Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75737
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA -ley 12.008, texto según ley 13.101- y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.737, "Canosa, Adela Elisa c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Pettigiani, Kogan, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por la señora Adela Elisa Canosa contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios, y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la que perseguía obtener el reajuste de su haber previsional mediante la equiparación con los beneficiarios de la ley 13.364 -y sus modificatorias-, juntamente con la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 54 y 57 de la ley 11.761 y 57 de la ley 13.364 (v. fs. 267/274).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 277/290 vta.). Por resolución obrante a fs. 292/293, la Cámara interviniente denegó el mencionado en primer término y concedió el último aludido.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 300) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por la señora Adela Elisa Canosa contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios, y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la que perseguía obtener el reajuste de su haber previsional mediante la equiparación con los beneficiarios de la ley 13.364 -y sus modificatorias-, juntamente con la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 54 y 57 de la ley 11.761 y 57 de la ley 13.364 (v. fs. 267/274).
I.1. Para así decidir, sostuvo que correspondía adoptar el criterio que había seguido en precedentes análogos (causas 14.131 y 15.301; e.o.).
I.2. Reprodujo los fundamentos expuestos en las causas citadas y expresó que el pronunciamiento impugnado tiene sustento en el principio general en materia previsional que dispone que el régimen legal aplicable al beneficio debe ser el vigente a la fecha de cese en los servicios (conf. arts. 53, dec. ley 9.650/80 y 25, ley 13.364).
Señaló que la accionante había obtenido su beneficio bajo el régimen de la ley 11.761 y con sustento en dicha normativa debían entenderse los alcances de las prestaciones reconocidas siempre acotadas a un conjunto de exigencias que, determinadas al momento del otorgamiento, carecían de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así otorgados guardaba relación directa con los requisitos de acceso.
Indicó que, a su vez, tal sistema legal correspondía para la base de cálculo del haber, al tratarse de uno que arraigaba al amparo del sistema legal por entonces en vigor y guardaba proporción con el resto de las exigencias de acceso (cfr. art. 75 y concs., ley 11.761).
I.3. Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un "bloque" que incluía la base de cálculo del haber y el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad; ésta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras.
I.4. Destacó que el status previsional que se obtuvo al amparo de la ley vigente a la fecha de cese o fecha del fallecimiento del causante, constituía un derecho adquirido que al incorporarse al patrimonio de los beneficiarios no podían perderse o suprimirse, sin agravio al derecho de propiedad consagrado en los arts. 17 de la Constitución nacional; 10 y 31 de su par provincial.
En esa dirección puntualizó que, si bajo la vigencia de una ley, el particular ha cumplido todas las condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos para ser titular de un derecho, debía considerarse que la situación jurídica creada por dicha norma se consolidaba en cabeza de aquél sujeto, principio que ha sido expresamente receptado en el art. 25 de la ley 13.364.
I.5. Finalmente, con relación al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 54 y 57 de la ley 11.761 y 57 de la ley 13.364, destacó que no advertía un derecho individual que se viera afectado, en tanto la accionante accedió al beneficio previsional conforme a las disposiciones de la ley 11.761, la cual ha sido tachada de inconstitucional por la Suprema Corte provincial con relación a los beneficiarios de las leyes 5.678 y 11.322.
En efecto, sostuvo que las normas cuestionadas regulan la determinación del haber inicial de la prestación de quienes adquieran derecho a su goce luego de su entrada en vigencia, razón por la cual no ha quedado demostrado en autos de qué forma las normas controvertidas afectan derechos y garantías constitucionales.
Agregó que el art. 57 de la ley 13.364 consagra una pauta rectora de los sistemas previsionales, la movilidad de las prestaciones, al disponer que: "Los haberes de las prestaciones indicadas serán móviles y deberán ser actualizadas de oficio por la Caja dentro del plazo de sesenta (60) días. El haber de cada afiliado pasivo se incrementará de acuerdo con la variación porcentual de los salarios de los empleados del Banco. El régimen de movilidad precedente será de aplicación a los actuales beneficiarios a partir de la vigencia de la presente ley".
