Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75506
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.506, "Di Paola, Héctor Orlando c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Mancini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Caja de Jubilaciones Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que había reconocido el derecho del actor a determinar su haber previsional de conformidad con las disposiciones de la ley 13.364 y modificatorias (v. fs. 436/439).
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 449/471 vta.), el que fue concedido por la Cámara a fs. 473/474.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 482) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, reconociendo el derecho del actor a determinar su haber previsional de conformidad con las disposiciones de la ley 13.364 y modificatorias y condenando a la Caja demandada a reajustar el beneficio jubilatorio y liquidar las diferencias devengadas entre los haberes efectivamente percibidos y el 82% de la remuneración correspondiente al cargo del que era titular el afiliado a la fecha de cesar en el servicio o en el cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado, con más sus respectivos intereses (v. fs. 400/406 vta.).
Para así decidir, centró la cuestión a resolver en determinar si los haberes de pasividad del demandante deben liquidarse de acuerdo a lo reglado por la ley 13.364, o bien, como postula la demandada, el beneficio debe regirse por la ley 11.761, aplicándose la ley 13.364 únicamente con respecto al régimen de movilidad.
En cuanto al cálculo del haber, detalló los arts. 34 y 35 de la ley 11.761, vigente al momento del cese del actor, y su derogación y modificación por la ley 13.364, señaló que esta nueva ley consagra el derecho a percibir un haber jubilatorio equivalente al ochenta y dos por ciento liquidado sobre la totalidad de la remuneración mensual asignada al cargo con el que se jubila un afiliado, a diferencia del sistema de la ley 11.761, en el que dicho porcentaje se liquida solamente sobre la remuneración sujeta a aportes.
Consideró que el principio receptado en materia previsional, según el cual corresponde aplicar la norma vigente al tiempo de suceder el hecho que genera el reconocimiento del derecho para el cálculo del haber (en el caso, el día del cese en los servicios), cede ante supuestos en que el régimen en vigencia, al tiempo de su aplicación efectiva, importa una regulación más beneficiosa para el peticionario (citando los arts. 26, CADH y 39 inc. 3, Const. prov.).
Entendió que dicho principio se refiere a los requisitos que deben cumplirse para que nazca el derecho. Destacó que, por el contrario, cuando se trata de establecer cuál es el régimen jurídico que rige la subsistencia de dicho beneficio debe atenerse al sistema establecido en el art. 7 del Código Civil y Comercial según el cual las nuevas leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones existentes, en tanto no afecten derechos amparados por garantías constitucionales.
Por último, si bien reconoció que asistía razón a la Caja demandada en cuanto al alcance que correspondía otorgar al art. 57 in fine de la ley 13.364 respecto a que solo se refiere al régimen de movilidad y no a la determinación inicial del haber, entendió que por los principios constitucionales de progresividad e igualdad en los derechos previsionales, la jubilación del demandante debía determinarse conforme el sistema de la citada ley 13.364, y no por lo dispuesto en su art. 57 in fine , ni por efecto del precedente I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009, el que juzgó inaplicable al sub lite por tratarse de una causa de diversa configuración fáctica y normativa.
II. Apelado el fallo por la Caja demandada, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso interpuesto y revocó, en consecuencia, el decisorio de grado (v. fs. 436/439).
II.1. Para así decidir, sostuvo que correspondía adoptar el criterio que había seguido en precedentes análogos, que individualiza.
II.2. Reprodujo los fundamentos expuestos en las causas citadas y expresó que la sentencia recurrida se desentendió del principio general referido a que el régimen legal aplicable al beneficio correspondía al vigente a la fecha de cese (conf. arts. 53, dec. 9.650/80 y 25, ley 13.364) y del carácter contributivo del sistema en función del cual deben interpretarse los alcances de las prestaciones reconocidas las que, determinadas al momento del otorgamiento, carecen de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así alcanzados guarda relación directa con los requisitos de acceso.
Estimó que le asistía razón a la Caja apelante en su planteo de comprensión integral, que dejaba ver, para un sistema que aportaba diferencias de requerimientos en materia de antigüedad y de edad y como tal de contribuciones, y así abonar una respuesta que impedía sucesivas modificaciones cuando estas tengan por destino alterar un componente que, como todos, se consumaba y consolidaba en base al régimen vigente al momento del cese en actividad. Tal lo que correspondía para la base de cálculo del haber, pues se trataba, precisamente, de uno que arraigaba al amparo del sistema legal con vigor por entonces y guardaba proporción con el resto de las exigencias de acceso (cfr. arts. 75 y concs., ley 11.761).
Consideró que la ley 11.761 resulta de aplicación a un bloque que incluía la base de cálculo del haber y el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad, esta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras.
Ponderó que la diferencia de texto, en relación con los conceptos comprendidos en la determinación de la base de cálculo (arts. 34 y 35, ley 11.761 y 54, ley 13.364), no suponía un trato diferente, para una exigencia contributiva que siempre se reportaba a componentes remunerativos cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar.
II.3. El 15 de febrero de 2018 la parte actora denunció -ante la Cámara de Apelación interviniente- el dictado de la ley 15.008 y pidió que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 39 y 41 de la mencionada norma (v. fs. 442/448 vta.). La Cámara, sin pronunciarse sobre tal petición, solo agregó el escrito (v. fs. 472).
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 449/471 vta. la parte actora denuncia la violación de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 y 40 de su par provincial y de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que consagran los principios de progresividad, prohibición de retroceso y justicia social.
Asimismo, solicita se declare la inconstitucionalidad de los arts. 39 y 41 de la ley 15.008, vigente desde el 16 de enero de 2018, en su aplicación al presente juicio por vulnerar los derechos de propiedad, de movilidad jubilatoria y el criterio sentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que denuncia (v. punto V del recurso).
III.1. En primer lugar, se agravia porque la Cámara declaró aplicable la ley 11.761, que -según aduce- se trata de una legislación de emergencia que fue declarada inconstitucional, y no la ley 13.364 que es la que entiende debe regir su prestación tanto para el cálculo del haber inicial como en lo concerniente a la movilidad jubilatoria (conf. arts. 54 y 57).
Resalta que el agravio radica en la diferente base de cálculo que cada normativa ha fijado para la determinación del haber jubilatorio y que el fallo atacado reposó en una regla general como es la ley vigente a la fecha de la cesación de servicios, la cual admite excepciones cuando se incurre en soluciones absurdas e injustas.
Sostiene que es erróneo afirmar que tiene un derecho adquirido e inmutable al régimen legal vigente al cese de sus servicios, que desconoce los principios de progresividad y justicia social tutelados por el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
Aduce que el fallo en crisis deslinda el cálculo del haber inicial y el de la movilidad, apartándose de lo resuelto por este Tribunal en las causas "Gaspes" y "Martín" en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la ley 11.761 para quienes adquirieron sus beneficios por leyes anteriores y receptó el principio de la razonable proporcionalidad entre el haber jubilatorio y el salario, conforme el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III.2. En otro orden, se agravia de que el a quo haya desconocido que el sistema previsional es de reparto y vincula en forma errónea la extensión del beneficio con los requisitos de acceso, aplicando a su situación la ley 11.761 que -según aduce- es inconstitucional en tanto vulnera los principios de igualdad y de progresividad de los derechos sociales al ocasionarle una disminución en su haber cuya demostración surge de la simple lectura de los textos legales que estatuyen sobre el modo de calcular la prestación inicial.
III.3. Sostiene que los arts. 54 y 57 de la ley 11.761 afectan los principios de progresividad y prohibición de regresividad receptados en los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de su par provincial; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en las causas "Aquino" resuelta por la Corte federal y Acevedo Buendía vs. Perú , emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
III.4. En especial alega que el citado art. 57 es inconstitucional al establecer un sistema de cálculo de su haber que se desvincula del sueldo correspondiente al cargo que ocupaba al momento de jubilarse, desconociendo el principio de proporcionalidad y la naturaleza sustitutiva de las prestaciones previsionales receptados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Sánchez" y "Badaro".
Aduce que tal situación vulnera los arts. 14 y 17 de la Constitución nacional; 10 y 31 de su par provincial en tanto que el 82% móvil de la mayor jerarquía escalafonaria establecida en el art. 40 de la ley 5.678 o el 82 % de la remuneración mensual asignada al cargo de que era titular prevista en el art. 54 de la ley 13.364 -texto según ley 13.873- difiere del reajuste del art. 54 de la ley 11.761 en cuanto prevé un porcentual del promedio de las remuneraciones percibidas en los últimos diez años.
III.5. Entiende que la aplicación de la ley 11.761 importa una vulneración al principio de igualdad, al discriminarlo injustificadamente respecto a los beneficiarios de la ley 13.364 por cuanto reconoce mejores derechos. En virtud de ello, peticiona -por aplicación del principio pro homine - se liquide su haber inicial teniendo en cuenta el último cargo en forma complementaria con el desempeñado durante los últimos años y equivalente al 82% de la remuneración mensual asignada al puesto que ocupaba a la fecha de la cesación en el servicio o en el de mayor jerarquía que hubiese desempeñado conforme los arts. 54 y 57 de la última ley citada.
III.6. También tacha de inconstitucional los arts. 22, 55, 56 segundo párrafo y 67 de la ley 11.761.
En cuanto al primer precepto, el recurrente entiende que contraviene el fin perseguido al poner un tope a la remuneración sujeta a aportes y contribuciones y, en lo que hace al segundo, asegura que se dejó de abonar a partir del 31 de diciembre de 1995 la asignación incentivada o retribución especial semestral.
Sostiene que los arts. 56, segundo párrafo y 67 de la ley mencionada lesionan su derecho de propiedad al excluir del cálculo de su haber a rubros integrantes del salario del activo y en virtud de que el sueldo anual complementario es calculado en el 82% del promedio de lo percibido en los últimos diez años de actividad y no sobre la más alta jerarquía escalafonaria alcanzada.
III.7. Por último, peticiona se declare la inconstitucionalidad de los arts. 21, 39, 41 y 53 de la ley 15.008, vigente desde el 16 de enero de 2018, por vulnerar sus derechos de propiedad, a la movilidad jubilatoria, igualdad y no discriminación y prohibición de regresividad de los derechos sociales consagrados en los arts. 14 bis, 16, 17, 28, 43, 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional y 11, 31, 36 inc. 6, 39 inc. 3 y 40 de su par provincial en virtud de aumentar la edad para acceder al beneficio jubilatorio, limitar el cálculo del haber inicial y su movilidad conforme la ley nacional 27.416, mantener el aporte a cargo del beneficiario y omitir amparar los sistemas de seguridad social.
Señala que la ley impugnada en su caso afecta la movilidad reconocida por la ley 13.364, texto según ley 13.873, al someterlo al referido régimen nacional de previsión.
IV. El recurso intentado no puede prosperar en razón de su insuficiencia, tal como este Tribunal señaló en fecha reciente a propósito de una impugnación estructurada en forma muy similar a la aquí analizada y que involucraba similares agravios (art. 279, CPCC; conf. causa A. 75.510, "Lapolla", sent. de 26-V-2021).
IV.1. En primer lugar, cabe señalar que el Tribunal de Alzada abordó la cuestión atingente al régimen legal aplicable al actor atendiendo a la fecha en que éste se acogió a su beneficio previsional.
Estableció que la ley 11.761 era aplicable al caso en cuanto a la determinación de la base de cálculo del haber previsional del señor Héctor Orlando Di Paola y así también en el porcentual correspondiente, sin perjuicio de su movilidad tal como la demandada lo admitiera en cuanto importara un reconocimiento constitucional (conf. art. 39 inc. 3, Const. prov.).
En este tramo del recurso, el actor no logra controvertir eficazmente el razonamiento de la Cámara, en cuanto a que la ley aplicable a su situación previsional es la que regía al momento de acceder al beneficio, ni tampoco, como era su carga, acredita violación a la norma en cuestión.
Dicho déficit exhibe la pieza recursiva en la cual se denuncia violación de diversas normas jurídicas, limitándose a reiterar consideraciones anteriormente formuladas acerca de sus alcances, sin abordar adecuadamente las razones expresadas por el Tribunal de Alzada en cuanto sostuvo que el marco jurídico aplicable al beneficio jubilatorio se corresponde con el vigente a la fecha de cese de servicios con sustento en el art. 25 de la ley 13.364, entonces vigente, y que las prestaciones que deriven se encuentran sujetas a exigencias determinadas al momento del otorgamiento y que carecen de variable modificatoria en lo sucesivo, como es la determinación de la base de cálculo del haber previsional conforme los arts. 75 y concordantes de la ley 11.761.
Es requisito de ineludible cumplimiento en la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria deja incólume la decisión que se controvierte, al margen de su acierto o error (doct. causas C. 118.133, "L. M.F.", sent. de 8-IV-2015; C. 123.496 "Cohen", sent. de 19-IV-2021; e.o.).
La impugnante argumenta en paralelo e insiste en propugnar su propio criterio interpretativo basado fundamentalmente en los principios de progresividad, prohibición de regresividad y justicia social, no constituyendo tal proceder un embate idóneo a los fines recursivos.
Esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doct. causas A. 71.424, "Gecas", sent. de 3-XII-2004; A. 71.380, "Palma", sent. de 23-IX-2015; A. 74.262, "Capomaggi", sent. de 13-III-2019; e.o.).
En conclusión, los argumentos traídos a esta instancia se apartan de la línea reflexiva que llevó a los juzgadores a arribar a las conclusiones adversas a sus intereses, luciendo como meras afirmaciones dogmáticas, pues no constituyen una crítica concreta a los fundamentos dados por el pronunciamiento impugnado.
Por otra parte, el planteo basado en el quebranto de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas, no acreditada en el caso (conf. doct. causas L. 91.279, "Roda", sent. de 27-III-2008; L. 99.422, "Forcelli", sent. de 1-XII-2010; C. 115.451, "G., C.d.S.M.", sent. de 4-VII-2012; e.o.).
IV.2. En otro orden, el pedido de declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21, 39, 41 y 53 de la ley 15.008, formulado en los apartados V y VI del recurso, resulta inatendible.
Como antes señalé, el 15 de febrero de 2018 la parte actora denunció como hecho nuevo, en ocasión en que las actuaciones se encontraban radicadas en la Cámara, el dictado de la ley 15.008 y pidió que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 39 y 41 de la mencionada norma (v. fs. 442/448 vta.).
Sin embargo, el referido órgano judicial sólo se limitó en un primer momento a ordenar la agregación del escrito (v. fs. 472), sin efectuar ninguna referencia a tal petición en la sentencia puesta en crisis. En esas condiciones, no es posible que esta Corte aborde este agravio, pues resulta de aplicación la reiterada doctrina de este Tribunal según la cual la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales es tema ajeno al recurso de inaplicabilidad de ley y propio del de nulidad extraordinario (doct. causas C. 119.601, "Acosta", sent. de 22-VI-2016; A. 75.622, "Torres", sent. de 27-VIII-2020; e.o.).
IV.3. Por último, advierto que los restantes agravios esgrimidos resultan sustancialmente análogos a los ya resueltos y desestimados por este Tribunal en las causas A. 72.826, "Actis Goretta" (sent. de 16-VIII-2017); A. 74.236, "Rugolo" y A. 73.519, "Conde" (sents. de 11-IV-2018) y los antecedentes en ellas citados.
En particular, se observa que los argumentos desplegados en el punto IV.9 de la pieza recursiva vinculados con la violación del principio de igualdad y no discriminación han sido expresamente abordados en la citada causa "Actis Goretta".
Siendo ello así, el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando se plantean agravios ya desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
V. Por las razones expuestas, debe rechazarse el recurso extraordinario en tratamiento (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 289 in fine , CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Mancini , por
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