Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74089
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo N° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.089, "Sert, Alejandra Rosalía contra Municipalidad de San Fernando s/ Pretensión de Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda (v. fs. 711/720 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 724/728 vta.), el que fue concedido a fs. 730 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 738) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La señora Alejandra Rosalía Sert promovió demanda contra la Municipalidad de San Fernando persiguiendo la nulidad del decreto 2.782/11 y, en consecuencia, solicitó su reincorporación como empleada de la comuna (agente de higiene) junto con el pago de las diferencias salariales y la reparación del daño moral. En subsidio, solicitó la indemnización tasada conforme los términos del art. 24 de la ley 11.757.
En tal escrito relató que prestó servicios en la Municipalidad en planta permanente desde día 18 de junio de 1997 hasta el 23 de enero de 1998, en que fue dada de baja y reincorporada como personal temporario renovándose el vínculo laboral sucesivamente hasta el 8 de julio de 2011, en que la autoridad municipal la designó en planta permanente, sin que hubiese logrado adquirir estabilidad, puesto que, con fecha 19 de diciembre de 2011 se revocó la designación y fue reubicada como temporaria (dec. 2.782/11).
Expresó que, el 29 de junio de 2012 se le comunicó el cese, sin el pago de una indemnización, no obstante haber prestado servicios en la comuna por más de trece años.
II. El titular del Juzgado de Primera Instancia n° 1 de San Isidro rechazó la demanda. Consideró que la actora no había adquirido estabilidad en el cargo y que el cese había sido dispuesto en los términos de los arts. 7, 92 y 101 de la ley 11.757, concluyendo que, en este caso, no correspondía la reincorporación ni el resarcimiento de los daños reclamados (v. sentencia a fs. 682/690).
III. Apelado por la actora el pronunciamiento de primera instancia (v. fs. 695/699 vta.), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Martín confirmó la sentencia (v. 711/720 vta.).
En primer lugar, consideró que ante la sanción de la ley 14.656 era necesario dilucidar cuál era la normativa aplicable al caso en atención a que la nueva norma establecía un nuevo régimen para el personal de las municipalidades, derogando la ley 11.757.
Indicó que si bien se encuentra vigente la nueva ley (14.656) ésta no resultaba aplicable al caso, puesto que los reclamos efectuados se hallaban fincados temporalmente con anterioridad a la entrada en vigencia de aquélla (B.O., 6-I-2015), debiendo por lo tanto subsumirse el supuesto en el régimen de la ley 11.757.
En segundo lugar, señaló que ambas partes fueron contestes respecto a que la señora Sert había prestado servicios para la Municipalidad demandada desde el 18 de junio de 1997 hasta el 29 de junio de 2012, fecha en la que se la dio la baja mediante el decreto 1.205/12.
Consideró que la discusión se centraba en determinar si la actora había adquirido estabilidad conforme el art. 7 de la ley 11.757 y -en el caso- evaluar si procedía o no el pago de la indemnización reclamada en subsidio.
Destacó que el mencionado régimen, al regular el derecho a estabilidad, clasificaba en dos grupos de agentes diferenciando el personal permanente del temporario determinando en cada caso los derechos que le asistían a cada uno de ellos, como así también, las condiciones y modalidades para el ingreso.
Refirió a la doctrina mayoritaria de este Tribunal vinculada al personal de planta temporaria -agentes mensualizados, jornalizados, reemplazantes y contratados- recordando que estos se hallaban incorporados a un régimen de excepción, no poseyendo más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación (conf. doctr. causa "Iori", sent. de 18-II-2004).
Precisó que la actora no había logrado acreditar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el ingreso en planta permanente y, en consecuencia, no poseía estabilidad en el cargo (conforme lo establecen los arts. 4 y 7, ley 11.757).
Desestimó, también, el argumento expuesto por la agente en relación a que había cumplimentado en dos etapas el plazo previsto en el art. 7 de la ley 11.757. Consideró que tal afirmación constituía una interpretación forzada en atención que entre un lapso y otro mediaron catorce años.
Por otra parte, descartó el desvío de poder y el incumplimiento de las normas legales invocadas, en tanto el decreto 1.205/12 se sustentó en las necesidades funcionales del Departamento Ejecutivo y por las cuales la Administración resolvió la no renovación del contrato que la vinculaba con la comuna, cuyo vencimiento operó el 30 de junio de 2012 (conf. el art. 108, LOM).
