Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77243
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.243, "Asociación Inquietudes Ciudadanas c/ Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud, Carral.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó la resolución de primera instancia en cuanto hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por el tercero citado AMX Argentina S.A., ordenando la remisión de las actuaciones al fuero federal (v. resol. electrónica de fecha 26-V-2021).
Contra dicho pronunciamiento, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 11 de junio de 2021, 13:33:28), el que fue concedido por la Cámara actuante (v. resol. electrónica de 29-VI-2021).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 6 de diciembre de 2021, 15:15:07), dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 7 de diciembre de 2021), agregada la memoria de AMX Argentina S.A. (v. presentación electrónica de fecha 22 de diciembre de 2021, 12:51:23 p.m.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Zárate-Campana hizo lugar a la excepción de incompetencia planteada por la citada como tercero obligado, AMX Argentina S.A. y, en consecuencia, entendió que la justicia federal era la competente para conocer y decidir en el litigio. Por eso, ordenó la remisión de las actuaciones al Juzgado Federal con asiento en la ciudad de Campana (v. resol. electrónica de 18-XI-2020).
Contra dicho pronunciamiento, Fiscalía de Estado, en defensa del Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) y de la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires (DPE) -entidades que fueron citadas al proceso como terceros coadyuvantes- dedujo recurso de apelación.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás desestimó el remedio, confirmando así la resolución de grado (v. resol. electrónica de 26-V-2021).
A su vez, indicó a la señora jueza de primera instancia que, siendo hasta el momento parte la Provincia, a los fines del envío de las actuaciones debía tener en cuenta que, conforme al art. 117 de la Constitución nacional, podría encontrarse comprometida la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
II.1. En lo que al caso interesa, expresó que para dirimir el fuero competente correspondía considerar, en primer término, los hechos que servían de antecedente a la pretensión. En segundo lugar, cuál era su carácter, su objeto mediato e inmediato. Y luego, los derechos invocados por el demandante, como los que se verían afectados a consecuencia de ese objeto mediato, ponderando en el medio los regímenes específicos que regulan las actividades tanto del demandado como de los citados como terceros.
Tras recordar las pautas de esta Corte para la determinación de la competencia, reseñó que el objeto de la demanda consistía en que: "1) Se ordene el cese del daño ambiental de incidencia colectiva provocado por la contaminación visual provocada por el cableado aéreo instalado por la accionada y existente en el Partido de Zárate, que viola claras normas de orden público [...] y que importa -además- un verdadero peligro para la seguridad de la población; 2) Se condene a la demandada a la recomposición o remediación del ambiente, agraviado y conculcado por ella, procediendo a: (i) la desinstalación de todo cableado aéreo, soportes, postes, amarras, etcétera, en el plazo y bajo el apercibimiento que se fije [...] y (ii) a la reinstalación del cableado correspondiente en forma subterránea en el modo, tiempo y forma que se disponga judicialmente". Lo anterior, con invocación expresa de las leyes ambientales 11.723 y 25.675, las cláusulas relevantes de las Constitución nacional y su par provincial y de diversos tratados internacionales.
Puntualizó que, al describir los hechos, la actora en su escrito inaugural se focalizó en el estado del cableado aéreo que produciría la alegada contaminación visual, afectando el ambiente y poniendo a su vez en peligro la salud y seguridad de la población. Hizo también mención de otras empresas que compartían el mismo tendido aéreo que la cooperativa demandada, respecto de las cuales adujo que promovería acciones judiciales de forma individual.
Ante ese escenario, recalcó que el objeto inmediato de la pretensión era el reconocimiento y restablecimiento de derechos (conf. art. 12 inc. 2, CCA), mientras que su objeto mediato era la desinstalación del cableado aéreo y de los elementos que le sirven de sostén, como asimismo el posterior reemplazo de la infraestructura por una soterrada.
Relató que luego de contestada la demanda, la magistrada de primera instancia hizo lugar parcialmente al pedido de citación de terceros requerido por la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda., ordenando traer al juicio a las firmas AMX Argentina S.A. y Fibertel S.A. -quienes compartían postes y tendidos-, al OCEBA, la DPE y a la Municipalidad de Zárate.
II.2. Descartó que la pretensión actoral estuviera dirigida a cuestionar la ordenanza 4.465 invocada por la Fiscalía de Estado y la Municipalidad de Zárate y apreció que, para abordar las prestaciones de hacer que se exigían en el caso, debía acudirse a una diversidad de regímenes, puesto que más allá de la afectación de derechos de naturaleza ambiental, cabía estimar que las actividades señaladas estaban destinadas a la satisfacción de otro tipo de derechos de interés público. Por lo cual, dijo que, para evaluar la coordinación y balance entre esos derechos, se exigía ponderar conjunta e integralmente el sentido y alcance de normas federales. Esencialmente: la Ley Nacional de Telecomunicaciones n° 19.798 y la Ley de Argentina Digital n° 27.078.
II.3. En otro punto, el a quo consideró que la doctrina que emerge de las causas C. 94.669, "Granda", resolución de 25-IX-2013 y B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas c/ Cablevisión S.A. s/ acción recomposición ambiental", resolución de 26-X-2016, no lograba desarticular los argumentos de la sentencia de primera instancia, por cuanto allí esta Corte tuvo en cuenta las circunstancias del caso para determinar la competencia local. Además, puso de relieve que en el segundo precedente mencionado no se discutió la aplicación de regímenes supralocales, la posible intervención de autoridades nacionales, ni tampoco se planteó la asignación del caso al fuero federal.
Finalmente, sostuvo que el apelante soslayó el criterio de este Tribunal que fluye de la causa C. 120.121, "Asociación Inquietudes Ciudadanas c/ Telefónica S.A. s/ reclamo actos de particulares", sentencia dictada el 23-XI-2016, en un caso análogo al que da lugar a estos actuados. También, del precedente de la Corte federal plasmado en "Telefónica Móviles Argentina S.A. - Telefónica Argentina S.A. c/ Municipalidad de General Güemes s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad" (Fallos: 342:1061).
III. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, Fiscalía de Estado denuncia que la Cámara violó los arts. 18, 41 y 43 de la Constitución nacional; 34 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial; las leyes 25.675 y 11.723 y el art. 24 inc. 1 del decreto ley 1.285/58 (v. escrito electrónico de fecha 11 de junio de 2021, 13:33:28).
III.1. En primer lugar, se agravia por cuanto el Tribunal de Alzada habría realizado un enfoque erróneo de la cuestión en debate.
Señala que de los términos de la demanda surge que se reclama el "cese de daño ambiental" y "recomposición o remediación ambiental", fundado en la contaminación visual que la asociación actora le endilga al tendido aéreo. Y toda vez que debe estarse a los hechos expuestos en el escrito inicial, la cuestión debe resolverse por aplicación preeminente de las normas de protección del ambiente.
Concretamente, asevera que el núcleo de la controversia se vincula con la legislación municipal referida a las concesiones de uso del espacio aéreo y a la policía urbanística, cuyo conocimiento se halla confiado a los jueces en lo contencioso administrativo provinciales (conf. arts. 166, últ. parte, Const. prov.; 1 incs. 1 y 2 in fine , CCA). En ese marco, entiende que la Cámara desvirtuó la naturaleza jurídica del reclamo de la parte actora y la índole de la acción ejercida, en tanto que la cuestión de las telecomunicaciones es la que aquí debe someterse al "test ambiental".
A partir de allí, enfatiza que el reclamo ha de dirimirse en la órbita local, puesto que lo específicamente requerido o lo "predominante" es la protección del medio ambiente al amparo de los arts. 41 de la Constitución nacional y 28 de la Constitución provincial. Esgrime que el primero de esos preceptos consagra la competencia concurrente entre la Nación y las provincias en materia ambiental, sobre lo cual este Tribunal Superior habría indicado que la competencia judicial se rige por las reglas ordinarias locales (causa C. 94.669, "Álvarez", sent. de 15-IX-2013). Agrega que eso se condice con el art. 36 de la ley 11.723, que prevé el acceso a los tribunales de esta jurisdicción.
III.2. Aduce que no corresponde que intervenga la justicia federal (arg. arts. 7 y 32, ley 25.675), al no surgir de la postulación que se encuentre afectado un recurso ambiental interjurisdiccional, en tanto que el objeto del reclamo se circunscribe al partido de Zárate.
Manifiesta que esta Suprema Corte, en el precedente B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas c/ Cablevisión S.A.", declaró la competencia del fuero contencioso administrativo provincial con motivo de que el núcleo de la discusión se vinculaba con normas o actos de la comuna respecto del uso del espacio aéreo. Y en la causa C. 93.412, "Granda", al alegarse un daño al ambiente por la utilización de PCB por parte de una distribuidora de energía eléctrica, rechazó la excepción de incompetencia planteada por la prestadora del servicio al disponer que la aplicación de la ley 25.675 correspondía a los tribunales ordinarios, surtiendo efectos la competencia federal solamente en lo vinculado con la contaminación o degradación de los recursos ambientales "interjurisdiccionales".
Refiere que esa postura es predicable en el sub lite , como también la que fuera adoptada por la Corte federal en los casos de infracciones a la ley de residuos peligrosos, en las que se exigiera la interjurisdiccionalidad del daño como presupuesto inexorable para habilitar la competencia federal (causa "Lubricentro Belgrano", Fallos: 323:163).
En este punto, afirma que el supuesto carácter interjurisdiccional del servicio de telecomunicaciones no resulta suficiente para instar aquella competencia, desde que el reclamo se limita al partido de Zárate de modo exclusivo y, por ello, las autoridades provinciales son las encargadas de controlar si la obra proyectada afecta al ambiente.
III.3. Por último, esgrime que la resolución viola la garantía del juez natural consagrada en el art. 18 de la Constitución nacional, toda vez que los Estados provinciales deben ser llevados a juicio ante sus tribunales conforme el sistema federal, salvo los casos de excepción y únicamente ante la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 117, Const. nac. y 24 inc. 1, dec. ley 1.285/58).
Eventualmente, para el caso de mantenerse la competencia federal, repele la intervención del juzgado con asiento en la ciudad de Campana y reclama ser aforada en dicha instancia del Máximo Tribunal nacional, por ser demandada la Provincia de Buenos Aires (art. 117, cit.).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. La recurrente inicia su crítica alegando un enfoque erróneo de la cuestión en debate, la que, a su entender, se ciñe al cese del daño ambiental y su recomposición o remediación a raíz de la contaminación visual que la asociación actora le atribuye al tendido aéreo de cables, cosa que -en su modo de ver las cosas- ha de resolverse de modo preeminente por las normas locales de protección ambiental, ante los tribunales provinciales.
La Cámara interviniente, si bien no desconoció que eso pueda ser así, afirmó que la alteración de esa infraestructura compartida por varias actividades era susceptible de afectar aquellas de interés público vinculadas a las telecomunicaciones, motivo por el cual debían balancearse todos los derechos en juego, lo que en la especie exigía desentrañar el alcance y sentido de normas federales, principalmente de las leyes 19.798 y 27.078. De modo tal que el caso, en razón de la materia, debía ventilarse por ante el fuero de excepción.
IV.1.a. Esta Corte tiene dicho que la interpretación del contenido de las pretensiones de las partes formuladas en los escritos liminares del proceso y la fijación de los términos en que quedó planteada la litis, constituye una atribución de los jueces de las instancias ordinarias solo revisable en esta sede extraordinaria en caso de absurdo, el que no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, ya que se requiere un error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (doctr. causas C. 119.875, "Consorcio de Propietarios Avenida Maipú", sent. de 23-XI-2016; A. 75.094, "Cataldo", sent. de 27-VIII-2020; A. 74.709, "Hidalgo", sent. de 8-VI-2021; e.o.).
Sobre esa base, de la lectura del escrito inicial y de la forma en que quedó conformada la contienda con posterioridad a la intervención de los terceros, se corrobora -tal como lo señalara la Cámara- que el pleito no se limita a procurar el cese del daño ambiental causado por el tendido aéreo de cables y postes eléctricos en el partido de Zárate, sino que el pedimento incluye, además, una condena respecto al mantenimiento, alteración o modificación de la infraestructura utilizada para la prestación de los servicios de electricidad, algo que involucra además a los de telefonía e internet, cuyos aspectos técnicos se encuentran reglados en la normativa federal citada precedentemente.
Siendo ello así, es más que evidente que la inteligencia ensayada por la Cámara lejos pudo estar de configurar un supuesto de absurdo, susceptible de invalidar su pronunciamiento.
IV.1.b. Esta Corte, en una causa análoga a la presente citada por el Tribunal de Alzada, que involucraba a la misma asociación demandante (causa C. 120.121, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", sent. de 23-XI-2016), sostuvo que cuando la temática traída a juzgamiento se vincula principalmente con la instalación y funcionamiento de la red pública de telefonía, así como a las condiciones y modalidades de prestación del servicio, procede dar intervención al fuero de excepción, puesto que de esa forma indefectiblemente se tocan aspectos de carácter federal (conf. ley 19.798).
Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Telefónica de Argentina S.A. c/ Edelap S.A.", sentencia de 10-IX-2019 (Fallos: 342:1496) ha confirmado esa tesitura. Se trató de un asunto de competencia con aristas también semejantes a este caso, en virtud de la pretendida condena de readecuación de la red de cables eléctricos, eventualmente bajo tierra, por su conflicto con cables telefónicos aéreos.
Lo expuesto, desde ya, es sin mella de la postura adoptada por la mayoría de este cuerpo en supuestos bastante diferentes, donde si bien podía verse afectada una actividad federal (v.gr., por el desmantelamiento de antenas en infracción), se originaron en procedimientos de verificación de faltas municipales por incumplimiento de las ordenanzas edilicias y/o de ordenamiento urbano regidos por el decreto ley 8.751/77 y demás ordenanzas comunales, cuestiones que -se entendió- eran de incumbencia local y debían tramitar y fenecer por ante la jurisdicción provincial, para eventualmente ser objeto del recurso del art. 14 de la ley 48 (arg. arts. 75 inc. 30, Const. nac.; 6 y 39, ley 19.798; doctr. causa P. 134.536, "Telefónica Móviles Argentina S.A.", resol. de 15-X-2021; v. también mi anterior voto en causa P. 124.954, "Telefónica Móviles Argentina S.A.", resol. de 4-VIII-2020).
IV.1.c. Por lo tanto, el discurso de la recurrente en el sentido indicado no revela un enfoque erróneo de la cuestión en debate, sino más bien la interpretación que efectúa -que ha reproducido en la instancia anterior obteniendo un resultado adverso- es fragmentaria respecto al alcance de lo requerido por la entidad demandante, por lo que solo se traduce en mera discrepancia con lo resuelto por el Tribunal de Alzada, el cual incluso se mostró guiado por un criterio adoptado previamente por este Tribunal.
Desde ya que tal cosa no constituye base idónea para los agravios, puesto que -como quedó expresado- el absurdo solo se configura cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica acreditar un error de la entidad antes referida (conf. doctr. causas A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017; A. 73.881, "Gómez", sent. de 3-V-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; A. 76.145, "Rosa", sent. de 4-VIII-2021; e.o.).
IV.2. En otro orden, el argumento de que en el caso no se encuentra afectado un recurso ambiental interjurisdiccional carece de relevancia, pues más allá de que eso sea o no así -al ceñirse la reclamación al municipio de Zárate-, tal elemento no resultó de utilidad para la Cámara a los fines de ratificar la competencia del fuero federal, la cual justificó por razones muy diferentes.
IV.3. Tampoco merece recepción favorable la denuncia de violación de la doctrina de esta Corte que emana de las causas C. 94.669, "Granda" y B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", que la Cámara reputó distinguibles del sub examine .
En el sentido que indicara el Tribunal de Alzada, en el primer precedente este cuerpo se pronunció a favor de la jurisdicción local al versar la cuestión, predominantemente, sobre el potencial daño ambiental derivado de la utilización de PCB por una distribuidora de energía eléctrica, cuestión no regulada por la ley nacional 24.065. Y en el segundo, en el marco de un conflicto de competencia entre dos órganos judiciales provinciales, declaró que -sin que nadie reclamase el fuero federal- correspondía decidir en la controversia al juez en lo contencioso administrativo, por hallarse involucrado el ejercicio de la función administrativa ligada a la policía urbanística y la gestión del espacio público aéreo.
Se trata de dos antecedentes que no guardan adecuada relación con el presente. Y sabido es que no puede alegarse la violación de la doctrina legal que ha sido elaborada sobre la base de normas y hechos distintos a los verificados en el caso (doctr. causas A. 73.031, "Prieto", sent. de 29-XI-2017; A. 75.013, "López", sent. de 10-VII-2019; A. 74.419, "Gómez", sent. de 8-VI-2020; e.o.).
De modo tal que el planteo luce insatisfactorio, pues no logra dejar en evidencia la analogía fáctico-jurídica que compelería a esta Corte a aplicar una regla de decisión previamente establecida (doctr. causa A. 75.194, "De Nicola", sent. de 8-VI-2020).
IV.4. Por último, en las circunstancias y la forma en que se expidiera la Cámara, el quebra
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