Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75853
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.853, "Alvarez, Luis Roberto contra Ministerio de Seguridad. Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia.
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad, los que fueron concedidos por la Cámara actuante.
Esta Suprema Corte, mediante resolución de fecha 25 de septiembre de 2019, declaró mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto y llamó autos para resolver el de inaplicabilidad de ley.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda promovida por el actor contra el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, por la que solicitó una readecuación jerárquica y la asignación de la escala salarial correspondiente a la jerarquía de Mayor.
Para así resolver circunscribió la cuestión litigiosa a establecer si correspondía reconocer al actor el derecho a ser reescalafonado como Mayor, conforme a las prescripciones de la ley 13.982, y abonarle los haberes devengados desde la vigencia de tal norma legal -día 1 de julio de 2009-, con sus respectivos intereses.
Explicó que mediante la resolución 3.911, de fecha 23 de diciembre de 2003, el actor pasó a retiro activo voluntario, ocupando la jerarquía de Suboficial Mayor.
Recordó que en el año 2004 fue dictada la ley 13.201 (B.O., 5-VII-2004; y modif. ley 13.369, B.O., 5-IX-2005), de aplicación al personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, habiendo sido reglamentada por medio del decreto 3.326/04, regulándose en dichas normas lo atinente al ingreso, estabilidad, derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones, licencias, carrera y régimen disciplinario aplicable en la esfera policial.
En lo que al caso interesa, agregó, se regularon los nueve (9) grados de la estructura orgánica de cada una de las Policías de la Provincia de Buenos Aires (que abarcaron desde el grado de Oficial hasta el máximo de Superintendente).
Señaló que, a los efectos salariales, al personal en pasividad que se había retirado con la jerarquía de Suboficial Mayor se le ubicó en la jerarquía de Teniente.
Con posterioridad, por medio de la ley 13.982 (B.O., 27-IV-2009), la Legislatura provincial implementó un nuevo escalafón que, según dicta el art. 1, es "...de aplicación para el personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, en todos sus Subescalafones", por el cual se crearon diecisiete (17) jerarquías de Oficiales en lugar de las nueve (9) jerarquías establecidas en la ley 13.201.
Así, en lo que interesa al sub lite , el anexo ll estableció que el cargo de Teniente que contara con más de dieciséis (16) años de antigüedad -tal como sucede con relación al actor- debía ser reescalafonado en la jerarquía de Teniente 1°.
Por su parte, el decreto reglamentario de la citada norma 1.050/09 en su art. 354 estableció la pauta temporal de su vigencia, al establecer que "...los reescalafonamientos que se produzcan con motivo de la aplicación de la 'Ley de Personal' lo serán al solo efecto escalafonario hasta el 1° de enero de 2010, fecha a partir de la cual generarán efectos salariales y previsionales conforme a las respectivas escalas remunerativas que apruebe el Poder Ejecutivo". Asimismo, las escalas remunerativas de los nuevos subescalafones que rigieron a partir del día 1 de enero de 2010, fueron determinadas por el decreto 1.254/10.
Agregó que en lo que respecta al personal pasivo se debe tener en cuenta lo normado por el art. 27 de la ley 13.236 (garantía de movilidad) en cuanto establece que "...los importes de los beneficios establecidos en esta Ley son móviles en el marco del escalafón perteneciente al momento del cese y deben ser actualizados de oficio por el Directorio de la Caja dentro de los sesenta (60) días de sancionada la norma legal que haya dispuesto las modificaciones de los sueldos del personal en actividad de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Al sólo efecto de garantizar la movilidad del haber de los beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones que hayan accedido al beneficio previsional revistando en cualquiera de los agrupamientos previstos en el Decreto-Ley 9.550/80 el Poder Ejecutivo deberá, por vía reglamentaria, establecer las equivalencias por correlación de niveles salariales, cargos entre el nuevo régimen normado previsto en la Ley 13.201 y el regulado por el Decreto-Ley 9.550/80".
Así, a los fines de regular tal situación, se dictó el decreto 3.000/10 (B.O., 9-II-2010), a través del cual se resolvió establecer la misma modalidad que el decreto 2.382/05, señalando que para mantener la garantía salarial de los pasivos debe aplicarse igual criterio de reconversión que el que establece la ley 13.982 para el personal en actividad, según los arts. 74 y 76, así como los anexos l y ll.
Es así que, aplicando el anexo ll de la ley 13.982, conforme remisión realizada por el decreto 3.000/10 de dicha norma, el cargo de Teniente que contara con más de dieciséis (16) años de antigüedad -tal como sucede en la especie- debía ser reescalafonado en la jerarquía de Teniente 1°, con efectos salariales a partir del día 1 de enero de 2010, según precisa el art. 354 del decreto 1.050/09, decreto a cuya aplicación también remitió el art. 1 del decreto 3.000/10.
