Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73859
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.859, "Alcaray, José Angel contra Municipalidad de Lincoln. Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Genoud, Kogan, Torres, Natiello, Violini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora y revocó, en parte, la sentencia dictada por el señor juez de primera instancia que había desestimado la demanda. En consecuencia, reconoció al señor Alcaray el derecho a percibir una indemnización (v. fs. 321/328).
Disconforme con dicho pronunciamiento la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 333/351), el que fue concedido a fs. 353/354.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El señor José Ángel Alcaray promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Lincoln, a fin de que se le reconozca el derecho a la estabilidad en la relación de empleo que lo unía con dicha comuna y se lo reincorpore a las tareas que allí desempeñaba. Subsidiariamente, requirió que se lo indemnice por los daños materiales sufridos en relación con los salarios no percibidos. Reclamó, asimismo, un resarcimiento por daño moral.
Relata que en el año 2001 comenzó a cumplir tareas de poda y mantenimiento del arbolado público para la Municipalidad de Lincoln en el marco de la contraprestación que se les exigía a quienes fueran beneficiarios del Programa Jefes de Hogar. Aduce que posteriormente -dentro del Programa aludido- se le asignaron tareas como soldador en el ex Corralón municipal hasta que, en el año 2004, fue designado en dicho cargo como personal temporario mensualizado de conformidad con los arts. 12 inc. "a", 92 y 98 de la ley 11.757, entonces vigente.
Señala que mediante el decreto 1.756/09 el Departamento Ejecutivo del municipio dispuso la baja de su designación "por razones de servicio", a partir del día 31 de julio de 2009.
Sostiene que dicho acto es nulo en virtud de que no solo carece de motivación suficiente, sino que la autoridad municipal incurrió en una desviación de poder, en tanto existió en su desplazamiento un acto discriminatorio por razones políticas.
I.2. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Junín rechazó la demanda interpuesta e impuso las costas en el orden causado (v. fs. 285/287).
I.3. Apelado el fallo por la parte actora (v. fs. 292/304), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás hizo lugar, parcialmente, al recurso interpuesto y, en consecuencia, revocó -en parte- la sentencia de grado (v. fs. 321/328).
Por consiguiente, reconoció el derecho del actor a percibir una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio prestado o fracción mayor a tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida (art. 24, ley 11.757, entonces vigente), más los intereses calculados a la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación desde la fecha de la baja (31 de julio de 2009) hasta su efectivo pago.
En otro orden, rechazó la solicitud de reincorporación en las tareas que desempeñaba en el área de Logística y Servicios de la Municipalidad y el daño moral.
I.4.a. Para así decidir, sostuvo que conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Ramos" (CSJN Fallos: 333:311), "Sánchez" (CSJN Fallos: 333:335) y "Cerigliano" (CSJN Fallos: 334:398), debe analizarse si -en el caso concreto- la designación del señor Alcaray y sus respectivas prórrogas tuvieron la aptitud de generar una legítima expectativa de permanencia laboral merecedora de la protección del art. 14 bis de la Constitución nacional, o bien si las sucesivas prórrogas en la planta temporaria resultaron suficientes, de por sí, para demostrar la existencia de una desviación de poder que ocultara mediante renovaciones contractuales un vínculo de empleo estable.
Señaló que de las constancias obrantes en las actuaciones y de las circunstancias fácticas y jurídicas del caso surge que las tareas que desempeñaba el actor no eran transitorias ni eventuales, concluyendo con las directrices dadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Ramos" (CSJN Fallos: 333:311), y por esta Suprema Corte de Justicia en "Pace" (causa B. 65.699, sent. de 11-III-2013), que el municipio demandado utilizó indebidamente una figura jurídica autorizada legalmente para casos excepcionales con el objeto de cubrir en realidad labores que no lo eran, y con ello, eludir una designación permanente.
En ese entendimiento, concluyó que la Municipalidad demandada incurrió en una conducta ilegítima que genera frente al actor una responsabilidad que justifica la procedencia del reclamo indemnizatorio (doctr. causa "Ramos", antes cit.).
I.4.b. Con relación a la pretensión de reincorporación, el Tribunal de Alzada confirmó lo decidido por el señor juez que previno en cuanto a la improcedencia de la misma, toda vez que la designación del señor Alcaray tuvo lugar en el ejercicio de facultades discrecionales de la Administración municipal y en la planta temporaria del personal.
En esa línea, siguiendo la doctrina sentada por la Corte Suprema de la Nación en la referida causa "Ramos", señaló que dada la condición jurídica de agente de planta temporaria no puede pretender la reincorporación en el cargo sin vulnerar el régimen de la función pública ni las disposiciones que estructuran el presupuesto general de gastos, en virtud de las cuales toda erogación que se aparte de estos límites resulta ilegítima.
Sostuvo -al igual que en la causa "Lemme", que citó- que la diferencia de tratamiento entre diversas categorías de empleados (del régimen común y empleados públicos, y dentro de estos en planta permanente y temporaria) tiene base legal y admisión jurisprudencial.
Explicó que la ley aplicable (11.757) clasifica en dos grupos claramente diferenciados al personal allí comprendido, a saber: i) de planta permanente y ii) de planta temporaria, determinando en cada caso los derechos que le asisten y condiciones y modalidades de ingreso.
Señaló que la sucesiva prórroga de los contratos que vincularon al actor con el municipio no altera la naturaleza del vínculo habido, aclarando asimismo que el mero transcurso del tiempo no puede trastocar por sí la situación de revista del agente (doctr. causas "Ramos" y "Cerigliano", cits.).
I.4.c. Por último, debo aclarar que el a quo consideró que no fue debidamente acreditado el agravio relativo a que el decreto que dispuso la baja del actor constituyó un acto discriminatorio (art. 354, CPCC).
Igual postura sostuvo para rechazar la procedencia del resarcimiento por daño moral.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 333/351), en el que denuncia violación de la ley, de la doctrina legal y absurdo.
Señala que el Tribunal de Alzada vulneró la doctrina sentada por esta Suprema Corte con relación al requisito de la debida motivación de los actos administrativos, especialmente en los actos extintivos de la relación de empleo, de índole discrecional.
Particularmente, se agravia de que el a quo vulneró la doctrina legal de esta Suprema Corte que emerge de las causas B. 59.359, "Gutta Milán", sentencia de 18-II-2004; B. 48.417, "Cieza", sentencia de 9-XI-1984; B. 49.238, "Salanueva", sentencia de 13-XI-1984; B. 50.664, "González Menéndez", sentencia de 27-IX-1988; B. 54.506, "Romero", sentencia de 13-V-1997 y B. 65.796, "Deyherabehere de Shearer", sentencia de 3-IX-2008.
Asimismo, denuncia la violación de la doctrina legal de este Tribunal sentada en las causas: L. 117.804, "Humaño", sentencia de 26-III-2015 y L. 104.378, "Sffaeir", sentencia de 8-VIII-2012, sobre el deber de no discriminar; y B. 52.134, "Toti", sentencia de 26-IX-1995; L. 60.380, "Ponce", sentencia de 20-VIII-1996; C. 95.646, "Díaz", sentencia de 7-V-2008 y B. 50.218, "Pereyra", sentencia de 28-II-1995, sobre indemnización por daño moral y el principio in dubio pro operario en las relaciones de empleo público.
Acusa, asimismo, absurdo en la valoración de la prueba.
Alega que el pronunciamiento en crisis vulnera tratados internacionales de jerarquía constitucional de los que la Argentina es parte. Cita opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, indica que el a quo transgredió los arts. 1, 14 bis, 16, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y las disposiciones de la ley 23.592 de actos discriminatorios.
Invoca fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionados con la inversión de la carga de la prueba en materia de discriminación y con la aplicación de los principios protectorios del derecho laboral a las relaciones de empleo público.
Aduce que el Tribunal interviniente violó los arts. 103 y 108 de la ordenanza general 267/80 y 61 y 102 de la ley 11.757.
Señala que el Tribunal de Alzada no se pronunció respecto de la transgresión del principio del deber de motivación de los actos de los poderes públicos.
Denuncia absurdo con relación al principio de inversión de la carga de la prueba en materia de discriminación y desvío de poder.
Indica que el precedente "Ramos", invocado por la Cámara interviniente para negar su reincorporación, contraría principios fundamentales que rigen en la materia, priorizando la verdad formal (acto de designación) por sobre la verdad material.
Cuestiona el monto indemnizatorio y solicita el reconocimiento del daño moral (ptos. 7 y 8, escrito recursivo).
Por último, cuestiona la tasa de interés aplicada en el caso (v. fs. 350 vta. y 351, pto. 8.2., recurso extraordinario), solicitando que se le aplique la tasa activa que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en virtud del carácter alimentario que reviste la remuneración de los agentes públicos y conforme lo prescribe el art. 522 del Código Civil y Comercial de la Nación actualmente vigente.
III. Adelanto que el recurso interpuesto prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente debo señalar que la ley 11.757 fue derogada por su similar ley 14.656 (B.O. de 6-1-2015) con vigencia a partir del día 6 de julio de 2015 (art. 120, ley 14.656). Sin perjuicio de ello, en el presente caso corresponde la aplicación de las disposiciones de la actualmente derogada, por estar vigentes al momento en el que el Intendente de la Municipalidad de Lincoln dictó el decreto 1.756/09, que dispuso la baja de la designación del actor como personal temporario mensualizado de dicha comuna.
III.2. Por su parte, llega firme a esta instancia extraordinaria, por falta de impugnación de la parte demandada, el derecho reconocido por la Cámara interviniente al actor a percibir una indemnización (art. 24, ley 11.757, entonces vigente) con apoyatura en el precedente "Ramos" (CSJN Fallos: 333:311), y en virtud de haber considerado ilegítimo el accionar del municipio al utilizar figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales para cubrir tareas que no lo eran y así eludir una designación permanente.
III.3. En relación con los agravios expuestos por la recurrente debo señalar que la decisión del Tribunal de Alzada que confirmó el pronunciamiento del señor juez de primera instancia en cuanto desestimó la reincorporación del actor se ajusta a la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte de Justicia que sostiene, por mayoría de opiniones, que los agentes de planta temporaria -mensualizados o jornalizados- participan de un estatus de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo (causas B. 57.741, "Iori", sent. de 18-II-2004; B. 61.215, "Zocchi", sent. de 1-III-2006; B. 57.551, "Portillo", sent. de 19-IX-2007; e.o.).
Asimismo, en reiteradas oportunidades, se ha resuelto, también por mayoría, que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo habido entre el agente y la Administración está dado por la modalidad de la designación; sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista (causas B. 57.741 y B. 57.551, cits. y B. 62.513, "Gundín", sent. de 22-X-2008).
Esta circunstancia echa por tierra los argumentos ensayados por el recurrente en el punto 6.2. del escrito recursivo en punto al precedente "Ramos", teniendo en cuenta que la condición jurídica de agente de planta temporaria no puede consolidar una relación de empleo estable, pues el mero transcurso del tiempo no logra trastocar por sí la situación de revista de quien se ha desempeñado sin la estabilidad característica de la planta permanente. Ello con independencia, por cierto, de que conforme la doctrina de este Tribunal citada por la Cámara, bajo ciertas condiciones proceda el reconocimiento del derecho a percibir una indemnización (doctr. causa A. 69.913, "Villafañe", sent. de 13-IX-2013).
III.4. Por otra parte, luce insuficiente el planteo con relación a la vulneración de la doctrina legal. En efecto, tiene dicho este Tribunal que es ineficaz la cita de la doctrina legal, si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho diferentes a los del caso en juzgamiento, como asimismo cuando esta no sea acompañada de la explicación concreta sobre el modo en que se produjo la infracción (conf. causa A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A.", sent. de 28-XII-2016), recaudos que no se verifican en la especie.
Asimismo, la mención genérica que se formula en el recurso referida a la supuesta afectación de derechos o garantías de rango supralegal o la imprecisa alusión a principios constitucionales no tiene eficacia a los fines de justificar el control casatorio, toda vez que no se expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en la supuesta violación constitucional, tal como se dice en el sub examine (conf. causas L. 34.513, "Casal", sent. de 30-IV-1985 y Ac. 94.316, "F.E.A.", sent. de 21-VI-2006).
Como fuere, no debe perderse de vista que en los reclamos por daño moral vinculados a la pérdida del empleo público temporario -por oposición a los supuestos de cesantías ilegítimas de agentes de planta permanente- (v. por todas, causa B. 62.043, "Karanicolas", sent. de 31-X-2016), no es posible presumir un daño in re ipsa con la consecuente inversión de la carga probatoria, siendo responsabilidad del litigante la cabal demostración de este extremo, algo que no ha tenido lugar en autos (conf. causa A. 74.235, "Mesiano", sent. de 23-XII-2020).
III.5. Igual suerte adversa corre el cuestionamiento relativo a la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las declaraciones testimoniales producidas en el proceso. Con relación a ello, debo señalar que la apreciación de la prueba testimonial, como la de los otros medios, constituye una cuestión de hecho que solo puede ser revisada en esta instancia en caso de que la conclusión sea el producto de un razonamiento viciado por el absurdo, esto es, que esté afectado por un error grave y manifiesto que derive en afirmaciones contradictorias o incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas C. 115.881, "Fideicomiso Ave Fénix", sent. de 19-XII-2012; C. 116.898, "Vila", sent. de 5-VI-2013; C. 119.453, "Hugo Santiago e Hijos S.A.", sent. de 2-III-2016; e.o.), circunstancia que no se ha logrado dejar al descubierto.
Tampoco le asiste razón al recurrente en la genérica mención del "absurdo" para intentar, en esta instancia, acreditar que el ejecutivo municipal, al disponer la baja del actor, incurrió en una desviación de poder y en un acto discriminatorio, alegando que en este punto se invierte la carga de la prueba.
En esta parcela, el planteo luce insuficiente en la medida en que el recurrente se limita a exhibir su discrepancia subjetiva con el criterio del sentenciante, sin demostrar la arbitrariedad denunciada.
III.6. No está demás a esta altura señalar que este Tribunal tiene dicho que indagar en cada hipótesis específica si el encuadre de una relación de empleo público a través de una modalidad temporaria oculta -o no- una designación permanente, es una cuestión de hecho, la cual resulta irrevisable por vía de revisión extraordinaria, salvo absurdo (doctr. causa A. 72.386, "Cerardi", sent. de 23-XI-2016; v. voto del doctor Hitters, causa A. 71.329, "Abiuso", sent. de 23-IX-2015 y sus citas).
En la especie, no solo que no se ha denunciado la existencia del aludido vicio en esta parcela, sino que la conclusión a la cual arribó el a quo para considerar que el actor tenía una legítima expectativa de permanencia laboral fue considerar que las tareas por él desempeñadas constituían una actividad permanentemente necesaria para el municipio, lo cual en principio coincide con las afirmaciones que desde el escrito de inicio expone el actor.
III.7. Distinta suerte ha de correr el agravio relativo a la liquidación de la indemnización reconocida, el cual considero debe ser estimado, con el alcance que aquí se precisa.
El a quo en la decisión impugnada aplicó por analogía el art. 24 de la ley 11.757, que toma como base para indemnizar supuestos de disponibilidad absoluta la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuere menor, adicionando la tasa que pague el Banco Provincia en los depósitos a treinta (30) días vigente en los distintos periodos de aplicación, desde la fecha del distracto y hasta el efectivo pago (v. fs. 327 vta.).
Si bien en anteriores oportunidades he seguido un razonamiento similar al propuesto por el Tribunal de Alzada, estimo que la cuestión merece ser reexaminada.
A partir de la causa B. 62.104, "Tauil" (sent. de 5-VIII-2009), me he manifestado -en aquel momento en minoría- a favor de calcular la indemnización debida por cesantías ilegítimas tomando en consideración el sueldo actual del agente, cuando se verifica la continuidad del vínculo a consecuencia de la declaración de ilegitimidad del cese y se ordena su reincorporación.
Sin embargo, al producirse una vacante en el Tribunal en el mes de octubre de 2016, en los acuerdos sucesivos, se dificultó concitar mayorías sobre este punto en una gran cantidad de expedientes. Por ello, ante la necesidad de brindar una respuesta oportuna a los justiciables (art. 15, Const. prov.), por razones de celeridad procesal, y dejando a salvo mi opinión, acompañé la posición mayoritaria de esta Corte referida a que el resarcimiento debe determinarse con base en los sueldos históricos, con más intereses (v. causa B. 58.622 bis, "Marín", sent. de 31-X-2016; e.o.).
La superación de aquella coyuntura, más los fundamentos que seguidamente desarrollo imponen, de un lado, retomar la línea iniciada en el año 2009 y, del otro, extender aquel criterio a supuestos como el de autos en el que se
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.