Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74760
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.760, "Coria, Víctor Hugo c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Torres, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó, por un lado, el recurso de apelación deducido por Víctor Hugo Coria, Néstor Alberto Giani, Juan José Fernando Mendiondo, Haydee Antonia Gallichio, Perla Luz Bowers, Aurora Matilde Mena, Ilda Margarita Brunello, Ernesto Adolfo Ritzer, Carlos Alberto Pérez y Héctor Daniel Della Chiesa -todos jubilados según la ley 11.761- y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimara el planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761.
Asimismo, hizo lugar parcialmente al remedio interpuesto por la demandada y revocó la sentencia de grado en cuanto condenó a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires a abonar a los mencionados coactores las diferencias que surgirían por considerar "remunerativos" rubros liquidados como normales y habituales al personal activo (v. fs. 420/428 vta.).
Por otro lado, dejó sin efecto aquel pronunciamiento en cuanto declaró la inconstitucionalidad del citado art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 respecto al coactor Pedro Juan Salas -jubilado bajo la ley 11.322-.
Disconformes con dicho pronunciamiento, los citados demandantes interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 433/452 vta. y 453/472 vta.), que fueron concedidos por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 474/475.
Dictada la providencia de autos para resolver (fs. 485) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto a fs. 433/452 vta.?
2ª) ¿Lo es el interpuesto a fs.453/472 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por los actores individualizados en el primer párrafo de los antecedentes, en su condición de jubilados de la ley 11.761 y condenó a la accionada a abonar todas las diferencias impagas que surjan por considerar como "remunerativos" -desde sus orígenes- los rubros reclamados por los demandantes, liquidados como normales y habituales, con más intereses.
Sin embargo, desestimó el planteo de inconstitucionalidad formulado sobre el art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 (v. fs. 361/373).
I.1. Respecto al primer punto el magistrado sostuvo que de los escritos postulatorios de las partes y la prueba agregada había quedado acreditado que el Banco de la Provincia de Buenos Aires abonó en forma mensual, normal y habitual los conceptos reclamados y destacó que, si bien fueron pagados con regularidad, no formaron parte de los haberes previsionales de los demandantes desde sus orígenes, aunque luego sí se incorporaron gradualmente.
Sobre esa base precisó el concepto amplio de remuneración de acuerdo a la doctrina legal que cita, señalando que aquí todos los ítems configuraron evidentes aumentos generalizados para los empleados de la institución bancaria sin condicionamiento alguno, y el demandado a su propio arbitrio les acordó el carácter de "no remunerativo", modificando paulatinamente dicha condición.
Aunque reconoció la facultad del Directorio del Banco prevista en el art. 24 de su Carta Orgánica, consideró que ello no habilitaba a encubrir verdaderos aumentos salariales otorgados a los activos, caracterizándolos como "no remunerativos", en virtud de vulnerar los principios de la primacía de la realidad y progresividad (art. 39 inc. 3, Const. prov.).
I.2. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, lo rechazó por cuanto los demandantes que obtuvieron su prestación previsional durante la vigencia de la ley 11.761, no acreditaron la confiscatoriedad invocada.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por los actores que obtuvieron el beneficio bajo el régimen de la referida ley y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 (v. fs. 420/428 vta.).
Para así decidir, sostuvo que esa situación había sido resuelta en otros precedentes de la propia Cámara y destacó que allí se advirtió la similitud de la cuestión con la doctrina legal de esta Corte sentada en las causas A. 69.664, "González", sentencia de 6-V-2009 e I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009, en las cuales se descartó el carácter confiscatorio del porcentaje de descuento, al no superar el límite del 33% sobre las remuneraciones de los activos en la determinación del haber de los pasivos.
Destacó el carácter contributivo del sistema previsional, basado en el equilibrio de los recursos y en la solidaridad del aludido régimen que contribuía a adoptar un criterio favorable a los aportes a cargo de los afiliados pasivos, siempre que no rebasaren los límites expuestos.
Concluyó que correspondía resolver conforme al criterio de esta Corte, sin que se apreciaran nuevos elementos que justificaren apartarse de aquél.
II.1. En otro orden, el a quo hizo lugar parcialmente a la apelación interpuesta por la demandada y revocó la sentencia de grado en cuanto la condenara a abonar a los actores las diferencias que surgirían por considerar "remunerativos" rubros liquidados como normales y habituales al personal activo.
Así, consideró que el pronunciamiento de primera instancia se había apoyado en fundamentos genéricos, omitiendo puntualizar los suplementos bajo los cuales acogiera la pretensión deducida por los accionantes.
Se puso de relieve también que el foco de la pretensión se asentaba en los contornos remunerativos de los suplementos sin reparar que ello no era suficiente para considerarlos incorporados al sueldo básico mientras no promediaba una decisión principal en ese sentido.
El camarista que inició el acuerdo -dejando a salvo su opinión personal vertida en otro antecedente- ratificó su adhesión al criterio mayoritario adoptado por la Cámara interviniente en varias causas, en la que dicho órgano entendió que no debían calcularse ni computarse las asignaciones en controversia a fin de determinar el haber jubilatorio.
Recordó que en dichos casos se consideró que la cuestión atinente a la naturaleza de los adicionales "no remunerativos" establecidos por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires había motivado numerosos pronunciamientos de este Superior Tribunal provincial (causas B. 56.548, "Bastida", sent. de 26-V-1999 y B. 55.328, "Bustos", sent. de 26-IX-2012) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso "Donnarumma", sent. de 29-X-1996).
Finalmente destacó que en este último precedente el Máximo Tribunal nacional señaló que, si el Banco instituyó para los funcionarios en actividad una asignación no remunerativa sobre las que no se efectuaron aportes, los pasivos no tienen derecho a computarlo.
III. Mediante el presente recurso extraordinario inaplicabilidad de ley los demandantes denuncian violación de la doctrina legal sentada por esta Corte en la causa I. 2.024, "Velurtas", sent. de 10-VI-2009 (v. fs. 433/452 vta.).
También acusan vulneración de la seguridad jurídica, de los derechos de defensa en juicio y propiedad, de la garantía del debido proceso y del principio de igualdad ante la ley, consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
A su vez, aducen que la Cámara transgrede la resolución 74/07 dictada por la Caja previsional demandada y los arts. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que receptan la obligación de no regresividad de los Estados.
También alegan que se apartó del principio de progresividad previsional y de las leyes 20.744 -por lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75- y 11.761 -modificada por las leyes 13.364 y 13.873-.
III.1. Esgrimen que con las constancias agregadas a la causa se ha acreditado que el art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 es confiscatorio para los recurrentes, en tanto se supera el 67% del sueldo que percibe un activo en igual categoría que la de los actores a la fecha de su cese, conforme lo resuelto por este Tribunal en la causa "Velurtas", sentencia de fecha 10 de junio de 2009 y, por lo tanto, tal situación vulnera el derecho de propiedad garantizado por los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial y el principio de progresividad previsional consagrado en los Tratados Internacionales que poseen jerarquía constitucional.
III.2. En otro orden, aducen que la entidad demandada por Acta de fecha 19 de mayo de 2008 aprobó la reducción al 2% del aporte a cargo de los beneficiarios de la ley 11.761 y que tal rebaja ya se había dispuesto en la mentada resolución 74/07 para todos los jubilados y/o pensionados -hubiesen iniciado o no juicio-, a partir del 1 de agosto de 2007.
III.3. Por otro lado, respecto al reajuste del haber previsional en relación a los aumentos que hubiere obtenido el agente en actividad bajo los rubros "no remunerativos", alegan que la sentencia es arbitraria.
Refieren que la Cámara en otras causas en que interviniera desestimó las demandas deducidas por jubilados de la Caja previsional demandada a pesar de haberse probado que las sumas de dinero no remunerativas fueron abonadas en forma mensual, normal y habitual y resolvió además una cuestión que en esta causa no abordó, referida a la falta de legitimación pasiva de la Caja demandada.
Luego, se agravian porque en autos el a quo rechazó el reajuste pretendido con sustento en que no se demostró que "los códigos no remunerativos" se hayan aplicado indebidamente, a pesar de que la pericia contable estableció que fueron abonados al personal activo en forma mensual, normal y habitual desde diciembre de 2003 hasta mayo de 2009.
Señalan que el juez de primera instancia reconoció las diferencias pretendidas con sustento en el criterio amplio del concepto "remuneración" y en cuanto la demandada modificó la caracterización de los ítems como remunerativos reconociendo el carácter que siempre tuvieron.
Esgrimen que sus beneficios se liquidan conforme a un sistema arbitrario establecido en el art. 57 de la ley 11.761 que prevé para su cálculo el promedio de los diez (10) últimos años de salarios percibidos tomando solo en consideración los rubros con aportes, excluyéndose los códigos no remunerativos acreditándose que se abonaron en forma habitual y regular desde el año 2003 y que poseen las características que permiten subsumirlos en aquel concepto.
Finalmente destacan que conforme a los recibos de haberes acompañados y a la prueba informativa se ha acreditado que el perjuicio sufrido por los demandantes desde el mes de mayo de 2004 hasta el mes de mayo de 2009 -fecha del Acta de aumento salarial del 19% sobre los rubros remunerativos y no remunerativos percibidos por el personal activos- es del 33,05%.
III.4. Además, expresan que la Cámara omite el tratamiento de cuestiones a las que aludiera el pronunciamiento de primera instancia como son la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75 y el reconocimiento del Acta de Acuerdo Salarial de fecha 29 de mayo de 2009.
Añaden que tampoco fue abordado por el a quo el escalafón del personal de la institución bancaria que regula las categorías y para cada una de ellas establece coeficientes que debe aplicarse sobre cada aumento.
Por último, aducen que el fallo en crisis incurre en un exceso formal en la interpretación de las resoluciones dictadas por la Caja demandada. A ello agregan que el tribunal tampoco analizó si estas fueron aplicadas en contradicción con la doctrina legal de esta Suprema Corte.
III.5. Asimismo, denuncian la existencia de fallos contradictorios.
Alegan que la Cámara en el caso "Anca" confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto reconoció el reajuste de los haberes previsionales a quienes se jubilaron bajo la ley 11.761 por considerar que los aumentos salariales otorgados durante el período diciembre de 2003 a febrero de 2009, como códigos no remunerativos, revestían incrementos en los sueldos de los activos.
IV. El recurso intentado no puede prosperar en razón de su insuficiencia, tal como esta Corte lo ha señalado a propósito de impugnaciones estructuradas en forma muy similar a la aquí analizada y que involucraban similares agravios (art. 279, CPCC; conf. causas A. 75.730, "Blanco", sent. de 23-IX-2020; A. 74.774, "Bringas", sent. de 22-XII-2020 y A. 76.303, "Ballarini", sent. de 9-IV-2021).
IV.1. En primer lugar y en punto a la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, el escrito en el que se interpone y funda el remedio procesal en estudio no constituye una réplica idónea a las motivaciones esenciales de la sentencia atacada.
En efecto, como quedara expuesto en el relato de antecedentes, la Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia que, a su turno, había expuesto en apoyo del rechazo de tal planteo de inconstitucionalidad la doctrina legal de esta Corte que fluye de la causa I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009.
Asimismo, la sentencia de primera instancia descartó el carácter confiscatorio del porcentaje de descuento, por no haberse acreditado que superara el límite del 33% sobre las remuneraciones de los activos en la determinación del haber de los pasivos, no afectando así las normas que garantizan el derecho de propiedad.
Esta parcela del decisorio no ha sido objeto de impugnación idónea por los recurrentes, quienes se limitan a reiterar consideraciones anteriormente formuladas que, como se ha visto, tuvieron respuesta desfavorable ya en el pronunciamiento de primera instancia -acerca de la inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. "e" de la ley 11.761 y 21 inc. "d" de la ley 13.364-, insistiendo sobre la aplicación de resoluciones administrativas que establecieron la reducción del aporte a cargo del beneficiario y en la vulneración del derecho de propiedad y del principio de progresividad previsional, mas sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por los jueces de grado para desestimar su pretensión.
Tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias del proceso, disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador y cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas como ocurre en el caso, lo que conlleva el rechazo de los reproches desplegados (doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; e.o.).
IV.2. Con respecto a la alegación de que "la sentencia resulta arbitraria" por no considerar la prueba producida en autos respecto de los aumentos dispuestos en favor del personal activo como rubros no remunerativos, es dable apuntar que la Cámara dejó sin efecto el pago de las diferencias acordadas por la sentencia de primera instancia con sustento -básicamente- en los genéricos fundamentos con los que se había resuelto ordenar el reajuste en los haberes previsionales de los coactores jubilados bajo la ley 11.761, al no haber puntualizado los suplementos bajo los cuales acogió la pretensión, así como por derivación de la doctrina sentada por la Corte Suprema Nacional en la causa "Donnaruma" (Fallos: 319:2476), a tenor de la cual cuando el Banco de la Provincia instituyó para los funcionarios en actividad una asignación no remunerativa sobre las que no se efectuaron aportes, los pasivos no tienen derecho a computarlos en su haber previsional.
Empero, en su recurso los impugnantes solo se limitan a transcribir el concepto de "remuneración" que en forma amplia establece el señor juez de primera instancia, a saber: "toda suma de dinero que el empleador abona al trabajador en relación de dependencia, debe necesariamente ser considerada parte integrante de ella, salvo que el empleador logre acreditar fehacientemente que el dinero abonado no tenía esa naturaleza (v.gr. viáticos por gastos efectivamente realizados, o bien, un premio estimulo o gratificación accidental por una tarea especial)".
Refieren que allí se incluyen los suplementos que se abonaron por la institución bancaria en forma habitual y regular desde el año 2003 a mayo de 2009 al sector activo y que se han acreditados en el informe pericial.
La protesta planteada en estos términos carece de idoneidad impugnatoria pues no logra poner de manifiesto que la decisión del Tribunal de Alzada resulte descalificable en los términos del vicio endilgado.
Así, las aseveraciones formuladas en cuanto al desarreglo lógico del que adolecería aquella sentencia, en rigor, no demuestran el acierto del razonamiento del señor juez de primera instancia en punto a subsumir todos los adicionales "no remunerativos" que fueron percibidos en el período reclamado por los accionantes por los agentes en situación de actividad, omitiendo indicar en esa faena -respecto de cada suma de dinero- las notas definitorias de un suplemento de sustancia remunerativa, susceptible de ser computado a los fines del cálculo de los haberes de pasividad de los accionantes.
La mención genérica por los recurrentes de adicionales "no remunerativos" abonados en esos años, no suple el desarrollo que tal necesario examen supone y, por tanto, no resulta útil para demostrar cabalmente la configuración de la alegada irregularidad en la sentencia impugnada.
De igual manera, los apelantes tampoco rebaten frontalmente la conclusión del a quo en punto a que -más allá de la falta de consideración separada de cada rubro- lo dirimente no es el carácter mensual, normal y habitual de los suplementos sino si sobre ellos se practican -o no- aportes.
Y a esa insatisfactoria acreditación se añade que resulta inatendible lo manifestado respecto a la carencia de legitimación de la Caja demandada sostenida por la Cámara en otras causas análogas (v. punto IV.2.a.), como así también el exceso de formalismo denunciado (v. punto IV.4.) por cuanto tales cuestiones no formaron parte de las conclusiones de la decisión puesta en entredicho.
Finalmente, cabe destacar que el planteo dirigido a impugnar el sistema de cálculo de la movilidad previsto en el art. 57 de la ley 11.761 queda desplazado pues -como ya fuera señalado- en el entendimiento de la Cámara lo dirimente no es el carácter mensual, normal y habitual de los suplementos sino tanto su falta de individualización como el hecho de si sobre ellos se practican -o no- aportes.
IV.3. Tampoco merece acogida la alegada violación de la doctrina legal de este Tribunal.
Si bien el recurso enuncia la violación de precedentes de esta Corte, omite desarrollar de qué manera han sido erróneamente aplicados o transgredidos y cómo ellos se relacionan con la supuesta decisión ilegitima de la Cámara, incumpliendo de ese modo la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos, de la doctrina de es
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