Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75499
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.499, "Falabella Carlos Humberto contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Torres, Pettigiani, Soria, Natiello, Violini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había admitido parcialmente la demanda promovida por el señor Carlos Humberto Falabella contra la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 275/282).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 19-VI-2018, agregada a fs. 327/333), cuya concesión fue denegada por la Cámara interviniente con fundamento en la falta de cumplimiento del requisito relativo al monto del litigio (v. resol. agregada a fs. 293).
Frente a ello la Fiscalía de Estado se volvió a alzar, esta vez mediante queja en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 345/349), la que fue acogida por esta Corte mediante resolución de fecha 2 de mayo de 2019 (v. fs. 354/355).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 354/355), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor Carlos Humberto Falabella, promovió demanda contencioso administrativa a fin de que se le reconozca el derecho a percibir las diferencias salariales derivadas de los beneficios establecidos en los arts. 7 del decreto 1.705/89, reglamentario del Estatuto para el Personal Técnico Gráfico y 1 del decreto 2.177/08. Por el primero de ellos, se fijó una bonificación del 10% por horario nocturno y, por el mencionado en último término, se estableció para el personal enmarcado en la ley 10.449 y su modificatoria ley 10.461, una bonificación remunerativa no bonificable del 125% del sueldo básico.
Ambas pretensiones fueron desestimadas en sede administrativa mediante la resolución 38 del entonces Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros del 14 de febrero de 2012 (v. fs. 50/51).
Para fundar su postura sostuvo el actor que, si bien su situación de revista está comprendida en el marco de la ley 10.430, desde el año 1989 se desempeña en la Dirección Provincial de Impresiones del Estado, circunstancia que lo habilitaría a percibir los beneficios pretendidos, teniendo en cuenta las previsiones del art. 10 de la ley 10.449 y su modificatoria 10.461 y las del art. 5 del decreto 2.430/06.
II. El señor juez de primera instancia a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes hizo lugar parcialmente a la pretensión deducida.
II.1. En primer lugar, desestimó la pretensión de cobro de la bonificación del 10% por horario nocturno consagrada en el art. 7 del decreto 1.705/89 por no haber encontrado acreditado en autos el extremo legal que la condiciona.
En ese sentido, explicó que, el actor en ninguna circunstancia manifestó que su horario de trabajo se desarrollara en horario nocturno ni ha producido prueba que avale dicha petición (art. 375, CPCC).
Señaló que la bonificación aludida no es de carácter automático, como sí entiende que debe predicarse de la bonificación del 10% por "especialidad técnica" establecida en el art. 5 del citado decreto.
Indicó que, para acceder al beneficio requerido, se exige el cumplimiento de un horario de trabajo ajustado a las pautas tenidas en cuenta por la norma (trabajo nocturno), que el señor Falabella no acreditó cumplir de manera efectiva.
II.2. En otro orden, respecto de la bonificación del 125% del sueldo básico para el personal enmarcado en la ley 10.449 y su modificatoria, ley 10.461 -Personal Técnico Gráfico-, establecida en el art. 1 del decreto 2.177/08 a partir del 1 de octubre de 2008; advirtió que la divergencia entre las partes mediaba respecto a la interpretación que cabe asignarles a las normas involucradas.
Afirmó que del propio texto de la ley 10.449 no surge impedimento alguno para enmarcar dentro de ella a los empleados administrativos que desarrollen sus tareas dentro de los talleres o anexos. En este aspecto, puntualizó que el art. 10 expresamente dispone que los empleados administrativos que se desempeñen dentro de los locales en que funcionen los talleres o anexos gozarán de todos los beneficios legales consagrados por dicha ley.
Consideró que desconocerle el derecho al actor a percibir la bonificación del 125%, establecida para el personal enmarcado en la ley 10.449 bajo la interpretación de que se encuentra regido por la ley 10.430 y que aquella solo es aplicable para el Personal Técnico Gráfico revela una hermenéutica contraria al criterio amplio que se desprende de la propia ley 10.449 en cuanto a los agentes que alcanza, y reñida con los principios constitucionales que rigen la materia.
Sostuvo que no sería razonable interpretar la norma de otra manera, en tanto el legislador ha incluido en la ley 10.449 a los empleados administrativos -que desarrollen tareas en talleres o anexos- a fin de que gocen de todos los beneficios otorgados por esa ley, por lo cual -indica- mal puede por vía reglamentaria, un decreto provincial modificar la voluntad de aquel en cuanto a la equiparación del empleado gráfico y el empelado administrativo que desarrolle sus tareas en los talleres y anexos.
Paralelamente señaló que no resultaría razonable que mediante el decreto 1.705/89 se le otorgue una bonificación de un 10% por "especialidad técnica", y que luego esa condición sea desconocida por la administración en relación a la bonificación prevista en el art. 1 del decreto 2.177/08.
Adicionó a ello que no es posible admitir una interpretación de la norma en un sentido en el cual, sin fijar un supuesto fáctico que le sirva de fundamento, produzca una discriminación en un grupo de trabajadores que el legislador ha puesto en pie de igualdad.
Finalmente, señaló que deviene indiscutible la aplicación del principio in dubio pro operario , contemplado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial y en la doctrina de este Tribunal en la causa B. 50.218, "Pereyra", sentencia de 28 de febrero de 1995.
Por las razones señaladas el magistrado que previno anuló la resolución 38/12 dictada por el entonces Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros, por considerarla ilegítima, irrazonable y atentatoria del derecho a una retribución justa.
En consecuencia, reconoció el derecho del actor a percibir la bonificación establecida en el art. 1 del decreto 2.177/08, desde el 1 de octubre de 2008 con intereses. Impuso las costas a la demandada -art. 51 del Código Contencioso Administrativo, texto según ley 14.437- (v. fs. 238/248).
III. Contra esa sentencia la demandada dedujo recurso de apelación (v. fs. 253/257).
La Cámara del fuero con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso interpuesto y confirmó la sentencia de grado en cuanto fuera materia de agravios.
Para así decidir delimitó la cuestión a resolver en determinar la procedencia, o no, de la bonificación prevista en el art. 1 del decreto 2.177/08.
Puntualizó los agravios articulados por la representación fiscal en los siguientes ejes argumentales: i) la previsión del art. 10 de la ley 10.449, que extiende a los empleados administrativos que se desempeñan dentro de los locales en que funcionen talleres o anexos los beneficios comprendidos en dicha ley; ii) la bonificación en cuestión fue dispuesta por otra norma (decreto 2.177/08) para el Personal Técnico Gráfico enmarcado en la ley 10.449 y, por último, iii) el actor no acreditó que realiza tareas vinculadas con la industria de las artes gráficas, y por lo tanto su pertenencia al grupo ocupacional técnico.
III.1. Con relación a los dos primeros agravios, el Tribunal de Alzada señaló que resultan una reiteración -prácticamente textual- de lo expresado en la contestación de la demanda.
Consecuentemente, indicó que dichas expresiones no constituyen una crítica concreta y razonada de la sentencia en los términos que la norma ritual exige (art. 56, inc. 3, CCA), razón por la cual corresponde que el recurso se declare desierto en esa parcela.
Afirmó que la representación fiscal solo manifestó su disconformidad y discrepancia subjetiva con lo decidido, prescindiendo de la carga procesal que exige una exposición jurídica en la que, mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencie su error y con ello su ilegitimidad.
III.2. En relación al reproche vinculado con la falta de acreditación de las tareas vinculadas con la industria de las artes gráficas, que sitúe al demandante en el grupo ocupacional técnico, el Tribunal de Alzada consideró que, si bien es cierto que el actor no ha probado realizar tareas técnicas, ese no ha sido el fundamento del juez de la instancia para reconocerle la bonificación del decreto 2.177/08, ni tampoco fue considerado como un requisito para su otorgamiento.
En ese sentido, valoró ajustada a derecho la interpretación del juez de primera instancia que fundó el reconocimiento efectuado -sustancialmente- en el hecho de que el legislador, al establecer la previsión del art. 10 de la ley 10.449, incluyó al personal administrativo bajo el régimen del Estatuto del Personal Técnico Gráfico "aun cuando no resulte su labor específicamente técnica", destacando además que una interpretación contraria se contrapondría con los principios constitucionales aplicables.
Agregó que la ley es clara cuando dispone que "los empleados administrativos que se desempeñen dentro de los locales en que funcionen los talleres o anexos gozarán de todos los beneficios legales consagrados en la presente Ley"; asimilando de ese modo -a los efectos del reconocimiento de los beneficios legales- al personal administrativo con el Personal Técnico Gráfico al que se encuentra destinada primariamente la ley; y el decreto 2.177/08 estableció la bonificación "para el personal enmarcado en la Ley 10.449 y su modificatoria ley 10.461".
En consecuencia, entendió que sin lugar a dudas el beneficio reconocido por el decreto 2.177/08 alcanza a todo el personal comprendido en la ley 10.449, no siendo posible establecer distinción alguna entre el personal técnico y el personal administrativo, justamente porque la norma no estableció tal distinción.
Destacó que del marco normativo aplicable no surge que la realización de tareas de carácter técnico o "vinculadas con la industria de las artes gráficas" (art. 4, ley 10.449) constituya un requisito para la procedencia del beneficio solicitado, puesto que dicho artículo se limita a definir específicamente al personal técnico gráfico.
Por último, consideró innecesario recurrir a la aplicación de los principios protectorios (art. 14 bis, Const. nac. y 39, Const. prov.), en tanto estos constituyen una pauta interpretativa tendiente a resguardar los derechos de los trabajadores en caso de duda, prevaleciendo la solución más beneficiosa a estos por ser la parte más débil de la relación.
IV. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 328/333) en el que denuncia la violación y errónea interpretación del art. 10 de la ley 10.449 y del decreto 2.177/08.
Señala que la sentencia del Tribunal de Alzada no constituye una derivación razonada de la legislación aplicable, por cuanto le otorga al Estatuto para el Personal Técnico Gráfico y al art. 1 del decreto 2.177/08 consecuencias que desvirtúan los principios que rigen los regímenes especiales de empleo público.
Aduce que la Cámara efectuó una interpretación amplia de las normas involucradas extendiendo sus alcances a agentes no comprendidos en el régimen especial.
Se agravia de que el tribunal de segunda instancia realizó una interpretación forzada del art. 10 de la ley 10.449, respecto del personal administrativo de la ley 10.430 que se desempeña dentro de los locales en que funcionen los talleres o anexos, a fin de reconocerles a éstos los beneficios salariales que el Poder Ejecutivo estableció específicamente para el Personal Técnico Gráfico.
Refiere que el Poder Ejecutivo al dictar el decreto 2.177/08 no contempló otro régimen estatutario que el del personal enmarcado en la ley 10.449, lo cual -a su criterio- constituye un impedimento para propiciar su extensión judicial a otro régimen.
Indica que la referencia del art. 10 de la ley 10.449 al personal administrativo que se desempeñe dentro de locales en que funcionen los talleres o anexos queda circunscripta a los beneficios legales de dicha ley, mas de manera alguna puede interpretarse -como lo hicieron las instancias ordinarias- para extender sus efectos a la bonificación del 125% del sueldo básico que estableció el Poder Ejecutivo para el Personal Técnico Gráfico.
Seguidamente afirma que carece de fundamento la interpretación realizada por el Tribunal de Alzada en relación a la innecesaridad de la realización de tareas de carácter técnico o vinculadas con la industria de las artes gráficas para la procedencia de la bonificación pretendida.
En este aspecto expresa que no puede soslayarse que, en los considerandos del decreto 2.177/08, se indicó que la bonificación en cuestión fue establecida solo para el personal que se desempeña bajo el régimen de la ley 10.449 y su modificatoria 10.461, Personal Técnico Gráfico en el marco de los acuerdos sustantivos de tratamiento salarial con los representantes de los trabajadores gráficos.
Consecuentemente, destaca que la bonificación no le corresponde al actor, por encontrarse regida su situación laboral por el marco estatutario de la ley 10.430.
Indica que la circunstancia de que el personal administrativo regido por la ley 10.430 goce de ciertos derechos establecidos en el Estatuto del Personal Técnico Gráfico por conducto de su art. 10, no implica el cambio en su régimen estatutario.
Puntualiza que el citado artículo establece que los empleados administrativos que desarrollen sus tareas dentro de los talleres o anexos gozarán de los beneficios legales que consagra la propia ley 10.449, lo cual no implica extender de manera pretoriana beneficios establecidos por otra norma que no fue contemplada por el legislador en el citado art. 10 de la ley 10.449 y bajo las condiciones allí prescriptas.
Manifiesta que la descripción efectuada por el decreto 2.430/06 para considerar taller o anexo a ciertas dependencias de la Dirección Boletín Oficial a los efectos de la percepción de los beneficios contemplados en la ley 10.449 y, en particular en los arts. 5 y 7 del decreto reglamentario, de acuerdo a la previsión del art. 10 del citado Estatuto, no modifica de manera alguna las específicas modalidades que rodean la prestación de los servicios de los agentes gráficos que dieron origen a un agrupamiento estatutario especial.
Alega que resulta evidente que es requisito necesario para acceder a la bonificación establecida por el decreto 2.177/08 -contrariamente a lo sostenido en el fallo recurrido-, ser Personal Técnico Gráfico.
V. Considero, por los fundamentos que seguidamente desarrollaré, que el recurso interpuesto prospera.
En lo que a esta instancia extraordinaria interesa, le asiste razón al recurrente cuando denuncia la violación y errónea interpretación del art. 10 de la ley 10.449 y del decreto 2.177/08. Ello así por cuanto entiendo que el pronunciamiento del Tribunal de Alzada -al igual que el del juez de primera instancia- revela un error de juzgamiento al reconocerle al actor el derecho a percibir el beneficio establecido en el art. 1 del decreto 2.177/08.
En efecto, el art. 10 de la ley 10.449 establece que los empleados administrativos que se desempeñen dentro de los locales en que funcionen los talleres o anexos gozarán de todos los beneficios legales consagrados por dicho Estatuto para el Personal Técnico Gráfico.
Por su parte, el art. 5 del decreto 2.430/06, dispone que, a los efectos de la percepción de los beneficios contemplados en la ley 10.449 y, en particular en los arts. 5 y 7 del decreto reglamentario 1.705/89, de acuerdo a lo previsto en el art. 10 de la ley citada, se considerará como taller o anexo a las siguientes dependencias de la Dirección Boletín Oficial: Subdirección Boletín Oficial, Departamento Agencias Boletín Oficial; Dirección de Impresiones y Publicaciones del Estado y todas sus dependencias; y el Departamento Escuela de Aprendices dependiente de la Dirección Provincial de Impresiones del Estado y Boletín Oficial. El personal de la ley 10.430, con o sin estabilidad en sus funciones, deberá estar incorporado en los planteles de dichas unidades y aquellos agentes que sean destacados en Comisión de Servicios deberán contar con el correspondiente acto administrativo a los efectos de la percepción de dichos beneficios.
Es decir que, si bien es cierto que existe una equiparación legal entre el Personal Técnico Gráfico regido por la ley 10.449 y los empleados administrativos regidos por la ley 10.430 -siempre que reúnan ciertos requisitos y se desempeñen en ciertas dependencias de la Dirección Boletín Oficial- a los efectos de la percepción de los beneficios contemplados en la ley 10.449 (arts. 5 y 7, dec. 1.705/89), ello no autoriza a extender dicha paridad para otro tipo de beneficios previstos, incluso, por otra norma y para un régimen estatuario específico.
Yerra la Cámara al reconocerle al actor la bonificación establecida por el decreto 2.177/08 para el personal enmarcado en la ley 10.449 y su modificatoria ley 10.461 -Personal Técnico Gráfico-, en tanto su situación de revista no se encuentra comprendida dentro del régimen estatutario destinatario de la norma, independientemente de la equiparación entre gráficos y administrativos que contempla el art. 10 de la ley 10.449 a los efectos de los acotados beneficios legales que el propio Estatuto contempla para el personal gráfico.
Por consiguiente, considero que el actor no es destinatario de la bonificación del 125% del sueldo básico, instituida por el decreto 2.177/08, tal como lo interpretaron las instancias ordinarias que le reconocieron un beneficio otorgado a un régimen de empleo ajeno al que aquel se encuentra sujeto.
VI. Por las razones dadas, corresponde hacer lugar al recurso incoado y rechazar la demanda interpuesta (art. 289, CPCC).
Las costas de las instancias inferiores se imponen por su orden (art. 51 inc. 2, ley 13.101, texto según ley 14.437 y art. 274, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Con costas de esta instancia a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101 y 289, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Disiento con los distinguidos colegas que me preceden, pues a mi modo de ver el recurso no prospera, atento la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
I.1. En primer término, conviene poner de relieve que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, al confirmar el pronunciamiento de primera instancia, señaló que parte de los agravios traídos por la representación fiscal eran inaudibles dado que su recurso de apelación ordinaria no había cumplido con los recaudos de suficiencia técnica exigidos por los arts. 56, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo y
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.