Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76002
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.002, "Agustoni, Osvaldo P. y otros c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia que -a su turno- había desestimado la pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos promovida contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual aquella solicitara el reajuste de sus haberes previsionales con base en adicionales que se reputaban "remunerativos", así como la invalidez del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 (v. fs. 391/395 vta.).
Disconformes con dicho pronunciamiento los actores interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 21 de mayo de 2019, 03:23:23 hs.), que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 405) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por los señores Osvaldo Pedro Agustoni y Rubén Alfredo Alagia, las señoras María Ester Barro y Teresa Mirta Goñi, el señor Omar Héctor Mauri, la señora Ana Sara Elli de Basualdo y los señores Rolando Oscar Fellay, Juan Carlos Hayden y Carlos Washington Reta, quienes adquirieron su beneficio previsional bajo la vigencia de la ley 11.761 y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimara la pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos promovida contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la cual solicitaran el reajuste de sus haberes con relación a los aumentos que hubiere obtenido el personal activo a partir de rubros no remunerativos y la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la citada ley (v. fs. 391/395 vta.).
I.1. Para así decidir, en primer lugar abordó la impugnación de la parte actora respecto al rechazo de su planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761.
Consideró que la derogación de la mentada norma por la ley 13.364 no le impedía resolver, en tanto que la lesión invocada fue consumada bajo la vigencia de aquel primer régimen jurídico, el cual se proyectaba hacia el futuro en los derechos de quienes reclamaban.
Sentado ello, sostuvo que la ley vigente a la fecha de cese de servicios constituía el marco legal para obtener los beneficios previsionales (conf. arts. 53, decreto ley 9.650/70 y 25, ley 13.364) y que, en este caso, los demandantes accedieron a ellos conforme la ley 11.761.
Entendió que la sentencia recurrida no padecía error de juzgamiento, en la medida en que se correspondía con los principios generales sobre los cuales se vertebran el derecho a las prestaciones y el sistema contributivo en su totalidad, impidiendo que las situaciones consumadas al amparo de un régimen determinado puedan sufrir impacto futuro por disposiciones que modifiquen la concepción integral, para un mecanismo que debe comprenderse como totalidad.
Ponderó que el pronunciamiento de primera instancia receptaba las reglas jurídicas consignadas y dejaba en claro que, como los beneficios obtenidos por los actores se rigen por la ley 11.761, "...no promedian los deméritos sobrevinientes a sus respectivos otorgamientos que motivaran un entendimiento distinto en hipótesis en las que las prestaciones ya hubiesen sido reconocidas al amparo de un régimen anterior (véase causa CCALP n° 11.437), y por lo tanto con un escenario de derechos adquiridos que no se corresponde con el de este proceso".
Evaluó que ello incide, de manera determinante, en el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del aporte a cargo del beneficiario (art. 21 inc. "e" y concs., ley 11.761) bajo el argumento de una confiscación que -por otra parte- en el caso no se acreditaba y que el recurso deducido tampoco lo demostraba.
I.2. En cuanto a la incorporación al haber previsional de determinados suplementos abonados a los empleados del Banco Provincia, el a quo señaló que el reclamo deducido por la parte actora era inconsistente en atención a que su fundamento se asentaba únicamente en la generalidad con la que fueron sufragados y en que la gradualidad de su inclusión en el sueldo básico, después de establecidos, habría sido perjudicial para los demandantes.
Puso de relieve que la cuestión relativa a la naturaleza de los adicionales denominados "no remunerativos" establecidos por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires han motivado numerosos pronunciamientos de esta Suprema Corte (conf. causas B. 56.548, "Bastida", sent. de 26-V-1999 y B. 55.328, "Bustos", sent. de 26-IX-2012) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN in re "Donnarumma, Enrique c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 29-X-1996) y que el concepto de remuneración en el ámbito previsional es limitado -conforme la doctrina de este Tribunal- debiendo extraerse de la ley de previsión que regula el caso, la que constituye su fuente directa y principal de solución.
Señaló que la eventualidad de una mejora de la situación previsional, expresada en términos generales, no constituía un dato suficiente para reconocer un carácter remunerativo, cuando se había admitido que las liquidaciones fueron practicadas, en todos los rubros, de conformidad con la reglamentación normativa que las rige.
Ponderó que las diferencias salariales que son objeto de reclamo no han sido demostradas y que, a contrario, se hallaban acreditados todos los componentes retributivos reconocidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para su personal, en los términos determinados para sus agentes activos.
Por otro lado, sostuvo que el traslado progresivo de los conceptos liquidados, primero como no remunerativos y luego como tales, no abastecía el perjuicio patrimonial retroactivo reclamado en autos. Ello, en tanto el punto de partida era el reconocimiento de aquellos como de semejante carácter.
A su vez explicó que el agravio atinente a que no podrían establecerse aumentos salariales encubiertos con sustento en las atribuciones que la Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires otorga a su Directorio para fijar retribuciones especiales liberadas de aportes (conf. art. 24) era insuficiente, toda vez que dicho precepto no había sido cuestionado ni había constituido materia de debate.
Por último, resaltó que, como el reclamo se centró en el reconocimiento del período retroactivo en situación de actividad, excluyendo su petición al reajuste en el haber de pasividad, no podía ser la Caja demandada la legitimada pasiva en este proceso.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto los demandantes denuncian violación de la doctrina legal sentada por esta Corte en las causas I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009; B. 54.929, "Bardi", sentencia de 30-V-1995; B. 56.123, "Sarandria", sentencia de 12-V-1998; entre otras. También acusan vulneración de los derechos de defensa en juicio y propiedad, la garantía del debido proceso y el principio de igualdad ante la ley, consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. escrito electrónico de fecha 21 de mayo de 2019, 03:23:23 hs.).
Aducen que la Cámara transgrede la resolución 74/07 dictada por la Caja demandada y los arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También alegan que se apartó del principio de progresividad previsional y de las leyes 20.744 -por lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75- y 11.761 -modificada por las leyes 13.364 y 13.873-.
II.1. Esgrimen que con las constancias agregadas a la causa se ha acreditado que el art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 es confiscatorio, en tanto se supera el sesenta y siete por ciento (67%) del sueldo que percibe un activo en igual categoría que la que hubieren tenido los accionantes a la fecha de su cese, conforme lo resuelto por este Tribunal en la causa "Velurtas", de fecha 10-VI-2009 y, por tal circunstancia, se vulnera el derecho de propiedad garantizado por los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial y el principio de progresividad previsional consagrado en los tratados internacionales que se mencionan.
II.2. En otro orden, dicen que la Caja demandada, por Acta de fecha 19 de mayo de 2008, aprobó la reducción del aporte al dos por ciento (2%) a cargo de los beneficiarios de la ley 11.761 y que tal rebaja ya se había dispuesto en la resolución 74/07 para todos los jubilados y/o pensionados -hubiesen iniciado o no juicio-, a partir del día 1 de agosto de 2007.
II.3. Por otro lado, respecto al reajuste del haber previsional con relación a los aumentos que hubiere obtenido el agente en actividad en virtud de rubros "no remunerativos", se agravian porque la Cámara rechazó dicha petición con sustento en que no se demostró que se aplicaron indebidamente, a pesar de que la prueba pericial contable estableció que fueron abonados al personal activo en forma mensual, normal y habitual durante el período diciembre de 2003 a mayo de 2009.
Proponen que su haber jubilatorio se liquide conforme a un sistema arbitrario establecido en el art. 57 de la ley 11.761, que prevé para su cálculo el promedio de los diez (10) últimos años de salarios percibidos tomando solo en consideración los rubros con aportes, excluyéndose los códigos no remunerativos traídos a esta causa. Destacan además que se ha acreditado que se abonaron al sector activo suplementos no remunerativos -códigos 1.123, 1.124, 1.223, 1.224, 1.225 y 1.289- en forma habitual y regular desde el mes de mayo de 2004 hasta el mes de mayo de 2009, que no se han trasladado a sus haberes previsionales, llegando el perjuicio al 33,05% en dicho período.
II.4. Además, expresan que la Cámara omite el tratamiento de cuestiones que considera esenciales, como la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo 18/75, el reconocimiento del Acta de Acuerdo Salarial de fecha 29 de mayo de 2009 y del decreto 392/03, como también que incurre en un exceso de rigor formal en la interpretación de las resoluciones dictadas por la Caja demandada. A ello agregan que el Tribunal de Alzada tampoco analizó si estas fueron aplicadas en contradicción con la doctrina legal de esta Suprema Corte y que incurrió en arbitrariedad.
II.5. Por último, denuncian la existencia de fallos contradictorios.
Alegan que la Cámara, en el caso "Anca, José Luis y otros c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos", confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto reconoció el reajuste de los haberes previsionales a quienes se jubilaron bajo la ley 11.761, por considerar que los aumentos salariales otorgados durante el período diciembre de 2003 a febrero de 2009, como códigos no remunerativos, revestían incrementos en los sueldos de los activos.
III. El recurso intentado no puede prosperar en razón de su insuficiencia, tal como este Tribunal lo señaló a propósito de impugnaciones estructuradas en forma muy similar a la aquí analizada y que involucraban similares agravios (art. 279, CPCC; conf. causas A. 75.730, "Blanco", sent. de 23-IX-2020; A. 74.774, "Bringas", sent. de 22-XII-2020; A. 76.303, "Ballarini", sent. de 9-IV-2021 y A. 74.760, "Coria", sent. de 26-V-2021).
III.1. En primer lugar y en punto a la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, el escrito en el que se interpone y funda el remedio procesal en estudio no constituye una réplica idónea a las motivaciones esenciales de la sentencia atacada.
En efecto, como quedara expuesto en el relato de antecedentes, la Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia con sustento en que el marco jurídico aplicable al beneficio jubilatorio corresponde al vigente a la fecha de cese de servicios conforme lo estatuido por el art. 25 de la ley 13.364, entonces vigente, y que las prestaciones que deriven se encuentran sujetas a exigencias determinadas al momento del otorgamiento, careciendo de variable modificatoria en lo sucesivo, lo que ocurría para la determinación de la base de cálculo del haber.
De allí en más el a quo concluyó que la confiscatoriedad alegada por los recurrentes no había sido acreditada en el caso.
Esta parcela del pronunciamiento no ha sido objeto de impugnación idónea por los recurrentes, quienes se limitan a reiterar consideraciones anteriormente formuladas que tuvieron respuesta desfavorable ya en el pronunciamiento de primera instancia -acerca de la validez constitucional del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761-, insistiendo sobre la aplicación de resoluciones administrativas que establecieron la reducción del aporte a cargo del beneficiario y en la vulneración del derecho de propiedad y del principio de progresividad previsional, pero sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por los jueces de grado para desestimar su pretensión.
Tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio, reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron desechadas por el juzgador y cuyas motivaciones esenciales no son debidamente rebatidas (doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; A. 75.094, "Cataldo", sent. de 27-VIII-2020; e.o.).
Siendo de ese tenor los agravios traídos a esta instancia extraordinaria, corresponde el rechazo de tales reproches (art. 279 in fine , CPCC).
III.2. Con respecto a la alegación de que la sentencia resulta arbitraria por no considerar la prueba producida en autos respecto de los aumentos dispuestos en favor del personal activo como rubros no remunerativos, para dar cuenta de su insuficiencia cabe señalar que la Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia al estimar que el reclamo de los actores se formulaba sin consistencia en atención a que se asentaba únicamente en la generalidad con la que fueron abonados los suplementos al sector en actividad. A ello sumó que la gradualidad de su incorporación al sueldo básico, después de establecidos, habría sido perjudicial para ellos.
Citó pronunciamientos de este Tribunal y el caso "Donnarumma", resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 319:2476). Añadió que el concepto de "remuneración" no podía ser otro que el que se desprendía de la ley previsional y que la paulatina conversión tiempo más tarde de un rubro no remunerativo a uno propiamente remunerativo no cambiaba su condición original.
En su recurso, los impugnantes simplemente transcriben el concepto de "remuneración" que en forma amplia se estableciera en pronunciamientos de primera instancia en el marco de causas que se identifican, a saber: "...toda suma de dinero que el empleador abona al trabajador en relación de dependencia, debe necesariamente ser considerada parte integrante de ella, salvo que el empleador logre acreditar fehacientemente que el dinero abonado no tenía esa naturaleza (v.gr. viáticos por gastos efectivamente realizados, o bien, un premio estímulo o gratificación accidental por una tarea especial)". A su vez, apuntan a que la circunstancia de que la demandada haya modificado la caracterización de los ítems como "remunerativos" importaba un reconocimiento al carácter que siempre tuvieron.
Luego refieren que allí se engloban los suplementos que se abonaron por la institución bancaria en forma habitual y regular desde el año 2003 al mes de mayo de 2009 al sector activo, lo que se hallaría acreditado en el informe pericial.
Pero la protesta planteada en estos términos carece de idoneidad impugnatoria pues no logra poner de manifiesto que la decisión del Tribunal de Alzada resulte descalificable por padecer del vicio endilgado. En tal sentido, como surge de la reseña del recurso extraordinario bajo tratamiento, los impugnantes limitan su esfuerzo argumental a reiterar los mismos agravios que fueron abordados por la Cámara e insisten sobre la mención genérica de adicionales "no remunerativos" abonados en esos años de modo mensual, normal y habitual al sector activo.
Empero, una crítica en tales términos resulta ineficaz en esta instancia, toda vez que argumenta en paralelo y no logra desbaratar frontalmente el razonamiento seguido por el Tribunal de Alzada para fundar la denegatoria de la pretensión impetrada (doctr. causas A. 75.630, "Montoto", sent. de 27-VIII-2020; A. 75.113, "Alderete", sent. de 27-V-2021 y sus citas).
III.3. En otra parte de su discurso los recurrentes denuncian que la Cámara omitió aplicar la Convención Colectiva de Trabajo 18/75, el Acta de fecha 29 de mayo de 2009 y el decreto 392/03.
Al hacer eso, se desentienden de la lógica seguida por el a quo , discurriendo sobre puntos que no han sido los determinantes para resolver la causa, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura el fallo (conf. causa A. 75.513, "Borelli", sent. de 26-V-2021).
III.4. De igual modo el planteo dirigido a impugnar el sistema de cálculo de la movilidad previsto en el art. 57 de la ley 11.761 queda desplazado por cuanto la Cámara delimitó el reclamo al período retroactivo en actividad de los demandantes, que sumado a que en el caso se había demostrado la percepción de los complementos retributivos reconocidos por el Banco para su personal, excluyó en ese marco la composición del haber de pasividad y, desde ese mirador, entendió que la Caja demandada no constituía la legitimada pasiva en este proceso.
Frente a lo así sentenciado, las consideraciones del recurrente no contribuyen a la adecuada fundamentación que exige el recurso extraordinario que, como he señalado más arriba, debe controvertir eficazmente los fundamentos que dieron sustento suficiente a lo allí concluido.
Para más, frente a lo que se dice respecto a la parcela del decisorio donde se aprecia el contenido de la pretensión esgrimida en el escrito inaugural y sus implicancias en la configuración de la litis , era tarea del quejoso impugnar debidamente esa cuestión. Al respecto cabe advertir que ese valladar sólo puede ser sorteado por esta Suprema Corte frente a la denuncia y acreditación de absurdo, extremo no cumplido en la especie (doctr. causas A. 73.940, "Nobile", sent. de 3-X-2018; A. 74.949, "Balbín", sent. de 12-II-2021 y sus citas).
Y a esa insatisfactoria carga se añade que resulta inatendible el exceso de formalismo denunciado, por cuanto tales cuestiones no formaron parte de las conclusiones de la decisión puesta en entredicho.
III.5. Tampoco merece acogida la alegada violación de la doctrina legal de este Tribunal.
Si bien el recurso enuncia la inobservancia d
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