Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72825
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.825, "Grinberg, Eduardo Benjamín y otros c/ HTC s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso de Inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kohan, Mancini, Natiello, Violini, Maidana, Borinsky.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la demandada; en consecuencia, revocó el pronunciamiento de primera instancia sólo en cuanto le reconoció el derecho a las diferencias salariales con anterioridad al día 23 de julio de 2003 y confirmó lo resuelto con relación al período posterior a la fecha indicada -conforme arts. 55, 58, 59 y concordantes del Código Contencioso Administrativo- (v. fs. 325/339).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 337/359 vta.) el cual fue oportunamente concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 361 y vta.).
Oída la señora Procuradora General (v. fs. 407/411), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 412), agregado el memorial de la demandada a fs. 421/427 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 15 y 23 de la ley 12.727, 29 de la ley 12.874 y 27 de la ley 13.002 y su inaplicabilidad a los actores (conf. art. 50 inc. 4, CCA). Asimismo, anuló la resolución 11/07 emanada del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (HTC) y le reconoció la restitución de las sumas retenidas y las diferencias salariales no abonadas con anterioridad al día 23 de julio de 2003.
II. Apelada la sentencia por la Fiscalía de Estado (v. fs. 256/259 vta.), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, hizo lugar parcialmente a la impugnación, dejó sin efecto la sentencia de grado en cuanto reconoció las diferencias salariales por el período anterior al día 23 de julio de 2003 y confirmó lo resuelto en relación con las que fueron liquidadas con posterioridad a dicha fecha (conf. arts. 55, 58, 59 y concs., CCA).
Para así decidir, en lo que al recurso interesa, consideró que lo resuelto por el señor juez de primera instancia, en cuanto a los alcances del reconocimiento de las diferencias, se apartaba de la doctrina legal de esta Corte e indicó que, en el caso, se "...torna inatendible parcialmente la acción interpuesta en cuanto ella tiene por objeto la impugnación de las deducciones anteriores al 23-VII-2003 cuando es sólo a partir de esa fecha que la medida dispuesta aparece desprovista de suficiente justificación, con los datos de la realidad, oportunamente ponderados por la Suprema Corte de Justicia en la mencionada causa B. 64.621 'UPCN', sent. de 1-X-2003 y que se reitera en la causa I. 2312 'AERI', sent. de 1-X-2003..." (v. fs. 328 vta.).
Sostuvo que hasta ese entonces, día 23 de julio de 2003, aquellas restricciones representaron una razonable adecuación proporcional al fin público perseguido, que encontrara justa causa en la emergencia y en el prudente ejercicio de prerrogativas que tiene el Estado para modificar el contrato de empleo, no trasvasando los límites que la razonabilidad y las exigencias que la situación impuso (cfr. causa cit.). Concluyó que la perpetuación, más allá de dicha fecha y con apoyo en la nueva prórroga prescripta por el art. 51 de la ley 13.002, de las reducciones salariales y previsionales dispuestas por el art. 15 de la ley 12.727 de conformidad con su planilla anexa, lesionaba el derecho a una justa retribución y percepción de haberes que se desprende de los arts. 39 y 40 de la Constitución provincial en cabeza de los agentes estatales activos y en pasividad, dentro de las bases establecidas por el art. 103 inc. 12 de la misma Carta, y sostuvo que este es el alcance y la razón que asiste a los actores en el presente juicio.
En orden a los fundamentos expuestos, consideró que correspondía hacer lugar parcialmente al recurso de apelación, por lo cual confirmó la sentencia en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la extensión de la medida de emergencia consistente en los descuentos de haberes, a partir del día 23 de julio de 2003 (arts. 5, 14, 14 bis, 17, 28, 33, 43 y concs., Const. nac. y 1, 10, 20, 31, 39, 57 y concs., Const. prov.) y la revocó en relación con la declaración de invalidez de las normas en ciernes puesto que desoyó la doctrina legal aplicable al caso.
III. Contra lo resuelto, la parte actora deduce recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 337/359) mediante el cual solicita que se revoque parcialmente la sentencia de Cámara, dejando sin efecto los alcances de la decisión en cuanto dispone que se le reconozca el derecho a partir del día 23 de julio de 2003 en lugar de la fecha del mes del mes de julio de 2001, tal como le fue concedido en primera instancia al igual que le reconoce el sueldo anual complementario (SAC) con relación al primer y segundo semestre del año 2002. Por otra parte, consiente lo decidido en cuanto ordenó el reintegro de las sumas retenidas de sus haberes entre el periodo 23 de julio de 2003 al 31 de diciembre de 2003 y el sueldo anual complementario, con intereses.
Alega que el fallo de la Cámara, al mantener los topes máximos fijados en sus haberes por las leyes 12.727, 12.874 y 13.002, en el periodo que abarca del día 1 de julio de 2001 al día 22 de julio de 2003, vulnera el derecho de propiedad. Insiste en que la quita de más del treinta y tres por ciento (33%) es confiscatoria e infringe lo dispuesto en los arts. 11, 31 y 39 de la Constitución provincial y 14 bis y 17 de la Constitución nacional.
Con igual fundamento ataca la decisión de la Cámara que dispuso el reconocimiento del SAC solo respecto al segundo semestre del año 2003, negando la percepción de dicho concepto respecto al año 2002 y primer semestre del ciclo mencionado (año 2003). Arguye el padecimiento de una verdadera ablación de sus derechos por cuanto se le retuvo el cien por ciento (100%), suprimiendo el pago cuando en el marco de la "emergencia", cuando lo que pudo haberse realizado, en forma razonable, era una quita proporcional, como se hizo con los salarios.
Sostiene que las leyes cuestionadas establecieron en sus anexos una escala mediante la cual se iban realizando quitas a los empleados públicos, las cuales en su caso no le fueron aplicadas vulnerando el derecho a la igualdad de trato ante las cargas públicas (conf. arts. 11 y 39, Const. prov. y 14 bis, 16 y 28, Const. nac.), pues se le aplicó una quita con base a un tope salarial.
Asimismo, indica que la discriminación también surge cuando, por la aplicación de los arts. 30 de la ley 12.874 y 28 de la ley 13.002, se dispone abonar el SAC a quienes "...son de planta permanente con estabilidad, y no abonarlo a quienes son planta permanente, pero sin estabilidad..." (sic, fs. 340 vta.); afirma que esto deviene irrazonable.
Finalmente, se agravia del monto máximo alegando que infringe el derecho a la percepción de una retribución justa conf. arts. 39 inc. 1, Const. prov. y 14 bis, Const. nac.
IV. El recurso prospera.
IV.1. En primer lugar, he de señalar que seguiré los fundamentos expuestos por el doctor de Lázzari en las causas A. 71.027, "Giuliano", sentencia de 15-II-2017 y A. 72.979, "Betolaza", sentencia de 29-VIII-2017, entre muchas otras, agregando mi parecer en punto a las particularidades que este caso presenta.
Este Tribunal ha dicho que por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad solo cabe cuestionar la validez de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales frente a disposiciones de la Constitución de la Provincia, conforme los arts. 161 inc. 1 de la Constitución local y 299 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas Ac. 58.527, sent. de 20-II-1996; Ac. 78.220, resol. de 7-VI-2000; Ac. 85.402, resol. de 11-XII-2002 y Ac. 91.177, resol. de 1-IX-2006).
Advierto que las críticas efectuadas por la recurrente están dirigidas a demostrar la confrontación de las normativas dictadas por la Provincia en el marco de la emergencia económica y financiera del 2001 y sus consecuentes modificatorias, ampliatorias y/o complementarias, con los derechos y garantías contemplados por la Constitución provincial.
Conforme surge de las constancias obrantes en la causa, la parte actora pretendía la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 15 y 23 de la ley 12.727; 29 y 30 de la ley 12.874 y 27 y 28 de la ley 13.002, junto al decreto 2.698/05 y los consecuentes actos de ejecución, junto a la nulidad de la resolución HTC 11/07, y pide que se condene a la demandada al pago de las diferencias de haberes entre los efectivamente abonados y las deducciones efectuadas que excedieran el treinta y tres por ciento (33%) a partir del mes de julio de 2001, más el pago del sueldo anual complementario (SAC), correspondiente al ejercicio 2002 y primer semestre de 2003. Con intereses (v. alcance solicitado, fs. 336/337, pto. II.1.).
IV.2. Por otra parte, es dable señalar que la impugnante consintió lo resuelto por el a quo (v. fs. 340/341, pto. II.4.), por lo que corresponde expedirse respecto a lo que no ha quedado firme. En tal orden, cabe determinar si las restricciones impuestas a los haberes de los recurrentes por las normas de emergencia económica aquí impugnadas -respecto de los períodos no consentidos- superan el test de validez supralegal conforme los agravios articulados con el recurso.
Corresponde, entonces, por razones de celeridad y economía procesal, remitirse a los fundamentos del precedente "AERI" (causa I. 2.312, sent. de 1-X-2003), donde este Tribunal, por mayoría, resolvió, en orden a la temporaneidad de la emergencia, que las restricciones impuestas a las remuneraciones de los agentes por la ley 12.727 fueron válidas constitucionalmente hasta el día 23 de julio de 2003, límite que, por los mismos fundamentos, considero que cabe extender a la situación de autos.
IV.3. En cuanto al examen de las cuestiones sustanciales referidas a la irrazonabilidad de las medidas establecidas en los arts. 23 de la ley 12.727, 29 y 30 de la ley 12.874 y 27 y 28 de la ley 13.002, en cuanto se dispuso los topes salariales de $6.400 para el caso del art. 23 y $4.500 más la no percepción del sueldo anual complementario (SAC) respecto de las demás normas, aquí también por razones de brevedad, corresponde remitir a la causa I. 2.522, "Medivid", sentencia de 21-IX-2011.
Como quedara de manifiesto en aquella causa, a partir de la vigencia de estas normas comienza a aplicarse sobre los haberes de los actores una doble limitación: 1) la reducción impuesta por el art. 15 de la ley 12.727, su planilla anexa y las normas que la modificaron; 2) la derivada de la aplicación de las disposiciones aquí impugnadas.
IV.3.a. En primer término, corresponde analizar si los topes afectan a cada uno de los actores de un modo que pudiera considerarse irrazonable, por resultar confiscatorio.
El requisito de razonabilidad, límite al que se halla sometido para su validez constitucional todo el ejercicio de la potestad pública, reclama la existencia de circunstancias justificantes, fin público, adecuación a él del medio utilizado para su obtención y ausencia de iniquidad manifiesta (art. 28, Const. nac.; v. causas I. 1.499, "Fiscal de Estado Prov. Bs. As. s/ Inconstitucionalidad arts. 9 y 10 de la ley 10.904", sent. de 9-III-1999 y B. 59.819, "Borone", sent. de 23-IV-2008).
La razonabilidad constituye un principio general de derecho (creación doctrinaria y jurisprudencial, con fundamento en los arts. 28 y 33, Const. nac.), aplicado específicamente como límite de la discrecionalidad administrativa. Su control implica verificar -además de los requisitos ineludibles de fin público, medio adecuado y ausencia de iniquidad manifiesta- la existencia de "circunstancias justificantes", es decir, que la restricción impuesta a los derechos ha de hallarse fundada en los hechos que le dan origen, procurando que las normas aplicables mantengan coherencia con las reglas constitucionales, de suerte que su aplicación no resulte contradictoria con lo establecido por la ley fundamental (causas B. 56.073, "Gómez de González", sent. de 10-V-2000; B. 52.762, "Hernández", sent. de 31-III-2004; e.o.).
En sentido concordante, el ilustre maestro Augusto Mario Morello, haciendo referencia al principio de razonabilidad, dijo que "...es para nosotros el más caro y orientador. Es el talón de Aquiles del edificio del derecho. El punto determinante de las proporciones; el que establece los límites, que, como enseñaba Ihering, es el punto crucial para llegar 'hasta ahí', en las circunstancias del caso o problema que se trate" (Morello, Augusto Mario; El proceso civil moderno , Editora Platense, 2001, pág. 129).
Es deber de la judicatura, en su labor de verificación de la razonabilidad de las medidas adoptadas recordar que tanto el salario como el haber previsional, en virtud de su naturaleza alimentaria, deben ser objeto de tutela, predominando axiológica, sociológica y normativamente este enfoque.
IV.3.b. En punto a la confiscatoriedad, esta Suprema Corte ha fijado en el treinta y tres por ciento (33%) de la remuneración del personal en actividad el umbral que, traspuesto, convierte a la reducción en confiscatoria y por ende inconstitucional (cfr. causas I. 1.124, "Lombas González", sent. de 13-VIII-1985, "Acuerdos y Sentencias", 1985-II-441; I. 1.912, "Barsotelli", sent. de 19-IX-2007; B. 61.376, "Alé", sent. de 9-IV-2008; I. 2.522, "Medivid", sent. de 21-IX-2011; entre muchas otras).
En definitiva, la limitación establecida sobre el emolumento del empleado o pensionado con fundamento en la declaración de emergencia, superior al treinta y tres por ciento (33%), resulta "confiscatoria" o "irrazonable", razón por la cual el empleado o pensionado tendrá derecho a que se le reintegren las sumas descontadas más allá del referido porcentaje (Fallos: 289:443).
V. En cuanto a la pretendida inconstitucionalidad de los arts. 30 de la ley 12.874 y 28 de la ley 13.002, que dispusieron que no se devengaría el sueldo anual complementario correspondiente a los funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la situación institucional de cada uno de los integrantes del organismo constitucional impone otra solución.
Los órganos de asesoramiento y control de la Provincia de Buenos Aires -v. fs. 130, dictamen de Asesoría General de Gobierno; fs. 132, el informe Contaduría General y fs. 133, la vista Fiscalía de Estado- y la propia resolución HTC 11/07 -v. fs. 141/143- en su art. 2, dispusieron el pago total del SAC correspondiente a los años 2002 y 2003, en orden a que se trataba de personal permanente con estabilidad, conf. arts. 159, Const. prov. y 6, ley 10.869, orgánica del HTC. En el mismo sentido se expidió este Tribunal en la causa A. 71.027, "Giuliano", sent. de 15-II-2017.
Los arts. 30 de la ley 12.874 y 28 de la ley 13.002, disponen que el sueldo anual complementario (SAC) correspondiente a los ejercicios fiscales 2002 y 2003 no se devengará a favor de "...los funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo incluidos aquéllos cuya designación requiera acuerdo de la Honorable Cámara de Senadores y/o de la Honorable Cámara de Diputados que revisten como personal permanente sin estabilidad, incluidos Asesores de Gabinete, autoridades superiores y personal temporario con rango equivalente a los nombrados precedentemente...".
Como lo ha sostenido reiteradamente el Alto Tribunal nacional la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 302:973) y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167). Por lo demás, la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen (Fallos: 306:721 y 307:518), por lo cual las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras, computando que los términos empleados no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos (Fallos: 200:165).
En definitiva, la primera fuente de exégesis de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente "...con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contemplado por la norma" (CSJN Fallos: 320:61 y 323:3139).
Tal como se desprende claramente del texto expreso del precepto transcripto, su aplicación está limitada al personal permanente sin estabilidad en el cargo, mientras que los integrantes del Honorable Tribunal de Cuentas, de acuerdo a la normativa constitucional referida más arriba, resultan "...inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Podrán ser removidos en la misma forma y en los mismos casos que los jueces de las Cámaras de Apelación" (conf. art. 159, Const. prov.).
Asimismo, el art. 6 de la ley 10.869, texto según ley 13.339, orgánica del Honorable Tribunal de Cuentas, dispone que "El Presidente y los Vocales del Tribunal gozarán de las mismas prerrogativas que los miembros de las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial y podrán ser enjuiciados por la Ley del Jurado de Enjuiciamiento. No podrán aceptar ni desempeñar comisiones o funciones públicas encomendadas interinamente por el Poder Ejecutivo u otro Poder del Estado [...] Tendrán un tratamiento remunerativo no inferior al fijado por todo concepto para el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, siéndoles aplicable idéntico régimen previsional que a dicho magistrado".
De todo ello se colige que, en este caso, se trata de funcionarios que gozan de estabilidad en sus cargos y, tal como lo determinara el art. 2 de la resolución HTC 11/07, no han sido alcanzados por la normativa de emergencia que disponía el no devengamiento del SAC, por lo que deberá abonarse a cada uno de ellos su pago total correspondiente a los años 2002 y 2003.
VI. A mérito de las razones expuestas, considero que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad incoado (art. 303, CPCC), anulándose en lo pertinente la resolución HTC 11/07 y declarando la inconstitucionalidad sobreviniente de los arts. 15 de la ley 12.727, su planilla anexa y, asimismo, la inconstitucionalidad parcial -temporal y sustancial- de los arts. 23 de la ley 12.727, 29 y 30 de la ley 12.874 y 27 y 28 de la ley 13.002 (arts. 12 inc. 2, 16, 50 incs. 1, 2, 4 y concs., CCA, ley 12.008, texto según ley 13.101; 5, 14, 14 bis, 17, 28 y concs., Const. nac. y 1, 10, 20, 31, 39, 57 y concs., Const. prov.) con el alcance que se desprende de los considerandos que anteceden, condenando a la demandada a abonar a la parte actora la totalidad del sueldo anual complementario correspondiente a los períodos 2002 y 2003.
El juzgado de origen deberá ordenar una liquidación individual para cada accionante respecto a los rubros reconocidos en este decisorio y la restitución o el pago dispuesto precedentemente sólo se hará efectivo en tanto no hubieren sido ya percibidos por cada uno de ellos.
A dichas sumas se deberá adicionar el importe correspondiente a los intereses, los que se calcularán, desde cada uno de los períodos en que se hubieren devengado y hasta el efectivo pago, de acuerdo a la tasa establecida en el pronunciamiento de
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