Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75113
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.113, "Alderete, Lidia del Valle c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres , Pettigiani , Soria .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, declaró prescriptos los créditos resultantes de las diferencias retroactivas reclamadas y, en lo demás, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimara la pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derecho deducida por la señora Lidia del Valle Alderete (v. fs. 349/355 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 358/373 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 375/376.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 382) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia la parte actora denunció la sanción de la ley 15.008 y solicitó a este Tribunal la declaración de inconstitucionalidad de sus arts. 21, 39, 41 y 53 (v. escrito electrónico de fecha 3-VII-2018, 2:48:45 p.m.).
La Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora, declaró prescriptos los créditos resultantes de las diferencias retroactivas reclamadas y en lo demás confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimara la pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derecho deducida por la señora Lidia del Valle Alderete, por la cual persiguiera la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. "e", 22 segundo párrafo, 25, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 67 de la ley 11.761; se liquide su beneficio previsional conforme los arts. 54 y 57 de la ley 13.364, modificada por la ley 13.873; y el pago de las diferencias que correspondieren en tal concepto(v. fs. 349/ 355 vta.).
I.1. Para así decidir, señaló que correspondía remitir al criterio sentado en casos análogos resueltos por la propia Cámara.
Reprodujo los fundamentos consignados en tales precedentes y, conforme a lo allí decidido, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto dispuso la aplicación del régimen jurídico vigente a la fecha de cese de servicios para la obtención del beneficio jubilatorio, que en el caso era la ley 11.761 -arts. 53 del decreto ley 9.650/80 y 25 de la ley 13.364-.
Expresó que las prestaciones se encuentran sujetas a exigencias determinadas al momento de concederse y que carecen de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así alcanzados siempre guarda relación directa con los requisitos de acceso a ellos, entre los que destaca la determinación de la base de cálculo del haber (conf. arts. 75 y concs., ley 11.761).
Consideró que la ley 11.761 resulta de aplicación a un bloque que incluye la base de cálculo del haber y así el porcentual respectivo, sin perjuicio de la movilidad que le es inherente desde su reconocimiento -conforme art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial-.
Desde esa óptica, estimó que la diferencia de texto -en relación con los conceptos comprendidos en la determinación de la base de cálculo (arts. 34 y 35, ley 11.761 y 54, ley 13.364, entonces vigente)- no suponía un trato diferente para una exigencia contributiva que siempre se reporta a componentes remunerativos y cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar.
Ante tal contexto, reflexionó que acierta el juez de primera instancia al considerar que, conforme los principios generales que rigen la materia previsional se impide que las situaciones consumadas al amparo de dicho marco pudieran sufrir impacto futuro por disposiciones que modificaren la concepción integral, para un mecanismo que debe comprenderse como totalidad.
I.2. Respecto de la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de ley 11.761, entendió que no se había acreditado el carácter confiscatorio invocado puesto que el apelante se limitó en su recurso a formular un embate ineficaz.
I.3. A su vez sostuvo que la demandante no refutaba idóneamente la insuficiencia decidida por el pronunciamiento de grado respecto a la inconstitucionalidad de los arts. 22 segundo párrafo, 55, 56 último párrafo y 57 de la ley 11.761. Agregó que la actora tampoco precisó un acto aplicativo singular sobre sus haberes y efectuó un planteo general y abstracto, sin explicar el agravio patrimonial aducido en la demanda.
I.4. Acto seguido analizó los pagos extraordinarios y por única vez acordados entre la Asociación Bancaria y la Asociación de Bancos Públicos y privados de la República Argentina por actas celebradas con fecha 17 de diciembre de 2009 y 23 de diciembre de 2010 y concluyó que esas sumas percibidas por todos los trabajadores de la entidad bancaria a cuenta de futuras negociaciones salariales y paritarias, constituían un aumento salarial y como tal, se hallaban provistas de caracteres suficientes que las hacían susceptibles de aportes al régimen de la seguridad social -conforme ley 13.364 entonces vigente-.
Sin perjuicio de ese reconocimiento, la Cámara analizó la defensa de prescripción opuesta por la demandada. En primer lugar, delimitó que ella se circunscribía a las diferencias retroactivas de los componentes salariales por cuanto desde el año 2012 se hallaban incorporados, salvo el pago efectuado por única vez que carecía de proyección temporal.
En base a ello señaló que, con respecto a las sumas concedidas para los años 2012, 2013, 2014 y 2015 -mediante acuerdos de fechas 27 de diciembre de 2011, 16 de enero de 2013, 21 de enero de 2014 y 23 de enero de 2015-, no se había acreditado la falta de pago de estas a excepción de los períodos retroactivos reclamados.
A esos fines el Tribunal de Alzada ponderó que el reclamo administrativo fue presentado el 11 de julio de 2013 y la demanda judicial se inició el 9 de mayo de 2014. Por ello, consideró que se hallaba prescripta la solicitud de reajuste pretendida respecto de los pagos extraordinarios acordados por actas del 17 de diciembre de 2009 y del 23 de diciembre de 2010 en virtud de haber transcurrido el plazo de dos años previsto en el art. 60 de la ley 13.364.
Por último, también desestimó el pago único de una suma remunerativa de un mil ochocientos pesos -$1.800-, acordado entre la Asociación Bancaria y las Asociaciones A.D.E.B.A., A.B.E. Y A.B.A.P.P.R.A (acta de fecha 27-IX-10). Pues, más allá del perfil que ostentara, en tanto que el reclamo de deuda se limitó a sumas devengadas al año 2010, el cobro pretendido se hallaba prescripto conforme la fecha del pedido presentado en sede administrativa (art. 60, ley cit.).
II. Contra el mentado pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y denuncia violación de los derechos de propiedad, de movilidad previsional y razonabilidad de las decisiones judiciales consagrados en los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y los principios de justicia social, primacía de la realidad y en caso de duda interpretación a su favor, previstos en el art. 39 inc. 3 de su par provincial. También acusa vulneración de la doctrina legal sentada por esta Corte en las causas B. 54.879, "Levitán", resolución de 21-XI-1995; B. 56.829, "Pellegrini", sentencia de 8-IV-1997; B. 59.096, "Fiscal de Estado", sentencia de 18-XII-2002 y B. 66.120, "Weingardt", sentencia de 11-XI-2009 (v. fs. 358/373 vta.).
A su vez aduce que la Cámara transgrede los principios de progresividad y prohibición de retroceso receptados en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el texto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
II.1. En primer lugar, reprocha que el Tribunal al resolver entendió aplicable a la obtención de su beneficio la ley vigente al tiempo del cese de sus servicios -ley 11.761-.
Aduce -en sentido contrario a lo afirmado por el Tribunal de Alzada- que al derogarse la citada norma legal por la ley 13.364 su prestación previsional debe regirse por los arts. 54 y 57 de ese último marco legal con las reformas introducidas por la ley 13.873 al resultar más benigna que el régimen antecesor -ley 11.761-.
Resalta que el agravio radica en la diferente base de cálculo que cada normativa ha fijado para la determinación del haber jubilatorio y que el fallo atacado reposó en una regla general como es la ley vigente a la fecha de cesación de servicios la que admite excepciones cuando incurre en soluciones absurdas y contrarias a la finalidad de la justicia.
Sostiene que es erróneo afirmar que tiene un derecho adquirido e inmutable al régimen vigente al cese de sus servicios, que carece de variable modificatoria en lo sucesivo y guarda proporción con el resto de las exigencias al momento del otorgamiento de la prestación.
Expresa que la sentencia impugnada deslinda el cálculo del haber inicial y su movilidad, soslayando la doctrina emergente de esta Corte sentada en las causas "Gaspes" y "Martín", en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la ley 11.761 para aquellos beneficiarios que adquirieron el derecho a sus prestaciones por leyes anteriores y receptó el principio de la razonable proporcionalidad entre el haber jubilatorio y el salario, conforme el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
II.2. En otro punto destaca que el Tribunal de Alzada desconoce que el sistema previsional es de reparto y vincula en forma errónea la extensión del beneficio con los requisitos de acceso, aplicando a su situación -aduce- la inconstitucional ley 11.761, en tanto vulnera los principios de igualdad y de progresividad de los derechos sociales al ocasionarle una disminución en su haber, cuya demostración surge de la simple lectura de los textos legales que estatuyen sobre el modo de calcular la prestación inicial.
II.3. Sostiene que los arts. 54 y 57 de la ley 11.761 afectan los principios de progresividad y prohibición de regresividad receptados en los arts. 14 bis de la Constitución nacional, 39 inc. 3 de su par provincial, 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y en las causas "Aquino", resuelta por la Corte federal y "Acevedo Buendia vs. Perú", emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
II.4. En especial alega que el citado art. 57 es inconstitucional al establecer un sistema de cálculo de su haber que se desvincula del sueldo correspondiente al cargo que ocupaba al momento de jubilarse, desconociendo el principio de proporcionalidad y la naturaleza sustitutiva de las prestaciones previsionales receptados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Sánchez" y "Badaro".
Aduce que tal situación vulnera los arts. 14 y 17 de la Constitución nacional y 10 y 31 de su par provincial en tanto que el 82% móvil de la mayor jerarquía escalafonaria establecida en el art. 40 de la ley 5.678 o el 82% de la remuneración mensual asignada al cargo de que era titular prevista en el art. 54 de la ley 13.364, texto según ley 13.873 difiere del reajuste del art. 54 de la ley 11.761 en cuanto prevé un porcentual del promedio de las remuneraciones percibidas en los últimos diez años.
II.5. A su vez entiende que la aplicación de la ley 11.761 importa una vulneración al principio de igualdad al discriminarla injustificadamente respecto a los beneficiarios de la ley 13.364 por cuanto reconoce mejores derechos. En virtud de ello, peticiona -por aplicación del principio pro homine - se liquide su haber inicial teniendo en cuenta el último cargo -2do Jefe de Departamento de Tercera- en forma complementaria con el de Jefe de División de Tercera, con la movilidad prevista por el art. 57 de la última ley citada.
II.6. También tacha por inconstitucional los arts. 22, 55, 56 segundo párrafo y 67 de la ley 11.761.
En cuanto al primer precepto, el recurrente entiende que contraviene el fin perseguido al poner un tope a la remuneración sujeta a aportes y contribuciones, y en lo que hace al segundo, asegura que se dejó de abonar a partir del 31 de diciembre de 1995 la asignación incentivada o retribución especial semestral.
Sostiene que los arts. 56, segundo párrafo y 67 de la ley mencionada lesionan su derecho de propiedad al excluir del cálculo de su haber a rubros integrantes del salario del activo y en virtud de que el sueldo anual complementario es calculado en el 82% del promedio de lo percibido en los últimos diez años de actividad y no sobre el porcentual de la más alta jerarquía escalafonaria alcanzada.
II.7. Por último, aduce la inconstitucionalidad de los preceptos invocados por la Cámara para declarar prescriptos los rubros no remunerativos reclamados, en virtud de que el art. 14 bis de la Constitución nacional establece que los beneficios de la seguridad social deben ser reconocidos con carácter integral e imprescriptible.
Además, insiste en que los incrementos cuyo pago pretende deben considerarse remunerativos conforme el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo y que en forma convencional no puede determinarse la naturaleza remunerativa o no de un rubro salarial, por lo que toda cláusula que establezca esa condición es nula.
III. A fs. 386/394 vta. la recurrente denuncia que se ha sancionado la ley 15.008, vigente desde el 17 de enero de 2018, y solicita se declare la inconstitucionalidad de sus arts. 21, 39, 41 y 53 (v. escrito electrónico de fecha 3-VII-2018, 2:48 p.m.).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. En primer lugar, el Tribunal de Alzada, para confirmar el pronunciamiento de primera instancia, abordó la cuestión atingente al régimen legal aplicable a la demandante, en atención a la fecha en que esta se acogió al beneficio previsional.
Desde ese mirador, determinó que la ley 11.761 era aplicable al caso en cuanto a la determinación de la base de cálculo del haber previsional de la señora Lidia del Valle Alderete y así también en el porcentual correspondiente, sin perjuicio de su movilidad tal como la demandada lo admitía en cuanto importara un reconocimiento constitucional (conf. art. 39, inc. 3, Const. prov.).
En este tramo del recurso, la parte actora no logra desbaratar el razonamiento de la Cámara, en cuanto a que la ley aplicable a su situación previsional es la que regía al momento de acceder al beneficio, ni tampoco acredita la violación a la norma en cuestión.
Dicho déficit exhibe la pieza recursiva en la cual se denuncia la vulneración de diversas normas y principios jurídicos, limitándose a reiterar consideraciones anteriormente formuladas en su escrito de apelación acerca de sus alcances, sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por el Tribunal de Alzada en cuanto sostuvo que el marco jurídico aplicable al beneficio jubilatorio corresponde al vigente a la fecha de cese de servicios con sustento en el art. 25 de la ley 13.364, entonces vigente, y que las prestaciones que deriven se encuentran sujetas a exigencias determinadas al momento del otorgamiento y que carecen de variable modificatoria en lo sucesivo, como es la determinación de la base de cálculo del haber previsional conforme los arts. 75 y concordantes de la ley 11.761.
Es requisito de ineludible cumplimiento en la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria deja incólume la decisión que se controvierte, al margen de su acierto o error (doctr. causas A. 73.188, "Plaza", sent. de 28-XI-2018; A. 74.289, "G.,F.A.", sent. de 24-IV-2019; e.o.).
La impugnante argumenta en paralelo e insiste en propugnar su propio criterio interpretativo basado fundamentalmente en los principios de progresividad, prohibición de regresividad y justicia social, no constituyendo tal proceder un embate idóneo a los fines recursivos.
Esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas A. 71.422, "Arenas", sent. de 9-IX-2015; A. 74.916, "Fernandez", sent. de 29-V-2019; A. 75.622, "Torres", sent. de 27-VIII-2020; e.o.)
En conclusión, los argumentos traídos a esta instancia se apartan de la línea reflexiva que llevó a los juzgadores a arribar a las conclusiones adversas a sus intereses, luciendo como meras afirmaciones dogmáticas, pues no constituyen una crítica concreta a los fundamentos dados por el pronunciamiento impugnado.
Por otra parte, el argumento basado en el quebranto de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían de la trasgresión de otras normas, no acreditada en el caso (confr. doctr. causas A. 71.802, "Emma", sent. de 22-X-2014; A 72.788, "Plata", sent. de 18-X-2017; A. 73.515, "Katz", sent. de 13-IX-2017; A. 75.641, "Ibarguren", sent. de 28-VIII-2019; e.o.).
IV.2. Tampoco es de recibo el agravio de la recurrente sobre la prescripción declarada por el Tribunal de Alzada con relación al cobro de las diferencias retroactivas referidas a los aumentos paritarios de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 y del pago único extraordinario previsto en el acta de fecha 27 de septiembre de 2010.
La actora centra su embate en el carácter integral e imprescriptible que tienen los beneficios de la seguridad social, con sustento en el art. 14 bis de la Constitución nacional.
Tal crítica consiste en el desarrollo de su particular punto de vista con relación a dicho precepto constitucional, sin hacerse cargo de la distinción efectuada por esta Suprema Corte, en cuanto tiene dicho que el derecho a gozar de los beneficios previsionales es imprescriptible; por el contrario, sí es susceptible de extinguirse por el transcurso del tiempo la obligación de pagar los haberes correspondientes a una determinada prestación (doctr. causa B. 58.607, "Escanes", sent. de 7-XII-1999; e.o.).
IV.3. En otro orden, advierto que los restantes agravios esgrimidos resultan sustancialmente análogos a los ya resueltos y desestimados por este Tribunal en las causas A. 72.826, "Actis Goretta", sentencia de 16-VIII-2017; A. 74.236, "Rugolo" y A. 73.519, "Conde", sentencias de 11-IV-2018 y los antecedentes en ellas citados.
Siendo ello así, el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando se plantean agravios ya desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
IV.4. Por último, el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 21, 39, 41 y 53 de la ley 15.008 efectuado por la recurrente en esta instancia extraordinaria, mediante presentación electrónica de fecha 3 de julio de 2018, 2:48:45 p.m., resulta inatendible e impide a esta Corte su abordaje en el marco de este recurso, en orden a la etapa procesal en que se hallan los autos y sin que la Cámara se hubiera pronunciado al respecto. Ello, en tanto no ha formado parte del objeto litigios
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