Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76344
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.76.344 “APREA ANTONIO SEBASTIAN C/ MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lazzari dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, rechazó la pretensión de reconocimiento de derechos promovida por el señor Antonio Sebastián Aprea contra la Municipalidad de Necochea mediante la cual se perseguía el pago de las diferencias de haberes existentes entre el cargo que en los hechos desempeñó el accionante desde mediados de 2002 hasta marzo de 2010 y el que efectivamente fue tenido en cuenta para liquidar su salario (v. fs. 129/136).
Para así decidir, el Tribunal de Alzada considerando la doctrina legal vigente en la materia que establece que el derecho al sueldo del agente estatal nace con el acto administrativo o legislativo que lo concede, por lo que la efectiva prestación de servicios en un cargo superior o distinto al que legalmente se tiene asignado no autoriza -por regla- a exigir el pago del sueldo correspondiente a dicho cargo superior si no ha mediado el necesario nombramiento o la designación de este ultimo con carácter retroactivo (cfr. arg. doct. S.C.B.A. en las causas B. 50.569, "De Erausquin", sent. del 7-02-1989; B. 56.786, "Santillán", sent. del 26-11-2008; B. 62.447, "Lamonte", sent. del 21-12-2011; B. 60.169 “Beneventano”, sent. del 5-04-2017) y, encontrando indubitado que no existe acto expreso de designación del actor en el cargo de -Obrero Clase 1, denominado "capataz"- durante el período comprendido entre el año 2002 y febrero de 2010, ni uno posterior con carácter retroactivo, juzgó que mal podría reconocérsele diferencia salarial alguna.
Por fuera de ello, puso de resalto que tampoco encontró acreditado que el señor Aprea se hubiera desempeñado materialmente en el cargo cuya remuneración pretende le sea reconocida durante el periodo antes mencionado. Por el contrario, aseguró que la prueba rendida no bastaba para acreditar el extremo perseguido.
Tales conclusiones le permitieron sellar la suerte adversa del recurso de apelación intentado, pues, aun advirtiendo que el accionante apuntaló su reclamo en el principio del enriquecimiento sin causa, en la presunta vulneración de ciertas garantías constitucionales que juzgó aplicable en el ámbito publico -derecho a una retribución justa y a obtener igual remuneración por igual tarea- y en el principio de buena fe, era la indicada deficiencia probatoria en cuando a la demostración de las mayores funciones que hubiera desempeñado el actor la que obstaculizó la posibilidad de apreciar el perjuicio invocado.
II. Frente a lo así decidido, el accionante articula recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 138/141 vta.), el que fue concedido a fs. 142 y vta.
En su presentación alega absurdo e invoca el quebrantamiento de los arts. 6 inc. f) de la ley 14.656; 39 de la Constitución provincial y 14 bis de la Constitución nacional.
En sustancia, reiterando agravios vertidos en instancias anteriores, cuestiona la decisión de la Cámara alegando que la prestación efectiva de servicios debía ser abonada, más allá de la inexistencia de acto administrativo de nombramiento formal, siendo sustento suficiente de su crédito la demostración de cumplimientos de las tareas, los principios laborales de retribución justa e igual remuneración por igual tarea y el principio de buena fe. Lo contrario implicaría –expone- un enriquecimiento sin causa del Estado Municipal por el empleo útil con el que se benefició a través de la labor desplegada por el agente con la aquiescencia de la Administración y sin contraprestación alguna.
III. El remedio no puede prosperar, atento a su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
En tal sentido, los argumentos esbozados por la recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto a la normativa cuya aplicación considera restrictiva, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 74.493, cit., entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016, entre otras).
III.2. Para más, se observa que los agravios planteados en esta instancia extraordinaria fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 76.300, "La Biznaga", resol. de 11-III-2020), como así también aquella que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 74.831, "Fontana", sent. de 8-V-2019).
Particularmente ha dicho también esta Corte, que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador, cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas, siendo ello lo acontecido en el caso y que conlleva al rechazo del agravio desplegado (doctr. causas A. 73.816, "Moyano Walker", sent. de 21-II-2018; A. 74.741, "Sacco", resol. de 21-XI-2018).
III.3. A ello cabe agregar que la doctrina legal, cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de la Nación, como la alegada a lo largo del escrito recursivo (doctr. causas A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 71.751, "Lagar", sent. de 29-VI-2016, A. 74.648, "Candela", resol. de 8-XI-2017).
III.4. Por último, deviene inidónea para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la denuncia genérica de infracción de cláusulas constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último, como se expresó, no es previamente demostrado (conf. causas A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014; A. 72.672, "Regner", sent. de 14-VI-2017; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017).
IV. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/07/2020 10:53:12 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 20/07/2020 11:51:45 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 04/08/2020 18:27:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:07:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:58:20 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia