Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75285
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, (art. 289 inc. 2, CPCC) se revoca la sentencia impugnada; se declara la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11 y se ordena abonar al actor la retribución sin cargo de reintegro equivalente a seis (6) sueldos básicos más antigüedad al valor actualizado al momento del efectivo pago (art. 1, ley 14.196).
Las costas en todas las instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 51 inc. 1, CCA, texto según ley 14.437 y 60 inc. 1, CCA, texto según ley 13.101; 68, 274 y 303 in fine , CPCC).
La ejecución de lo resuelto queda a cargo del magistrado de primera instancia.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.285, "Bruni, Marta Graciela contra Instituto de Previsión Social. Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto admitió la demanda promovida por Marta Graciela Bruni contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 293/300).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 308/315).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 324/336), dictada la providencia de autos (v. fs. 337) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La señora Marta Graciela Bruni solicitó a la Dirección General de Cultura y Educación (v. fs. 1/2 del expediente administrativo 5800-680173/10 agregado a fs. 50 y reiteración de fs. 57) y al Instituto de Previsión Social (v. fs. 183/186) el pago de la retribución especial sin cargo de reintegro prevista en el art. 39 del Estatuto del Docente, restablecido por la ley 14.196, por lo que peticionó se le liquidaran seis mensualidades actualizadas del cargo que desempeñara.
Relató que su cese a los fines jubilatorios aconteció el 1 de enero de 2005 bajo la vigencia de la ley de emergencia económica 12.867, estando suspendida toda norma estatutaria que contemplara retribuciones especiales por egreso reconocidas por razones de antigüedad o por reunir los requisitos para la obtención de la jubilación ordinaria.
En dicho marco, y frente a la falta de respuesta del ente previsional ante el pronto despacho (v. fs. 194), la recurrente promovió acción contencioso administrativa a fin de que se le reconozcan y abonen las sumas correspondientes a la retribución especial sin cargo de reintegro establecida en el art. 39 de la ley 10.579 de conformidad con el art. 1 de la ley 14.196.
Por su parte, solicitó se declarara la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11 en la medida que -según indicó- generaba un trato discriminatorio en relación a los agentes que percibieron la retribución en períodos distintos al de la actora, vulnerando los derechos de propiedad e igualdad garantizados en los arts. 31, 10 y 11 de la Constitución provincial.
A fs. 71 la señora Bruni amplió la demanda, impugnando el informe obrante a fs. 190 por el que se estimara que: "para la liquidación del premio, se considerará el último sueldo (al momento del cese), considerando, el básico más antigüedad (x6), sin ningún tipo de descuento más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, a contar desde el cese" (sic).
I.2. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 de La Plata hizo lugar a la demanda promovida y declaró la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11, reconociéndole a la actora el derecho a percibir la retribución por egreso -equivalente a seis mensualidades-, conforme lo establecido en la ley 14.196. En consecuencia, ordenó al Instituto de Previsión Social a que, dentro del plazo de sesenta días, efectué la liquidación teniendo en cuenta la remuneración correspondiente a la categoría de revista de la actora al momento del cese a los valores vigentes al momento del efectivo pago.
Ello, más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones electrónicas a plazo fijo a treinta días desde la fecha del cese (1 de enero de 2005) y hasta su efectivo pago.
Impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 256/266).
I.3. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación deducido por la Fiscalía de Estado (v. fs. 270/276) y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto fuera materia de agravios (v. fs. 293/300).
Para así decidir, la doctora Milanta, a cuyo voto adhirió el doctor De Santis juzgó que el decreto 683/11, reglamentario de la ley 14.196, no ofrecía reproche constitucional alguno, resultando ajustado al marco jurídico que rige la materia, a la ley reglamentada y a la normativa superior (v. fs. 297).
Señaló que no resultaba pertinente la liquidación del beneficio de acuerdo a la remuneración actual más los intereses, pues ello suponía implícitamente una metodología de repotenciación que se encuentra vedada por la legislación federal.
Puntualizó que el crédito antecedente de la pretensión no consistía en una deuda de valor, sino que participaba de los caracteres de las obligaciones de dar sumas de dinero (conf. arts. 616, 622 y concs. del Cód. Civ. -ley 340- entonces vigente) y, por lo tanto, no admitía el intento de restablecer su valor real por encima de las sumas nominales.
En consecuencia, la mayoría del Tribunal de Alzada sostuvo que el juez de grado había incurrido en un error de juzgamiento al determinar que la forma de liquidar la retribución especial por egreso debía ser calculada con la remuneración mensual vigente para la categoría de revista de cese, actualizada a la fecha de la solicitud de la misma, más los intereses.
Explicó que sostener lo contrario, implicaría convalidar que la ley 14.196 estableció un método de cálculo de la deuda incompatible con las normas legales y las directivas jurisprudenciales respecto a la improcedencia de la utilización de cualquier mecanismo que importe repotenciación, indexación o actualización monetaria.
Al respecto, con cita de precedentes de esta Suprema Corte y del Máximo Tribunal federal recordó que la modificación introducida por la ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la redacción del art. 7 de esta y por ello en ningún caso resultaba admisible la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa (doctr. causa B. 49.193 bis, "Fabiano", resol. de 2-X-2002; CSJN Fallos: 329:385).
De ese modo expresó que esta Corte ha declarado la validez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561) y ratificado la derogación, a partir del 1 de abril de 1991, de todas las normas legales o reglamentarias que establezcan o autoricen la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de deudas, impuestos, precios o tarifas, de los bienes, obras y servicios (v. entre muchas, causa L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011).
Reafirmó así la validez de las normas prohibitivas de todo mecanismo indexatorio e hizo lugar al agravio de la Fiscalía de Estado, toda vez que la pretensión de percibir el premio a valores actualizados no podía tener acogida, en tanto los mecanismos de repotenciación se encuentran prohibidos por las leyes vigentes.
Por último, en relación al Acuerdo 3560 de esta Suprema Corte, citado en la sentencia de primera instancia, destacó que no resultaba aplicable al caso por cuanto dicho régimen no configuraba un tópico sometido a juzgamiento en la causa (v. fs. 299).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 308/315), en el cual denuncia que la sentencia impugnada vulnera los derechos de propiedad (arts. 17, Const. nac. y 31, Const. prov.) e igualdad ante la ley (arts. 16, Const. nac. y 11, Const. prov.).
Luego de efectuar un pormenorizado análisis de la normativa aplicable al caso, afirma que abonar la retribución especial con el salario vigente al momento del cese (1 de enero de 2005) con un interés modesto, resulta una sustancial mengua y afectación de sus derechos, los cuales se nutren de un marcado carácter alimentario.
Afirma, en ese sentido, que en los fundamentos de la ley 14.196 se destaca que su finalidad consistió en reafirmar el principio de igualdad y equiparar una situación de injusticia respecto de los agentes que pudieron cobrar la bonificación por egreso de manera inmediata a su cese.
Señala que la ley 14.196 efectúa una remisión a la ley 13.555 (que había restablecido el beneficio a partir del 1 de julio de 2005) y expresamente contempló el modo de liquidar el beneficio "con el monto actualizado a la fecha del efectivo pago".
Por otra parte, alega que debe tenerse en cuenta el criterio de esta Suprema Corte en cuanto dispuso que la retribución sea calculada adoptando como última remuneración mensual total, la vigente en la actualidad para la categoría en que revistara el interesado al momento del cese (Acuerdo 3560).
Transcribe los votos de los jueces de la Cámara, para remarcar que en el de la mayoría no se advirtió la diferencia entre aquellos agentes que cobraron el "premio" a los treinta días de haber cesado, respecto de quienes no pudieron en tal oportunidad por estar suspendida la norma que reconocía el derecho.
Por otra parte, considera errado relacionar el pago del salario para la categoría vigente al momento en que se hace efectivo el pago, con una fórmula polinómica que porte un mecanismo indexatorio o de repotenciación de deudas prohibido por la ley 23.928, sin haber siquiera ponderado el carácter alimentario del derecho en juego.
Solicita que se declare la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11 reglamentario de la ley 14.194, por cuanto contraría la propia ley reglamentada y vulnera los principios de igualdad ante la ley e inviolabilidad de la propiedad.
Por último, indica que la norma impugnada vulnera el principio de jerarquía normativa (art. 31, Const. nac.).
III. Oído el señor Procurador General a fs. 324/336, considero que el recurso extraordinario interpuesto prospera.
III.1. Preliminarmente me permito recordar en relación a la impugnación deducida que el recurso previsto en el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia se abre en el único supuesto en que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la constitución local (doctr. causas Ac. 58.527, "Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 20-II-1996; Ac. 78.220, "Doddi", resol. de 7-VI-2000; Ac. 85.402, "Meza", resol. de 11-XII-2002; Ac. 91.177, "Saulino", resol. de 1-IX-2004; A. 73.332, "Tevéz", sent. de 15-VIII-2018; A. 75.286, "Haro", resol. de 11-VII-2018; e. o.).
En el caso, la parte actora solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11 por resultar incompatible con los derechos reconocidos en los arts. 10, 11, 31, 39 y 40 de la Constitución provincial.
III.2. La plataforma fáctica y jurídica es la siguiente:
a) El art. 39 de la ley 10.149 establece que el personal docente titular que, al momento de su cese, acredite una antigüedad mínima de treinta años de servicios y cuya baja no tenga carácter de sanción disciplinaria, tendrá derecho a una retribución especial, sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades de su última remuneración regular y permanente, sin descuento de ninguna índole, que deberá serle abonada en una única vez, dentro de los treinta días de producido el cese.
b) La parte actora cesó con fecha 1 de enero de 2005 a fin de acogerse a los beneficios previsionales, fecha en que se encontraba derogada con carácter permanente toda norma estatutaria que contemplara retribuciones especiales por egreso reconocidas por razones de antigüedad o por reunir los requisitos para la obtención de la jubilación ordinaria (art. 26, ley 13.154).