Expresó que, dadas las particularidades de la litis , la duración del vínculo contractual que unió a las partes no evidenciaba per se una irrazonable dilación que permitiera concluir que no se correspondía con la naturaleza temporal asignada (v. sentencia a fs. 717 vta.).
Afirmó que conforme el material fáctico aportado a la causa, la accionante no había logrado acreditar la utilización de figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales ni que se hubiese efectuado con desviación de poder, consistente en cubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado. A diferencia del fallo "Ramos" de la Corte Suprema y de las causas "Villafañe" y "Carrizo" de este Tribunal, no encontró pruebas evidentes y claras que pudieran denotar el desvió de poder invocado.
Por último, en referencia a la pretensión indemnizatoria en subsidio estimó que de conformidad a como se resolvía la cuestión, ésta, quedaba carente de sustento legal (confr. doctr. causa B. 58.147, "Terminales Río de La Plata", sent. de 7-II-2007).
IV. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrinal legal, obrante a fs. 724/728 vta., la actora denuncia: a) absurdo por aplicación de la ley 11.757 bajo los términos del art. 7 del Código Civil y Comercial; b) inaplicación de ley 14.656 y de los institutos de ley más benigna e in dubio pro operario ; c) obligatoriedad de la doctrina legal sentada en los fallos "Ramos" y "Madorran" y, en consecuencia, acusa vulneración del derecho de defensa y de garantías constitucionales.
Denuncia absurdo en el razonamiento de la Cámara al desestimar la aplicación de la ley 14.656 con base en el principio de irretroactividad de las leyes y subsumir el caso en la derogada ley 11.757.
Arguye que el a quo omite considerar que la citada ley (11.757) fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte y que el presente debate se suscitó ya entrada en vigencia la ley 14.656.
Invoca los arts. 70 y 111 de la nueva ley en tanto prevén que los empleados de planta temporaria son aquellos contratados para trabajos transitorios que no pueden ser realizados por quienes gozan de estabilidad, estimando que, de haber aplicado ésta, su relación nunca hubiese sido considerada transitoria por ser más beneficiosa la nueva ley.
Alega que habiendo prestado servicios para la Municipalidad por más de catorce años resulta irreal considerar que sus tareas fueron de carácter temporario. Afirma que el a quo no pudo encuadrar su situación bajo ninguno de los dos regímenes -temporario o permanente- porque no reunía ninguna de las condiciones legales para su tipificación en el mencionado régimen legal.
Abogando, entonces, por la aplicación de la ley 14.656 invoca los principios de ley más benigna y el de in dubio pro operario.
Alude a que la disposición legal sobre el empleo público municipal debe interpretarse en concordancia con los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo 87, 98, 151 y 154, las normas del derecho del trabajo, el derecho administrativo y la Constitución provincial.
Invoca la obligatoriedad que les cabría a los tribunales inferiores de acatar la doctrina de la Corte nacional alegando que la Cámara omitió aplicar aquella emanada de los fallos "Ramos" y "Madorran".
Puntualiza que, en dichos casos, el Tribunal federal concluyó que hay desvío de poder cuando el empleador utiliza una figura jurídica autorizada legalmente para casos excepcionales encubriendo una designación permanente. Refiere también al reconocimiento de la legítima expectativa de permanencia que abriga el empleado cuando su transitoriedad se extiende irrazonablemente ("Ramos").
Finalmente, se agravia de lo resuelto por la Cámara en cuanto considera legítima la motivación del cese sin considerar que mal pudo fundarse el acto en que el Departamento de Servicio no había contado con el tiempo suficiente para evaluar su idoneidad para el cargo cuando venía desempeñando tareas en la comuna desde hacía años.
V. El recurso prospera parcialmente.
V.1. En el presente caso no es un hecho controvertido que el cese del vínculo entre las partes tuvo lugar el 29 de junio de 2012 con el decreto 1.205/12, es decir que, los hechos motivo de autos fueron en vigencia de la ley 11.757 y así lo resolvió la Cámara al exponer: "...si bien al momento en que esta causa se decide ha entrado en vigencia la ley 14.656, lo cierto es que la misma no es de aplicación en la especie, en tanto los reclamos efectuados en la presente causa se hallan fincados temporalmente con anterioridad a la entrada en vigencia de aquella (B.O 6-I-2015) debiendo aplicarse, en consecuencia, lo dispuesto por la ley 11.757...".
Frente a ello la actora invoca los principios de ley más benigna e in dubio pro operario alegando que la norma aplicable al caso es la ley 14.656 por ser la más beneficiosa.
Con referencia a este planteo, cabe recordar que la ley 14.656 establece en el art. 120 que su vigencia es a partir del 6 de julio de 2015. Luego por ley 14.807 se prorrogó su entrada en vigencia por 180 días, por lo que comenzó a regir el día 12 de julio de 2016.
Hecha la salvedad, no cabe duda de que conforme resolviera el Tribunal de Alzada la norma aplicable al caso es la ley 11.757, puesto que era el régimen estatutario vigente al momento en que sucedieron los hechos motivo de autos (conf. arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. Y Com. y doctr. de este Tribunal en las causas B. 65.385, sent. de 26-X-2016 y B. 63.935, sent. de 29-VIII-2018, como así también mi voto en las causas A. 74.172, "Fernández", sent. de 5-XII-2018 y A. 74.235, "Mesiano", sent. de 23-XII-2020).
Esta Suprema Corte ha señalado que el art. 7 del Código Civil y Comercial establece que a partir de su entrada en vigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes consagrando la aplicación inmediata de la ley nueva para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción. Lo que no puede juzgarse, de acuerdo con ella, son las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados, que quedan sujetas a la ley anterior, pues juega la noción de consumo jurídico (conf. doctr. causas C. 101.612, sent. de 30-IX-2009 y C. 107.516, sent. de 11-VII-2012).
Para más, considero inoficioso el tratamiento del planteo articulado por la recurrente en torno a las modificaciones introducidas por la nueva ley 14.656 y el alcance del principio in dubio pro operario y ley más benigna. Ello, por cuanto los principios rectores en materia laboral como el mencionado exigen para su aplicación que se esté en presencia de una colisión normativa que cree dudas fundadas acerca de la ley aplicable, lo cual entiendo no sucede entre las leyes 11.757 y 14.656.
V.2. Rechazado el primer agravio, corresponde abordar el referido a la ilegitimidad del cese sobre la base de la supuesta estabilidad que la actora entiende le asiste dado el tiempo de servicio prestado a la comuna demandada.
Cabe recordar que este Tribunal ha sostenido, por mayoría, que los agentes de planta temporaria -mensualizados o jornalizados- participan de un estatus de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo (causas B. 57.741, "Iori", sent. de 18-II-2004; B. 61.215, "Zocchi", sent. de 1-III-2006; B. 57.551, "Portillo", sent. de 19-IX-2007; e.o.).
Asimismo, en reiteradas oportunidades, se ha resuelto, también por mayoría, que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo habido entre las partes está dado por la modalidad de la designación; sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista (causas B. 57.741 y B. 57.551, ya citadas; B. 62.513, "Gundin", sent. de 22-X-2008).
V.2.a. Ahora bien, a primera vista, ello avalaría la interpretación que propone la Municipalidad demandada, con base en el régimen normativo vigente durante los años en que se vincularon las partes (ley 11.757) y que fue acogida en las instancias de grado al considerar que la agente no había adquirido estabilidad en el cargo. Ello así, pues ha quedado acreditado en el proceso que las sucesivas designaciones de la actora tuvieron carácter de transitorias, sin perjuicio de los dos nombramientos en planta permanente pues estos no alcanzaron el tiempo mínimo requerido por el art. 7 de la ley 11.757.
V.2.b. Sentado ello, si bien la naturaleza del vínculo entre la agente y la Administración está dada por la modalidad de la designación, esta conclusión ha de modularse a la luz de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el punto (causas "Ramos", Fallos: 333:311; "Sánchez", Fallos: 333:335 y "Cerigliano", Fallos: 334:398) que fuera receptada por este Tribunal en las causas B. 64.315, "Carrizo" (sent. de 13-XI-2012) y A. 69.913, "Villafañe" (sent. de 13-XI-2012).
Cabe destacar, de un lado, que tales precedentes denotan un camino, aún inacabado, en el cual la Corte Suprema viene a revisar los fallos sentada por sus anteriores integraciones (v. CSJN, Fallos 310:195, 1390, 312:245, 1371, e.o.). Del otro, que la materia debatida involucra cuestiones propias del derecho público local, privativas por ende de los tribunales de provincia (doctr. Fallos: 305:112; 324:1721, 2672, e.o.; arts. 1, 5, 121, 122 y concs., Const. nac.).
La posición que emerge de estos precedentes no conlleva la posibilidad de aceptar que el mero transcurso del tiempo modifique la situación de revista de la agente, por lo que debe en principio armonizarse con las determinaciones del régimen de la función pública, así como con las disposiciones que estructuran el presupuesto general de gastos, en virtud de las cuales toda erogación que se aparte de estos límites resulta ilegítima (doctr. "Ramos", cons. 8°). En caso ante esta Suprema Corte, tales postulados vienen impuestos por los arts. 12 y 15 de la ley 11.757.
V.3. Pues bien, cabe señalar que las decisiones recaídas en "Ramos", "Sánchez" y "Cerigliano" permiten trazar un límite traspuesto el cual ya no resultaría posible sostener la legitimidad -o razonabilidad- de ciertos actos estatales vinculados con el personal de planta temporaria de la Administración. Con este alcance, han de ser valoradas en la especie.
En autos, a diferencia de lo ocurrido en "Ramos" (cons. 5°) y en coincidencia con las circunstancias de "Sánchez" (cons. 5°), no existe en el régimen jurídico aplicable una regla específica que establezca un término de duración a los convenios que incorporan personal en planta temporaria, o un plazo máximo de prestación de servicios bajo esa modalidad. Con lo cual, la duración de cada vínculo constituye una decisión a adoptar en cada caso conforme las necesidades específicas que se procura atender.
Por cierto, más allá de carecer de un acotamiento temporal expreso, esta regulación trasunta con claridad la noción de transitoriedad y especificidad, con lo cual, queda al margen de los reproches que la Corte efectuó al régimen general aplicable en la causa "Cerigliano" (cons. 4°, segundo párrafo). En concreto, la duración del vínculo que unió a las partes durante más de trece años -desde junio de 1997 hasta junio de 2012, mediante sucesivas renovaciones- evidencia una magnitud que es dable concluir en su inadecuación con la índole temporal o transitoria formalmente asignada a este tipo de empleos, caracterizados expresamente por ser de "plazo determinado".
En este punto, los argumentos de la demandada referidos a que el municipio obró conforme al régimen vigente resultan insuficientes pues no explican de qué modo la transitoriedad que invoca pudo, justificadamente, alcanzar los 13 años.
La utilización de un mecanismo de designación transitoria para mantener una relación de empleo durante semejante lapso, constituye un ejercicio desproporcionado de las atribuciones conferidas por el régimen aplicable, contrario a la exigencia de buena fe que debe guiar la actuación del Estado con sus agentes en el marco de una contratación administrativa (arg. arts. 103, decreto ley 7.647 y 961, Cód. Civ. y Com., según ley 26.994). Semejante modo de obrar difumina los parámetros legales delineados a la hora de discernir quiénes deben revistar en planta permanente; excede, así, el margen de discrecionalidad de que dispone la Administración en punto a la organización de su planta de personal, desembocando, en virtud de tal desborde, en un apartamiento de la finalidad que procura realizarse mediante el régimen aplicable (art. 103, Ordenanza General 267/80).
En suma, quien aquí recurre logra acreditar que la Municipalidad demandada ha utilizado figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales incurriendo en desviación de poder. En consecuencia, las circunstancias fácticas indican que la demandada ha utilizado un sistema provisorio con un fin distinto al contemplado por el ordenamiento, desvirtuándose la transitoriedad que surgía de los términos del contrato, además de generar seguramente en la actora una expectativa de permanencia laboral (conf. causas B. 64.315 y A. 69.913, cits.).
V.4. Sentado ello, y ante la imposibilidad de modificar la estructura jurídica del vínculo por cualquier otra consideración que no sea la del acto de designación, desplaza la argumentación de la actora en torno a la aplicación de la doctrina del fallo "Madorran" (Fallos: 330:198, conf. "Ramos", considerando 8, último párrafo) dando por tierra su pretensión de reincorporación, pero no así, su petición subsidiaria de indemnización por el cese.
En razón a este reclamo (v. demanda a fs. 25 vta. y 26) y bajo las circunstancias particulares del caso, cabe reconocer que no es posible aceptar la disolución del vínculo por la Administración sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno.
Ello, en tanto las circunstancias acreditadas en autos resultan suficientes para comprender que la actora pudo albergar expectativas en punto al mantenimiento de su trabajo o cuanto menos a que no se interrumpa en forma intempestiva.
No podemos soslayar que en supuestos como el sub examine -y denunciadas en la demanda- el empleo involucra la fuente de subsistencia de la persona y,
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