Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75654
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.654, "Gutierrez, María Beatriz y otros c/ H.I.G.A. y otro s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Torres, Kogan, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, en lo que al caso interesa, hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, revocó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimara la demanda promovida por agentes y exagentes del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Oscar Alende" de la ciudad de Mar del Plata contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 457/467 vta. y 474/475).
Disconforme con ese decisorio, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 14 de agosto de 2018), el que fue concedido por la Cámara interviniente por resolución de fecha 6-XI-2018.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 480) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo :
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, en lo que aquí importa, desestimó la demanda deducida por agentes y exagentes del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Oscar Alende" de la ciudad de Mar del Plata -en su condición de instrumentadoras quirúrgicas- contra la Provincia de Buenos Aires, por la cual pretendían se les reconociera la insalubridad declarada por la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires mediante la resolución 143/04; el pago de las horas extras laboradas y la recategorización a los fines previsionales (v. fs. 388/393 vta.).
I.1. En prieta síntesis sostuvo que la resolución 143/04 se dictó sobre la base de circunstancias coyunturales y subsanables y no autorizaba a reconocer el derecho que peticionaban las accionantes con carácter permanente, ello con motivo de que la Dirección Provincial de Hospitales dependiente del Ministerio de Salud informó que las deficiencias habían sido subsanadas, por lo que ya no existirían los antecedentes a partir de los cuales se habría decretado la insalubridad.
En adición, señaló que al producirse el reconocimiento por el magistrado interviniente al lugar se constató la realización de tareas de refacción edilicia en el área de quirófanos.
I.2. A mayor abundamiento, entendió que la declaración de insalubridad efectuada por la Subsecretaría de Trabajo no sustituía el acto que debía emitir el Ministerio de Salud en virtud de que era una tarea privativa de dicho ente ministerial empleador que no podía ser suplida por la actuación jurisdiccional.
II. A su turno la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, en lo que al recurso extraordinario interesa, hizo lugar al recurso de apelación y, en consecuencia, revocó el pronunciamiento de primera instancia (v. fs. 457/467 vta. y 474/475).
Consecuentemente: a) acogió parcialmente la pretensión deducida por los accionantes y condenó al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a reconocer a los agentes y exagentes del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Oscar Alende" de la ciudad de Mar del Plata -en su condición de instrumentadores quirúrgicos- la insalubridad decretada por la resolución 143/04 dictada por la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y a dar cumplimiento a los mandatos emergentes de ese acto en lo que correspondiere a las peticionantes; b) ordenó abonar a las accionantes (o sus derechohabientes) las diferencias de haberes entre las horas efectivamente trabajadas y las que debieron laborar conforme la jornada reducida dispuesta por el art. 26 apartado XIV del decreto 4.161/96 -reglamentario de la ley 10.430-, desde la notificación del mentado acto administrativo y hasta las fechas indicadas por cada una de las peticionarias en el escrito liminar; y c) se informe al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires la recategorización de los demandantes a los fines previsionales.
Para así decidir, efectuó las siguientes consideraciones:
II.1. Señaló que el magistrado de primera instancia efectúo un análisis al margen de la ley provincial 10.419 ( rectius 10.149), y de tal modo, atribuyó erróneamente competencia para declarar la insalubridad de los ambientes de trabajo al Ministerio de Salud provincial.
Precisó que la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires era el organismo con competencia y jurisdicción para entender en materia de trabajo en ese ámbito territorial y poseía facultades para declarar insalubres los lugares de trabajo que no se ajustaren a las normas básicas sobre seguridad, salubridad e higiene y, -con la colaboración de organismos técnicos- a exigir la adopción de las medidas necesarias para transformar los ambientes y/o condiciones de trabajo en salubres (cfr. arts. 2, 3 inc. 3 "c" y 37, ley 10.149).
Puso de relieve -conforme el criterio que adoptara en otra causa anterior- que dicho régimen jurídico le atribuyó a la mencionada Subsecretaría la competencia exclusiva para la declaración de insalubridad y que tal acto resultaba constitutivo del derecho de quien reclamara su reconocimiento y, a partir de ese momento, se producía la modificación de su situación legal.
De tal modo destacó que el acto declarativo poseía virtualidad para generar en las demandantes el derecho a la obtención de jornadas de trabajo distintas -sea por el reconocimiento del horario reducido o por la percepción de un adicional- y, por ello -afirmó- el reconocimiento del pago de esas diferencias encontrará su punto de partida en aquella actuación.
II.2. Sentado tales lineamientos analizó lo acontecido en el sub lite .
Así puntualizó que ante el pedido formulado por las accionantes la Subsecretaría de Trabajo dictó, con fecha 3 de febrero de 2004, la resolución 143 en el marco del expediente 7270-14441/95, mediante la cual declaró la insalubridad de las tareas que desarrollaban las agentes del Área de Quirófano del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) e Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata.
Estimó que con posterioridad el Ministerio de Salud condujo las actuaciones de modo erróneo y negligente respecto a las solicitudes formuladas por las accionantes sobre el reconocimiento de los beneficios consecuentes de aquella declaración.
En ese orden destacó que notificado el Hospital Interzonal General de Agudos con fecha 20 de mayo de 2004 de la mentada resolución, al tomar intervención la Dirección de Delegación de Personal del Ministerio de Salud -desoyendo lo ordenado por la autoridad de aplicación y desconociendo el trámite establecido por la ley 10.149- comunicó a las agentes que "...hasta tanto la insalubridad aludida no cuente con el acto legal emanado del Poder Ejecutivo provincial, no se podrá considerar la inclusión en tal beneficio", soslayando que el acto ya se había emitido, finalizando de ese modo -precisó- el procedimiento.
Ante esa respuesta puntualizó que la agente Gutiérrez, por carta documento, solicitó al ente ministerial el cumplimiento de la resolución 143/04, reiterando la Delegación de Personal la posición mencionada y que fuera replicada a su vez respecto a las peticiones similares efectuadas por otros agentes.
Acto seguido señaló que, ante la falta de contestación a lo peticionado y tras acumularse la totalidad de los reclamos y prontos despacho presentados, se requirió a la Dirección de Fiscalización Sanitaria una inspección en el área de quirófanos la que fuera llevada a cabo con fecha 14 de agosto de 2008.
Finalmente precisó que con fecha 1 de septiembre del citado año la Dirección Provincial de Hospitales informó la subsanación de las deficiencias, remitiéndose las actuaciones a la Dirección de Delegación de Personal para que dictara el acto administrativo pertinente, siendo tal actuación -indica- la última llevada a cabo en sede administrativa.
Ante tal contexto concluyó que la resolución 143/04 no fue cuestionada por la demandada, y pese al tiempo transcurrido desde su notificación, tampoco emitió el acto individual que receptara el reconocimiento de la insalubridad ya declarada por autoridad competente, por lo que en ese marco, dicho acto continuaba vigente, en tanto el Ministerio de Salud no instó -si así correspondiere- la declaración de salubridad si aquellas falencias hubieren sido subsanadas.
II.3. En tales condiciones sostuvo que las accionantes -tras haber configurado el silencio administrativo- acertadamente promovieron la pretensión prevista en el art. 12 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo y por ello, la jurisdicción debía emitir mandatos tendientes al reconocimiento de los derechos pretendidos.
En ese orden dispuso -en sustitución de la reducción horaria de la que debieron gozar las accionantes- el pago de las diferencias de haberes entre las horas efectivamente trabajadas y la jornada que en exceso cumplieron conforme a lo estatuido por el art. 26 apartado XIV, decreto 4.161/96- y la recategorización de las demandantes a los fines previsionales.
III. Contra dicho pronunciamiento se alza la Fiscalía de Estado mediante el recurso extraordinario interpuesto y denuncia que el Tribunal de Alzada efectúa una errónea interpretación de los arts. 25 inc. "e" de la ley 10.430; 37 de la ley 10.149; 4 y 26 del decreto ley 9.650/80; y decretos 430/81 y 476/81. También alega absurdo (v. escrito electrónico de fecha 14 de agosto de 2018).
III.1. En primer lugar, expresa que el pronunciamiento impugnado se aparta de la normativa que aduce transgredida por cuanto se desprende que la declaración de insalubridad corresponde se efectúe por decreto del Poder Ejecutivo provincial.
En ese sentido destaca que la ley provincial 10.430, "Régimen para el Personal de la Administración Pública" (agrupamiento técnico) -que regulara el vínculo que mantuvieron las accionantes con el Estado provincial- entre sus disposiciones prevé que la inclusión de un empleado o grupo de ellos en un régimen especial -como es el de insalubridad- le corresponde al señor Gobernador (cfr. art. 25 inc. "e").
Puntualiza que el art. 1 del decreto 430/81 -que no ha sido modificado ni alterado por la ley 10.149- brinda una línea de interpretación al caso sub examine por cuanto si bien fija los límites de edad y servicios diferenciales respecto de tareas insalubres, también se refiere al supuesto de que en el futuro se reconozca por el Poder Ejecutivo provincial.
Dentro de tal marco entiende que la sentencia atacada incurre en un vicio en la competencia para establecer un régimen de excepción, como es el de insalubridad, al atribuirla a la Subsecretaría de Trabajo.
Lo antedicho, a su vez, señala que es concordante con lo dispuesto por el art. 26 del decreto 9.650/80 que faculta al Poder Ejecutivo para establecer límites de edad y servicios diferenciales respecto a tareas insalubres.
Ante tal contexto, entiende que es lógico y razonable que la declaración de insalubridad provenga del titular máximo de la Administración Pública conforme el art. 144 de la Constitución provincial al implicar modificaciones en la estructura administrativa y presupuestaria, entre ellas en lo atinente al horario laboral, porcentajes de aportes, entre otras.
Por último, para sustentar que la declaración de insalubridad requiere de modo imprescindible el dictado de un acto emanado del Poder Ejecutivo menciona los decretos 531/11, 93/14, 1.047/14 y 173/18, de cuyos considerandos se desprende que en primer lugar existió una inspección previa por la Subsecretaría de Trabajo respecto a la actividad o espacio (independientemente de si existen defectos edilicios) y, luego, la decisión del Poder Ejecutivo que acoge aquella y decreta la insalubridad, ello siguiendo los lineamientos del art. 1 del decreto 430/81 y su similar art. 26 del decreto 9.650/80.
Concluye en este punto que a partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial se generan las consecuencias que el decisorio impugnado impone.
III.2. En adición a la ausencia que pregona en el caso, expresa que la Cámara acordó efectos patrimoniales a una calificación que no resultaba definitiva sino coyuntural.
En ese orden, enfatiza que el a quo soslayó que la resolución 143/04 fue consecuencia de una fiscalización efectuada por el Ministerio de Trabajo en el ejercicio de su competencia asignada por el art. 25 de la ley 13.175 -ley de ministerios vigente en ese entonces- y que no tuvo como objeto incluir el área o tareas de las instrumentadoras quirúrgicas bajo el régimen de insalubridad -en los términos de los arts. 1 del decreto 430/91 y 26 del decreto ley 9.650/80- en tanto que sólo precisó "algunas cuestiones a resolver en materia de higiene, salubridad y seguridad del lugar de trabajo" e intimó a la realización de medidas correctivas y preventivas con sustento en los arts. 1, 2, 3 inc. "c", 4 y 37 de la ley 10.149.
A su vez alega que el carácter temporal de las deficiencias se desprende de que fueron subsanadas conforme al informe de la Dirección Provincial de Hospitales producido en el expediente administrativo 29774-7404/04 y de lo constatado en el reconocimiento efectuado por el señor juez de primera instancia que comprobara que se estaban realizando las tareas de refacción edilicia en el área de quirófano, las cuales estaban funcionando provisoriamente en la planta baja del edificio.
En base a tales consideraciones concluyó que el Tribunal de Alzada se ha apartado de la prueba colectada para determinar los hechos que llevaron al dictado de la resolución 143/04.
III.3. Desde otroángulo señala que el fallo en crisis incurrió en una indebida intromisión en prerrogativas de orden público al considerar configurada la insalubridad y determinar sus efectos patrimoniales cuando tal tarea ha sido atribuida al Poder Ejecutivo conforme el art. 144 de la Constitución provincial.
III.4. A mayor abundamiento ratifica que las tareas de "instrumentadores quirúrgicos" que desarrollaban las accionantes no revestían la calidad de insalubres, en tanto la calificación se efectúo de forma temporal con motivo del estado de su sector de trabajo y luego las falencias fueron superadas.
En ese sentido asevera que la Administración efectúo acciones concretas para revertir la insalubridad inicial.
Además, aduce que no se comprobó que se hubiera configurado el supuesto establecido en el decreto 1.351/71, referido a los profesionales y/o servicios que acreditaren el trato con población que tenga serios problemas de conducta y/o enfermedades infecto contagiosas y los instrumentadores fueron excluidos de tal régimen.
También expresa que dicha actividad no mantiene un trato directo y constante con los pacientes y su trabajo se agota -principalmente- en la colaboración con los médicos que realizaban las prácticas quirúrgicas, no acreditándose en el desempeño de sus labores la existencia de un riesgo particular y concreto derivado de un contacto directo con determinadas personas. Ello -agrega- independientemente que por razones edilicias o de funcionamiento el área de quirófano hubiera sido calificado de modo temporal insalubre.
IV. El recurso interpuesto no puede prosperar (art. 279, CPCC).
IV.1. En primer lugar, el agravio relacionado con la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo para declarar la insalubridad con fundamento en la pretendida vulneración de los arts. 25 inc. "e" de la ley 10.430; 37 de la ley 10.149; 4 y 26 del decreto ley 9.650/80 y decretos 476/1l y 430/81 no es de recibo.
En efecto, para reconocer la competencia de la Subsecretaría de Trabajo para emitir la resolución 143/04 -mediante la cual declaró la insalubridad de las tareas desarrolladas en el área de quirófanos del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Oscar Alende" de la ciudad de Mar del Plata-, el Tribunal de Alzada se sustentó en los arts. 2, 3 inc. "c" y 37 de la ley 10.149 que asignan al mentado organismo competencia y jurisdicción para entender en materia de trabajo en la Provincia de Buenos Aires.
En particular, los dos últimos preceptos establecen que le corresponde a la citada Subsecretaría intervenir en lo relativo a las condiciones de trabajo y, especialmente, fiscalizar lo vinculado a higiene, salubridad y seguridad de los lugares de trabajo, dictando las medidas que aseguren y tutelen los derechos, la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores y declarar insalubres el o los lugares de trabajo que no se ajusten a las normas básicas de seguridad, salubridad e higiene y, a su vez, con la colaboración de los organismos técnicos competentes, a exigir la adopción de las medidas necesarias para transformar los lugares y/o condiciones de trabajo en salubres (cfr. arts. 3 inc. "c" y 37).
Delimitada de tal modo la competencia material de la autoridad administrativa laboral, el a quo destacó que a partir de aquella declaración nacía en los accionantes el derecho al reconocimiento de un horario reducido o a la percepción de un adicional.
Frente a lo allí sentenciado, el recurrente discurre referenciando normas legales genéricas referidas a la competencia del Poder Ejecutivo para establecer bonificaciones especiales o premios a los agentes públicos (cfr. art. 25 inc. "e", ley 10.430), a la asignación funcional al Ministerio de Trabajo conforme la ley de ministerios 13.175 por entonces vigente y, al reconocimiento de la insalubridad a los fines previsionales (arts. 4 y 26, dec. ley 9.650/70 y decs. 430/81 y 476/11, sin indicar, en concreto, de que modo se verifica el yerro de la Cámara al interpretar las disposiciones de la ley 10.149, marco especial regulatorio de la actuación de la Subsecretaría de Trabajo en la Provincia de Buenos Aires.
En tal sentido y conforme ese contexto normativo, la verificación de las condiciones de salubridad ambiental y, a consecuencia de ello, la declaración de insalubridad de los lugares de trabajo y de las tareas constituye uno de los cometidos específicos de la mentada Subsecretaría como autoridad administrativa laboral, sin que su actuación se vea circunscripta sólo a la inspección de esos aspectos, tal como esgrime el impugnante.
De tal modo, el despliegue argumental del recurrente, señalando la competencia que corresponde al titular del Poder Ejecutivo provincial como Jefe de la Administración Pública provincial para establecer bonificaciones y premios, como así también para determinar el régimen horario y la reducción de requisitos para obtener una prestación previsional respecto a tareas que fueron declaradas de modo previo insalubres por la Subsecretaría de Trabajo, resulta insuficiente para conmover el razonamiento del Tribunal de Alzada según el cual el mentado organismo emitió la resolución 143/04 en el ámbito de su actuación legal -sin que el impugnante haya opuesto reparos a la validez de la normativa aplicada- la que resulta título suficiente para generar en los accionantes los efectos pretendidos.
Por lo visto, es dable concluir en esta parcela que la pieza recursiva se limita a proponer una visión subjetiva de los efectos de las normas que aduce como transgredidas en el caso y no contiene una idónea impugnación de los fundamentos que estructuran la sentencia del Tribunal de Alzada, desatendiéndose de su línea argumental a través de un criterio personal distinto en orden a la inter
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