Por ello, indicó que estando acreditado en las presentes actuaciones que la accionante adquirió el beneficio previsional bajo la vigencia de la ley 11.761, en virtud de tal status jurídico el monto de la prestación se determinó conforme a la citada normativa, con el régimen de movilidad determinado por la ley 13.364, tal como lo dispone expresamente dicha norma legal.
Bajo dichas premisas, consideró correspondía desestimar la pretensión esgrimida en el sub iudice (arts. 12 inc. 4, CCA; 322, CPCC y concs.).
II. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la recurrente denuncia la violación de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional; 266 del Código Procesal Civil y Comercial y doctrina legal de esta Suprema Corte.
II.1. En primer término, se agravia de que la Cámara habría vulnerado el art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial con motivo de que se encontraba obligada a resolver todas las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios.
Expresa que el Tribunal de Alzada no se ha pronunciado sobre dos puntos esenciales del proceso, ello es el reajuste del haber jubilatorio en función de los importes que recibe un activo y el consecuente quebrantamiento de la movilidad consagrada en el art. 14 bis de la Constitución nacional y la supresión del prorrateo establecido en el art. 62 de la ley 11.761 para la determinación del monto de la prestación.
II.2. Sostiene que la sentencia impugnada transgrede el art. 14 bis de la Constitución nacional y la doctrina legal de esta Corte en cuanto receptan la garantía de la movilidad, que a su decir importa la existencia de una razonable proporcionalidad remunerativa entre la situación de pasividad y la de actividad.
Afirma que tal circunstancia no ha sido asignada en el caso mediante la aplicación de los arts. 54 y 57 de la ley 11.761 y 57 de la ley 13.364 y su modificatoria.
Entiende que la Cámara no pudo supeditar la movilidad jubilatoria a un principio de menor jerarquía como es la que consolidó el estatus previsional del accionante.
A su vez, sostiene que la sentencia atacada incurre en absurdo al efectuar un erróneo tratamiento de la proporcionalidad entre el haber de la actora y la remuneración de los activos, conforme al dictamen agregado a fs. 219/221, basado para su confección en lo informado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y las copias de los recibos de haberes.
II.3. Aduce que la Cámara transgrede el principio de igualdad establecido en el art. 16 de la Constitución nacional con motivo de que los agentes beneficiarios de la ley 13.364 se encuentran en condiciones más favorables con respecto a ella, quien está lejos de percibir el 82% de lo que cobra un agente activo, a pesar de haber realizado una carrera semejante y alcanzado la misma jerarquía en sus cargos.
II.4. Por último, se agravia respecto a que la Cámara no abordó la inaplicabilidad a su situación previsional del art. 62 de la ley 11.761, entendiendo que una ley local no puede discriminar a quienes computan servicios prestados con afiliación a otro sistema comprendido en el régimen de reciprocidad, recortando sus haberes. Invoca la doctrina de este Tribunal emergente de las causas B. 53.122, "Cattaneo de López", sentencia de 25-VIII-1992 y B. 54.279, "Menduiña", sentencia de 8-III-1994, entre otras.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que el Tribunal de Alzada abordó la cuestión atingente al régimen legal aplicable al actor, en atención a la fecha en que esta se acogió a su beneficio previsional.
Desde tal mirador, determinó que la ley 11.761 era aplicable al caso en cuanto a la determinación de la base de cálculo del haber previsional de la actora y así también en el porcentual correspondiente, sin perjuicio de su movilidad tal como la demandada lo admitía en cuanto importara un reconocimiento constitucional (conf. art. 39 inc. 3, Const. prov.).
En este tramo del recurso, el actor no logra desbaratar el razonamiento de la Cámara, en cuanto a que la ley aplicable a su situación previsional es la que regía al momento de acceder al beneficio, ni tampoco tal cual era su carga, acredita violación a la norma en cuestión.
III.2. En cuanto al rechazo del planteo efectuado en torno a la inconstitucionalidad de los arts. 54 y 57 de la ley 11.761 y 57 de la ley 13.364, debe reseñarse que la Cámara -a ese respecto- sostuvo que no había un derecho individual que se viera afectado, en tanto la accionante accedió al beneficio bajo las disposiciones de la ley 11.761, declarada inconstitucional por esta Suprema Corte para los beneficiarios de las leyes 5.678 y 11.322 y esas normas regulaban la determinación del haber inicial de la prestación de quienes adquirieron derecho a su goce luego de su entrada en vigencia, por lo que entendió no se había demostrado de qué forma las normas controvertidas afectaban derechos y garantías constitucionales.
Desde ese mirador tuvo por acreditado que el haber de la demandante se había determinado conforme lo dispuesto por la ley 11.761, con el régimen de movilidad consagrado en el art. 57 de la ley 13.364, por lo que correspondía rechazar la pretensión formulada.
Ahora bien, la recurrente no aborda adecuadamente las razones argumentales expresadas por el Tribunal de Alzada con sustento en la doctrina de esta Corte y tampoco logra demostrar un razonamiento absurdo en torno a la ausencia de elementos conducentes a acreditar la afectación constitucional alegada.
Al respecto tiene dicho este Superior Tribunal que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que denuncia el mentado vicio sin explicar circunstanciadamente en qué radica este.
La mera discrepancia con la decisión de la Cámara no resulta base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica poner de relieve un error palmario y fundamental (doctr. causas C. 98.961, "Gasparoni", sent. de 18-V-2011; A. 75.698, "C.S.M.", sent. de 21-VII-2020; e.o.).
En efecto y como surge de la reseña del recurso extraordinario bajo tratamiento efectuada ut-supra, la impugnante limitó su esfuerzo argumental a reiterar los mismos agravios que fueron debidamente tratados por el Tribunal de Alzada, discurriendo exclusivamente en su propia ponderación del informe pericial agregado a fojas 210/221.
Una crítica en tales términos resulta ineficaz en esta instancia extraordinaria, toda vez que no aporta una explicación que compruebe la existencia de una desinterpretación palmaria o grosera de las constancias objetivas de la causa, con entidad suficiente para desvirtuar lo resuelto por la Cámara en la forma en que lo hizo.
III.3. En cuanto a la denuncia de violación del art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial por omisión de tratamiento de cuestiones esenciales (v. fs. 284 vta., punto 3.) es doctrina reiterada de este Tribunal que ello es materia del recurso extraordinario de nulidad y no de la vía en tratamiento y, como quedó visto, en el caso fue denegada la concesión de ese recurso.
Al respecto, tiene dicho esta Corte que resulta inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la intención de la defensa era denunciar que el Tribunal revisor omitió dar tratamiento a determinadas cuestiones que fueron llevadas a su conocimiento, pues debió efectuar el planteo a través de la vía recursiva pertinente. La denuncia de eventual omisión de cuestión esencial es propia del recurso extraordinario de nulidad (causas C. 122.514, "R., J. A.", sent. de 13-II-2019; C. 127.858, "M., V. O.", sent. de 20-IX-2017; C. 89.527, "Negruzzi", sent. de 30-XI-2011; C. 105.676, "Pérez", sent. de 4-III-2009; e.o.).
En la especie, el a quo desestimó aquella impugnación y no habiendo constancias de que se haya deducido la correspondiente queja, corresponde desestimar el planteo formulado.
III.4. Por último, advierto que los restantes agravios esgrimidos resultan sustancialmente análogos a los ya resueltos y desestimados por este Tribunal en las causas A. 72.826, "Actis Goretta", sentencia de 16-VIII-2017; A. 74.236, "Rugolo" y A. 73.519, "Conde", ambas sentencias de 11-IV-2018 y los antecedentes en ellas citados.
Se observa que lo formulado por el recurrente en el punto 4 de la pieza recursiva (v. fs. 286/289) sobre la violación de la ley -en particular de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional-, ha sido abordado en la citada causa A. 72.826.
Siendo ello así, el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando se plantean agravios ya desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
IV. Por las razones expuestas, debe rechazarse el recurso extraordinario en tratamiento (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Voto por la negativa.
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc.1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto del distinguido colega, doctor Torres, en tanto su parecer resulta sustancialmente análogo al vertido por este Tribunal en la causa A. 75.046, "Laprovittola", sentencia de 19-VIII-2020, en la que se desestimó una impugnación estructurada en forma afín a la aquí analizada y que involucraba similares agravios (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA -ley 12.008, texto según ley 13.101- y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2021 10:04:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/03/2021 15:07:42 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 13:16:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2021 09:20:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2021 11:01:12 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia