Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74770
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.770, "Latorre, José Luis contra Municipalidad de San Fernando. Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Kogan, Genoud, Torres, Mancini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, rechazó el recurso de apelación incoado por el actor, confirmando así la sentencia de primera instancia que había desestimado la demanda (v. fs. 1.090/1.126 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el demandante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 1.153/1.177 vta.), siendo concedido a fs. 1.180/1.181 vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 1.192) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El señor José Luis Latorre promovió demanda contra la Municipalidad de San Fernando pretendiendo la nulidad del decreto 1.143/12 y, consecuentemente, su reincorporación al empleo comunal junto con el pago de las diferencias salariales, la reparación de los daños y perjuicios que le originó el cese y, en subsidio, la indemnización tasada acorde a lo previsto por el art. 24 de la ley 11.757 (v. fs. 75/85).
En ese escrito inicial refirió que fue designado a prestar servicios en carácter de personal temporario a partir de la emisión del decreto 2.498/04 de fecha 3 de diciembre de 2004, renovándose el vínculo contractual sucesivamente hasta que, en 8 de julio de 2011, mediante el decreto 1.482/11 -retroactivo a 1 de julio de 2011- se lo designó en planta permanente. Expresó que tal designación fue revocada el 19 de diciembre de 2011 por el decreto 2.782/11, siendo reubicado como temporario, en tanto que, finalmente, meses después se le comunicó su cese (conf. dec. 1.143/12).
II. El titular del Juzgado de Primera Instancia n° 1 del Departamento Judicial San Isidro rechazó la demanda, pues sostuvo que el accionante no había adquirido estabilidad en el cargo y que su cese había sido dispuesto por el municipio de acuerdo a lo estatuido por los arts. 7, 92 y 101 de la ley 11.757, concluyendo, en consecuencia, que no correspondía la reincorporación ni el resarcimiento de los daños peticionados (v. fs. 851/865).
III. Apelada esa sentencia por la parte actora (v. fs. 870/894), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó el pronunciamiento de grado (v. fs. 1.090/1.126 vta.).
De conformidad a los agravios expuestos por el apelante, entendió que correspondía determinar, junto al examen de validez del obrar comunal y de la estabilidad en el empleo del agente, si procedía el derecho a la reincorporación en el cargo y a la indemnización perseguida en el escrito de demanda.
Previo al análisis de tales cuestiones, por razones de orden metodológico, desestimó el planteo de nulidad articulado contra la sentencia de primera instancia basado en la omisión de atender lo relacionado con el cese discriminatorio por considerar irrelevante la índole de las tareas realizadas que vulneró el principio de primacía de la realidad. En síntesis, sostuvo que conforme surgía de la decisión de grado sí se había merituado la prueba, aunque estimó que no había acontecido la circunstancia alegada, valorando que lo denunciado no había sido acreditado en autos.
Sentado ello, procedió a rechazar la pretensión de reincorporación como agente de planta permanente y la eventual indemnización sustitutiva esgrimida subsidiariamente.
Para así resolver, en primer término, consideró que no obstante que el Estatuto para el Personal de las Municipalidades (ley 11.757) fue sustituido por la ley 14.656 (B.O., 6-I-2015), los reclamos efectuados en la causa se hallaban encauzados temporalmente con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa, por lo que correspondía aplicar las disposiciones de la ley 11.757 para la resolución del caso (arts. 12, 92 y 101, ley 11.757).
Ponderó que el señor Latorre laboró en la comuna demandada como personal contratado en dos etapas discontinuas, esto es, en carácter de temporario cumpliendo funciones de supervisión de higiene -mediante sucesivas renovaciones- desde el dictado del decreto de designación 2.498/04 de fecha 3 de diciembre de 2004 hasta el 1 de julio de 2011 (v. dec. 1.482/11).
A partir de esta última fecha se lo designó en planta permanente y, en 19 de diciembre de 2011, mediante decreto 2.782/11, se revocó dicho nombramiento disponiendo su reubicación, en tanto se renovó el contrato en calidad de temporario hasta el 30 de junio de 2012. Finalmente, a través del decreto 1.143/12 del 25 de junio de 2012 se le comunicó la no renovación contractual determinando su cese.
De este modo, puntualizó que, si bien el actor fue nombrado en planta permanente, tal designación fue revocada a los seis meses, no adquiriendo de esa manera estabilidad en el cargo (conf. art. 7, ley 11.757). Asimismo, consideró que el agente pertenecía al plantel temporario, quedando excluido de las disposiciones que en materia de estabilidad prevé el plexo normativo aplicable, pues la condición de agente contratado le impidió adquirir tal carácter.
Invocó la doctrina mayoritaria de esta Corte relativa al personal de planta temporaria -agentes mensualizados, jornalizados, reemplazantes y contratados- refiriendo que se hallaban incorporados a un régimen de excepción en el que no poseían más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación (cfr. doctr. causa B. 57.741, "Iori", sent. de 18-II-2004; e.o.).
Respecto a las tareas desempeñadas por el actor durante más de siete años en diferentes áreas del municipio -en la Dirección de Obras y Servicios Públicos, la Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, la Dirección de Servicios y Espacios Públicos y en dependencias de la Secretaría Privada y de Coordinación-, entendiendo aquel que eran las propias del personal permanente, la Cámara sostuvo que dicha circunstancia no conlleva imprescindiblemente a que las labores asignadas deban diferir en su naturaleza de las del personal permanente, toda vez que basta la transitoriedad del requerimiento -temporario, eventual o estacional- que obligue a reforzar durante un período determinado la plantilla básica de agentes que, frente a ciertas necesidades, resultaba insuficiente (doctr. art. 92, ley 11.757). Señaló, además, que las múltiples designaciones en las distintas dependencias comunales evidencian el carácter temporario de las mismas, y, ello, en la medida en que fue cubriendo las necesidades de las distintas áreas.
Por otra parte, en relación al planteo esgrimido concerniente a la aplicabilidad en el tópico de la doctrina legal de la Corte federal sentada en los casos "Ramos", "Cerigliano", "Gonzalez" y "Madorrán", el a quo determinó que en tales fallos se presentaban ciertas aristas particulares, las cuales resultaron determinantes en las decisiones adoptadas por el máximo Tribunal nacional y que no se encuentran presentes en el sub examine .
Consideró infundado el cuestionamiento vinculado a la falta de motivación del acto de oposición (art. 7, ley 11.757), pues las circunstancias de la causa revelaban que en fecha 8 de julio de 2011 el accionante fue nombrado junto con otros agentes en la planta permanente de la comuna (dec. 1.482/11), mas posteriormente con el advenimiento de la nueva administración municipal el 19 de diciembre de 2011 se dejaron sin efecto las designaciones citadas (dec. 2.782/11) junto con otras efectuadas en las mismas condiciones por otros decretos, sustentando su determinación en que la decisión política de pasar a planta permanente un gran número de agentes municipales en el mes de julio de ese año no contenían adecuada fundamentación.
A su vez, añadió que tal reubicación condicionaba a la gestión entrante a ratificar a agentes que no habían tenido oportunidad de evaluar, menoscabándose así la función administrativa.
En ese sentido, estimó que, de conformidad al art. 7 de la ley 11.757, la nueva gestión comunal motivó la decisión en que para evaluar las aptitudes de los agentes resultaba exiguo el periodo que restaba para que éstos adquirieran estabilidad (conf. art. 108, LOM).
Finalmente, conforme al modo en que se decidía la cuestión, determinó que la pretensión indemnizatoria formulada en subsidio resultaba carente de sustento legal (conf. doctr. causa B. 58.147, "Terminales Río de La Plata", sent. de 7-II-2007).
IV. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrinal legal (v. fs. 1.153/1.177 vta.), el accionante arguye la errónea aplicación de los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 103 inc. 12 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 7, 101 y 102 de la ley 11.757 y la inaplicabilidad de la ley 14.656. Al mismo tiempo, denuncia la violación de la doctrina legal de los fallos de la Corte nacional ("Cerigliano", "Sánchez", "Ramos" y "Madorrán") y la de esta Suprema Corte en la causa "Maza Vergara".
IV.1. En primer lugar, critica el rechazo del a quo en relación a la aplicabilidad de la ley 14.656, por cuanto entiende que en orden a lo dispuesto por el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme al principio in dubio pro operario (cfr. art. 39, Const. prov.), y -según considera- no encontrándose aún extinguida la relación laboral, resulta insoslayable la referencia al nuevo marco jurídico existente al tiempo de dictar sentencia.
Asimismo, transcribe la modificación introducida por la nueva normativa vinculada a que cualquier infracción a lo establecido en materia de planta temporaria, convertirá al trabajo transitorio en definitivo y al trabajador se lo considerará ingresado a la planta permanente a partir de la fecha en que inició su prestación de servicio (cfr. art. 70 inc. 2, ley 14.656).
Aduce que en punto al régimen temporario la modificación al ordenamiento normativo es sustancial frente a la doctrina mayoritaria de este Tribunal, que expresa que el mero transcurso del tiempo no puede tener un efecto mágico de transformar el modo de contratación cristalizado por la forma de designación; concluyendo que la nueva ley, en realidad, tutela el derecho constitucional a la estabilidad y a la progresividad.
IV.2.a. A continuación, refiere a las partes pertinentes del decreto 2.498/04 de designación originaria en el empleo, del cual sostiene que no hubo referencia alguna a circunstancias excepcionales que motivaron la designación ni respecto a las tareas para las que fue contratado, agregando que las sucesivas renovaciones durante más de siete años en las mismas funciones comunales -supervisión de barrido- demuestran la inexistencia de cualquier eventualidad o estacionalidad posible.
Alega que la contratación temporaria reglada en el Estatuto para el Personal de las Municipalidades -ley 11.757- es un régimen para enfrentar a la excepcionalidad (temporal, eventual o estacional), reiterando que esta última no se configura en el sub lite .
Añade que el personal temporario goza de estabilidad durante el período que se extienda el vínculo contractual (arts. 101 y 102, ley 11.757), no pudiendo ser despedido sin causa conforme a lo prescripto por los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 103 inc. 12 de la Constitución provincial.
Esgrime que la postura asumida en el decisorio que impugna concerniente a que el acto de designación es el que imprime el régimen aplicable a la relación de empleo, habilitaría a soslayar la índole de las tareas efectivamente realizadas, lesionándose así el principio de primacía de la realidad aplicable a toda relación laboral.
IV.2.b. Afirma que la Cámara no puede juzgar la transitoriedad de la contratación a partir del acto de designación y sus sucesivas renovaciones, toda vez que de tales actos -reitera- al no hallarse referencia alguna a las circunstancias eventuales o estacionales que fundan el vínculo contractual, corresponde al ente comunal haber invocado y demostrado la ocurrencia de una obra o servicio especial que defina lo materialmente transitorio de la contratación, lo cual no aconteció en el caso.
IV.3.a. Refuta la desestimación de los cuestionamientos relacionados al mecanismo de oposición fundada, remarcando que la decisión tomada por la comuna mediante el decreto 2.782/11 consistente en la reubicación de los empleados del municipio -pase a planta temporaria- no constituye el ejercicio de dicha oposición en los términos preceptuados por la normativa (cfr. art. 7, ley 11.757), sino que tuvo por objeto generar su cese violando el derecho a la estabilidad establecido constitucional y legalmente, a través de un oscuro manejo de derogación retroactiva de normas (dec. 1.482/11 de designación del agente en planta permanente).
IV.3.b. Asimismo, se agravia de la conclusión efectuada por el a quo respecto del decreto 1.143/12 de cese -que dispone la no renovación del nombramiento temporario-, por cuanto sostuvo que tal decisión administrativa se enmarcó en la potestad prevista en el art. 101 de la ley 11.757 y que derivó en la culminación de un procedimiento, frente a lo cual afirma que no existió referencia a antecedente alguno y de allí deviene su falta de motivación expresa.
IV.4. Indica que en el caso resulta obligatoria la aplicación de lo decidido en los fallos "Ramos", "Cerigliano", "González" y "Madorrán", en cuanto al estatus de excepción del empleo temporario (cfr. arts. 279, CPCC y 60, CCA), a la luz de la ley 14.656 y de la doctrina de este Tribunal en la causa "Maza Vergara".
En efecto, basa la denuncia de la vulneración de la doctrina emanada en el mencionado precedente "Maza Vergara" en relación a la pretensión subsidiaria del resarcimiento por daño material, aduciendo que en el supuesto de que no se resuelva a favor de su reincorporación al municipio, corresponde entonces se le otorgue la reparación tarifada preceptuada en el art. 24 de la ley 11.757, y ello, con sustento en el principio de indemnidad receptado en la Const. prov. (art. 39 inc. 3) y en la ley 14.656 (art. 1).
IV.5. Por último, reprocha que la Cámara omitió expedirse sobre el resarcimiento del daño moral reclamado, por lo que en el caso de que se haga lugar al planteo articulado en torno a la injuria e ilegitimidad del accionar de la comuna, se debería reconocer y determinar de forma prudencial conforme se resolvió en la causa "Coggiola c/ Municipalidad de Tigre".
V. La impugnación debe prosperar parcialmente toda vez que el tema en debate ha sido resuelto en la causa A. 74.235, "Mesiano", sentencia de 23 de diciembre de 2020, en la que la cuestión controvertida y resuelta es sustancialmente análoga a la traída aquí a juzgamiento (art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Para más, es dable apuntar que a igual solución se arribó en la causa A. 74.089, "Sert" (sent. de 12-II-2021), que también ha versado sobre una plataforma fáctica muy similar a la de este litigio, pues involucraba a la misma Municipalidad con un agente que había prestado servicios de carácter temporario durante un largo período e, incluso, se había cuestionado la validez del decreto 2.782/11.
V.1. En el citado precedente "Mesiano", aun cuando no se hizo lugar a su pretensión de reincorporación a los cuadros municipales, esta Corte sí estimó apropiado conceder una reparación.
En la mentada causa el demandante había desempeñado tareas como personal temporario en diferentes áreas de la Municipalidad de San Fernando y, del mismo modo a lo que aquí sucede, había cuestionado el decreto 2.782/11 derogatorio de la designación permanente (dec. 1.482/11) y el respectivo acto de cese.
En tal ocasión adherí al voto emitido por mi distinguido colega doctor Soria, compartiendo sus consideraciones, y efectué algunas reflexiones meramente complementarias.
Sin perjuicio que por razones de brevedad he de remitirme en general a las argumentaciones efectuadas en "Mesiano", he de recordar aquí que el doctor Soria señaló que "En concreto, la duración del vínculo que unió a las partes durante siete años [...] -mediante sucesivas renovaciones- evidencia una magnitud que es dable concluir en su inadecuación con la índole temporal o no permanente formalmente asignada a este tipo de empleos, caracterizados expresamente por ser de ‘plazo determinado’".
Esta situación también se aprecia en la especie, ya que -como surge del relato antes efectuado- el agente Latorre se desempeñó a las órdenes de la comuna entre diciembre de 2004 y junio de 2012.
En esas condiciones, y como con acierto señaló el doctor Soria en la citada causa "Mesiano", las "circunstancias fácticas indican que la demandada ha utilizado un sistema provisorio con un fin diverso al contemplado por el ordenamiento, desvirtuándose la transitoriedad que surgía de los términos del contrato, además de generar seguramente en la actora una expectativa de permanencia laboral (conf. causas B. 64.315 y A. 69.913, cit.)", atento a lo cual "no es posible aceptar la disolución unilateral del vínculo por la Administración sin derecho a reclamo de ninguna índole. La irrazonable prolongación de la relación que unió la actora con la Comuna bien pudo generar expectativas en el agente en punto a su mantenimiento o, cuanto menos, a una ruptura no intempestiva. Desde esta óptica, el obrar controvertido deviene arbitrario, pues conlleva un apartamiento repentino, inmotivado y contrario al anterior accionar gubernamental".
V.2. En virtud de lo expuesto, ha de prosperar la pretensión indemnizatoria entablada en la demanda en relación al daño material.
A efectos de determinar su extensión, y ya en la faz compositiva del litigio, corresponde nuevamente acudir a las pautas sentadas por el Tribunal en la causa "Mesiano", en punto a aplicar en forma analógica el art. 24 inc. 2 de la ley 11.757, lo que implica acordar una reparación de un mes de sueldo por cada año de servicio, tomando en consideración el sueldo actual del agente correspondiente al cargo que ocupaba al momento del cese.
En este sentido, apunto que, en fecha relativamente reciente, y a propósito de una nueva reflexión sobre el asunto, he venido sosteniendo tal postura (ver, por ejemplo, causas B. 60.557, "Fernández" y B. 60.558, "González", ambas sents. de 6-XI-2019; B. 64.956, "Lara", sent. 8-VI-2020, además de la antes citada causa "Mesiano"; e.o.) la cual he de reiterar en el presente.
Tal como expliqué en aquellos casos, el nuevo temperamento fue suscitado teniendo en consideración: i) las circunstancias de la causa analizadas a la luz de los criterios que fueran delineados por la Corte Suprema de la Nación y por este Tribunal, reseñados por el colega preopinante; ii) la ausencia de normativa de específica aplicación que regule el tópico; iii) el carácter de deuda de valor que cabe asignarle a la indemnización cuya cuantía aquí se procura establecer hasta el momento de su determinación (arg. art. 772, Cód. Civ. y Com.) y iv) el principio de la reparación integral que campea ante daños derivados de una actividad ilícita (arg. arts. 14 bis, 17 y 19 Const. nac.; 1.069, Cód. Civ.; 1.740 y 1.746, Cód. Civ. y Com.), y el contexto económico actual.
En cuanto al cálculo de intereses, toda vez que propicio que el quantum indemnizatorio sea fijado a valor actual, entiendo que, corresponde disponer la aplicación de una alícuota del 6% anual sobre el aludido crédito indemnizatorio, desde el momento del cese y hasta la fecha del dictado de la presente (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicab
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