c) La ley 13.355 restableció el llamado "premio" jubilatorio a partir del 1 de julio de 2005, estableciendo que sería abonado dentro de los treinta días de producido el cese (v. art. 2 in fine del decreto 1.859/05, reglamentario de la ley citada).
d) Posteriormente, la ley 14.196 reconoció el derecho a percibir la retribución que fija la ley 13.355 en las condiciones allí establecidas y con el monto actualizado al momento del efectivo pago (el resaltado me pertenece) para quienes hubieran obtenido su derecho jubilatorio en el período comprendido desde la vigencia de la ley 12.867 y hasta el 1 de julio de 2005.
e) Por último, el decreto 683/11 -reglamentario de la ley 14.196- dispuso que el Instituto de Previsión Social será el organismo encargado de liquidar y abonar la mentada retribución, a requerimiento del interesado, quien deberá acreditar que se encuentra alcanzado por las pautas de la norma aportando la documentación que el organismo previsional requiera a tal fin.
En relación a la base de cálculo, estableció que para la liquidación del beneficio se tomará el último sueldo básico más la antigüedad al momento del cese de actividad, sin ningún tipo de descuento, con más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, a contar desde la fecha de cese (arts. 1 y 2, decreto cit.).
III.3. Sentado lo anterior, corresponde advertir que este Tribunal se ha expedido recientemente acerca de la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11 en las causas A. 73.186, "Federación de Educadores Bonaerenses", sentencia de 24-II-2021 y A. 75.638, "Alzueta", sentencia de 12-V-2021.
En efecto, al dictar sentencia en las causas aludidas se sostuvo que la ley 14.196 ha fijado en forma clara la manera de liquidar el beneficio cuando se reunieran las condiciones del art. 1 de la ley 13.355 con el monto actualizado al momento del efectivo pago (art. 1 in fine ) y que el decreto reglamentario, lo restringe.
Se afirmó que, al ejercer sus potestades, el Poder Ejecutivo provincial excedió los límites impuestos por la Constitución local (art. 144, Const. prov.) especialmente el establecido a la de hacer ejecutar las leyes de la provincia facilitando su ejecución por reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su espíritu.
Al respecto este Tribunal tiene dicho que cuando una disposición reglamentaria desconoce o restringe irrazonablemente derechos que la ley reglamentada otorga, o de cualquier modo subvierte su espíritu y finalidad, ello contraría el principio de jerarquía normativa y configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución concede al Poder Ejecutivo (causas C. 115.486, "Capaccioni", sent. de 30-X-2014; B. 62.043, "Karanicolas", sent. de 31-X-2016; e. o.).
Se señaló que el decreto impugnado resulta incompatible con la letra y espíritu de la ley 14.196 (v. fundamentos de la ley, recuperado el 20-V-2021 de https://normas.gba.gob.ar/documentos/VmW3ET6x.html), circunstancia que configura una vulneración al principio de igualdad ante la ley y al derecho de propiedad, reconocidos en los arts. 11 y 31 de la Constitución provincial.
III.4. No obstante lo expuesto, que en la especie resulta suficiente para admitir el recurso interpuesto, debo señalar que este Tribunal fijó su criterio interpretativo en el Acuerdo 3560 en relación a la regulación sectorial para los magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial, en el cual expresamente se consignó que a efectos de su cálculo, siguiendo lo establecido por la ley 14.196, cabe asumir el monto actualizado al momento del efectivo pago, es decir, adoptar como última remuneración mensual total la vigente en la actualidad para la categoría en que revistara el interesado al momento del cese.
III.5. Por lo expuesto, en mérito a la incompatibilidad de la norma reglamentaria respecto de la legal y teniendo en cuenta que el artículo enjuiciado no resiste el análisis de conformidad con la Constitución provincial, propongo que se declare la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11 y su inaplicabilidad a la parte actora, por violentar los arts. 11 y 31 de la Constitución provincial.
Consecuentemente, entiendo que corresponde revocar la sentencia atacada y, conforme los términos del escrito inicial (v. fs. 34/42 vta. y 71), condenar a la a la demandada a abonarle a la actora la retribución sin cargo de reintegro equivalente a seis (6) sueldos básicos más antigüedad al valor actualizado al momento del efectivo pago (art. 1, ley 14.196).
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido, con costas (arts. 303 y 68, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, (art. 289 inc. 2, CPCC) se revoca la sentencia impugnada; se declara la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11 y se ordena abonar al actor la retribución sin cargo de reintegro equivalente a seis (6) sueldos básicos más antigüedad al valor actualizado al momento del efectivo pago (art. 1, ley 14.196).
Las costas en todas las instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 51 inc. 1, CCA, texto según ley 14.437 y 60 inc. 1, CCA, texto según ley 13.101; 68, 274 y 303 in fine , CPCC).
La ejecución de lo resuelto queda a cargo del magistrado de primera instancia.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 08/06/2021 16:44:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2021 17:42:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2021 18:35:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/06/2021 21:19:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2021 07:18:32 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia