Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75817
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (art. 303, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 68 y 303, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.817, "Benítez, Miguel Angel contra Fisco de la provincia de Buenos Aires y ot. Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2.078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó el rechazo de la demanda.
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 355/357), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó el rechazo de la demanda.
Explicó que el actor ingresó a la fuerza el 26 de febrero de 1976 como agente de policía, y el 17 de enero de 2005 fue notificado de la resolución n° 2.187 que dispuso su retiro voluntario, en el cargo de Sub Oficial Mayor.
Agregó que con la posterior sanción de la ley 13.982 (B.O., 27-IV-2009) que dispuso una nueva correlación de cargos, y por aplicación del decreto 3.000/10 (referente a la garantía de movilidad del haber previsional), el demandante fue reencasillado en la jerarquía de Teniente 1°, alegando -por tal motivo- una retrogradación y vulneración a sus derechos constitucionales a la igualdad, estabilidad y propiedad, entre otros.
Sin perjuicio de lo expuesto, y a partir del dictado de la ley 14.382 (B.O., 18-IX-2012), se reconoció la readecuación salarial, otorgándosele la jerarquía de Mayor.
Bajo estos parámetros, aclaró que la controversia quedó circunscripta a determinar si correspondía reconocer al actor el derecho alegado en relación al reescalafonamiento operado y la consecuente declaración de inconstitucionalidad del art. 76 y anexo II de la ley 13.982.
En tal sentido, luego de reseñar la plataforma fáctica y jurídica del caso, y dejando a salvo que la pretensión de ascenso ligada al derecho a la carrera supone el servicio activo que concluye con el alta del beneficio previsional, señaló que, habiendo consolidado el actor su situación de pasividad bajo el régimen de la ley 13.201, la correlación generada por la ley 13.982 (B.O., 27-IV-2009), no daba lugar a cuestión constitucional alguna, tal como lo entendió la magistrada de grado, y cuyos argumentos no pudieron ser rebatidos por el apelante.
Sostuvo que el reencasillamiento operado a partir de las disposiciones generales de la ley 13.982 (anexos I y II), en su aplicación a los pasivos (conf. art. 21 bis del decreto 3.000/10) no sólo expresó el ejercicio de una potestad del Poder Ejecutivo ejercida sin observaciones de razonabilidad, sino que a la vez demostró un propósito por mantener la regla de proporcionalidad para lo previsto, tanto en la ley 13.201 como en el decreto ley 9.550/80, respecto de los nuevos escalafones y su aplicación al personal de retiro bajo alguno de esos regímenes.
De este modo, afirmó que el actor desconoció el principio que niega la existencia de un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes, sin que ello sea óbice para que una nueva legislación modifique esas perspectivas.
Aseguró que en el caso no se observa vulneración de los derechos constitucionales de propiedad y estabilidad en el empleo, ni se advierte irrazonabilidad de las disposiciones en el análisis que realiza el magistrado de grado.
Aclaró que tampoco se encuentra afectada la garantía de igualdad, toda vez que la normativa garantiza idéntico trato a quienes se encuentran en una misma posición jerárquica (arts. 16, Const. nac.; 11, Const. prov.; 1.1 y 24, CADH).
Advirtió, en tal sentido, que la discriminación alegada no se aviene a un criterio de equivalencia en el que sus años de servicio puedan considerarse fuente suficiente para condicionar el ejercicio de una potestad que sólo ha procurado nivelar la situación de los activos y pasivos, siendo que estos últimos han clausurado su situación en la carrera en el preciso momento de obtener el beneficio consecuente (conf. art. 21 bis, decreto 3.000/10).
En este orden, precisó que no se ha demostrado qué otras situaciones en igualdad de condiciones a las invocadas fueron tratadas en el régimen normativo de un modo diferente.
De esta manera, señaló que la queja del actor contiene enunciaciones generales relativas al sistema normativo en su conjunto, pero sin la precisión que requiere la tacha constitucional en su enunciación, motivo que, al quedar descartados los óbices considerados, torna ineficaz el agravio para sostener el planteo constitucional.
A mayor abundamiento, expuso que el régimen normativo contempla una disposición tendiente a preservar todo impacto salarial negativo, con motivo del reescalafonamiento prescripto; ello así, con el enunciado del art. 86 de la ley 13.982, que despeja toda variable de disminución que pudiere violentar el derecho adquirido del pasivo, dejando a salvo así sus garantías constitucionales al respecto.
Por otra parte, aclaró que también resultaban insuficientes los argumentos tendientes a obtener un reconocimiento de la jerarquía de Mayor con un alcance más amplio que el otorgado por el legislador mediante la ley 14.382, pues el derrotero recursivo delineado aparecía desprovisto de elementos de convicción que le otorgaran andamiento, en la medida que ese propósito intentaba superar una limitación temporal hacia atrás, en tanto dicha ley no prevé su aplicación retroactiva.
Agregó, en lo atinente al ascenso pretendido, que el actor tampoco cuestionó la constitucionalidad del art. 57 de la ley 13.982, que dispone "El retiro es definitivo, cierra el ascenso y produce vacantes en el grado y escalafón a que perteneciera el agente en actividad", el cual termina de sellar la suerte adversa del recurso intentado.
II. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
Denunció que el fallo de la Cámara, sin haber sustanciado la constitucionalidad de la norma, convalidó el art. 76 y anexos de la ley 13.982 cuando estos violentan gravemente los derechos de igualdad, propiedad y estabilidad en el empleo público.
Alegó que la sentencia impugnada confirmó la aplicación de una movilidad ficticia que lo perjudica y que fue evidenciada con la entrada en vigencia de la ley 14.382, mediante la que se modificó la movilidad al cargo de Capitán, pero sin reconocerle el rango de Mayor y todas las diferencias salariales desde la entrada en vigencia de la ley 13.982.
Invocó el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que consagra los principios de progresividad, justicia social e interpretación a favor del trabajador, entre otros.
Consideró que en el caso corresponde un tratamiento más profundo sobre la cuestión constitucional introducida.
III. El recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto no puede prosperar.
III.1. Sabido es que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, la vía elegida sólo se abre en el supuesto de que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales, confrontados con normas de la Constitución local (conf. art. 161 inc. 1, Const. prov. y causas Q. 71.994, resol. de 4-VII-2012; Q. 71.952, resol. de 1-VIII-2012; Q. 72.011, resol. de 2-V-2013; e.o.).
Ahora bien, ha dicho también este Tribunal que, en su desarrollo expositivo, el recurso de inconstitucionalidad debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (conf. causas Ac. 32.929, sent. de 30-XI-1984, DJBA, t. 128, pág. 330; Ac. 83.866, sent. de 16-IV-2003; Ac. 88.944, sent. de 11-V-2005; A. 72.054, sent. de 29-VIII-2018 y A. 73.410, sent. de 8-VI-2020, e.o.).
En especial, además de la referencia a las normas constitucionales que se reputan vulneradas, quien alega la inconstitucionalidad de una norma tiene el deber de demostrar con argumentos sólidos de qué manera aquella contraría preceptos constitucionales, evidenciando el error jurídico del fallo (conf. Ac. 41.159, sent. de 12-XII-1989 en "Acuerdos y Sentencias", 1989-IV-554; Ac. 83.866, sent. de 16-IV-2003; Ac. 88.944, sent. de 11-V-2005 y A. 74.274, sent. de 30-XII-2020, e.o.).
Entiendo que esta pauta no puede tenerse por cumplida en la especie.
Los agravios traídos ante esta instancia se agotan con el señalamiento de la transgresión por parte de los preceptos cuestionados a diversos derechos y garantías reconocidos en la Constitución nacional y en su par provincial, cuando lo que se debió efectuar es una exposición acabada del conflicto que se plantea entre la norma que se impugna y las cláusulas constitucionales invocadas.
En tales condiciones, no advierto la incompatibilidad constitucional denunciada, ni el recurrente ha desarrollado argumentos que resulten suficientemente concluyentes para justificar una decisión de tal gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico (conf. mis votos en causas L. 72.278, sent. de 3-XI-2004; L. 85.900, sent. de 6-VII-2005 y L. 84.229, sent. de 27-VII-2005 y A. 72.046, sent. de 29-V-2019, entre muchos otros).
III.2. Para más, cabe advertir que el tema en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , circunstancia que resulta suficiente para dar respuesta al recurso bajo análisis.
En las causas A. 73.211, "Balbastro", sentencia de 25-IV-2018; A. 73.862, "Migliori", sentencia de 3-V-2018; A. 73.959, "Belloti", sentencia de 6-VI-2018 y A. 74.275, "Chiquini", sentencia de 29-VII-2018, esta Suprema Corte indicó que el Poder Ejecutivo estableció por vía reglamentaria las equivalencias por correlación de cargos entre el anterior régimen del decreto ley 9.550/80 y el de la ley 13.201, luego sustituida por la ley 13.982 y el decreto 1.766/05 (personal de apoyo), en cumplimiento de lo exigido por el art. 27 de la ley 13.236, respetando la identidad con el reescalafonamiento efectuado legislativamente para quienes se encontraban en actividad, circunstancia que disipa los reproches a la legitimidad de las normas analizadas, en las que no se advierte exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria.
Considero pues que la impugnación aquí deducida no puede prosperar, atento que, sin perjuicio del insuficiente planteo de inconstitucionalidad introducido en la especie, al igual que en las causas citadas, no se logró acreditar en autos la errónea aplicación de las normas ni la violación de derechos denunciada, insuficiencia que habilita a esta Corte a disponer su rechazo atento su carente fundamentación (conf. art. 279, por remisión art. 300, CPCC).
III.3. Por último, tampoco resultan audibles por este remedio los cuestionamientos vinculados con la convalidación normativa posterior o el reconocimiento efectuado por la ley 14.382, ya que tales agravios debieron ser canalizados a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
IV. En función de lo expuesto, que estimo suficiente para rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad intentado, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, voto por la negativa .
Las costas de esta instancia se imponen a la recurrente vencida (arts. 68 y 303, CPCC).
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (art. 303, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 68 y 303, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2022 20:01:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/04/2022 09:49:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2022 18:31:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 17:59:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 19:37:07 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 25/04/2022 19:38:32 hs. bajo el número RS-27-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia