Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75961 P
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.961.P, "Atu Chico S.A. c/ Municipalidad de Exaltación de la Cruz s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Soria , Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás, desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Exaltación de la Cruz (v. pronunciamiento, fs. 231/235 vta.) y, en consecuencia, confirmó la providencia dictada por la señora jueza de primera instancia mediante la cual se declaró la extemporaneidad de la contestación de la demanda, dando por decaído el derecho de la citada parte demandada a replicar el escrito de inicio (v. fs. 217).
Disconforme con este pronunciamiento, la apoderada del municipio mencionado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 259/271 vta.), cuya denegatoria (v. fs. 272 y vta.), motivó la interposición de una queja en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 344/349 vta.), la que fue acogida por esta Suprema Corte por resolución de fecha 5 de octubre de 2020.
En la citada decisión esta Corte consideró que la resolución que tuvo por no contestada en término la demanda resultaba equiparable a una sentencia definitiva, por cuanto, dadas las particularidades del caso, podría deparar un perjuicio de insusceptible reparación ulterior, con mengua de la defensa en juicio y el debido proceso (arts. 10 y 15, Const. prov. y 18, Const. nac.; causas C. 95.000, "Pérez", resol. de 21-X-2009 y L. 120.769, "Toja", resol. de 19-X-2018; v. fs. 351/352 vta.).
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, en el marco de una pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por Atu Chico S.A., dictó un proveído con fecha 10 de diciembre de 2018 por medio del cual declaró extemporánea la contestación de la demanda, dando por decaído el derecho de la Municipalidad de Exaltación de La Cruz a replicar el escrito de inicio (v. fs. 217).
II. Contra dicha decisión la demandada dedujo recurso de apelación, en el que solicitó la revocación de la citada providencia, y peticionó se declare ingresada en término la contestación de la demanda (v. fs. 296/305).
Expuso los siguientes agravios: a) ausencia de fundamento legal en tanto no se cita la normativa aplicable, resultando una decisión dogmática, que vulnera el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y b) interpretación estricta e irrazonable del art. 36 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo.
Manifiesta que en esa tarea hermenéutica se prescindió de otras normas del mencionado ordenamiento procesal que consagran la apelación de dicha decisión conforme lo normado por los arts. 55 y 56 del Código Contencioso Administrativo y el criterio de esta Corte que fluye de la causa A. 70.902, "Quinteros", sentencia de 11-IV-2018.
En ese marco, entendió irrazonable considerar que el plazo que prevé el art. 36 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo comienza a computarse desde la notificación de la resolución emitida por la señora magistrada de primera instancia, en tanto si esta resulta susceptible de apelación, el plazo debe computarse luego de que esta se encuentre firme ya sea que esta se recurra o no.
Sostiene que otra interpretación de las normas resulta irrazonable por afectar su derecho de defensa.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás rechazó dicho recurso y, en consecuencia, confirmó lo proveído por la señora jueza de primera instancia (v. fs. 231/235).
Para así resolver, en primer lugar desechó el planteo vinculado con el alegado dogmatismo y ausencia de fundamentación del proveído que tuvo por extemporánea la contestación de la demanda, invocando para ello el principio general de la perentoriedad de los plazos procesales y el art. 36 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo.
En segundo lugar, y en punto al reproche referido a la interpretación estricta e irrazonable de este último artículo, lo consideró inadmisible tanto por la claridad de los términos de este como así también por el conjunto de las normas procesales aplicables. Por último, agregó que eventualmente la actora debió impugnar la resolución que, a la par de rechazar las excepciones, reanudaba el plazo para contestar la demanda dentro de los treinta (30) días de notificada.
III.1. Igual suerte adversa mereció el argumento respecto a que el plazo para contestar la demanda debía comenzar a contarse una vez que estuviese firme la mentada resolución, lo que ocurriría al vencerse el término para deducir una eventual apelación.
Consideró que para ello hubiera sido necesario un cuestionamiento del art. 156 del Código Procesal Civil y Comercial, en virtud del cual los plazos comienzan a correr desde la notificación, y ante esa omisión este resulta de aplicación estricta al caso.
III.2. Por último, estimó que aun cuando correspondiese esperar a que quede firme la decisión de primera instancia, esta se encontraba firme por no haber sido cuestionada en tiempo oportuno por la demandada.
Precisó que los preceptos legales aplicables no someten a algún otro plazo o condición el comienzo del plazo procesal y que, en caso de que así lo decidiera un magistrado, debía indicarlo expresamente para evitar situaciones dudosas.
Añadió que la Municipalidad demandada no había planteado una aclaratoria para despejar cualquier duda acerca de cómo debía computarse el plazo.
Finalmente, con transcripción de doctrina de autor, se refirió a la finalidad de las notificaciones en los juicios, entre ellas, la de iniciar el cómputo del plazo para realizar un acto procesal, tal como ocurriera en el caso.
IV. Contra dicho pronunciamiento, la Municipalidad de Exaltación de la Cruz interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 155 y 156 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y 36 inc. 1, 53, 55, 56 y 77 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo (v. fs. 259/271 vta.).
Asimismo, alega la vulneración de la doctrina legal de esta Corte que cita.
IV.1. En primer lugar, postula que la Cámara efectuó una errónea aplicación de los arts. 155 y 156 del Código Procesal Civil y Comercial.
Aduce que el fallo en crisis, al sustentarse en tales preceptos, omitió citar el art. 77 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo e indagar, tal como exige ese dispositivo, la compatibilidad de estos con las previsiones específicas del citado Código, ello a los fines de determinar el momento en el cual se inicia la reanudación del plazo para contestar la demanda cuando se hubieren desestimado las excepciones planteadas (cfr. art. 36 inc. 1, CCA).
En ese orden, señala que la Cámara, al aplicar supletoriamente los arts. 155 y 156 del Código Procesal Civil y Comercial, soslayó los arts. 55 y 56 del Código Contencioso Administrativo, que permiten impugnar la resolución que desestima las excepciones. Agrega que se desconoció la doctrina de esta Corte emergente de la causa A. 70.902, "Quinteros", sentencia de 11-IV-2018 y reiterada en la causa A. 73.063, "Romero", sentencia de 21-VI-2018, que admitió la procedencia del recurso de apelación contra el pronunciamiento que rechazara la excepción de inadmisibilidad de la pretensión por vencimiento del plazo de caducidad, por encuadrarse esa decisión en las previsiones del art. 55 inc. 2 apartado "c" del Código Contencioso Administrativo.
Sostiene que no correspondía efectuar un cuestionamiento contra el art. 156 del Código Procesal Civil y Comercial -tal como sugiere el fallo atacado-, eludiendo la potencial apelación de la resolución que desestimara las excepciones. Ante esa situación considera que la Cámara incurrió en una interpretación errónea en torno a la ley aplicable y vulneró el principio de especialidad que establece la prevalencia de la norma específica sobre la genérica.
A su vez, señala que tampoco analizó la reanudación del plazo para contestar la demanda como un caso administrativo no previsto y omitió distinguir el tipo de interés en juego. Con ello aduce que la decisión impugnada es producto de un razonamiento absurdo al prescindir de cómo debe efectuarse la remisión al Código Procesal Civil y Comercial y de las cuestiones reguladas por el Código Contencioso Administrativo.
Pone de manifiesto que el fallo en crisis, al aplicar de modo indiscriminado el art. 156 del Código Procesal Civil y Comercial, intentó generalizar el momento a partir del cual comienzan a computarse los plazos procesales, perdiendo de vista los supuestos en los cuales esto no es así. A fin de ejemplificar ello, trae a colación los arts. 49, 59 y 72 del Código Contencioso Administrativo donde se establece que los plazos allí dispuestos comienzan a contarse desde que han quedado firmes y consentidas las providencias que ahí se consignan.
IV.2. Entiende también que el Tribunal de Alzada ha efectuado una interpretación parcial, estricta, literal y descontextualizada del art. 36 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo.
Tal como planteara en el recurso de apelación, sostiene que se ha omitido efectuar una hermenéutica sistemática entre ese precepto legal y los arts. 53, 55 y 56 del Código Contencioso Administrativo y que -si bien aclara- no establecen acerca de su procedencia cuando se desestiman las excepciones, cobra trascendencia la doctrina que fluye de la causa "Quinteros", anteriormente citada.
En ese orden afirma que la reanudación del plazo para contestar la demanda comienza a computarse desde que la resolución que rechaza las excepciones haya quedado firme y consentida y que, para el supuesto en que se deduzcan recursos contra esa decisión, el cómputo del término para efectuar la réplica quedará suspendido hasta tanto se resuelvan las vías recursivas impetradas.
Concluye así que el tribunal de alzada también contradice los lineamientos sentados por esta Corte, referidos a la interpretación armónica y sistemática de las normas, lo que no se compadece con los arts. 15 y 166 párrafo quinto de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
IV.3. Por último, aduce que la Cámara incurre en argumentación contradictoria, al indicar, por un lado, la "claridad" de la resolución de fecha 15 de agosto de 2018, y por el otro, indicar que resultaba carga de la demandada plantear una aclaratoria.
Finalmente, asevera que el razonamiento de la Cámara ha cercenado su derecho de defensa resguardado por los arts. 18 de la Constitución nacional y 15 de su par provincial, y que cualquier otro criterio al que postula transgrede el art. 28 de la Constitución nacional.
V. Conforme surge del relato de antecedentes efectuado, la cuestión central a dilucidar en autos consiste en determinar si el plazo de treinta días establecido en el art. 36 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo para contestar la demanda debe computarse a partir de la notificación de la resolución que rechaza las excepciones en cuestión o si, por el contrario -como plantea el recurrente-, es menester que primero transcurra el plazo que se tiene para apelar dicha decisión, para recién luego de transcurrido y firme dicho decisorio comience a correr el término otorgado para contestar la demanda.
A ese respecto, adelanto que no asiste razón al recurrente.
V.1. Como vimos, inicia su embate en la errónea aplicación de lo normado por los arts. 155 y 156 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
Considera que la Cámara, al aplicar tales preceptos, ha prescindido del art. 77 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo al no examinar la compatibilidad entre estos y los arts. 34, 36, 55 y 56 del Código Contencioso Administrativo, referidos a la resolución de excepciones y su potencial apelación, como también vulnerado la doctrina de esta Corte sentada en la causa A. 70.902, "Quinteros", sentencia de 11-IV-2018 y reiterada en la causa Q. 73.063, "Romero", sentencia de 21-VI-2018.
De otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, también aduce que la Cámara ha incurrido en un razonamiento absurdo.
V.2. La crítica ensayada no es de recibo.
Del relato de los antecedentes se desprende que la Cámara interviniente, si bien invocó la regla general de la perentoriedad de los plazos procesales y el comienzo de estos desde la notificación consagrados expresamente en los arts. 155 y 156 del Código Procesal Civil y Comercial, luego también se apoyó en la previsión puntual del art. 36 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo y, en base a ellos, concluyó que el término para contestar la demanda comenzaba a contarse a partir de la notificación de la decisión de primera instancia que desestimara las excepciones planteadas y ordenara reanudar el término para replicar el escrito inicial, ello dada la claridad de esta última norma.
Frente a ello, la recurrente insiste en postular una aplicación errónea de los preceptos del ordenamiento civil y comercial por haber soslayado la circunstancia de que la resolución en cuestión resulta potencialmente apelable de conformidad con las previsiones específicas del Código Contencioso Administrativo, considerando que -por lo tanto- el plazo para contestar la demanda debía computarse desde que esta quede firme.
En tal embate, lejos de dar las razones por las que la Cámara no se ajustó a lo dispuesto por el art. 77 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, se limita a realizar su propia interpretación de las normas, conforme su propio interés, lo que de modo alguno se compatibiliza con las normas específicas de este último, ni con las supletorias establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial.
En efecto, cabe recordar que el art. 36 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo establece "La decisión del juez que desestimare las excepciones planteadas, ordenará la reanudación del plazo para contestar la demanda, lo que deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de notificada".
Y que el art. 77 a su turno dispone "...1. Serán de aplicación al trámite de los procesos administrativos, en cuanto no sean incompatibles con las prescripciones del presente Código, las normas previstas en el Código Procesal Civil y Comercial...".
Por su parte, el Código Procesal Civil y Comercial en lo que aquí interesa prevé: "Artículo 155: Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios...".
El art. 156 establece que: "Los plazos empezarán a correr desde la notificación y si fuesen comunes, desde la última. No se contará el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles".
De la normativa antes transcripta surge claro que el modo de computar el inicio de un plazo procesal establecido en el Código Procesal Civil y Comercial no resulta incompatible con la previsión que al respecto contiene la legislación procesal contencioso administrativa.
En efecto, la reanudación del plazo para contestar la demanda conforme se dispone en el art. 36 inc. 1, esto es desde la notificación de la decisión del juez que desestimare las excepciones planteadas, luce conforme a lo que, en forma genérica, se establece en la normativa procesal civil y comercial.
Ahora bien, la circunstancia de que esa resolución resulte apelable no importa que el plazo que se reanuda deba comenzar luego del que el demandado tiene para recurrir, sino tan solo que, en caso de que lo haga, ese término comenzará a correr recién cuando quede firme la resolución interlocutoria que decide la impugnación, y esto es una consecuencia del efecto suspensivo de los recursos (cfr. art. 56 inc. 5, CCA).
Para fundar esta interpretación la recurrente trae doctrina de este Tribunal que entiende ha sido desconocida en el caso, planteo que tampoco puede prosperar.
En rigor de verdad, en las causas A. 70.902, "Quinteros" y A. 73.063, "Romero", esta Corte resolvió que la resolución que rechaza una excepción de inadmisibilidad de la pretensión por vencimiento del plazo de caducidad es susceptible de apelación en tanto esta genera en quien la opuso un gravamen que no puede ser reparado por la sentencia definitiva, situación prevista expresamente en el art. 55 inc. 2 apartado "c" de dicho ordenamiento procesal.
Esta doctrina en modo alguno ha sido desconocida por la Cámara interviniente; por el contrario, a los fines de establecer el cómputo inicial del plazo que se reanudaba para la réplica del escrito inicial consideró, justamente, que la decisión de primera instancia mediante la cual se desestimaron las excepciones planteadas no había sido impugnada.
En tal contexto, la invocación del absurdo, la denuncia de una errónea interpretación en torno a la ley aplicable y la vulneración del principio de especialidad reprochado por la recurrente no resultan argumentos atendibles.
Por su parte, la recurrente también aduce que la Cámara ha incurrido en una interpretación literal y parcial del art. 36 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo y, a la vez, asistemática al haber soslayado los arts. 53, 55 y 56 del Código Contencioso Administrativo.
Como se señalara anteriormente, la Cámara juzgó que el plazo para contestar la demanda se reanudaba "...desde la notificación" de ese pronunciamiento por cuanto el mismo no había sido impugnado, ello con sustento en la previsión puntual del art. 36 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo.
Al resolver como lo hizo, no se observa que se haya desentendido del resto de las normas del Código Contencioso Administrativo que regulan las vías legales recursivas ni la doctrina de esta Corte que fluye de la causa A. 70.902,"Quinteros", sentencia de 11-IV-2018 y reiterada en la causa A. 73.063, "Romero", sentencia de 21-VI-2018, pues -como antes señalé- la cuestión atinente a la impugnación de las decisiones que resuelven excepciones no ha sido ignorada en el caso por la Cámara interviniente.
A propósito de la suspensión de las resoluciones que desestiman excepciones y disponen la reanudación del plazo para contestar la demanda ante la promoción de vías recursivas, esta Suprema Corte tuvo oportunidad de expedirse en el sentido de que el plazo de treinta días para contestar la demanda debe correr desde que se notificó al recurrente la denegación del recurso extraordinario interpuesto, ello atento a que es a partir de ese momento en el que se pierde el efecto suspensivo que posee la deducción de este (doctr. causas A. 76.059, "Reckitt Benkiser Argentina y otros" y A. 76.052, "Centro Médico Integral Fitz Roy S.A.", sents. de 2-VI-2020).
Circunstancias que difieren sustancialmente de los supuestos invocados por la recurrente, establecidos en los arts. 49, 59 (v. art. 263, CPCC, por remisión al libro I, Título IV, capítulo IV, sección 3) y 72 del Código Contencioso Administrativo, en los cuales expresamente se establece que el plazo comenzará a correr una vez que las providencias adquieran firmeza.
V.3. Por último, el planteo basado en el quebranto de principios y preceptos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la transgresión de otras normas, no acreditada en el caso (doctr. causas L. 99.422, "Forcelli", se
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