Luego señaló que con fecha 18 de septiembre de 2012, por ley 14.382, se estableció que "...el personal policial que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 13.201, revistaba en el grado de Suboficial Mayor o de Suboficial Principal del Agrupamiento Comando, Escalafón Suboficiales y Tropa o del Agrupamiento Servicios Escalafón Servicios Generales, y hubiere obtenido beneficio previsional cesando en la actividad durante la vigencia de dicha norma, será correlacionado salarialmente en las jerarquías de Mayor o Capitán de los Subescalafones General o Servicios Generales de la Ley 13.982 según corresponda, no obstante la jerarquía que se le hubiere otorgado al ser reencasillado de conformidad al Anexo I del Decreto 3.436/04 complementario del Decreto 3.326/04 reglamentario Ley 13.201" (art. 2).
Asimismo, en el art. 3 de tal cuerpo normativo se precisó que "...la presente Ley tendrá efectos salariales de conformidad al artículo 18 inciso b) de la Ley 13.236, a partir de los treinta (30) días de su publicación" y, por lo tanto, habiéndose publicado el 18 de septiembre de 2012 (B.O. n° 26.921), sus efectos salariales se producen a partir del día 18 de octubre de 2012.
En ese contexto se expidió en relación con la pretensión esgrimida por el accionante de autos.
Señaló que el reencasillamiento generado a partir de las disposiciones generales de la ley 13.982 (anexos I y II), en su aplicación a los pasivos (dec. 3.000/10; conf. art. 27, ley 13.236) supo expresar el ejercicio de una potestad del Poder Ejecutivo ejercida sin observaciones de irrazonabilidad, sino con el propósito de mantener la regla de proporcionalidad para lo previsto, tanto en la ley 13.201 como en el decreto ley 9.550/80, respecto de los nuevos escalafones y en su aplicación al personal de retiro bajo alguno de esos regímenes.
Advirtió que las normas mencionadas solo procuraron nivelar la situación de los activos y pasivos, siendo que estos últimos han clausurado su situación en la carrera en el preciso momento de obtener el beneficio respectivo.
Concluyó que ni el rango de Suboficial Mayor obtenido durante la vigencia del decreto ley 9.550/80, ni el de Teniente 1°, obtenido en función de la ley 13.201, le permiten al actor ser reescalafonado como Mayor en los términos del anexo II de la ley 13.982.
Por último, señaló que la crítica constitucional efectuada en la demanda carece de especificidad en su exposición -limitándose a la cita de precedentes jurisprudenciales-, motivo por el cual la consideró insuficiente para conmover la presunción de constitucionalidad de que gozan los preceptos cuestionados.
Señaló que el demandante tampoco logró demostrar de qué forma se ha violado el principio de igualdad, pues no acreditó un trato discriminatorio con relación a otros sujetos que se encuentren en su misma situación. Tampoco logró demostrar que el proceder de la demandada le haya provocado un detrimento patrimonial, pues si bien invocó que se le habría generado una disminución salarial, no acreditó dicha circunstancia por ninguna de las pruebas que ofreció y produjo en el proceso.
Por las razones expuestas declaró abstracta la cuestión planteada respecto del período posterior al de vigencia de los efectos patrimoniales de la ley 14.382, y desestimó la demanda incoada con relación a los períodos anteriores objeto de reclamo (arts. 12 inc. 2 y 50 y concs., CCA; dec. ley 9.550/80).
II. Contra esa sentencia la actora dedujo recurso de apelación.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó el pronunciamiento de primera instancia.
Destacó que no asiste razón al quejoso en cuanto pretende se reconozca, únicamente a los efectos salariales, el reconocimiento de la jerarquía de Mayor -que efectuara la ley 14.382- desde la vigencia de la ley 13.982 (conf. ampliación/modificación de demanda, fs. 19 y vta.), más allá de los períodos establecidos por el legislador.
Ello así, pues el reconocimiento de dicha jerarquía desde el día 18 de octubre de 2012 (conf. ley 14.382), se encuentra precisamente fundada en la normativa vigente y sus sucesivas modificaciones, habiéndose analizado los reescalafonamientos correspondientes y su alcance patrimonial conforme las jerarquías y plazos expresamente determinados por el legislador.
Entendió que la decisión adoptada en la instancia de grado se encuentra debidamente fundada en las normas aplicables al sub iudice , sin que surjan en la especie elementos que otorguen sustento al planteo del quejoso, el cual implicaría otorgar a la norma efectos retroactivos, contrariamente a lo previsto por el legislador -en una norma que no ha sido impugnada en autos- en cuanto precisó que los efectos salariales serían aplicados a partir de los treinta días de su publicación (art. 3, ley 14.382, B.O., 18-IX-2012).
Consideró asimismo insuficientes las circunstancias alegadas por la parte actora en relación con el reescalafonamiento dispuesto por la ley 13.982 y lo normado por el decreto 3.000/10, como también los argumentos traídos en miras a obtener un reconocimiento de la jerarquía de Mayor con un alcance más amplio que el otorgado por el legislador conforme la ley 14.382.
Advirtió que la situación invocada por el actor generó a su favor solamente una expectativa en relación con el mantenimiento de la estructura jerárquica vigente con anterioridad al dictado de la ley 13.982, no revistiendo asidero el reconocimiento patrimonial pretendido.
Señaló que, si se admitiera el reajuste de la prestación jubilatoria en mérito a posteriores modificaciones escalafonarias, sin aval normativo que así lo reconozca, se daría el derecho a alcanzar cargos de una jerarquía que nunca se desempeñó, por estar previsto en una planta orgánica de la que ni siquiera ha formado parte.
Sostuvo que el reencasillamiento concretado a partir de las disposiciones generales de la ley 13.982 (anexos I y II), en su aplicación a los pasivos (dec. 3.000/10; conf. art. 27, ley 13.236) no solo expresó el ejercicio de una potestad del Poder Ejecutivo ejercida sin observaciones en cuanto a su razonabilidad, sino a la vez el propósito de mantener la regla de proporcionalidad para lo previsto en la ley 13.201 y en el decreto ley 9.550/80, respecto de los nuevos escalafones y en su aplicación al personal de retiro bajo alguno de esos regímenes, criterio normativo de equiparación con los activos que muestra armonía con el principio de movilidad.
Por último expuso que tampoco la mecánica de equiparación que sucediera a la ley 13.982 vino a generar detrimento en la situación de pasividad del actor, ni retrogradación ninguna en relación con el nivel alcanzado por dicha ley, no revelando trato desigual, en la medida en que comprende a todos quienes se encuentran en su misma situación sin discriminación alguna y sin que configure a su respecto inobservancia del principio constitucional invocado, como tampoco el desmedro de un derecho adquirido.
IV. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denunció que en el caso de autos se han vulnerado principios constitucionales como el derecho de igual remuneración por igual tarea, que considera la base de la movilidad previsional de la ley 13.236. Destacó que al efectuarse un erróneo reencasillamiento del personal en actividad y retiro, se produjo una afectación a la movilidad jubilatoria, creando nuevos grados (en realidad restaurando los anteriores) y ubicando al actor en una jerarquía intermedia.
Señaló que lo que aquí se persigue es una recomposición en el haber de retiro del actor, que debió aplicarse en lo inmediato cuando entró en vigencia la ley 13.982 (que dispuso la división de subescalafones) y no varios años después con la entrada en vigencia de las leyes 14.382 y 14.383.
Destacó que el art. 21 bis del decreto 2.382/05, incorporado por el decreto 3.000/10, que estableció los primeros criterios de reconversión, debió ser rápidamente derogado con el dictado de la ley 14.382, que fue el reconocimiento y la corrección de un gravísimo error legislativo y reglamentario que conllevó a una baja directa en el haber de retiro del personal policial en dicha situación de revista.
Solicitó en consecuencia que se le apliquen al actor los beneficios de la ley 14.382 desde el momento en que entró en vigencia la ley 13.982, y por lo tanto se le abonen todas las diferencias en el haber de retiro resultantes, por ser la primera una ley de carácter reparatorio y de reconocimiento de la existencia de un deficiente reescalafonamiento.
V. El recurso no prospera.
Conforme el relato de antecedentes efectuado, cabe advertir que el tema en debate ha sido objeto de tratamiento por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos al sub lite , circunstancia que resulta suficiente para dar respuesta al recurso bajo análisis (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
En las causas A. 73.211, "Balbastro", sentencia de 25-IV-2018; A. 73.862, "Migliori", sentencia de 3-V-2018; A. 73.959, "Belloti", sentencia de 6-VI-2018 y A. 74.275, "Chiquini", sentencia de 29-VII-2018, este Tribunal indicó que el Poder Ejecutivo estableció por vía reglamentaria las equivalencias por correlación de cargos entre el anterior régimen del decreto ley 9.550/80 y el de la ley 13.201, luego sustituida por la ley 13.982, en cumplimiento de lo exigido por el art. 27 de la ley 13.236, respetando la identidad con el reescalafonamiento efectuado legislativamente para quienes se encontraban en actividad, circunstancia que disipa los reproches a la legitimidad de las normas analizadas, en las que no se advierte exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria.
Considero pues que la impugnación aquí deducida no puede prosperar, atento que, al igual que en las causas citadas, no se logró acreditar en autos la errónea aplicación de las normas ni la violación de derechos denunciada, insuficiencia que habilita a esta Corte la aplicación del art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- disponiendo su rechazo atento a su carencia de fundamentación (conf. art. 279, CPCC).
Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 03/08/2021 13:08:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2021 14:03:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2021 15:52:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/08/2021 13:31:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2021 14:15:06 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia