la Cámara dejó sin efecto el pago de las diferencias acordadas por la sentencia de primera instancia con sustento en los genéricos fundamentos con los que se había resuelto ordenar el reajuste en los haberes previsionales de los coactores jubilados bajo la ley 11.761 y en la omisión de puntualizar los suplementos bajo los cuáles acogió la pretensión actoral.
En su recurso, los impugnantes se limitan a transcribir el concepto de "remuneración" que en forma amplia estableciera el señor juez de primera instancia, a saber "toda suma de dinero que el empleador abona al trabajador en relación de dependencia, debe necesariamente ser considerada parte integrante de ella, salvo que el empleador logre acreditar fehacientemente que el dinero abonado no tenía esa naturaleza (vgr. viáticos por gastos efectivamente realizados, o bien, un premio estímulo o gratificación accidental por una tarea especial)".
Refieren que allí se incluyen los suplementos que se abonaron por la institución bancaria en forma habitual y regular desde el año 2003 a mayo de 2009 al sector activo -entre ellos el determinado por el decreto 392/03- y que se han acreditado en el informe pericial.
De tal modo, la protesta planteada carece de idoneidad impugnatoria pues no logra poner de manifiesto que la decisión del Tribunal de Alzada resulte descalificable en los términos del vicio endilgado.
Así, las aseveraciones formuladas en cuanto al desarreglo lógico del que adolecería aquella sentencia, en rigor, no demuestran el acierto del razonamiento del juez de primera instancia en punto a subsumir todos los adicionales "no remunerativos" que de modo habitual y regular fueron percibidos en el período reclamado por los accionantes por los agentes en situación de actividad, omitiendo indicar en esa faena -respecto de cada suma de dinero- las notas definitorias de un suplemento de sustancia remunerativa, susceptible de ser computado a los fines del cálculo de los haberes de pasividad de los accionantes.
La mención genérica por los recurrentes de adicionales "no remunerativos" abonados en esos años, no suple el desarrollo que tal necesario examen supone y, por tanto, no resulta útil para demostrar cabalmente la configuración de la alegada irregularidad en el fallo impugnado.
Y a esa insatisfactoria acreditación se añade que resulta inatendible lo manifestado respecto a la carencia de legitimación de la Caja demandada sostenida por la Cámara en otras causas análogas (v. punto IV.2.a.), como así también el exceso de formalismo denunciado (v. punto IV.4.) por cuanto tales cuestiones no formaron parte de las conclusiones de la decisión puesta en entredicho.
Finalmente, cabe destacar que el planteo dirigido a impugnar el sistema de cálculo de la movilidad previsto en el art. 57 de la ley 11.761 queda desplazado pues en el entendimiento de la Cámara lo dirimente es la falta de individualización de los suplementos reconocidos por el pronunciamiento de primera instancia y no si sobre los mismos se efectuaron -o no- aportes.
IV.3. A su vez, no merece acogida la alegada violación de la doctrina legal de este Tribunal.
Si bien el recurso enuncia la violación de precedentes de esta Corte, omite desarrollar de qué manera han sido erróneamente aplicados o transgredidos y cómo ellos se relacionan con la supuesta decisión ilegítima de la Cámara, incumpliendo de ese modo la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos de la doctrina de este Tribunal que se reputa violada o erróneamente aplicada.
Es que la cita de los pronunciamientos de esta Corte debe ser claramente explicitada en su relación material con los hechos aquí debatidos y en el caso, por el contrario, se anuda en forma genérica y desvinculada de todo dato objetivo de la causa.
Para más, conforme ha expresado este Tribunal, deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (mi voto causa A. 71.538, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Sananitte", sent. de 16-VIII-2017 y doctr. causa A. 74.467, "Gagliero", sent. de 28-XI-2018; e.o.).
IV.4. En punto a la violación de diversos preceptos legales y constitucionales el embate no pasa del mero enunciado.
Cabe recordar que quien denuncia una violación así, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo, desde que la frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (doc
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