Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75916
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.916 “DOLESOR MARIA VALERIA Y OTROS C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata dictó sentencia por la que desestimó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó íntegramente la demanda articulada.
Para así decidir, afirmó preliminarmente que cabía poner de resalto que Valeria Dolesor, Carolina Puente y Soledad Perri, habían articulado demanda contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en pos de lograr un pronunciamiento judicial que les reconozca su pertenencia laboral al régimen de dicha institución bancaria, así como el pago de las diferencias de haberes por todos los períodos durante los que se habían desempeñado como docentes a las órdenes de la Asociación Civil Alicia Moreau de Justo.
Consideró que los elementos de convicción reunidos en la causa no bastaban para acreditar lo expuesto por las docentes ya que, en lo que aquí interesa, se desprendía que en el año 1985 el Directorio del Banco dispuso, en cumplimiento de la obligación impuesta por el art. 1 de la ley 5368, la implementación de Guarderías Infantiles en casa Matriz La Plata y Gerencia Departamental Mar del Plata, mientras que en el año 1991 dicho jardín había cerrado sus puertas por decisión del Directorio de la entidad bancaria. Poco tiempo después, en el mismo año, se constituyó la Asociación Jardín Dra. Alicia Moreau de Justo cuya actividad radicaba, justamente, en la creación de Jardines Maternales y de Infantes destinados a los hijos de los socios activos, adherentes, vitalicios y honorarios del Banco.
Destacó que había sido reconocido por las propias demandantes que su incorporación como maestras ocurrió, en todos los casos, luego de la creación de dicha Asociación (Dolesor ingresó en el año 1992, Puente en el año 2006 y Perri en el año 2005) y comenzaron a prestar servicios bajo el único régimen existente al tiempo de su incorporación, siendo contratadas, por ende, por la Asociación Alicia Moreau de Justo.
Entendió que, la pretendida pertenencia de las accionantes al régimen Estatutario del Banco carecía de todo sustento jurídico, toda vez que su incorporación y posterior desarrollo de su actividad como maestras jardineras lo fue a las órdenes de la Asociación antes mencionada, entidad que por su naturaleza no poseía ningún obstáculo para celebrar válidamente contratos de trabajo como empleadora.
Señaló que lo expuesto permitía afirmar, lejos de verificarse ardid o maniobra fraudulenta alguna por parte de la Asociación Alicia Moreau de Justo, que la incorporación de las accionantes a dicha institución "... lo fue para cumplir funciones docentes de conformidad a los fines dispuestos en el acto de constitución de la entidad privada y respetando el encuadramiento laboral pertinente en las distintas etapas en que se fueron desenvolviendo las relaciones laborales, careciendo de injerencia en la definición de dicho vínculo, los elementos de los que pretenden prevalerse las actoras, tales como el funcionamiento del jardín en el edificio del Banco y el subsidio que reciben algunos miembros de su personal para enviar a sus hijos a tal institución educativa".
Finalmente, manifestó que tampoco acertaban las recurrentes al afirmar que se encontraba violado el principio de igualdad, pues si bien había docentes que comenzaron a desempeñarse a las órdenes del Banco cumpliendo funciones como maestras jardineras entre los años 1987 y 1988, ello sucedió en un período en que la Entidad estaba obligada por la ley 5368 a organizar en sus establecimientos el servicio de guarderías infantiles y salas cuna.
Concluyó en tal sentido, que la distinción entre aquellas docentes que ingresaron a prestar servicios al jardín antes del 27 de marzo de 1991 y las que lo hicieron con posterioridad resultaba clara, pues en el caso del primer grupo fueron contratadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ya que en ese tiempo –por disposición legal- la guardería funcionaba bajo su órbita y, por ende, los contratos celebrados se regían por el Estatuto para el Personal del Banco. Mientras que con posterioridad, ya creada la Asociación, fue esta nueva persona jurídica de derecho privado la encargada de conducir las relaciones laborales con las docentes, bajo un régimen de empleo acorde a la naturaleza de los sujetos involucrados y por ello las demandantes quedaron regidas laboralmente por normas de derecho privado, por lo que la identidad de circunstancias que legitima la garantía consagrada en el art. 16 de la Constitución nacional se encontraba ausente en el caso.
Confirmó de tal modo el decisorio apelado, con costas en el orden causado (cfr. art. 51 incs. 1 –segunda parte- y 2 del CCA –texto según ley 14.437-, v. sentencia de fs. 964/970).
II. Frente a ello, en lo que aquí interesa, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando absurdo en la valoración de las constancias del expediente, errónea interpretación y consecuente violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional e invocando, a su vez, el quebrantamiento de los arts. 39 de la Constitución provincial y 14 bis de la Constitución nacional (v. el escrito de fecha 28-3-2019 a las 10:50:41 a.m.). El remedio fue concedido el 30-IV-2019.
Concretamente, las recurrentes plantean que les resulta imposible comprender cómo el Banco formalizó nuevos contratos luego de la fecha en que el jardín de infantes ya no era de su propiedad. Tampoco puede explicarse cómo cierto personal de la entidad bancaria prosiguió trabajando en un jardín que ya no le pertenecía al Banco.
Debaten la interpretación que hacen tanto los jueces de la Cámara interviniente como el juez de grado, quejándose de que la sentencia en crisis ratifica lo dicho en primera instancia, violando el principio de primacía de la realidad y atribuyendo a los documentos mencionados en la sentencia una fuerza superior a lo que surge de una apreciación razonable de los hechos acreditados en autos.
Sostienen que la accionada tendría que haber reubicado su personal, no dejarlo trabajando para una Asociación que -según surge de la sentencia- nada tiene que ver con el Banco, ya que ello genera que en el mismo lugar de trabajo y haciendo las mismas tareas los empleados tengan condiciones laborales diferentes, resultando entonces manifiesta y notoria la violación al principio constitucional de igual remuneración por igual tarea.
III. El remedio no debe prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
En tal sentido, al igual que durante el transcurso de las instancias de grado, los argumentos esbozados por las recurrentes no pasan de expresar un mero criterio divergente en torno a su intento de demostrar una denunciada desinterpretación de la prueba rendida en autos y a cómo el Banco formalizó nuevos contratos luego de la fecha en que el jardín de infantes ya no era de su propiedad, manifestando preocupación por la manera en que la entidad bancaria contrata personal por entender que ello demuestra, a su vez, violaciones a los principios de primacía de la realidad e igual tarea por igual remuneración, pero sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 76.344, cit., e.o.).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A.", sent. de 28-XII-2016, entre muchas otras).
IV.2. Las manifestaciones esbozadas por las recurrentes demuestran una clara intención destinada a rebatir los argumentos brindados por los jueces de primera instancia y de la Cámara, para rechazar íntegramente la pretensión.
Sin embargo, los agravios planteados en esta instancia extraordinaria fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de esta Corte que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la simple reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 76.525, "Jorgensen", resol. de 25-XI-2020, e.o.), como así también aquélla que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas A. 74.131, "Magadán", resol. de 30-V-2018; A. 74.604, "Panzeri", resol. de 20-II-2019; A. 74.734, "Procosud", resol. de 7-III-2019; A. 76.525, cit.).
IV.3. Tiene dicho este Tribunal que la fijación de los hechos y valoración de la prueba son circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sólo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Sin embargo, el absurdo no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de la existencia de tal vicio, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, "Díaz", sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
En tal marco, la crítica de las impugnantes no exterioriza más que una postura particular tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia opinión en torno a cómo debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018; A. 75.870, "Pontecorvo", resol. de 23-X-2019).
V. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/02/2021 16:04:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 22:23:05 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2021 22:16:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/02/2021 08:32:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2021 09:15:56 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia