Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74274
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (art. 303, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 303, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.274, "Marcatili, Gioconda Elisabet contra Poder Judicial. Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2.078): doctores Torres, Natiello, Carral, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia por la que se desestimó la demanda promovida en autos (v. fs. 129/134).
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 138/148), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 151/152.
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 158/159), dictada la providencia de autos (v. fs. 160) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La actora promovió demanda contencioso administrativa contra el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, solicitando el pago del adicional del 25% del sueldo en concepto de bloqueo de título -Licenciada en Administración- que prevé el art. 41 de la ley 10.475, en lugar del 12,5% que percibe.
I.2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia por la que se rechazó la pretensión articulada en autos (v. fs. 129/134).
Para así resolver consideró que la accionante no había logrado demostrar que le asistiera el derecho que invocaba, pues en los términos de la normativa que esgrimía como fundamento de su pretensión -art. 242 de la ley 10.620 (que regula el ejercicio profesional de los graduados en ciencias económicas con desempeño en la administración pública -y administración de justicia-), el mayor porcentaje requerido para la liquidación del suplemento por bloqueo de título no encontraba sustento.
Sostuvo que la situación de los profesionales de ciencias económicas pudo admitir el reconocimiento del adicional únicamente por conducto de la ley de ejercicio profesional (10.620), que dejara establecido ese derecho en los matriculados y en la medida en que el desempeño en relación de dependencia importe para ellos una alteración en el ejercicio de sus incumbencias.
Luego, agregó, una interpretación armónica del art. 41 de la ley 10.475 con el art. 242 de la ley 10.620 no podía derivar sino en la necesidad de un acto de ejecución reglamentaria de ambas, que deslindara la situación singular de los profesionales en ciencias económicas respecto del resto, quienes, también profesionales, carecieran de una prescripción equivalente a la última de las indicadas. Pero también en relación con aquellos que, teniéndola, reportaran una incompatibilidad de ejercicio total (conf. leyes 5.177 -t. seg. ley 12.277- y 9.020), circunstancia esta que no acontecía en la situación de la actora.
Señaló que esa particular plataforma del caso, concerniente a la presencia de una inhabilidad sólo parcial, no ofrecía discusión, pues ésta quedó radicada en los alcances del art. 41 de la ley 10.475 con prescindencia de la extensión del impedimento.
Sostuvo que la prédica relativa a la garantía de igualdad de la recurrente no sólo no se avenía a un caso en el que pretendía una equiparación porcentual uniforme, frente a hipótesis en las que la inhabilidad de desempeño se presentaba dispar, sino que a la vez era esa misma regla constitucional (art. 16, Const. nac.) la que forzaba la discriminación que con acierto se formulaba en la acordada 3427/09 y en su acto singular de ejecución 3715/10.
Afirmó que el principio de igualdad no resultaba vulnerado, pues se advertían diferencias objetivas en la situación de los agentes que se desempeñaban en el Poder Judicial de la provincia, según fueran los títulos profesionales que tuvieran.
Concluyó que las razones que había brindado el pronunciamiento de primera instancia, informado en que las restricciones generadas a la actora por su labor judicial no resultaban suficientes para abastecer una incompatibilidad que le generara el consecuente derecho al 25% de la bonificación requerida, no resultaban objetables.
I.3. Contra tal pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 138/148).
Planteó que las Acordadas 3427/09 y 3431/09, y la resolución 1.440/09 resultan abiertamente inconstitucionales, en razón de no asistirle al Poder Judicial la facultad reglamentaria de leyes que al dictar aquéllas se arrogó, y mucho menos la de dictar en consecuencia normas que restrinjan lo allí dispuesto, como consideró que ocurre en el caso.
Afirmó que la potestad reglamentaria acordada a las Cámaras de la Legislatura y al Poder Judicial, se ciñen al dictado de sus normas internas, como por ejemplo: las facultades disciplinarias, horarios de labor, suspensión de términos, etc.
En apoyo a su postura citó la causa I. 1.298, "Pozzi", sentencia de 12-V-1998, y precisó que de la sentencia allí pronunciada surgen los fundamentos que especifican la falta de competencia de la Suprema Corte de Justicia para reglamentar las normas legales dictadas por el Poder Legislativo.
Consideró que la bonificación establecida por el art. 41 de la ley 10.475 no efectúa ningún distingo, como ilegítimamente lo hacen las Acordadas 3427/09 y 3431/09 y la resolución 1.440/09, correspondiendo el 25% tanto en el caso del bloqueo total como parcial.
Concluyó diciendo que el pago de dicho adicional por bloqueo parcial del título habilitante, se encuentra previsto en la ley 10.475 y no en el art. 242 de la ley 10.620, tal como lo expresó la Cámara en el fallo cuestionado.
II.1. El recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto no puede prosperar atento la insuficiencia expositiva que porta (art. 299, CPCC).
II.2. Preliminarmente cabe recordar que el objeto del recurso extraordinario de inconstitucionalidad es el de corregir errores in iudicando cometidos al considerarse el apego de una norma local a la Constitución provincial (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 299 y 300, CPCC).
Como quedó expuesto, la actora solicita el reconocimiento del derecho a percibir la bonificación del 25% por bloqueo de título acordada por el art. 41 de la ley 10.475 y, en ese marco, limita su fundamentación a plantear la inconstitucionalidad de las Acordadas de esta Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 3427/09 y 3431/09 y de la resolución 1.440/09.
Al respecto, y en concordancia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General (v. fs. 158/159), considero que la impugnación deducida no puede prosperar, desde que, no obstante las genéricas imputaciones enunciadas, los argumentos desplegados en el recurso en tratamiento no pueden considerarse un cuestionamiento suficiente de los fundamentos esgrimidos por el Tribunal de Alzada para decidir el rechazo de tales planteos.
Sabido es que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, la vía elegida sólo se abre en el supuesto de que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales, confrontados con normas de la Constitución local (conf. art. 161 inc. 1, Const. Prov. y causas Q. 71.994, resol. de 4-VII-2012; Q. 71.952, resol. de 1-VIII-2012; Q. 72.011, resol. de 2-V-2013; e.o.), y que, como se adelantara, el objeto de este remedio extraordinario es el de corregir errores in iudicando cometidos al apreciarse el apego de una norma local a la Constitución provincial.
Ahora bien, ha dicho también este Tribunal que, en su desarrollo expositivo, el recurso de inconstitucionalidad debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (conf. causas Ac. 32.929, sent. de 30-XI-1984, "D.J.B.A.", t. 128, pág. 330; Ac. 83.866, sent. de 16-IV-2003; Ac. 88.944, sent. de 11-V-2005; e.o.).
En especial, además de la referencia a las normas constitucionales que se reputan vulneradas, quien alega la inconstitucionalidad de una norma tiene el deber de demostrar con argumentos sólidos de qué manera aquella contraría preceptos constitucionales, evidenciando el error jurídico del fallo (conf. Ac. 41.159, sent. de 12-XII-1989 en "Acuerdos y Sentencias", 1989-IV-554; Ac. 83.866, sent. de 16-IV-2003 y Ac. 88.944, sent. de 11-V-2005).
Entiendo que esta pauta no puede tenerse por cumplida en la especie, toda vez que la recurrente se ha limitado a mencionar, sin mayor desarrollo argumental, la vulneración de determinadas normas de la carta local, sin explicar acabadamente la inconstitucionalidad que pregona.
En efecto, la recurrente ha efectuado una crítica genérica, manifestando su mera disconformidad con lo decidido, sin aportar argumentos que permitan dar por superados los fundamentos que surgen de la sentencia de la Cámara y que dan sustento a la constitucionalidad de las Acordadas que aquí se cuestionan.
Es que la inconstitucionalidad de leyes no sólo tiene cabida como ultima ratio del orden jurídico, sino que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos que se apoyen en las probanzas de la causa (conf. doctr. causas B. 57.197, "Sánchez", sent. de 28-III-2012; A. 71.502, "Perilli", sent. de 27-VI-2012; e.o.).
III. En función de lo expuesto, que estimo suficiente para rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad intentado, de conformidad con lo expresado por el señor Subprocurador General, voto por la negativa .
Las costas de esta instancia se imponen a la recurrente vencida (arts. 68 y 303, CPCC).
Los señores Jueces doctores Natiello, Carral y Mancini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo expuesto por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (art. 303, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 303, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 28/12/2020 13:53:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2020 09:28:39 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 30/12/2020 09:47:13 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2020 12:36:26 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2020 13:53:38 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia