Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76877
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.76.877 “DIMENNA SILVIA ESTELA C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOCIMIENTO DE DERECHOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
Los señores jueces doctores Genoud y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda, declaró la nulidad de la resolución 268/2006 dictada por la autoridad demandada, dispuso la reincorporación de la actora y ordenó el pago del cuarenta por ciento de los salarios caídos desde el 2006 en adelante (v. sent. de fecha 6-II-2020).
I.1. Para así decidir, el Tribunal de Alzada, luego de efectuar una referencia tanto del régimen jurídico aplicable a la relación de empleo que existía entre las partes, como de las constancias obrantes en autos, advirtió que la resolución 1.1.1.06-1 dictada en fecha 6 de septiembre de 2006 por el Secretario General de la Gobernación, dispuso la cancelación del convenio oportunamente celebrado con la actora con sustento en una norma derogada (art. 26 incs. "a" y "b" y 37 del decreto 4079/75), soslayando el cambio normativo operado a partir de la sanción de la ley 13.487, que estableció un nuevo régimen aplicable a la carrera para el personal de apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico de la provincia de Buenos Aires reportando beneficios sustanciales para las personas a él incorporadas. Solución que entendió concuerda -en el caso- con el principio de aplicación inmediata de la norma más favorable para los trabajadores (art. 75 inc. 22, Const. nac.).
Así, consideró que la conducta asumida por la demandada, además de resultar contraria al ordenamiento jurídico (art. 28, ley 13.487), devenía inconciliable con los principios vigentes en la materia.
I.2. Una vez establecido el régimen jurídico aplicable, señaló que el texto de la ley 13.487 no contempla como causal de extinción del vínculo laboral el incumplimiento de la carga horaria y que, por el contrario, el desempeño de la labor con dedicación de tiempo completo, se encontraba previsto únicamente como una obligación del agente, por lo que su transgresión eventualmente conllevaría al inicio de actuaciones sumariales en los términos de la ley 10.430.
Asimismo, juzgó que devenía inaceptable el criterio propugnado por la demandada de considerar inaplicable a la parte actora el régimen establecido en la ley 13.487 con sustento en la existencia de dos informes rechazados, circunstancia que según entiende, impide su incorporación en los términos del art. 24 de aquella norma. Ello en tanto quedó acreditado que los informes a que alude la demandada fueron declarados inaceptables exclusivamente por el incumplimiento de la carga horaria en que incurriera la señora Dimenna por razones de salud -accidente laboral-.
I.3. Además, ponderó que de la lectura de las actuaciones administrativas, surgía palmaria la vulneración de la garantía constitucional de inviolabilidad de la defensa en juicio. Ello así desde que no se observaba intervención alguna de la parte actora, ni se advertía la existencia de una acusación previa y debidamente fundada que le permitiera la correcta formulación de los respectivos descargos.
Fue en ese contexto que concluyó que la resolución dictada por el Directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas mediante Acta 1241, de fecha 21-VI-2006, así como la Resolución 1.1.1.06-1, número 268, de fecha 6-IX-2006, firmada por el Secretario General de la Gobernación, devenía ilegítima al encontrarse viciados los elementos causa, motivación y objeto (arts. 103 y 108, dec. ley 7647/1970).
I.4. Finalmente, rechazó el agravio planteado de manera subsidiaria por la demandada, por el que se pretende la reducción de la indemnización por salarios caídos.
II. Frente a ello, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que -reiterando agravios vertidos en instancias anteriores- denuncia violación del decreto 4076/1975, de la ley 13.487 y de los arts. 3 del Código Civil (ley 340) y 7 del Código Civil y Comercial (ley 26.994). Asimismo, alega absurdo en la valoración del caso con sustento en el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial y la conculcación de la doctrina legal sobre salarios caídos (v. el escrito de fecha 27-2-2020 a las 09:43:59 a.m.).
El recurso fue concedido por la Cámara el 27-X-2020.
III. El remedio no debe prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 74.627, "Cifuentes", resol. de 15-VIII-2018; A. 74.493, "Scorians", resol. de 19-IX-2018; A. 76.344, "Aprea", resol. de 19-VIII-2020, entre muchas otras).
En tal sentido, al igual que durante el transcurso de las instancias de grado, los argumentos esbozados por la recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente en torno a su intento de demostrar una denunciada desinterpretación de las normas que se consideran aplicables para la resolución del caso, pero sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 76.344, cit., e.o.).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A.", sent. de 28-XII-2016, entre muchas otras).
IV.2. Además, las manifestaciones esbozadas por la recurrente demuestran una clara intención destinada a rebatir los argumentos brindados por los jueces de primera instancia y de la Cámara, para rechazar íntegramente la pretensión.
Sin embargo, agravios idénticos a los planteados en esta instancia extraordinaria fueron expuestos y expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de esta Corte que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la simple reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 76.525, "Jorgensen", resol. de 25-XI-2020, e.o.), como así también aquella que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas A. 74.131, "Magadán", resol. de 30-V-2018; A. 74.604, "Panzeri", resol. de 20-II-2019; A. 74.734, "Procosud", resol. de 7-III-2019; A. 76.525, cit.).
IV.3. Asimismo, tiene dicho este Tribunal que la fijación de los hechos y la valoración de la prueba son circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación sólo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Sin embargo, el absurdo no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de la existencia de tal vicio, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016; A. 76.572, "Contreras", resol. de 31-V-2021).
En tal marco, la crítica de la impugnante no exterioriza más que una postura particular tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia opinión en torno a cómo debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018; A. 75.870, "Pontecorvo", resol. de 23-X-2019).
IV.4. Tampoco merece acogida la crítica formulada respecto de la violación de la doctrina emanada de los precedentes que cita, en relación al pago de los salarios caídos.
Es que, para que resulte procedente el agravio vinculado con la denuncia de violación de la doctrina legal no basta, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la mera individualización de los precedentes sino que resulta imprescindible indicar los aspectos fácticos del caso donde se sentó el criterio que el impugnante pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud de las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa, debiéndose señalar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (conf. doctr. causas A. 71.888, "Díaz", sent. de 25-II-2015; A. 71.706, "Fernández", sent. de 20-V-2015; A. 76.731, "Municipalidad de Castelli", resol. de 9-IV-2021).
De modo tal que en este aspecto el planteo también luce insuficiente, pues la recurrente omite explicar de qué manera concreta los precedentes de esta Suprema Corte, que denuncia como erróneamente aplicados o transgredidos, se relacionarían con la supuesta actuación indebida de la Cámara interviniente.
V. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/08/2021 18:44:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2021 09:48:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2021 13:32:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2021 09:56:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2021 14:08:22 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia