Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75638
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, (art. 289 inc. 2, CPCC) se revoca la sentencia impugnada; se declara la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11 y se ordena abonar al actor la retribución sin cargo de reintegro equivalente a seis (6) sueldos básicos más antigüedad al valor actualizado al momento del efectivo pago (art. 1, ley 14.196). La ejecución de lo resuelto queda a cargo del juez de primera instancia.
Las costas en todas las instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 51 inc. 1, CCA -texto según ley 14.437-; 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68, 274 y 303 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.638, "Alzueta, Susana Nélida contra Instituto de Previsión Social. Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había admitido la demanda promovida por la señora Susana Nélida Alzueta contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 64/70).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 74/75).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 84/95), agregado el memorial de la parte demandada (escrito en soporte electrónico de fecha 28-III-2019, 1:35:16 p.m. en el sistema Augusta), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3 de la ciudad de La Plata hizo lugar a la demanda promovida y declaró la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11. En consecuencia, le reconoció a la señora Susana Nélida Alzueta el derecho a percibir la retribución por egreso -equivalente a seis mensualidades- prevista en el art. 1 de la ley 13.355. De esa manera, condenó al Instituto de Previsión Social a abonarle el beneficio de conformidad con lo dispuesto por la ley 14.196, es decir, con el monto actualizado al momento del efectivo pago teniendo en cuenta la remuneración correspondiente a la categoría de revista de la actora al momento del cese. Impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 43/49).
I.2. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso de apelación (v. fs. 52/57) el que fue admitido por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad.
En consecuencia, el Tribunal de Alzada -por mayoría de fundamentos concordantes- revocó la sentencia de grado dejando sin efecto la declaración de invalidez del art. 2 del decreto 683/11 y, por ende, la condena al ente previsional demandado de liquidar el monto del premio por egreso tomando en consideración la remuneración vigente al momento del efectivo pago (v. fs. 64/70).
Para así decidir refirió a la ley 14.196, por la cual se le reconoció a los agentes que hubiesen obtenido su derecho jubilatorio desde la vigencia de la ley 12.867 y hasta el 1 de julio de 2005, el derecho a percibir la retribución sin cargo de reintegro, en las condiciones establecidas en la ley 13.355, y con el monto actualizado al momento del efectivo pago (art. 1, ley cit.).
Sostuvo que el decreto 683/11, reglamentario de la ley 14.196, no ofrece reproche constitucional alguno, pues los términos mediante los cuales especifica el alcance de la expresión "monto actualizado al momento del efectivo pago" (art. 1 in fine de la ley cit.) resultan acordes al marco jurídico que rige la materia, a la ley reglamentada y a la normativa superior.
Con cita en un antecedente de esa Cámara señaló que no resulta pertinente la liquidación del beneficio de acuerdo a la remuneración actual más los intereses, pues ello supone implícitamente una metodología de repotenciación que se encuentra prohibida por la legislación federal (CCALP causa "Plesniak", sent. de 20-III-2012).
Puntualizó que el crédito antecedente de la pretensión no consiste en una deuda de valor que habilite su determinación en el modo en que reclama la apelante y que resolvió el magistrado de primera instancia; sino que participa de los caracteres de las obligaciones de dar sumas de dinero (conf. arts. 616, 622 y concs., Cód. Civ. -ley 340- entonces vigente) y, por lo tanto, no admite el intento de restablecer un valor real en lo adeudado por encima de las sumas nominales.
Señaló que la bonificación por egreso ha sido regulada por normativas especiales (v.gr. Acuerdo 3560) que difieren del marco jurídico aplicable al sub lite , el cual, específicamente, determina que el denominado "premio" deberá liquidarse con el último sueldo básico más la antigüedad al momento del cese de la actividad, más los intereses (arts. 1 y 4, ley 14.196 y 2, dec. 683/11).
