Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77267
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 31 bis, ley 5827; texto según ley 13.812), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, primer párr. y 289, in fine , CPCC).
A.77.267 “CIFUENTES HECTOR EDUARDO Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE MORON S/PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín confirmó la sentencia de grado que había convalidado la cesantía de los agentes Cifuentes y Prestes, por entender que la jueza de primera instancia había efectuado una correcta ponderación de la prueba obrante en las actuaciones, en tanto que los demandantes no habían ofrecido elementos de juicio idóneos para acreditar la inexistencia de las infracciones que les fueron imputadas, ni de la responsabilidad por la cual el municipio los había sancionado (v. sent. de fecha 28-VIII-2020).
Para así decidir, anticipó que era de aplicación al caso la ley 11.757 -hoy derogada-, en tanto los reclamos efectuados se hallaban ceñidos temporalmente a momentos anteriores a la entrada en vigor de la ley 14.656.
Ingresando al análisis de los agravios, con fundamento en fallos de este Tribunal, sostuvo que la circunstancia de que la justicia en lo penal hubiera considerado que no encontraba pruebas suficientes que permitieran afirmar la materialidad ilícita del hecho que dio lugar a la formación de la causa, no incidía en las conclusiones del sumario instruido, ya que su sustanciación había obedecido a la necesidad de establecer si la conducta desplegada por los agentes se traducía en faltas a los deberes propios de la función que aquellos cumplían, las que, luego de comprobadas, dieron lugar a la aplicación de una sanción de naturaleza estrictamente disciplinaria.
Señaló la a quo que se desprendía que al momento del dictado del decreto por medio del cual se dejó cesantes a los actores, estos no contaban con la tutela sindical prevista en el art. 48 de la ley 23.551, en la medida en que la misma se prolongó hasta el 5 de noviembre de 2012 y el mentado decreto fue dictado el 30 de noviembre de 2012.
En este punto rechazó el argumento relativo a que la demandada no había iniciado oportunamente el desafuero gremial de los actores, disponiendo en cambio el inicio del sumario administrativo y suspendiendo de manera cautelar sus actividades sin goce de haberes en plena vigencia de la tutela sindical. Destacó, por el contrario, que fueron los propios agentes quienes, a pesar de tener a su alcance los mecanismos previstos en los arts. 47 y 52 de la ley 23.551, no instaron acción alguna que impidiera la medida que ahora cuestionan.
Finalmente, consideró que no resultaba irrazonable la sanción expulsiva dispuesta, sino antes bien, proporcionada a las faltas comprobadas, porque ello repercutía en la pérdida de la confianza en los agentes (v. sent. de fecha 3-VI-2021).
II. Disconforme con ese pronunciamiento, en lo que aquí interesa destacar por ser materia de agravio, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal fundándolo, de manera genérica, en la denuncia de la transgresión que significó la sentencia de la Cámara a su derecho constitucional, con cita de los arts. 161 inc. 3 ap. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 278 a 295 del Código Procesal Civil y Comercial.
Desarrolla este acápite de su recurso, exponiendo sobre doctrina de autores y volcando sumarios de fallos tanto de jurisdicción provincial como nacional, en lo referente a que no existe régimen alguno que sea exorbitante de los derechos, garantías y principios constitucionales consagrados, teniendo en especial consideración que el empleado público es, ante todo, un trabajador, por lo que debe entenderse que se encuentra amparado por los grandes principios del derecho laboral (v. presentación electrónica de fecha 23-VI-2021, a las 00:36:14 a.m.).
La Cámara lo concedió con fecha 15 de julio de 2021.
III. El remedio no puede prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
En tal sentido, los argumentos esbozados por los recurrentes, destinados genéricamente a rebatir o exponer deficiencias vinculadas a la interpretación y aplicación de la ley, permiten advertir que solo se han limitado a exteriorizar un punto de vista discrepante con la labor valorativa de los sentenciantes, exponiendo la forma en que, según su parecer, debían interpretarse las constancias de la causa, lo cual, sabido es, no constituye base idónea de agravios.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causa A. 74.493, cit., e.o.).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente. Esto es, demostrar los errores jurídicos que, a juicio del recurrente, padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016, e.o.).
V. Para más, tampoco es de recibo el agravio referido a la violación de la doctrina legal, que la recurrente intenta fundar con la transcripción genérica de sumarios jurisprudenciales de esta Corte -e incluso de la Corte federal-, pues para demostrar su existencia no basta con identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe demostrarse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa, cosa que se omite (conf. causas A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015; A. 75.729, "Fuentes", resol. de 25-IX-2019; A. 76.277, "Transportadores Unidos de Quilmes S.A.", resol. de 19-II-2020).
VI. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 31 bis, ley 5827; texto según ley 13.812), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, primer párr. y 289, in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/05/2022 10:10:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2022 16:49:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/05/2022 09:56:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2022 12:37:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2022 13:25:48 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/05/2022 13:31:33 hs. bajo el número RR-409-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia