Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74235
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.235, "Mesiano, Alejandra S. C/ Municipalidad de San Fernando s/ Pretensión de Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, de Lazzari, Kogan, Pettigiani, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda (v. fs. 426/439).
Disconforme con ese pronunciamiento, la accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 443/464), el que fue concedido a fs. 466 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 477), agregado el memorial presentado por la Comuna demandada a fs. 471/473 vta. y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La señora Alejandra Mesiano promovió demanda contra la Municipalidad de San Fernando persiguiendo la nulidad del decreto 329/12 y, en consecuencia, su reincorporación como empleada de la Comuna (agente de higiene), el pago de las diferencias salariales y la reparación de los daños que adujo le ocasionó el cese. En subsidio, ante el supuesto de que no sea posible su restitución, pidió la indemnización tasada conforme los términos del art. 24 de la ley 11.757.
En tal escrito relató que comenzó a prestar servicios en la Municipalidad como temporaria (dec. 2.138/05) a partir del 7 de octubre de 2005 y que dicha contratación se fue renovando sucesivamente hasta el dictado del decreto 1.482/11, de fecha 1 de julio de 2011, en que se dispuso su designación en planta permanente. Narró que meses después se revocó dicho nombramiento con fundamento en el art. 7 de la ley 11.757, para luego renovarle el contrato como temporaria -27 de diciembre de 2011-, y dos meses después comunicarle su cese (conf. dec. 329/12).
I.2. El titular del Juzgado de Primera Instancia n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro rechazó la demanda pues consideró que la actora no había adquirido estabilidad y que, en consecuencia, el obrar de la Comuna había sido legítimo conforme los términos de los arts. 7, 92 y 101 de la ley 11.757 por lo que no correspondía la reincorporación solicitada como así tampoco el resarcimiento de los daños.
Fundamentó su decisión en el estatus de excepción y la circunstancia de no poseer más derechos que los previstos, en forma expresa o implícita, en el régimen estatutario. Recordó que la naturaleza del vínculo entre el agente y la Administración está dada por la modalidad de la designación.
En tal orden, con base en la legitimidad del cese, desestimó el reclamo de indemnización planteado en subsidio (v. sentencia a fs. 356/374).
I.3. Apelado el pronunciamiento de primera instancia por la actora (v. fs. 382/408 vta.), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, confirmó la sentencia de grado (v. 426/439 vta.).
I.3.a. En primer lugar, rechazó el planteo de nulidad del pronunciamiento fundado en la falta de consideración de las pruebas que a su criterio demostraron la existencia de una cesantía discriminatoria. Señaló que, si bien el juez no se expidió sobre ello, sí analizó los elementos probatorios obrantes en la causa. Concluyó que, en el caso, no se configuró el desvió del fin, tal y como fuera denunciado por la actora.
I.3.b. En segundo lugar, rechazó el pedido de reincorporación como agente de planta permanente y la eventual indemnización sustitutiva planteada en subsidio.
Para así decidir, en lo que al recurso interesa, valoró que la señora Mesiano se desempeñó en la Municipalidad como personal contratado -mediante sucesivas renovaciones- desde su ingreso el día 7 de octubre de 2005 y hasta el 1 de junio de 2011 (v. dec. 1.482/11), fecha a partir de la cual se la designó en planta permanente. Posteriormente, el 19 de diciembre de 2011, la Comuna revocó dicho decreto (2.782/11) y decidió renovarle el contrato hasta el 29 de febrero de 2012, de acuerdo a los términos del art. 92 y siguientes de la ley 11.757 y el art. 108 de la ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Por último, con fecha 28 de febrero de 2012, dictó el decreto 329/12 por medio del cual se le comunicó el cese.
Además, reparó en que, si bien la agente fue nombrada en planta permanente, dicha designación fue revocada a los seis meses, no adquiriendo de esta manera estabilidad en el cargo (conf. art. 7, ley 11.757).
Señaló que, en el caso, quedó acreditado que la actora pertenecía al plantel temporario por lo que se encontraba excluida de las previsiones que en materia de estabilidad establece el plexo normativo aplicable, pues la condición de agente contratado le impidió adquirir dicho estado.
Recordó la doctrina mayoritaria de esta Suprema Corte por la cual se establece como regla que el personal de planta temporaria -verbigracia agentes mensualizados y jornalizados- participa de un estatus de excepción, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo (conf. doctr. causas B 62.513, "Gundin", sent. De 22-X-2008; B 56.954, "Zorrilla", sent. De 1-VI-2011; e.o.).
También hizo mención al postulado de que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo desarrollado entre la administración y el agente está dado por la modalidad de designación de este último, en tanto para ingresar al régimen de planta permanente o para hacerlo como transitorio, la ley exige el cumplimiento de ciertos requisitos que no pueden desconocerse (doctr. causas B. 57.551, "Portillo", sent. de 19-IX-2007; B 60.219, "Galvan", sent. 9-XII-2009; e.o.).
I.3.c. En cuanto al planteo de la accionante referido a que las tareas que realizaba en la Comuna eran las propias del personal permanente (art. 92, ley 11.757), la Cámara sostuvo que dicha circunstancia no conlleva imprescindiblemente que las labores asignadas deban diferir en su naturaleza de las del personal permanente, pues basta la transitoriedad del requerimiento -conforme al carácter temporario, eventual o estacional de las labores- que obligue a reforzar durante un período determinado la plantilla básica de agentes que, frente a ciertas necesidades, resulta insuficiente.
Agregó, que a lo largo de los seis años en que la actora trabajó para el municipio se desempeñó en distintos sectores de la Comuna, tales como, el Área de Seguridad Institucional, dependiente de la Secretaría para la Producción, el Empleo y la Seguridad -en diferentes oficinas-, en la Subsecretaria de Servicios y Espacios Públicos dependiente de la Secretaria de Gobierno y en el Área de Higiene Urbana. Indicó, que las múltiples designaciones en las distintas dependencias municipales, evidencian el carácter temporario de las mismas. Ello, en la medida en que fue cubriendo las necesidades de las distintas áreas.
Asimismo, señaló que: "...Las características de las funciones para las cuales fue designada, y la circunstancia de que las mismas puedan efectuarse con personal permanente, no habilitan a tener por modificada la situación de revista del agente, toda vez que, como ya se apuntó, es el acto de designación el que imprime el régimen jurídico aplicable a la relación..." (cfr. SCBA, doctr. causa B. 57.741, "Iori"; e.o).
I.3.d. En cuanto a la pretensión de la actora de ampararse en la doctrina legal emanada de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió que, sin perjuicio de la trascendencia jurídica de los antecedentes en cuestión, los casos referidos exhibían ciertas aristas particulares que resultaron determinantes en las decisiones adoptadas por la Corte nacional y que no se encontraban presentes en el caso, tales como, el límite temporal a la contratación establecido normativamente (caso "Ramos"), la extensa prolongación en el tiempo de la contratación (21 años, en el caso "Ramos"; 7, en "Cerigliano" y 23, en "González"), o la naturaleza de la relación (caso "Madorrán").
I.3.d. Respecto a la crítica formulada sobre la ausencia de motivación en el acto de oposición fundada previsto en el art. 7 de la ley 11.757, sostuvo que de las circunstancias de la causa se revelaba que la demandante fue nombrada juntamente con 26 agentes en la planta permanente del municipio –conforme decreto 1.482/11 de fecha 8 de julio de 2011- pero luego, con el cambio de gestión, el día 19 de diciembre de 2011, se dejaron sin efecto las citadas designaciones -junto con otras 255 efectuadas en las mismas condiciones por otros decretos-, fundando su determinación en que la decisión política de pase a planta permanente de una gran cantidad de agentes municipales en el mes de julio del 2.011, carecía de adecuada fundamentación.
Asimismo, señaló que el mencionado decreto tuvo en cuenta que la reubicación de los agentes en la planta permanente de la estructura municipal -habiéndose producido el cambio de gobierno el 10 de diciembre de 2011- generaba una seria dificultad y condicionaba a la nueva administración a ratificar a agentes a los que no habían tenido oportunidad de evaluar, en evidente desmedro del ejercicio de la función administrativa.
En esa línea de pensamiento, sostuvo que la Administración motivó su decisión en que el período que restaba para que los agentes adquirieran estabilidad, resultaba exiguo para evaluar las capacidades y condiciones de los agentes de acuerdo al art. 7 de la ley 11.757.
I.3.e. Rechazó la pretensión indemnizatoria planteada en subsidio ante la negativa a la reincorporación pues, entendió que, en atención al modo en que se resolvía la cuestión, la reparación pecuniaria requerida carecía de sustento legal (confr. doctr. causa B. 58.147, "Terminales Río de La Plata", sent. de 07-II-2007).