Puntualizó en este aspecto que el marco jurídico aquí analizado no contraviene normas superiores y se ajusta al principio nominalista establecido por la ley 23.928 ratificado por la ley 25.561 antes aludido.
Por los fundamentos señalados, más la prohibición de utilizar cualquier mecanismo que importe una repotenciación, indexación o actualización monetaria, la magistrada que concitó la mayoría sostuvo que el juez de grado incurrió en un error de juzgamiento.
Al respecto, con cita en precedentes de esta Suprema Corte y del Máximo Tribunal federal recordó que la modificación introducida por la ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la redacción del art. 7 de esta y, por ello, en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa (doct. causa B. 49.193 bis, "Fabiano", resol. de 2-X-2002; Fallos: 329:385).
De ese modo, señaló que este Tribunal declaró la validez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561) y ratificó la derogación, a partir del 1 de abril de 1991, de todas las normas legales o reglamentarias que establezcan o autoricen la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de deudas, impuestos, precios o tarifas, de los bienes, obras y servicios (v. entre muchas, causa L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011).
Reafirmó la validez de las normas prohibitivas de todo mecanismo indexatorio e hizo lugar al agravio de la Fiscalía de Estado, toda vez que -juzgó- la pretensión de percibir el premio a valores actualizados no puede proceder, en tanto los mecanismos de repotenciación se encuentran prohibidos por las leyes vigentes.
Adiciona en apoyo a su postura los fundamentos que esa Cámara tiene relacionados con el reconocimiento de los salarios caídos (CCALP causas "Alza", sent. de 2-XII-2008 y "Cordoves", sent. de 1-XII-2009), en el entendimiento que lo decidido por el juez que previno propone de manera directa o indirecta un método que equivale a la indexación para el pago cuando, en el caso, debe liquidarse sobre la base de la última remuneración mensual obtenida a la fecha del cese determinada a su valor nominal, con más los intereses que proceda fijar, conforme lo establece la norma reglamentaria (dec. 683/11).
Finalmente, señaló que no resulta de aplicación al presente caso el modo en que se ha calculado el premio por antigüedad en el ámbito del Poder Judicial, puesto que dicho régimen no constituye objeto de análisis en la presente controversia.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 74/75), en el cual denuncia que la sentencia impugnada vulnera el principio de igualdad ante la ley (art. 11, Const. prov.) y de jerarquía normativa (art. 31, Const. nac.).
Señala que la ley 14.196 tuvo por finalidad reafirmar el derecho de igualdad, procurando reparar una situación de injusticia respecto de los agentes que pudieron cobrar la bonificación por egreso de manera inmediata a su cese.
Por otra parte, alega que debe tenerse en cuenta el criterio seguido por este Tribunal en relación al cálculo de la retribución para magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial, en el cual se adoptó la última remuneración mensual total vigente en la actualidad para la categoría en que revistara el interesado al momento del cese (Acuerdo 3560).
Considera errado y arbitrario relacionar el pago de la retribución por egreso del modo en que lo estipula la ley con una repotenciación de deudas, prohibida por la ley 23.928.
Solicita que se haga lugar al recurso extraordinario interpuesto y se condene al Instituto demandado al pago de la retribución conforme lo establecido por el art. 1 de la ley 14.196, norma que reviste una jerarquía superior respecto del decreto 683/11, el cual, so pretexto de reglamentarla, modifica irrazonablemente los derechos que consagra, alterando su espíritu y finalidad.
III. Oído el señor Procurador General a fs. 84/95, considero que el recurso extraordinario interpuesto prospera.
III.1. En forma preliminar debo recordar, en relación a la impugnación deducida, que el recurso previsto en el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia se abre en el único supuesto en que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la constitución local (doct. causas A. 70.965, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Leroux", sent. de 4-IX-2013; A. 70.112, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Buendía", sent. de 25-II-2015; A. 71.144, "Nidera S.A.", sent. de 9-IX-2015; A. 73.332, "Tevéz", sent. de 15-VIII-2018; e.o.).
