Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76145
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.145, "Rosa, Héctor Ángel c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia que había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos deducida por el señor Héctor Ángel Rosa contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 249/254).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 31 de mayo de 2019, 04:22:05 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 258/259.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 261), agregado el memorial de la parte demandada (v. escrito electrónico de fecha 29 de octubre de 2019, 12:58:16 hs.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de grado en cuanto desestimó la demanda promovida por el señor Héctor Ángel Rosa contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
A través de ella, cabe señalar, el accionante pretendía obtener el reconocimiento del derecho a la percepción de las diferencias impagas de los siguientes conceptos: a) sueldos anuales complementarios relativos al segundo semestre del año 2003, primer y segundo semestre del año 2004, primer semestre y proporcional segundo semestre del año 2005, primer y segundo semestre del año 2006 hasta el año 2010 y proporcional primer semestre del año 2011; b) vacaciones gozadas y no gozadas acumuladas; c) aplicación del decreto 392/03; d) aportes previsionales no efectuados; e) recategorización y reconocimiento de las diferencias salariales desde el día 1 de enero de 2002 al día 24 de febrero de 2005 (de Ayudante de Firma a Segundo Jefe de División de Segunda), del día 24 de febrero de 2005 al día 11 de junio de 2009 (de Segundo Jefe de División de Segunda a Jefe de División de Segunda) y desde el día 11 de junio de 2009 al día 1 de febrero de 2011 (de Jefe de División de Segunda a Segundo Jefe de Departamento de Tercera -Jefe de almacenes-) y f) indemnización especial de la resolución 2.732/90 (v. fs. 249/254).
Cuestiona, de un lado, que a pesar de haber formulado reclamo el Banco le haya abonado menos de lo que le correspondía al momento de acogerse a la jubilación, al omitir rubros no remunerativos a pesar de que -a su entender- ellos habían sido abonados de manera mensual, normal y habitual. De otro, se agravia porque, con motivo de un sumario administrativo del cual finalmente no derivó ningún reproche, se vio frustrado su normal progreso en la carrera bancaria.
I.1. Para confirmar en un todo el rechazo, el a quo adelantó que correspondía adoptar el criterio que había seguido en precedentes anteriores que guardaban similitud fáctica y jurídica con la presente controversia (conf. causas n° 13.264; 13.726; 16.042; e.o.).
Sostuvo a tenor de lo expuesto en esos casos que el reclamo por diferencias no percibidas respecto a los suplementos mencionados en la demanda era inconsistente en virtud de que, conforme los recibos de sueldo acompañados, se desprendía que las liquidaciones de los haberes del actor y sus pagos no merecían observaciones y, por lo tanto, la determinación del salario y los pertinentes adicionales habían sido practicados de conformidad con las resoluciones emitidas por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires y los arts. 1, 8 y 24 inc. "m" de la Carta Orgánica de esa entidad, sin haber acreditado la parte actora las diferencias alegadas durante el período reclamado.
Expresó que la cuestión atinente a la naturaleza de los adicionales "no remunerativos" había motivado numerosos pronunciamientos de este Superior Tribunal provincial (conf. causas B. 56.548, "Bastida", sent. de 26-V-1999 y B. 55.328, "Bustos", sent. de 26-IX-2012) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN causa "Donnarumma", sent. de 29-X-1996).
Destacó que en este último precedente el Máximo Tribunal nacional señaló que si el Banco instituyó para los funcionarios en actividad una asignación no remunerativa sobre las que no se efectuaron aportes, los pasivos no tienen derecho a computar en su haber jubilatorio las sumas resultantes de dicho adicional.
Asimismo, precisó -conforme la doctrina de esta Corte- el concepto "limitado" de remuneración, el que debía extraerse de la ley de previsión que regula el caso y que constituía la fuente más directa para su solución.
Además, destacó que la eventualidad de una mejora de la situación previsional expresada en términos generales no constituía un dato tendiente a demostrar que los pagos realizados fueron mal hechos, si los rubros se liquidaron conforme la normativa vigente. Desde ese mirador, estimó que no quedaba demostrado que hubiese derecho a las diferencias salariales reclamadas por el actor, en tanto se le habían abonado la totalidad de los componentes retributivos reconocidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para el personal activo en el período pretendido.
I.2. Por último, consideró que los agravios ensayados en torno a la denegatoria de su reclamo por una mejora del estatus de empleo -una vez alcanzada la pasividad y que a esta se traslade- carecía de andamiaje en tanto no había logrado demostrar error de juzgamiento en la sentencia de primera instancia que, luego de detallar los requisitos previstos en el Estatuto para el Personal del Banco Provincia, con cita jurisprudencial había sostenido que la promoción en la escala jerárquica no era un derecho automático del agente público. Con lo cual, la sustanciación del sumario administrativo -más allá de su desenlace favorable- pudo válidamente postergar su ascenso.
II. Contra el mentado pronunciamiento el demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 31 de mayo de 2019, 04:22:05 hs.).
Denuncia violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de las leyes 20.744 y 11.761 -modificada por las leyes 13.364 y 13.873- y la doctrina legal sentada por esta Corte en las causas "Rojas", "Corbacho", "Machetta", "Bardi", "Sarandria", "Cremaschi", "Abramo" y "Vila" que, con alguna imprecisión de fechas y números de expediente, identifica.
II.1. Luego de relatar brevemente los antecedentes, en primer lugar señala que la sentencia impugnada se emitió con sustento en fallos dictados por mayoría y no de manera unánime (causas n° 19.345, "Bahlche"; 13.726, "Ruiz"; e.o.).
Expresa que uno de los integrantes del Tribunal de Alzada, en la primera de las citadas, se expidió en sentido contrario a la postura que adoptara en el presente caso.
Reproduce una parte del voto en minoría, en el cual se reconocieran las diferencias salariales en concepto de sueldo anual complementario de los años 2003 a 2005, indemnización especial prevista en la resolución 2.732/90 y vacaciones no gozadas, al computar como remunerativos los adicionales creados por las resoluciones 676/04 y 838/05 por considerarlos habituales y regulares en su percepción por los agentes activos, en virtud de lo probado por la parte actora.
II.2. También alega que el dictamen del perito contador agregado a la causa ponderó el perjuicio sufrido desde el año 2003 hasta la fecha de su cese, al no habérsele computado los códigos no remunerativos correspondientes a suplementos abonados en forma mensual, normal y habitual. Sobre esa base recuerda que el experto calculó las diferencias salariales reclamadas y los aportes no integrados al sistema previsional.
II.3. En otro punto señala que el Tribunal de Alzada se aparta de la doctrina de esta Corte emergente de las causas "Rojas", "Corbacho" y "Machetta", reparando en los votos de tres ministros.
Esgrime que si bien en tales casos el empleador no era el Banco de la Provincia de Buenos Aires, versaron sobre el reajuste de haberes previsionales respecto de sumas percibidas por el personal activo de forma mensual, normal y habitual sobre las que no se habían efectuado los pertinentes aportes al Instituto de Previsión Social.
Aduce que en el sub lite, del mismo modo que en dichos precedentes, se comprobó que los rubros pretendidos habían sido aumentos salariales que reunían los caracteres arriba resaltados, no obstante haberse omitido efectuar los aportes a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Sostiene que la situación genera desigualdad frente a otro empleado bancario de igual categoría a la fecha de su cese posterior al mes de mayo de 2009, al que se le computaron todos los conceptos como remunerativos.
II.4. Dice que la Cámara omite el tratamiento de cuestiones tales como la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo 18/75, los arts. 1, 20 y siguientes del Estatuto del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el reconocimiento del Acta de Acuerdo Salarial de fecha 29 de mayo de 2009 y el escalafón del personal de dicha institución bancaria e incurre en un rigorismo formal en la interpretación de las resoluciones dictadas por la Caja demandada. A ello agrega que el a quo tampoco analizó si estas fueron aplicadas en contradicción con la doctrina legal de esta Suprema Corte.
II.5. Añade que el pronunciamiento impugnado lesiona el principio de igualdad al adoptar un concepto amplio de remuneración para los dependientes de la Administración Pública provincial y restrictivo para los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II.6. Finalmente, denuncia que la sentencia atacada es arbitraria.
III. El recurso intentado no puede prosperar en razón de su insuficiencia (art. 279, CPCC).
III.1. Observo que el escrito en el que se interpone y funda el remedio procesal en estudio no constituye una réplica idónea a las motivaciones esenciales de la decisión judicial que resolviera confirmar lo resuelto en primera instancia, rechazando la pretensión deducida por el accionante.
Sobre el punto esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurso se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas A. 71.152, "Formoso", sent. de 12-IX-2012; A. 70.139, "Falasconi", sent. de 28-IX-2016; A. 74.706, "Gallina", sent. de 12-VII-2017; e.o.), dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (doctr. causas A. 70.136, "Trillo", sent. de 21-IV-2010; C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 73.294, "Bettoli", resol. de 11-III-2015; e.o).
El Tribunal de Alzada notó, de un lado, la inconsistencia del reclamo del demandante en virtud de que -conforme los recibos de sueldo acompañados- se desprendía que la determinación del salario y los pertinentes adicionales habían sido practicados de conformidad con las resoluciones emitidas por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires y los arts. 1, 8 y 24 inc. "m" de la Carta Orgánica de esa entidad, sin que se hubiesen acreditado las diferencias alegadas durante el período reclamado.
De otro, siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación plasmado en la causa "Donnarumma" (CSJN Fallos: 319:2476), concluyó que cuando el Banco instituyó para los funcionarios en actividad una asignación no remunerativa sobre la que no se efectuaron aportes, los pasivos no tienen derecho a computar en su haber jubilatorio tales incrementos, siendo que el concepto de "remuneración" debe extraerse de la ley previsional que regula el caso, lo cual conspiraba contra la procedencia del reclamo.
Tales argumentos centrales que conformaron la estructura de la sentencia impugnada no han sido rebatidos eficazmente por el recurrente que, desentendiéndose de ellos, efectúa un enfoque de las circunstancias disímil a la de los judicantes.
En efecto, el apelante se limita a reiterar las mismas consideraciones anteriormente formuladas en el escrito de expresión de agravios y que tuvieron respuesta en el pronunciamiento cuestionado, insistiendo en la postura minoritaria que reproduce de un integrante de la misma Cámara en un precedente que reputa análogo. Así también vuelve sobre la aplicación del Convenio Colectivo 18/75, persistiendo en que los códigos no remunerativos 1.238, 1.223, 1.123, 1.124, 1.224 y 1.225 han sido abonados por el Banco demandado al sector activo de modo mensual, habitual y regular y, por lo tanto, correspondía que se liquidaran las diferencias dinerarias en los rubros requeridos dándoles tratamiento remunerativo.
Frente a lo decidido por el Tribunal de Alzada con apoyo en las probanzas agregadas a la causa, como así también, en el criterio jurisprudencial al que remitiera, es claro que las consideraciones del recurrente no contribuyen a la adecuada fundamentación que exige el recurso extraordinario, donde se deben controvertir eficazmente los argumentos que dieron sustento suficiente a lo allí concluido (art. 279, CPCC).
Por lo tanto, lo avanzado en esta parcela del embate resulta inatendible.
III.1.a. En lo tocante a la apreciación de la evidencia documental acompañada, era tarea del quejoso impugnar debidamente ese extremo, denunciando y acreditando que lo que se concluyó a partir de ella constituyó absurdo en sentido técnico del concepto, algo que no hizo. Lo expresado, al versar sobre típicas cuestiones de hecho y prueba, por regla reservadas al criterio de las instancias de grado (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016; e.o.).
Conforme tiene dicho este Tribunal, el mentado vicio no se configura con la mera discrepancia de opinión, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (doctr. causas A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017; A. 73.881, "Gómez", sent. de 3-V-2018 y A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019).
III.1.b. En cuanto a la mención que efectúa el recurrente al voto en minoría en la causa n° 19.345, "Bahlche", cabe decir que lo que pueda extraerse de allí no resulta conducente en el sub examine .