I.3.f. Finalmente, en lo que refiere a la aplicación en el caso de los términos de la ley 14.656, sostuvo que, más allá de que los reclamos efectuados se hallan fincados temporalmente con anterioridad a la entrada en vigencia de aquella (B. O. de 6-I-2015) correspondiendo -en consecuencia- la aplicación de la ley 11.757, lo cierto es que a la fecha en que se dictó la sentencia impugnada, la norma estaba suspendida en atención al dictado del decreto 26/15 B (Publicación: de 5-I-2016 B. O. de 27.694).
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrinal legal, obrante a fs. 445/464, la actora denuncia la errónea aplicación de los arts. 101 y 102 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 7 de la ley 11.757; la inaplicabilidad de la ley 14.656; arts. 103 inc. 12 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 14 bis de la Constitución nacional. Asimismo, aduce la violación a la doctrina legal de los fallos de la Corte nacional ("Cerigliano", "Sanchez", "Ramos" y "Gonzalez") y la de esta Suprema Corte en las causas B. 62.793 y B. 56.550 y absurdo en el razonamiento de la Cámara en relación al mecanismo de oposición fundada (conf. art. 7, ley 11.757).
II.1.a. Alega que si bien la contratación temporaria es un régimen para hacer frente a la excepcionalidad (temporal, eventual o estacional), lo cierto es que ello no aconteció en el caso.
Insiste en que los empleados temporarios -conforme arts. 101 y 102 de la ley 11.757- gozan de estabilidad durante el lapso que dure el vínculo contractual, sin que pueda ser despedido sin causa de acuerdo a los términos de los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 103 inc. 12 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sostiene, que el acto de designación contractual debe indicar necesariamente cuales son las tareas a desempeñar de carácter temporal, eventual o estacional, que no pueden ser realizadas por personal de planta permanente.
En tal orden, transcribe partes del decreto 2.138/05 originario de designación de la señora Mesiano (v. fs. 70) y puntualiza en que no existió referencia alguna a las condiciones excepcionales que fundamentaron el nombramiento, como así tampoco de la temporalidad de las labores y señalo, asimismo, que la relación se prolongó por más de cinco años.
Sostiene, entonces, que el criterio adoptado por la Cámara en cuanto a que el acto de designación imprime el régimen aplicable al vínculo, habilitaría al juzgador a omitir las características concretas de la relación de empleo, vulnerando el principio constitucional de "primacía de la realidad" de aplicación a toda relación de trabajo, cuando es la misma doctrina de la Suprema Corte la que indica que tal marco legal refiere no sólo a la "forma de la incorporación" sino también a "la materialidad del desempeño". Cita el voto del doctor Hitters en la causa "Maza Vergara".
II.1.c. Por otra parte, ataca la conclusión arribada por el Tribunal de Alzada en cuanto refiere al hecho de que las: "...múltiples designaciones en las distintas dependencias municipales (en las que se desempeñó la actora), evidencian el carácter temporario de las mismas. Ello, en la medida en que fue cubriendo las necesidades de las distintas áreas...".
Aduce que, al contrario de lo analizado por la Cámara, la circunstancia apuntada demuestra no sólo las necesidades permanentes del municipio sino también progresividad y permanencia en la carrera administrativa de la actora pues dichos movimientos implicaron promociones pasando de una categoría 7, grupo C Tramo I del escalafón al grupo C Tramo II.
Reitera que, corresponde a la demandada invocar y demostrar la ocurrencia de una obra o servicio especial que muestre lo materialmente transitorio de la contratación.
II.2.a. Se agravia del rechazo a las objeciones vertidas sobre el mecanismo de oposición fundada previsto en el art. 7 de la ley 11.757 (dec. 2.782/11). Insiste en que la decisión de la Comuna tuvo por objeto provocar la cesantía de la actora vulnerando el derecho a estabilidad acordada constitucionalmente mediante un oscuro manejo de derogación retroactiva de normas (dec. 1.482/11 que designa a la actora en planta permanente).
Señala que la motivación del decreto 2.782/11 consiste en una reubicación de los empleados de la Comuna -pase a planta temporaria- y no el ejercicio de la oposición fundada.
II.2.b. Denuncia absurdo en el razonamiento de la Cámara en cuanto afirma que la decisión de la Comuna de no renovarle la planta temporaria se enmarcó en la potestad prevista en el art. 101 de la ley 11.757 (razones de servicio) lo cual no surge del acto impugnado y que según entiende revela su falta de motivación.
III.3. Cuestiona el rechazo de la Cámara a la aplicación de la ley 14.656. Sostiene que por aplicación del art. 7 del Código Civil y Comercial: "A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes", y el principio in dubio pro operario (conf. art. 39, Const. prov.), resulta insoslayable la referencia al nuevo marco jurídico existente al tiempo de sentenciar pues entiende que el acto impugnado no se encuentra firme.
Por otra parte, alega que la nueva ley si bien no modifica el hecho de que el agente deba cumplir con un plazo de prueba a los fines de adquirir estabilidad (conf. el arts. 7, ley 11.757 y 4, ley 14.656), introduce una modificación en el art. 70 referida a que: "..cualquier infracción a lo establecido en materia de planta temporaria convertirá al trabajo transitorio en definitivo y al trabajador se lo considerara ingresado a la planta permanente a partir de la fecha en que inicio su prestación de servicio...".
Aduce que la reforma legislativa citada es sustancial en punto al régimen temporario frente a la jurisprudencia de esta Suprema Corte que sostiene que el mero transcurso del tiempo no puede tener un "efecto mágico" de transformar el modo de contratación cristalizado por la forma de designación. Ello en tanto establece la conversión retroactiva de la modalidad contractual por la mera constatación de "cualquier infracción", es decir, en contra de la forma de designación y más allá del cumplimiento del período de prueba. Sostiene que la normativa protege la primacía de la realidad, el derecho constitucional a la estabilidad, a la carrera administrativa y al principio de progresividad (art. 1, ley 14.656).
III.4. Insiste en la obligatoriedad de acatamiento que tienen los tribunales inferiores a la doctrina de la Corte federal conforme los términos de los arts. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y 60 del Código Contencioso Administrativo.
Señala que en este caso es obligatoria la aplicación de lo resuelto en los fallos "Ramos", "Cerigliano", "González" y "Madorran", en cuanto al estatus de excepción del empleo temporario, a la luz de la ley 14.656 y de la doctrina de este Tribunal en la causa "Maza Vergara".
III.5.a. Seguidamente denuncia la violación de la doctrina vertida por este Tribunal en el citado fallo "Maza Vergara", ello, en cuanto al reclamo subsidiario de la indemnización por daño material. Alega que, ante el supuesto de que no se resuelva a favor de su reincorporación a la planta de la Comuna, corresponde entonces se le otorgue la reparación tarifada en el art. 24 de la ley 11.757. Fundamenta su petición en el principio de indemnidad (art. 39 inc. 3, Const. nac.) y los reconocidos en el art. 1 de la ley 14.656.
III.5.b. También se agravia en tanto el a quo no se expidió sobre la procedencia del resarcimiento del daño moral reclamado, por lo que ante el supuesto de que se haga lugar al planteo referido en torno a la injuria e ilegitimidad del accionar de la Comuna, se debería reconocer y determinar de forma prudencial conforme se resolvió en la causa "Coggiola c/ Municipalidad de Tigre".
III.6. Finalmente, cuestiona la decisión de la Cámara en tanto rechazó el planteo de nulidad de la sentencia de primera instancia con base en la valoración de la prueba testimonial pues considera que la denuncia de que el cese fue discriminatorio si bien fue acreditado, el juez de grado no lo trató.
IV. El recurso prospera parcialmente.
IV.1. En el sub lite la Cámara confirmó la decisión de primera instancia que rechazó la demanda con base en que "...la demandante, nunca adquirió estabilidad en el cargo ya que la mayor parte de su vínculo con la municipalidad demanda se desarrolló bajo la órbita de contratos en su calidad de personal temporario..." (fs. 435). Ante esta circunstancia concluyó que dichas designaciones no le confirieron aquella situación subjetiva, pues integraba la planta temporaria del municipio demandado, conforme lo dispuesto por los arts. 12 inc. 2 "a", 92 y concordantes de la ley 11.757.
IV.1.a. A primera vista, ello avalaría la interpretación que propone la demandada, con base en el régimen normativo vigente en los años en que se vincularon las partes (ley 11.757), la cual fuera acogida en las instancias de grado.
Se observa que, si bien la agente fue designada en planta permanente mediante el decreto 1.482/11, el nombramiento fue revocado dentro del período de prueba -art. 7 de la ley 11.757- por los decretos 2.872/11 y 2.865/11, circunstancia que le impidió adquirir estabilidad, sin perjuicio de lo cual se la reubicó como empleada temporaria hasta que se le comunicó el cese de la relación contractual (dec. 329/12). Ha quedado acreditado entonces, en el proceso, que las sucesivas designaciones tuvieron carácter transitorio (v. fs.70/96).
IV.1.b. Sentado ello y si bien la naturaleza del vínculo entre el agente y la Administración está dada por la modalidad de la designación, esta conclusión ha de modularse a la luz de la jurisprudencia de la Corte S
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.