Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75718
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.718, "Blanco, Natalia Romina c/ Fisco Prov. Bs. As. s/ Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos - Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kohan, Mancini, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de grado mediante la cual había desestimado la demanda en todos sus términos.
Disconforme con tal pronunciamiento, la doctora Natalia Romina Blanco dedujo recursos de inaplicabilidad de ley y nulidad (v. fs. 17/26 vta.). El primero fue concedido y el segundo denegado, motivo por el cual se interpuso la queja que se encuentra acumulada al presente. En orden a ello, este Tribunal, mediante resolución de fecha 28 de mayo de 2021, resolvió hacer lugar a la queja y rechazar el recurso extraordinario de nulidad y conceder el de inaplicabilidad de ley.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, de ese modo, confirmar en todos sus términos la desestimación de la demanda decidida en la primera instancia.
Para así resolver básicamente estimó que en el caso no había motivos que justificaran la invalidación de la sanción expulsiva cuestionada, ya sea por vicios en la obtención del material probatorio, ni por deficiencias en la tramitación del procedimiento administrativo, habiendo quedado demostradas las faltas cometidas.
II. Contra dicho fallo la doctora Blanco dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el cual denuncia la errónea interpretación de los hechos, la valoración absurda de la prueba y la aplicación errónea de la ley y de la doctrina legal. Cita como violados los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial; 50, 56 incs. 2 y 3 y 77 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo y 260, 261, 272, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial en función de aquellas deficiencias.
Alega que el tribunal, al considerar que la resolución 2.315, que impusiera la sanción de cesantía, se hallaba ajustada a derecho, incurre en un desvío de razonamiento. Sostiene que se ha efectuado una valoración de la prueba totalmente errónea fundada en el mero arbitrio de los señores camaristas, los que no han respetado el principio de congruencia.
Afirma que el fallo transgrede el art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial en tanto resulta necesario distinguir los agravios (referidos en el caso al cuestionamiento de la valoración probatoria) del argumento de derecho utilizado, ello así pues, si bien el tribunal se encuentra limitado por los capítulos propuestos por el apelante, no lo está con referencia a los argumentos de derecho invocados, en atención al principio curia iura novit .
En este sentido argumenta que la Cámara, al decidir, debió advertir el exceso de punición cometido.
III. Adelanto que, en mi opinión, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina de ley interpuesto prospera parcialmente. Veamos:
III.1. La actora afirma que la sentencia de la Cámara es absurda pues consagra una solución manifiestamente contraria al correcto entendimiento judicial. En tal sentido aduce los siguientes agravios centrales: 1) vulneración del derecho a la inviolabilidad de los documentos privados y 2) exceso de punición al aplicar la sanción de cese sin haberse probado los hechos e invoca -al respecto- el apartamiento de las pautas valorativas establecidas en la doctrina legal de esta Corte.
III.2.a. Con relación al primer agravio, referido al secuestro de la computadora que le fuere asignada para el desempeño de sus tareas en el juzgado, estimo que debe ser rechazado.
En efecto, idéntica argumentación fue tratada, resuelta y rechazada por el Tribunal de Alzada, sin que la reedición en esta instancia logre rebatir la decisión en esta parcela, por lo que deviene inexorable su desestimación.
Sobre este modo de proceder, este Tribunal tiene dicho que resulta insuficiente (art. 279 inc. 2, CPCC) el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios y correctamente desechadas por el Tribunal de Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. causas A. 72.157, "Ulman", sent. de 6-XI-2013 y A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014).
III.2.b. Ahora bien, distinta solución corresponde otorgar al segundo de los agravios mencionados, por el cual denuncia que la sentencia de Cámara incurrió en un exceso de punición al confirmar la sanción de cesantía impuesta, invocando -al respecto- el apartamiento de las pautas valorativas establecidas por la doctrina legal de esta Suprema Corte.
En esa labor, aduce que, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo 3354 y a la doctrina establecida por este Tribunal en la causa B. 62.897, surge evidente que, en el particular caso de autos, se incurrió en un exceso de punición al aplicarse la sanción expulsiva en forma desproporcionada, sin haber ponderado debidamente los parámetros fijados para su valoración.
En tal orden, cabe señalar que la agente Blanco no negó en instancia administrativa ni en este proceso judicial la comisión de la falta que se le endilga, esto es haber efectuado trámites administrativos referidos a asuntos de terceros, conducta contemplada en el art. 67 inc. "g" del Acuerdo 2300; sin embargo, acreditó que lo hizo para familiares y amigos, mediante prueba testimonial recolectada en el procedimiento administrativo (v. fs. 55 vta. y 56, expte. 3001-10196/13, que en copia luce acompañado por cuerda sin acumular y presentación de fs. 31 vta. y 32, IPP 16-00-005986-13, que obra agregada en copia sin acumular).
En este escenario, la sumariada impugna la graduación de la sanción aplicada, calificándola de excesiva y desproporcionada.
III.2.c. Cabe advertir que, analizados los hechos y las constancias obrantes en el expediente administrativo como así también la doctrina legal invocada por la recurrente, se observa que la autoridad omitió ponderar como atenuante la inexistencia de antecedentes disciplinarios.
Esto me lleva a la convicción de que, dadas las particularidades del caso, hubo una severidad excesiva en la medida adoptada pues, aun cuando la conducta comprobada importó un acto reprochable, en oportunidad de graduarse la sanción aplicable no puede prescindirse desaprensivamente de las circunstancias atenuantes que constan en la causa, que aquí se presentan como la ausencia de otra infracción precedente. Extremo que debió ponderarse a los fines de decidir la sanción aplicable.
Sentado esto y reconociendo que la señora Blanco ha cometido la falta consistente en el hecho de que en el horario laboral realizaba tareas distintas a las que le fuere asignada por su superior, no dejo de advertir que esta no posee otros antecedentes disciplinarios, por lo que la aplicación de un sanción extrema como es la cesantía, demandaba a la autoridad extremar los recaudos de fundamentación, circunstancia que no encuentro presente en la resolución disciplinaria y que me convencen de la necesidad de su anulación.
En atención a lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto, anular el fallo apelado, acoger la pretensión anulatoria interpuesta, lo que importa invalidar la resolución 2.315/15 a fin de que la autoridad ejerza nuevamente la potestad disciplinaria por medio del dictado de un nuevo acto administrativo, debidamente fundado, teniendo en cuenta las pautas dadas en esta fundamentación.
Por su parte y con referencia al pedido de daños materiales y morales cabe postergar su tratamiento hasta tanto se dé cumplimiento con lo ordenado precedentemente.
Costas de todas las instancias a la demandada vencida (cfr. arts. 60 inc. 1, CCA y 68, 274 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Disiento respetuosamente de la solución propuesta por el doctor Torres, pues considero que el recurso es enteramente insuficiente (art. 279 in fine , CPCC).
II. Me permito recordar que por resolución 2.315/15, esta Suprema Corte resolvió cesantear a la actora, en ese momento Auxiliar 3° del Juzgado en lo Correccional n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás. Ello fue así al tenerse por acreditado que había incurrido en la prohibición estatutaria del art. 67 inc. "g" del Acuerdo 2300 ("Propiciar o efectuar trámites o actuaciones administrativas o judiciales referentes a asuntos de terceros"), siendo encuadrada la conducta punible en lo establecido en el art. 11 inc. "g" del Acuerdo 3354 ("Violación o inobservancia de las prohibiciones dispuestas para la función o el cargo"). Para ello se prevé, directamente, la sanción contemplada en su art. 7 apartado II inc. "a", que fue la aplicada en autos no obstante la inexistencia de antecedentes disciplinarios.
Cabe traer a colación que a partir de la denuncia del titular del organismo donde se desempeñaba, en el procedimiento sumarial se tuvo por comprobado que la exagente Blanco, en horario de actividades y con recursos propios de la oficina judicial (computadora, teléfonos y fax), asesoraba a terceros preparándoles descargos relacionados a multas de tránsito por infracciones cometidas tanto dentro como fuera de la jurisdicción provincial. Todo esto, verificado a partir de la inspección que se hizo sobre los archivos almacenados en su equipo de trabajo (donde constaban varios documentos de texto con el nombre "descargo" seguido del apellido del interesado), como asimismo de los testimonios que tuvieron lugar tanto en sede administrativa como judicial, ante la formación de causa penal por la presunta comisión de delito (conf. IPP 16-00-005986/13, caratulada "Tanús, Julio Javier s/ formula denuncia en San Nicolás").
El eje de su defensa y consecuente fundamento de las pretensiones anulatoria, de restablecimiento de derechos e indemnizatoria, sin perjuicio de otras alegaciones, es la inviolabilidad de los datos contenidos en la computadora que tenía asignada en el juzgado correccional y la condición de familiares o allegados de aquellos que solicitaron y recibieron su asistencia legal o procuración.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia del juzgado de primera instancia, que a su turno había rechazado la demanda en todos sus términos.
Para así decidir, en lo que fue objeto de agravio por ante esa alzada, sostuvo que:
III.1. La materialidad de la infracción estaba fuera de duda e incluso fue reconocida por la propia actora, simplemente justificándose haberlo hecho como favor a familiares y allegados;
III.2. Tratándose el equipo informático de un bien del Estado asignado a una funcionaria para desarrollar tareas específicas, no había allí una expectativa de privacidad constitucionalmente tutelada, siendo válida la adquisición de prueba por ese medio (el voto parcialmente disidente opinó lo contrario en este aspecto, pero concurrió en los restantes fundamentos y, por ello, con el resultado). Para más, destacó que la máquina fue oportunamente intervenida por el señor agente fiscal en el marco de la IPP 16-00-005986-13, respetándose todas las garantías penales involucradas;
III.3. No se logró desvirtuar el testimonio de la persona que confesó ante la Fiscalía haber concurrido al domicilio de la señora Blanco y que, al comentarle acerca de la notificación de una multa de tránsito, ella se ofreció a realizarle un descargo a cambio de la suma de doscientos pesos;
III.4. El planteo de inconstitucionalidad relacionado con el Acuerdo 3354 estaba genéricamente fundado, no siendo procedente una declaración en tal sentido por ser la ultima ratio ;
III.5. La crítica contra el rechazo del pedido de "caducidad" de las actuaciones sumariales era técnicamente insuficiente, además de que el pronunciamiento del señor juez de grado mostraba expresa justificación legal y no daba cuenta de un plazo irrazonable en la tramitación del expediente que derivó en la cesantía;
III.6. No se constataba que en la especie haya operado una reformatio in pejus . Independientemente de no explicarse adecuadamente en qué consistía este agravio, a todo evento cabía señalar que durante la imputación de los cargos se expresó claramente cuáles eran ellos, coincidentes con los que al cabo del procedimiento determinaron la sanción expulsiva.
IV. Contra esta decisión se alzó la actora mediante recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley, sorteando la valla de admisibilidad únicamente el segundo (venida en queja por el primero, este fue rechazado por resol. de 28-V-2021).
Se plantea acá la violación de normas constitucionales y procesales, desarrollándose la infracción en dos capítulos consecutivos:
IV.1. Bajo el rótulo "Arbitrariedad", la actora dice que se violó el "principio de congruencia", dado que si bien el art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial les impide a los jueces de las cámaras fallar sobre capítulos no propuestos por las partes, de ello no se sigue que no deban suplir cualquier deficiencia en el escrito recursivo merced al postulado iura novit curia . Tal pareciera, debiendo respaldar a toda costa su intento remedial, puesto que nunca pudieron soslayar las irregularidades ocurridas durante el sumario administrativo ( i.e. , la extracción de datos de la computadora que tenía asignada dentro del juzgado), contaminando así la prueba.
Alternativamente, denuncia un exceso de punición proponiendo un catálogo alternativo de agravantes -no acaecidas- y citando fallos de este Tribunal sobre tales temas.
IV.2. Con el título "Absurdo", complementa lo anterior al hablar de una "...absurda valoración de la pieza recursiva porque no evidencia un estudio lógico y razonado de los elementos que la integran", sin especificar nada más concreto.
La insuficiencia del recurso es más que evidente y, como ambos puntos son promiscuos, los abordaré conjuntamente.
V.1.a. En cuanto a la arbitrariedad de la sentencia como doctrina pretoriana de origen federal, hay que tener en cuenta que la invalidación sobre tales bases es de carácter excepcional, además de que su planteo no puede tener por objeto sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que les son privativas (CSJN Fallos: 338:623) -entre las que se incluyen la selección y valoración de las pruebas (CSJN Fallos: 328:957)-, ni corregir en ulteriores instancias fallos equivocados o que se reputen tales en orden a temas no federales. Semejante invocación solo cabe ser admitida frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no puedan adquirir validez jurisdiccional (CSJN Fallos: 329:2206 y 3761; 330:133 y 717 y 339:1066; doctr. causa A. 75.616, "Dalbón", sent. de 19-VIII-2020; e.o.).
V.1.b. Respecto al absurdo, propio del ámbito local, cabe recordar que este hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida. No cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento: una anomalía extrema (doctr. causa A. 73.173, "Frías", sent. de 29-V-2019; e.o.).
Asimismo, esta Corte ha señalado que establecer la existencia de un acto irrazonable por exceso de punición constituye una cuestión de hecho, que en principio resulta irrevisable en la instancia extraordinaria, salvo que se presente el excepcional vicio mencionado (doctr. causas Ac. 96.025, "Giannico", sent. de 19-IX-2007; A. 71.485, "Amaya", sent. de 4-VI-2014; A. 75.616, "Dalbón", sent. de 19-VIII-2020; e.o.).
En cualquier supuesto, el error debe -como se dijo- ser grave. No es suficiente para abrir la vía la exteriorización de un punto de vista discrepante con el de los sentenciantes y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por quien recurre (doctr. causas A. 70.148, "Cocci", sent. de 28-III-2012; A. 73.864, "Lattini", sent. de 25-IV-2018; A. 74.467, "Gagliero", sent. de 28-XI-2018; e.o.).
Sobre esas premisas, adelanto que en autos no puede tenerse por configurada la arbitrariedad o el absurdo en la sentencia recurrida.
V.2. Más allá de lo riesgoso que podría resultar para el mantenimiento del equilibrio procesal el seguimiento, a todo trance, de la tesis sugerida por la actora en instancias ulteriores del juicio, pretendiendo que los magistrados suplan absolutamente todos sus errores o descuidos (conf. doctr. causa A. 73.981, "Donadío", sent. de 5-X-2020), antes que propugnar la violación del genérico postulado iura novit curia con una forzada interpretación del art. 279 del Código Civil y Comercial, la carga que pesaba sobre la apelante en el recurso de inaplicabilidad era identificar las normas -constitucionales o legales- que garantizaban la protección de la privacidad de sus documentos almacenados en la computadora de la oficina, desarrollando cómo fue que estas resultaron violadas o mal aplicadas por la Cámara (conf. doctr. causas A. 68.934, "Llanos Choque", sent. de 3-IX-2008; A. 70.286, "G., D. M.", sent. de 17-VIII-2011; A. 72.731, "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Allan", sent. de 16-VIII-2017; e.o.). Eso era algo ineludible, que no se hizo, lo que conduce inexorablemente a concluir en la insuficiencia del planteo.
El argumento luce además extraño, al querer -como también se insinúa- vincular la facultad de los jueces de rectificar el derecho aplicable al caso, con el análisis del material fáctico producido como prueba en el expediente, lo cual trata de una típica cuestión de hecho que transita por otras reglas (conf. art. 384 y concs., CPCC).
Como fuere, destaco que el a quo sí se refirió puntualmente a las pruebas obtenidas del equipo informático asignado a la exagente Blanco para el cumplimiento de sus tareas. Más allá del acierto o error de sus disquisiciones, brindó plausibles razones para justificar un grado de tutela constitucional menor al que podría esperarse en circunstancias diferentes, merecedoras posiblemente de una mayor expectativa de privacidad con la consecuente resistencia a intromisiones.
Pero eventualmente, dejó en claro que tal cosa no era dirimente dado que el resto del material probatorio (principalmente, las declaraciones testimoniales y el propio reconocimiento de los hechos) conducía a la convicción acerca de la consumación de la falta cuya gravedad justificaba la sanción segregativa. Es útil resaltar que en esto último estuvieron de acuerdo los tres camaristas, al margen de la disidencia del doctor De Santis al primer tópico (la inviolabilidad de los datos de la computadora).
Siendo así, advierto que no se rebaten todos los argumentos estructurales del fallo, dejando en pie otros que le dan sustento bastante (doctr. causa A. 76.255, "Souto", sent. de 12-II-2021; e.o.).
En tales condiciones, ya sea que estemos frente a una denuncia de arbitrariedad o de absurdo, desprovista de todo indicio preciso acerca de un obrar inocultablemente caprichoso por parte de los judicantes, ella no puede ser atendida. Sobre todo, cuando la alegación no excede
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.