Ello es así, dado que los argumentos que esgrimiera el señor juez Spacarotel no constituyen el sustento del precedente que se invoca de la Cámara, en tanto su opinión no concitó la mayoría de fundamentos de sus integrantes conforme lo exige el art. 168 de la Constitución provincial. Pero independientemente de esto, la eventual denuncia de una desigual aplicación de los precedentes de un mismo órgano judicial importa una cuestión fáctica que debe canalizarse por la vía útil a tales fines, que como ya se adelantó es el absurdo, algo que en la pieza recursiva se desliza recién en las conclusiones sin ningún desarrollo anterior (doctr. causas A. 72.942, "Larrumbe", sent. de 24-IV-2019; A. 75.730, "Blanco", sent. de 23-IX-2020 y A. 74.774, "Bringas", sent. de 22-XII-2020).
III.1.c. En definitiva, los planteos traídos a esta instancia se apartan de la línea reflexiva que llevó a los juzgadores a arribar al resultado confirmatorio de la desestimación, luciendo como meras afirmaciones dogmáticas, pues no constituyen una crítica concreta a los fundamentos brindados en el pronunciamiento impugnado.
Siendo así, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo recurrido, máxime cuando en dicho intento ni siquiera se denuncian violadas las normas actuadas por el órgano jurisdiccional de grado (doctr. causas L. 104.897, "Serra", sent. 13-VII-2011; A. 72.647, "Berenstein", sent. de 13-IX-2017; e.o.).
III.2. Respecto al alegado apartamiento de la doctrina legal de este Tribunal, el remedio extraordinario también debe ser desestimado.
Aun cuando se enuncian y desarrollan una serie de precedentes de esta Corte (causas B. 64.929, "Rojas"; B. 63.610, "Corbacho" y B. 63.663, "Machetta"), es a todas luces evidente que las circunstancias que rodean al presente caso difieren de aquellas que dieren sustento a los pronunciamientos recaídos en dichos juicios. Es que no solo el ente demandado era el Instituto de Previsión Social -y, por ende, variaba el marco normativo aplicable- sino que además allí se analizó la naturaleza de rubros propios de las actividades involucradas, bajo circunstancias específicas, que poco o nada se vinculan con los que acá se ventilan ( i.e. , jornada nocturna del personal de Radio Provincia, régimen de retribuciones del Consejo Federal de Inversiones, etc.).
Como he sostenido, la aplicación expansiva de la regla de decisión plasmada en determinados precedentes a otros conflictos que se estiman fáctica y jurídicamente equiparables, está rigurosamente condicionada a la cabal demostración por parte de quien los invoca de plausibles semejanzas entre ambos (CSJN Fallos: 335:2028, 340:1084 y 342:853; mi voto, causa A. 74.496, "Malacalza", sent. de 15-XII-2020).
Cuando eso no ocurre, porque mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren de los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento, se impone el rechazo del remedio (doctr. causas A. 71.538, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Sananitte", sent. de 16-VIII-2017; A. 74.467, "Gagliero", sent. de 28-XI-2018; e.o.).
III.3. Por otro lado, el recurrente formula una denuncia referida a la errónea aplicación de la doctrina de las causas que cita en el punto VI.1. de la pieza recursiva.
No obstante, omite desarrollar de qué manera ella ha sido equivocadamente aplicada o transgredida y cómo es que tales casos se relacionan con la supuesta decisión ilegítima de la Cámara, incumpliendo de ese modo la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos, de la doctrina de este Tribunal que se reputa inobservada (doctr. causas A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015; A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; A. 73.860, "Soule", sent. de 15-VIII-2018; A. 73.964, "Farias", sent. de 27-V-2020; e.o.).
En el caso, lejos de hacer eso último, se elabora en forma genérica y desvinculada de todo dato objetivo de la causa.
III.4. También corresponde desestimar el argumento basado en la invocación genérica de la supuesta afectación de derechos o del principio de igualdad consagrados en la Constitución nacional, en la medida en que el impugnante no indica de qué manera se produjeron las transgresiones que predica, dado que sus agravios no pasan del mero enunciado (doctr. causas C. 116.804, "Acuña", sent. de 12-III-2014; C. 119.524, "Micucci", sent. de 15-VI-2016; e
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.