Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75486
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
A.75.486 "TORE DANIEL EDGARDO C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.) S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 14 de agosto de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria, Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había admitido parcialmente la pretensión del señor Daniel Edgardo Toré en cuanto al reajuste de su prestación jubilatoria en base a un 75% del haber asignado al cargo, y desestimado el relativo al reconocimiento del derecho para adecuar su jubilación en base al cargo de Sub Gerente en el Hipódromo de La Plata en los términos del art. 41 del decreto ley 9.650/80 (v. fs. 313/317).
Para así decidir, en lo que aquí interesa, el Tribunal de Alzada consideró que los recibos de sueldos acompañados en sede administrativa, no permiten desvirtuar el reconocimiento de servicios efectuado en el ámbito nacional en el que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) certificó como único y mejor cargo desempeñado por el actor el de la categoría 01-01 desde el día 4-X-1983 al 7-VI-1997 (v. fs. 118/119).
Sostuvo que la omisión del actor en cuestionar el reconocimiento de servicios efectuado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), obsta a la procedencia del reconocimiento del cargo jubilatorio base que pretende, el que sólo podrá ser considerado por la Caja otorgante de la prestación en la medida que se modifique o rectifique la certificación efectuada por el organismo nacional.
A mayor abundamiento, el Tribunal interviniente añadió en relación al precedente administrativo citado por el accionante, que se ha omitido efectuar una circunstanciada relación analógica que permita acreditar que se hallaba en las mismas condiciones que en el caso referido.
Al respecto, precisó que en el caso citado en la certificación de servicios efectuada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se consignó como mejor cargo del interesado el de Gerente y, en virtud de ello, fue que el Instituto de Previsión Social otorgó la prestación previsional en base a ese cargo.
II. Disconforme con tal pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 320/325), el que fue concedido por el Tribunal interviniente a fs. 327/328.
En la pieza recursiva denuncia absurdo en la valoración de la prueba. Específicamente respecto de los recibos de sueldos presentados y de la certificación de servicios del precedente administrativo que considera análogo.
II. 1. Plantea que el Tribunal de Alzada yerra al exigirle que debió haber cuestionado la certificación de servicios efectuada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en relación a los servicios desempeñados en la Empresa Hípica Argentina S.A. y, específicamente, en lo relativo al cargo cuya adecuación aspira (Sub Gerente en el Hipódromo de La Plata en el período comprendido entre 1992 y 1995).
Considera que las instancias ordinarias incurrieron en un error al fundarse en una omisión que no es posible suplir ni corregir, en virtud de la forma en que el organismo nacional confecciona las certificaciones de servicios.
Aduce que el Instituto de Previsión Social toma los servicios reconocidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), más la prueba que el interesado aporte -constancias del empleador o recibos de haberes-, a fin de certificar el cargo que pretende sea considerado para liquidar el haber.
Indica que la División de Adecuaciones y Altas del organismo previsional consideró suficientes los recibos de haberes presentados en sede administrativa (v. fs. 219/233), mientras que los organismos de asesoramiento y control sostuvieron en sus intervenciones (v. fs. 236 y 241) que las constancias de los sueldos no permiten modificar lo reconocido en el ámbito nacional en relación al cargo desempeñado.
II. 2. Aduce que en el caso análogo "De Mendoza Cabot Ricardo", el ente previsional reconoció para el mismo período el cargo de Gerente al interesado, en tanto así constaba en la certificación de servicios, no así en su caso en el cual el organismo nacional cometió un error, el cual intentó subsanar con los recibos de sueldos agregados a las actuaciones administrativas.
Refuta la interpretación del Tribunal de Alzada por cuanto no tuvo acreditado su desempeño como Sub Gerente en el Hipódromo de La Plata en el período 1992/1995 para reajustar su haber jubilatorio en base a ese cargo.
III. El recurso intentado no prospera, atento su manifiesta insuficiencia (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
La Cámara, para confirmar el pronunciamiento del magistrado de primera instancia, entendió que en virtud de la certificación de servicios y remuneraciones realizada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la cual se consignó como mejor cargo alcanzado por el accionante el de la categoría 01-01 desde el 4-X-1993 al 7-VI-1997, el Instituto de Previsión Social, en su carácter de Caja otorgante de la prestación, carece de competencia para reconocer servicios prestados en el ámbito nacional que no fueron debidamente reconocidos en dicho ámbito.
Más aún, en relación a los recibos de sueldos agregados por el recurrente en sede administrativa, sostuvo que los mismos no son idóneos para desvirtuar el reconocimiento efectuado en el ámbito nacional, el que tampoco fue cuestionado por el interesado oportunamente.
Los argumentos desarrollados por el recurrente resultan insuficientes para conmover lo resuelto, por cuanto no pasan de expresar un criterio divergente respecto del adoptado por el Tribunal de Alzada en relación a la certificación de servicios y remuneraciones efectuada por el ente previsional nacional.
En efecto, los fundamentos brindados por el a quo en relación el error endilgado por el recurrente en el reconocimiento de servicios respecto al cargo informado y la aptitud de los recibos de haberes agregados en sede administrativa con el objeto de obtener un reajuste en el haber previsional en base a un cargo distinto al allí informado, no han sido eficazmente rebatidos por el impugnante con los argumentos desarrollados en el punto VI de la pieza recursiva.
Ante ello corresponde señalar que, es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que al cuestionar las conclusiones del fallo circunscribe la impugnación a la simple invocación de una opinión discrepante respecto de lo decidido en las instancias de grado y expone consideraciones fundadas tan sólo en su propio criterio personal con afirmaciones meramente dogmáticas, y sin demostrar que el pronunciamiento impugnado sea absurdo en su conclusión esencial.
Este Tribunal tiene dicho que resulta insuficiente la impugnación que se desentiende de los fundamentos del fallo, argumentando en paralelo y evidenciando una mera disconformidad con lo decidido por el a quo . No basta para dar por satisfecha la carga técnica de apropiada refutación que pesa sobre el recurrente, el embate que ha obviado controvertir los pilares sobre los que se asienta la solución puesta en entredicho (doctr. causas C. 101.859, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 5-X-2011; C. 108.160, "Anfield S.A.", sent. de 27-VI-2012; C. 116.915, "Bevilacqua", sent. de 3-XII-2014 y A. 71.107, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 15-VII-2015).
Respecto al alegado vicio, corresponde señalar que, en la forma en que ha sido delimitado por esta Suprema Corte de Justicia a lo largo del tiempo, el absurdo se configura cuando el fallo incurre en un error palmario, grosero y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (causas Ac. 89.233, "Martínez", sent. de 6-VII-2005; Ac. 91.321, "García", sent. de 15-III-2006; Ac. 94.916, "Mieres de García", 19-IX-2007).
Tal situación extrema está lejos de configurarse en autos pues de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente aunque contrario a los intereses de quien recurre (cfr. doctr. art. 384, CPCC).
Los argumentos esgrimidos en el recurso en tratamiento constituyen una mera disconformidad con la valoración efectuada en las instancias ordinarias del expediente administrativo, lo cual no es suficiente para cumplir con las cargas técnicas que supone el remedio extraordinario.
Por último, debe desestimarse la referencia al precedente administrativo "De Mendoza Cabot Ricardo", el que sin perjuicio de su inaptitud para abrir la vía extraordinaria, el propio recurrente fue quien -al igual que los magistrados de las instancias ordinarias- puntualizó la diferencia sustancial de ese supuesto con el analizado en autos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Pe-Ko-To
Reg. Nº 386
Fin de la sentencia