Corresponde señalar que el caso bajo examen guarda sustancial analogía jurídica con la causa A. 73.186, "Federación de Educadores Bonaerenses", sentencia de 24-II-2021, circunstancia que me permite reproducir -en lo pertinente- los fundamentos expuestos en aquella oportunidad.
En la presente contienda, la parte actora solicitó que se declare la inconstitucionalidad del decreto 683/11 en el entendimiento de que transgrede el principio de igualdad (art. 11, Const. prov.) y modifica el espíritu y finalidad de los derechos consagrados en la ley reglamentada (14.196). La sentencia impugnada es contraria a sus intereses por cuanto hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado, revocando de ese modo el pronunciamiento de primera instancia que había admitido la demanda.
III.2. Sentado ello, corresponde analizar el marco fáctico y normativo en el cual se inscribe la cuestión:
a) La parte actora accedió a su beneficio jubilatorio con fecha 1 de diciembre de 2003 (v. resoluciones 505.089 del Instituto de Previsión Social y 459 de la Dirección General de Cultura y Educación obrantes a fs. 18 y 21 del expediente administrativo), fecha en la cual se encontraba suspendida, en el marco y por el plazo de la emergencia declarada por la ley 12.727 y sus modificatorias, toda norma estatutaria que contemplara retribuciones especiales por egreso reconocidas por razones de antigüedad o por reunir los requisitos para la jubilación ordinaria (art. 1, ley 12.867). Luego las referidas retribuciones fueron derogadas con carácter permanente por el art. 26 de la ley 13.154.
b) Mediante la ley 13.355 se restableció el llamado "premio" jubilatorio a partir del 1 de julio de 2005, el cual sería abonado dentro de los treinta días de producido el cese del agente (v. art. 2 in fine , dec. 1.859/05, reglamentario de la ley cit.).
c) Posteriormente, la ley 14.196 reconoció el derecho a percibir la retribución que fija la ley 13.355 en las condiciones allí establecidas y con el monto actualizado al momento del efectivo pago (el destacado me pertenece) para quienes hayan obtenido su derecho jubilatorio en el período comprendido desde el 23 de julio de 2001, que se declaró el estado de emergencia administrativa, económica y financiera de la Provincia de Buenos Aires y hasta el 1 de julio de 2005; lapso en el cual queda comprendido el acceso al beneficio previsional de la señora Alzueta.
d) Por último, el decreto 683/11 -reglamentario de la ley 14.196- dispuso que el Instituto de Previsión Social será el organismo encargado de liquidar y abonar la mentada retribución, a requerimiento del interesado, quien deberá acreditar que se encuentra alcanzado por las pautas de la norma aportando, asimismo, la documentación que el organismo previsional requiera a tal fin.
En relación a la base de cálculo, estableció que para la liquidación del beneficio se tomará el último sueldo básico más la antigüedad al momento del cese de actividad, sin ningún tipo de descuento, más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósitos a treinta días, a contar desde la fecha de cese (arts. 1 y 2, dec. cit.).
III.3. Entiendo que le asiste razón a la recurrente pues la ley 14.196 ha fijado en forma clara la manera de liquidar el beneficio cuando se reúnan las condiciones del art. 1 de la ley 13.355 con el monto actualizado al momento del efectivo pago (art. 1 in fine ) y el decreto reglamentario, lo restringe.
En consecuencia, considero que el Instituto demandado debe liquidar el derecho reconocido en el art. 1 de la ley 14.196 (y su remisión a la ley 13.355) de conformidad con su letra y espíritu (ver fundamentos de la ley, recuperado el 13-IV-2021 de https://normas.gba.gob.ar/documentos/VmW3ET6x.html ), es decir, tomando como base el monto actualizado de la retribución del agente al momento del pago (art. 1, ley cit.).
Resulta evidente que la disposición impugnada se aparta de los fundamentos tenidos en cuenta por el legislador al momento de sancionar la ley 14.196, circunstancia que se traduce en la vulneración al principio de igualdad ante la ley reconocido en el art. 11 de la Constitución provincial, tal como lo plantea el recurrente.
Entiendo que el modo de liquidar el beneficio por egreso con base en los sueldos históricos con más intereses, configura, en la especie, el quebranto del derecho constitucional de igualdad ante la ley, dado que no existe razón alguna que justifique un tratamiento diferente para quienes por su fecha de cese queden comprendidos bajo la ley 13.355 o 14.196.
III.4. Advierto que el ejercicio de la potestad del poder ejecutivo provincial excedió los límites de sus atribuciones (art. 144, Const. prov.), especialmente, la de hacer ejecutar las leyes de la provincia facilitando su ejecución por reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su espíritu, infringiendo de ese modo la exigencia de razonabilidad que debe guardar toda disposición normativa.
Tiene dicho este Tribunal que cuando una disposición reglamentaria desconoce o restringe irrazonablemente derechos que la ley reglamentada otorga, o de cualquier modo subvierte su espíritu y finalidad, ello contraría el principio de jerarquía normativa y configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución concede al Poder Ejecutivo (causas C. 115.486, "Capaccioni", sent. de 30-X-2014; B. 62.043, "Karanicolas", sent. de 31-X-2016; e.o.) y configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución nacional concede al Poder Ejecutivo (art. 31, Const. nac.).
Por ello, el decreto que reglamenta la ley 14.196 (art. 2, dec. 683/11), de inferior grado normativo, cuando establece que para la liquidación del beneficio se tomará en cuenta el último sueldo básico más la antigüedad al momento del cese de la actividad, más los intereses, se muestra incompatible con la ley formal que consagra el derecho a la percepción del beneficio, tomando como base el "monto actualizado" de la retribución del agente al momento del pago (art. 1, ley 14.196).
III.5. No obstante lo expuesto, que en la especie resulta suficiente para admitir el recurso interpuesto, debo señalar que este Tribunal fijó su criterio interpretativo en el Acuerdo 3560 en relación a la regulación sectorial para los magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial, en el cual expresamente se consignó que a efectos de su cálculo, siguiendo lo establecido por la ley 14.196, cabe asumir el monto actualizado al momento del efectivo pago, es decir, adoptar como última remuneración mensual total la vigente en la actualidad para la categoría en que revistara el interesado al momento del cese.
III.6. En mérito a la incompatibilidad de la norma reglamentaria respecto de la legal y teniendo en cuenta que el artículo enjuiciado no resiste el análisis de compatibilidad con la Constitución provincial, propongo que se declare la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11 y su inaplicabilidad a la parte actora, por violentar los arts. 11 y 31 de la Constitución provincial.
Consecuentemente, entiendo que corresponde revocar la sentencia atacada y declarar la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11, debiendo abonarle al actor la retribución sin cargo de reintegro equivalente a seis (6) sueldos básicos más antigüedad al valor actualizado al momento del efectivo pago (art. 1, ley 14.196).
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido, con costas (arts. 303 y 68, CPCC).
Las costas en todas las instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 51 inc. 1, CCA -texto según ley 14.437-; 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68, 274 y 303 in fine , CPCC).
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, (art. 289 inc. 2, CPCC) se revoca la sentencia impugnada; se declara la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11 y se ordena abonar al actor la retribución sin cargo de reintegro equivalente a seis (6) sueldos básicos más antigüedad al valor actualizado al momento del efectivo pago (art. 1, ley 14.196). La ejecución de lo resuelto queda a cargo del juez de primera instancia.
Las costas en todas las instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 51 inc. 1, CCA -texto según ley 14.437-; 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68, 274 y 303 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2021 11:20:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 12:18:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 20:37:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/05/2021 15:32:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2021 18:55:27 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia