Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76003
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.003, "Buceta Diaz, Marta Lilia y otros c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que al caso interesa, rechazó los recursos de apelación interpuestos por los letrados apoderados de la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 579/586 vta.).
Disconformes con ese pronunciamiento, Marta Lilia Buceta Diaz, Adriana María Cappella, Juan Carlos Carballo, Ramón Jorge Carnota, Luis José Cayrol, José Rodolfo Dandolo, Rubén Luis Delle Ville, Néstor Roberto Diaz, Alberto Antonio Di Pasquo, Carlos Alberto Donato, Juan Carlos Duarte, Jorge Patricio Laffitte, Norberto Maintenu, Adalberto Horacio Mendes, José Manuel Mendez, Héctor Luis Pérez y Norberto Jorge José Raddusso, interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 21 de abril de 2019, 4:48:12 p.m.).
Por su parte, los actores José Luis Cicolini y Alberto Criado, interpusieron recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6 de mayo de 2019, 8:25:51 a.m.), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente a fs. 590/591 y 594/595, únicamente para el primero de los nombrados.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 29-VI-2021), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 615) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por Marta Lilia Buceta Diaz, Adriana María Cappella, Juan Carlos Carballo, Ramón Jorge Carnota, Luis José Cayrol, José Rodolfo Dandolo, Rubén Luis Delle Ville, Néstor Roberto Diaz, Alberto Antonio Di Pasquo, Carlos Alberto Donato, Juan Carlos Duarte, Jorge Patricio Laffitte, Norberto Maintenu, Adalberto Horacio Mendes, José Manuel Mendez, Héctor Luis Pérez y Norberto Jorge José Raddusso mediante presentación electrónica de fecha 21 de abril de 2019, 4:48:12 p.m.?
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por José Luis Cicolini en su presentación electrónica de fecha 6 de mayo de 2019, 8:25:51 a.m.?
3ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley interpuesto por este último en la misma presentación?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata desestimó el recurso deducido por Marta Lilia Buceta Diaz, Adriana María Cappella, Juan Carlos Carballo, Ramón Jorge Carnota, Luis José Cayrol, José Rodolfo Dandolo, Rubén Luis Delle Ville, Néstor Roberto Diaz, Alberto Antonio Di Pasquo, Carlos Alberto Donato, Juan Carlos Duarte, Jorge Patricio Laffitte, Norberto Maintenu, Adalberto Horacio Mendes, José Manuel Mendez, Héctor Luis Pérez y Norberto Jorge José Raddusso, quienes adquirieron su beneficio previsional bajo la vigencia de la ley 11.761 y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia que rechazó la pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos promovida contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la cual solicitaran el reajuste de sus haberes en relación a los aumentos que hubiere obtenido el personal activo bajo los rubros no remunerativos y la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 (v. fs. 579/586 vta.).
I.1. Para así decidir, el Tribunal de Alzada señaló que se remitía al criterio sentado en casos análogos resueltos por el con anterioridad.
Reprodujo los fundamentos plasmados en tales precedentes y puntualizó que, conforme a lo allí decidido, correspondía confirmar la sentencia de primera instancia que dispuso la aplicación al caso del principio general que rige la materia previsional, de acuerdo con el cual el régimen legal aplicable al beneficio es aquel vigente a la fecha de cesación de servicios, y en caso de pensión, el de la fecha del fallecimiento del causante.
En ese orden, dijo estar frente a un sistema que presentaba diferentes requerimientos de antigüedad y edad para acceder al beneficio (y, por ende, exigía distintas contribuciones), a la vez que impedía sucesivas modificaciones cuando estas tuviesen por objeto alterar un componente ya consumado y consolidado sobre la base del régimen en vigor al momento del cese de actividades o del deceso, según el caso.
Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un bloque que incluía la base de cálculo del haber y el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad, esta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a alteraciones futuras (conf. art. 39 inc. 3, Const. prov.).
En ese contexto estimó acertado lo resuelto por el fallo de primera instancia al considerar que, conforme a los principios generales que rigen la materia previsional, no era posible que situaciones consumadas al amparo de dicho marco legal pudieran sufrir alteraciones a futuro en virtud de disposiciones que modificaren la concepción integral, para un mecanismo que debe comprenderse como totalidad.
I.2. Con referencia al agravio relativo a la aplicación del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, sostuvo que esa situación había sido resuelta en otros precedentes de la propia Cámara, recordando que allí se había advertido acerca de la similitud de la cuestión con la doctrina legal de esta Corte sentada en las causas A. 69.664, "González", sentencia de 6-V-2009 e I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009, en las cuales se descartó el carácter confiscatorio del porcentaje de descuento, al no superar el límite del 33% sobre las remuneraciones de los activos en la determinación del haber de los pasivos.
Destacó que el carácter contributivo del sistema previsional, basado en el equilibrio de los recursos y en la solidaridad, permitía adoptar un criterio favorable al pago de aportes a cargo de los afiliados pasivos, siempre que no se rebasare lo anterior.
Por lo tanto, concluyó que correspondía resolver conforme al criterio de esta Corte, sin que se apreciaran nuevos elementos que justificaren apartarse de aquel, ni constatarse que se haya traspasado el límite que hace a la validez constitucional del ejercicio de la prerrogativa pública.
I.3. Finalmente, desestimó el reclamo de reajuste de los haberes previsionales peticionado en función de los aumentos percibidos por el personal activo en forma mensual, normal y habitual, desde el dictado del decreto 392/03, en la proporción del 82%.
Puso de relieve que el foco de la pretensión se asentaba en los contornos remunerativos de los suplementos, algo que no era suficiente para considerarlos incorporados al sueldo básico mientras no existiere una decisión del empleador en ese sentido.
El juez que inició el acuerdo -dejando a salvo su opinión personal vertida en otro antecedente- ratificó su adhesión al criterio mayoritario adoptado por la Cámara en varias causas, en las que dicho órgano entendió que no debían calcularse ni computarse las asignaciones en controversia a fin de determinar el haber jubilatorio.
Puso de manifiesto que la fijación del salario y los pertinentes adicionales habían sido practicados de conformidad con las resoluciones emitidas por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires y los arts. 1, 8 y 24 inc. "m" de la Carta Orgánica de esa entidad, sin haber acreditado la parte actora las diferencias alegadas durante el período reclamado.
Señaló que, al no comprobarse las acreencias, el reclamo sustentado en el carácter remunerativo de los rubros pretendidos no era procedente.
Expresó que la cuestión atinente a la naturaleza de los adicionales "no remunerativos" establecidos por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires había motivado numerosos pronunciamientos de este Superior Tribunal provincial (conf. causas B. 56.548, "Bastida", sent. de 26-V-1999 y B. 55.328, "Bustos", sent. de 26-IX-2012) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso "Donnarumma", sent. de 29-X-1996).
Destacó que en este último precedente el Máximo Tribunal nacional señaló que si el Banco instituyó para los funcionarios en actividad una asignación no remunerativa sobre las que no se efectuaron aportes, los pasivos no tenían derecho a computar en su haber jubilatorio las sumas resultantes de dicho adicional.
Además, expresó que en virtud de que el período al cual se remontaba el requerimiento judicial era el de actividad, debía desestimarse el reclamo impetrado en tanto se había demostrado que se habían abonado la totalidad de los componentes retributivos reconocidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para el personal activo en el lapso pretendido y, diferir todo lo relativo a los contornos remunerativos a otro debate.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, los demandantes denuncian violación de la doctrina legal sentada por esta Corte en las causas I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009; B. 54.929, "Bardi", sentencia de 30-V-1995; B. 56.123, "Sarandria", sentencia de 12-V-1998; entre otras, como así también vulneración de los derechos de defensa en juicio y propiedad, la garantía del debido proceso y el principio de igualdad ante la ley, consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. escrito electrónico de fecha 21 de abril de 2019, 4:48:12 p.m.).
A su vez, aducen que la Cámara transgredió la resolución 74/07 dictada por la caja previsional demandada y los arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Alegan también que se apartó del principio de progresividad previsional y de las leyes 20.744 -por lo dispuesto en el convenio colectivo de trabajo 18/75- y 11.761 -modificada por las leyes 13.364 y 13.873-.
II.1. Los recurrentes esgrimen que con las constancias agregadas a la causa se ha acreditado que el art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 resulta "confiscatorio", conforme lo resuelto por este Tribunal en la causa "Velurtas" (sent. de 10-VI-2009) y, por tal razón, se vulnera el derecho de propiedad garantizado por los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial y el principio de progresividad previsional consagrado en los tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional.
II.2. Dicen que la caja, por acta de fecha 19 de mayo de 2008, aprobó la reducción del aporte al 2% a cargo de los beneficiarios de la ley 11.761 y que tal rebaja ya se había dispuesto en la resolución 74/07 para todos los jubilados y/o pensionados -hubiesen iniciado o no juicio-, a partir del 1 de agosto de 2007.
II.3. Respecto al reajuste del haber previsional en relación con los aumentos que hubiere obtenido el agente en actividad bajo los rubros "no remunerativos", mantienen que la sentencia es arbitraria.
Refieren que la Cámara, en otras causas en que también interviniera, desestimó las demandas deducidas por jubilados de la misma entidad a pesar de haberse probado que las sumas de dinero no remunerativas fueron abonadas en forma mensual, normal y habitual, resolviendo además una cuestión que en esta causa no abordó, ligada a la falta de legitimación pasiva de la entidad demandada.
Luego se agravian más concretamente porque en autos el a quo rechazó el reajuste pretendido con sustento en que los códigos "no remunerativos" no se demostraron indebidamente aplicados, a pesar de que la pericia contable estableció que fueron abonados al personal activo en forma mensual, normal y habitual desde diciembre de 2003 hasta mayo de 2009.
Esgrimen que sus beneficios se liquidan conforme a un sistema arbitrario establecido en el art. 57 de la ley 11.761 que prevé para su cálculo el promedio de los diez últimos años de salarios percibidos tomando sólo en consideración los rubros con aportes, excluyéndose los códigos no remunerativos, aun cuando pueda acreditarse que se abonaron en forma habitual y regular durante el período señalado y que poseen las características que permiten subsumirlos en aquel concepto.
Finalmente, destacan que según los recibos de haberes acompañados y la prueba informativa, se ha acreditado que el perjuicio sufrido por los actores desde el mes de mayo de 2004 hasta el mes de mayo de 2009 -fecha del acta de aumento salarial del 19% sobre los rubros remunerativos y no remunerativos percibidos por el personal activo- es del 33,05%.
II.4. Por otro lado, expresan que la Cámara omitió el tratamiento de cuestiones que consideran esenciales, como es la aplicación de la convención colectiva de trabajo 18/75; los arts. 1, 20 siguientes y concordantes del Estatuto del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires; y el reconocimiento del acta de acuerdo salarial de fecha 29 de mayo de 2009.
Añaden que tampoco fue abordado lo concerniente al escalafón del personal de la institución bancaria, que regula las categorías y para cada una de ellas establece coeficientes que deben aplicarse sobre cada aumento.
Manifiestan que el fallo atacado incurre en un exceso formal en la interpretación de las resoluciones dictadas por la caja demandada. A ello agregan que el tribunal tampoco analizó si estas fueron aplicadas en contradicción con la doctrina legal de esta Suprema Corte.
II.5. Por último, denuncian la existencia de fallos contradictorios.
Alegan que en el caso "Anca, José Luis y otros c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos" la misma Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto reconoció el reajuste de los haberes previsionales a quienes se jubilaron bajo la ley 11.761. Ello así, por considerar que los aumentos salariales otorgados durante el período diciembre de 2003 a febrero de 2009, como códigos no remunerativos, revestían en realidad incrementos en los sueldos de los activos.
III. El recurso intentado no puede prosperar en razón de su insuficiencia, tal como esta Corte lo ha señalado a propósito de impugnaciones estructuradas en forma análoga a la aquí analizada y que involucraban similares agravios (art. 279, CPCC; conf. causas A. 75.730, "Blanco", sent. de 23-IX-2020; A. 74.774, "Bringas", sent. de 22-XII-2020; A. 76.303, "Ballarini", sent. de 9-IV-2021; A. 74.760, "Coria", sent. de 26-V-2021; A. 76.002, "Agustoni", sent. de 22-IX-2021; e.o.).
III.1. En primer lugar y en punto a la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, el escrito en el que se interpone y funda el remedio procesal en estudio no constituye una réplica idónea a las motivaciones esenciales de la sentencia atacada.
En efecto, como quedara expuesto en el relato de antecedentes, la Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia que, a su turno, había expuesto en apoyo del rechazo de tal planteo la doctrina legal de esta Corte que surge de la causa I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009.
Asimismo, el pronunciamiento de primera instancia descartó el carácter "confiscatorio" del porcentaje de descuento, por no haberse acreditado que superara el límite del 33% sobre las remuneraciones de los activos en la determinación del haber de los pasivos, no afectando así las normas que garantizan el derecho de propiedad.
Esta parcela del decisorio no ha sido objeto de impugnación idónea por los recurrentes, quienes se limitan a reiterar consideraciones anteriormente formuladas que, como se ha visto, tuvieron respuesta desfavorable ya en el pronunciamiento de primera instancia -acerca de la inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. "e" de la ley 11.761 (conf. art. 21 inc. "d", ley 13.364)-, insistiendo sobre la aplicación de resoluciones administrativas que establecieron la reducción del aporte a cargo del beneficiario y en la vulneración del derecho de propiedad y del principio de progresividad previsional, mas sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por los jueces de grado para desestimar su pretensión.
Tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias del proceso, disímil al del órgano judicial sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y fundadamente desechadas por el juzgador y cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas (doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; e.o.).
Siendo de ese tenor los agravios traídos a esta instancia extraordinaria, corresponde el rechazo de tales reproches (art. 279 in fine , CPCC).
III.2. Con respecto a la alegación de que la sentencia resulta arbitraria por no considerar la prueba producida en autos respecto de los aumentos dispuestos en favor del personal activo como rubros no remunerativos, cabe señalar que la Cámara confirmó el fallo de primera instancia al estimar que el reclamo de los actores no permitía reputarlos remunerativos en tanto el Banco nunca les había asignado tal carácter y, por ende, no se habían realizado aportes sobre tales conceptos.
Citó, en sustento de tal postura, pronunciamientos de este Tribunal además de lo resuelto por la Corte nacional en la causa "Donnarumma" (Fallos: 319:2476), concluyendo que las diferencias salariales impagas requeridas por distintos rubros no habían sido demostradas, delimitando a su vez el reclamo al período en actividad de los demandantes.
En su recurso, los impugnantes simplemente transcriben el concepto de "remuneración" que en forma amplia se estableciera en distintos pronunciamientos en el marco de causas que se identifican, a saber: "toda suma de dinero que el empleador abona al trabajador en relación de dependencia, debe necesariamente ser considerada parte integrante de ella, salvo que el empleador logre acreditar fehacientemente que el dinero abonado no tenía esa naturaleza (v.gr. viáticos por gastos efectivamente realizados, o bien, un premio estímulo o gratificación accidental por una tarea especial)".
Apuntan que la circunstancia de que la demandada tiempo después haya modificado la caracterización de los ítems como "remunerativos" importaría el reconocimiento acerca del carácter que siempre tuvieron.
Pero la protesta planteada en estos términos carece de idoneidad impugnatoria, pues no logra poner de manifiesto que la decisión del Tribunal de Alzada resulte descalificable por arbitraria (CSJN Fallos: 244:384; 294:376; 328:957; 330:4211; 331:477; e.o.). En tal sentido, los impugnantes limitan su esfuerzo argumental a reiterar los mismos agravios que fueron abordados por la Cámara e insisten en el pago de suplementos que a su criterio revistieron los caracteres de mensuales, normales y habituales.
Empero, la crítica en esos términos resulta ineficaz en esta instancia, toda vez que se argumenta en paralelo y no se logra desbaratar frontalmente el razonamiento seguido por el a quo para fundar la denegatoria de la pretensión impetrada (doctr. causas A. 75.630, "Montoto", sent. de 27-VI
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.